Los Derechos Sexuales: ¿Tema ausente en la coyuntura electoral?

La reciente campaña electoral trajo consigo una sorpresa: la participación de candidatas y candidatos vinculados al movimiento feminista, a organizaciones sociales de mujeres y al movimiento de la diversidad sexual. Las luces, flashes y exposición en medios de estas candidaturas ha significado la incorporación de los derechos sexuales en los programas partidarios y en el debate electoral? Pienso que no. Los derechos sexuales continúan siendo una agenda postergada.

La violación sexual y la pena de muerte

A partir de los acuerdos alcanzados en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (1995),  los decisores de la política internacional lograron definir prioridades fundamentales para promover las metas de la igualdad, los derechos humanos y el desarrollo de las mujeres en el mundo. Sin embargo en la reciente campaña electoral estos temas no sólo estuvieron ausentes sino que muchos temas importantes, como el de los derechos sexuales, fueron reducidos al de la seguridad y vulnerabilidad de mujeres, y niñas y niños expuestos a situaciones de violencia sexual.

Seguramente las candidatas Julia Valenzuela, de Perú Posible, y Lourdes Alcorta, de Unidad Nacional, fueron quienes con mayor convicción y beligerancia hicieron del tema de la “pena de muerte para los violadores” la bandera central de su campaña. Resulta evidente que estos planteamientos no formaban parte de las propuestas programáticas de sus organizaciones políticas o de los consensos alcanzados en Beijing, sino mas bien respondieron al calculo electoral en un contexto donde la ciudadanía clama por autoridad y orden, y donde se percibe que las niñas y niños son los más expuestos a situaciones de violencia, incluyendo la sexual.

Un tema importante terminó banalizado por el cálculo electoral: si los electores demandan seguridad y orden a cualquier precio, entonces les ofertamos la salida más dura, la pena de muerte. Estos planteamientos resultaban insostenibles jurídicamente, por lo menos en el corto plazo. Contravienen importantes acuerdos suscritos por el estado Peruano, como el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Pero además reducen una situación de violencia real a sus aspectos penales, de cómo sancionamos el delito, y no en cómo prevenimos estas situaciones a todas luces intolerables. En todo caso el tema sigue pendiente y queda a la espera de respuestas serias de los partidos políticos y del propio estado. (1)

La despenalización del aborto y el silencio de los partidos

Otro tema que mereció cierta atención en algunos medios fue el de la despenalización del aborto. La candidata Susel Paredes, del Partido Socialista, fue quién llamó más la atención sobre la situación de aproximadamente 410 mil mujeres que en el Perú cada año practican un aborto inducido para terminar con un embarazo no deseado, expuestas a un marco legal que las criminaliza y sanciona. Sin duda estamos frente a un tema controversial pero no por ello menos relevante sobre el cual los partidos políticos han preferido guardar cómodo silencio.

Fue la Conferencia Episcopal quién en medio de la campaña electoral convocó a una conferencia de prensa para sentar su posición frente al proceso electoral, colocando entre otros el tema de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) y la “defensa de la vida del niño por nacer”. A pesar que la posición del Estado peruano sobre el punto ya es materia zanjada, la postura de los candidatos presidenciales de UPP y de Unidad Nacional resultó más que ambigua. Por cálculo electoral, por convicción política? No lo sabemos.

Desde su marginalidad política la izquierda peruana no logró colocar un tema que resulta sustantivo. El tema del aborto ha quedado de nuevo relegado al silencio. Las mujeres continuarán expuestas a prácticas inseguras y peligrosas que ponen en riesgo su vida en manos de personal no especializado, y/o sometidas a la arbitrariedad de mafias que lucran con su desgracia (más sí de mujeres pobres se trata). De este modo el aborto pone en cuestión un tema teóricamente consensuado entre los líderes y decisores de la política nacional e internacional: su compromiso con la erradicación de la mortalidad materna. Probablemente se piense que ésta es “la excepción que confirma la regla”. No resulta extraño entonces que en un contexto de fuerte influencia social y política de la jerarquía de la iglesia católica los partidos políticos con mayor intención electoral con su silencio condenen nuevamente a las mujeres.

La participación electoral de gays, lesbianas y trans

El hecho novedoso en el proceso electoral fue la participación política de lesbianas, gays y trans que asumían públicamente su condición identitaria. Por primera vez un grupo de dirigentes de estas comunidades participaron en un proceso electoral. Los partidos políticos de izquierda o centro izquierda desarrollaron explícitamente puntos programáticos para promover la inclusión y los derechos humanos de estas personas y comunidades. Mientras que los demás partidos no plantearon ni una mención, y menos dieron cabida a la participación política de sus representantes.  

Los y las candidatas LTGB, entre los que me encuentro, planteamos resumidamente: aprobación vía reforma constitucional o de Ley de un marco normativo antidiscriminatorio, aprobación de las uniones civiles de parejas del mismo sexo, investigación y sanción para los responsables de actos de violencia y/o crímenes de odio, prevención y atención integral para las personas y comunidades afectadas por el VIH/Sida, y la implementación de mecanismos que garanticen igualdad de oportunidades de estudio, trabajo y salud. Sin embargo, la prensa ávida de noticias “curiosas” muchas veces nos convirtieron en una extensión de la farándula limeña. O por el contrario, como ocurrió al final de la campaña, nos convirtieron en potenciales mártires del odio y la intolerancia expresadas desde el entorno familiar del candidato presidencial de UPP.

La participación política de representantes LTGB significó un avance o un retroceso? Si nos atenemos al hecho que la sola visibilidad de estas candidaturas planteaban de por sí las condiciones de violencia y exclusión que viven buena parte de estas comunidades en el Perú, ya es un avance. Se introdujo un tema ausente en el debate electoral obligando al posicionamiento de algunos candidatos presidenciales: Lourdes Flores dijo en un programa televisivo que “respetaba y toleraba a los homosexuales”, mientras que Ollanta señaló que no tendría “…ningún inconveniente en incluir en su equipo a una persona homosexual”. Evitando pronunciarse explícitamente sobre los planteamientos de fondo de las candidaturas LTGB.

Si nos atenemos a los resultados electorales la cosa se torna un poco más compleja: la candidata más votada en representación de las comunidades LTGB fue Susel Paredes, quién obtuvo cinco mil votos al 68 % del conteo, mientras que la candidata Belissa Andía, Secretaria de la ILTGA para América Latina, sólo suma 170 votos al conteo del mismo porcentaje. En mi opinión este hecho no se explica exclusivamente por la debilidad de las plataformas partidarias desde donde fueron levantadas las candidaturas, por la escazes de recursos de la campaña (ya que fortuitamente estas candidaturas fueron beneficiarias del interés de los medios), o por las dificultades para argumentar políticamente más allá de la especificidad de nuestras identidades.
Estos resultados debieran analizarse a la luz del conservadurismo de la sociedad peruana, de sus instituciones y de la propia comunidades LTGB. Ya una encuesta de la PUCP señalaba que más del 70 % de los electores de ninguna manera apoyarían una candidatura LTGB. Sin duda todos estos elementos deben ser considerados al momento de hacer un balance sobre lo alcanzado en materia de derechos sexuales en la coyuntura electoral.

Finalizando

Los instrumentos y acuerdos nacionales y supranacionales sobre derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos parecen haber importado muy poco al momento de definir las orientaciones programáticas de los partidos políticos. La coyuntura electoral ha estado dominada por el cálculo electoral antes que por la responsabilidad histórica de los partidos frente a la ciudadanía. No resulta extraño entonces que un candidato, en apariencia radical, haya iniciado su campaña de segunda vuelta electoral con una visita al Cardenal Juan Luis Cipriani. Seguramente este hecho evidencia que los silencios de la primera vuelta se volverán a repetir.

Más allá de la ilusión de las luces y flashes sobre algunas candidaturas, la coyuntura electoral no ha permitido el tratamiento serio sobre los derechos sexuales. Como tampoco lo ha permitido en relación a temas como los de derechos humanos, de descentralización y participación ciudadana o sobre el delicado tema de la lucha contra la corrupción. Rápidamente, en sólo cinco años, los consensos identificados como fundamentales ya parecen haber envejecido, sin importar a ni a los partidos ni a la ciudadanía.

Jorge Bracamonte Allaín

Historiador. Profesor universitario. Ex-Presidente del Movimiento Homosexual de Lima y actual Consejero Regional de la ILTGA para la región andina.

(1) El Congreso de la República aprobó recientemente una Ley que penaliza con cadena perpetua a los responsables de actos de violación a niños y niñas de 11años a menos. Y elimina los beneficios penitenciarios a los responsables de actos de violación sexual.

La sentencia de la Corte Constitucional Colombiana en el tema de aborto y la realidad en el Perú

El día de ayer, 10 de mayo de 2006, la Corte Constitucional Colombiana se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por Mónica Roa contra las normas que penalizaban absolutamente el aborto en su país. La Corte estableció que es inconstitucional penalizar el aborto cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, y cuando el embarazo sea resultado de una violación[1].

La realidad que se vive en el Perú sobre este tema es muy similar a la colombiana, pues si bien el aborto terapéutico, es decir cuando se coloca en grave riesgo la vida o la salud de la madre con un mal grave y permanente, está despenalizado desde 1924, las mujeres no tienen acceso a servicios adecuados de aborto legal. Hasta el momento no existen protocolos de atención del Ministerio de Salud, con alcance nacional, que orienten a las mujeres y a los médicos cuándo, cómo y dónde debe realizarse un aborto legal.

En el Perú aproximadamente 410,000 mujeres se someten a abortos clandestinos al año. Esa cifra es alta y grave pues en el caso de las mujeres de escasos recursos significa un riesgo directo a su vida o su salud, ya que son sometidas a servicios no especializados e insalubres. Un porcentaje de abortos mal realizados terminan en la muerte de mujeres. En el año 2000 el Comité de Derechos Humanos manifestó su preocupación porque el aborto clandestino continuaba siendo la mayor causa de mortalidad materna en el Perú.[2]

Recientemente, el Estado Peruano, en el caso de Karen Llantoy, ha sido requerido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a tomar medidas para que las mujeres tengan acceso a servicios de aborto legal. Sin embargo el Estado sigue sin cambiar de actitud, violando permanentemente derechos humanos de las mujeres.

Sobre la situación del aborto en el Perú se han pronunciado el Comité de Derechos Humanos, el Comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer e incluso el Comité de Derechos del Niño.

El Estado Peruano debería verse interpelado con lo resuelto por la Corte Constitucional colombiana. En ese sentido, debe revisar sus obligaciones con las mujeres, y pensar seriamente si se justifica en términos de derechos humanos y fundamentales que el aborto legal (aborto terapéutico) y el aborto en caso de violación sexual siga siendo inaccesible.

Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Institución co denunciante en el caso de Karen Llantoy ante el Comité de Derechos Humanos.

López Aguilar anunciará mañana en el Congreso la aprobación de la Ley de Identidad para Transexuales .

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunciará mañana previsiblemente, en el Congreso de los Diputados, la aprobación “inminente” del proyecto de Ley de Identidad de Género para personas Transexuales, para que puedan adecuar su nombre y su sexo en los documentos oficiales, según informaron a Europa Press en fuentes socialistas.

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Perú: Elaboran Protocolo sobre Atención del Aborto Terapéutico

El Ministerio de Salud de Perú, MINSA, elaboró un Protocolo de atención para casos de Aborto Terapéutico, en respuesta a la recomendación emanada recientemente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La información aparecida en el Diario La República el 23 de abril pasado y difundida por Radio Milenia, agrega sin embargo que la Ministra de Salud, Pilar Mazzeti, aún no lo ha firmado

Las estimaciones señalan que en el Perú se realizan cada año entre 350 y 400 mil abortos inducidos, siendo una de las principales causas de muertes maternas. La mayor parte de los procedimientos clandestinos se producen en la sierra, seguida por Lima Metropolitana.

En cuanto a su estatus legal, el aborto provocado es considerado un delito y desde 1997 el personal de salud está obligado a denunciar a las mujeres. Asimismo, el año 2002 un ministro de Estado reglamentó la “inscripción de los concebidos”, la que debía realizarse en las unidades de salud, aunque esta iniciativa no continuó. Asimismo, aunque se permite el aborto terapéutico para salvar la vida para evitar un mal grave y permanente de la mujer, en la práctica esto no ocurre por falta de reglamentación.
Por lo tanto, el Protocolo anunciado permitiría avanzar en el derecho de las mujeres a proteger su salud y sus vidas a causa de abortos riesgosos, y apoyar al mismo tiempo la los profesionales de la salud que en la actualidad temen la realización de estos procedimientos. La naturaleza de un protocolo especifica todo lo relacionado con la infraestructura, equipos, insumos, recursos humanos, procesos administrativos de los casos en cuestión y seguimiento de las posibles complicaciones.

Por su parte, la Ministra Mazetti señaló ante el Congreso de la Nación que una
Comisión Técnica está estudiando el tema para resolver antes del término del actual gobierno, encabezado por Alejandro Toledo.

La opinión pública peruana es especialmente sensible al debate sobre aborto terapéutico, sobre todo desde que se dio a conocer el caso de la adolescente Karen Llantoy, obligada a dar a luz el año pasado a pesar de que el feto no tenía posibilidad de sobrevivir. La ONU, que conoció el caso, resolvió a fines de 2005 a favor de Karen y dio recomendaciones al Estado peruano, entre las que figura la elaboración de este Protocolo de Atención para casos de Aborto Terapéutico hoy en discusión.

Publicada el Jueves, 27 de Abril de 2006

Adriana Gómez
http://www.reddesalud.org/espanol/sitio/info.asp?Ob=1&Id=281
RSMLAC

Aprueban texto para dar Ley General de Salud Reproductiva

La Comisión de Salud del Congreso de la República aprobó ayer el proyecto de ley general de salud reproductora y planificación familiar, que según el texto tiene como objeto “establecer el marco normativo que permita desarrollar y promover una Política Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, elaborada según en los Tratados Internacionales y la Ley General de Salud.

El proyecto crea la Comisión Nacional de Salud Reproductiva y planificación familiar.
Vigilancia Congresal, Movimiento Manuela Ramos.

LEY GENERAL DE SALUD REPRODUCTIVA

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo que permita desarrollar y promover una Política Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, elaborada según en los Tratados Internacionales y la Ley General de Salud.

Artículo 2º.- Del Ámbito de Aplicación

Las disposiciones contenidas en la presente Ley, son de aplicación en las diferentes acciones, tanto individuales como colectivas o institucionales, de naturaleza pública como privada, realizadas en todo el territorio nacional, respecto a planes y programas de Salud Reproductiva, Salud Sexual y Planificación Familiar.

Artículo 3º.- De las Definiciones

Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
A. Salud Reproductiva: Es un estado general de bienestar físico, mental y social con responsabilidad y dentro del entorno familiar y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.
B. Planificación Familiar: Es el discernimiento libre de las parejas a decidir el número y de hijos y el esparcimiento en que los van a procrear; Así como obtener la información y los medios necesarios para hacerlo, asegurándose de que ejerzan sus opciones con conocimiento.

Artículo 4º.- De los Principios

Los principios fundamentales de la salud reproductiva son los siguientes:
A.Equidad: Cuidado de la salud según las necesidades y la cultura de las personas, con respeto de su dignidad y sin ningún tipo de discriminación.
B: Universalidad: Acceso a la población, teniendo en cuenta su cultura, ubicación geográfica y condición económica y condición económica.
C.Integridad del cuidado de salud: La realización de acciones de promoción y recuperación de la salud, de prevención de la enfermedad y de rehabilitación de la discapacidad.
D. Solidaridad: Fomenta el bienestar general y apoya a la población de menores recursos.

TITULO II
DE LAS MEDIDAS EN SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Artículo 5º.- De la Autoridad

El Ministerio de Salud es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento y aplicación de la presente Ley en todas las instancias correspondientes al Sector Salud.

Artículo 6º.- De la Implementación

El Ministerio de Salud implementará dentro de la Política Nacional de Salud, los planes, programas y acciones necesarias en materia de salud reproductiva y planificación familiar, sobre la base del pleno respecto a los derechos humanos.

Artículo 7º.- De los Objetivos Generales en Salud Reproductiva.

Los Planes y Programas que se ejecuten en materia de Salud Reproductiva tendrán como objetivos generales los siguientes:
a) Promover el desarrollo integral de las personas en un marco que permita el pleno respeto de los derechos humanos.
b) Garantizar el acceso de hombres y mujeres a la información y a las prestaciones, métodos y servicios necesarios para la salud reproductiva y planificación familiar.
c) Garantizar a las mujeres la atención integral y calificada durante el embarazo, parto y puerperio.
d)Garantizar la formación ética de los adolescentes y jóvenes desde sus creencias; cultura y confesiones.
e) Proteger en forma eficaz la unidad familiar.

Artículo 8º.- De los Objetivos Específicos en Salud Reproductiva.

Los Planes y Programas que se ejecuten en materia de Salud Reproductiva tendrán como objetivos específicos los siguientes:
a) Disminuir la morbimortalidad materna e infantil.
b) Reducir el número de abortos provocados, mediante medidas de prevención basadas en campañas de información y educación.
c) Establecer programas educativos sobre salud reproductiva para todas las personas , según edad, sexo o condición económica y social, con el fin de reducir los proceso de gestación de alto riesgo.
d) Promover la participación de hombres y mujeres, en condiciones de igualdad y de  equidad, en el cuidado de la salud reproductiva, con responsabilidad.
e) Promover una educación en niños y adolescentes, respetando el derecho de los padres a brindar la educación particular que crea conveniente para sus hijos.
f) Promover el diagnóstico temprano, así como el tratammiento oportuno de Enfermedades de Transmisión  Sexual (ETS), incluido el VIH/SIDA, y difundir la información relacionada con la prevención de las mismas, con el fin de reducir su incidencia.
g) Promover la investigación científica en materia de salud reproductiva, así como su difusión. El Ministerio de Salud en su condición de órgano rector dispondrá la incorporación de nuevos métodos de anticoncepción debidamente  investigados, de forma tal que se garantice la integridad de las mujeres y no produzcan daños en el concebido

Artículo 9º.- De los Destinatarios

Para efectos de la presente Ley, se consideran destinatarios de las acciones en materia de Salud Reproductiva a la población en general, desde la concepción, el nacimiento y durante todas las etapas del desarrollo de la vida de las personas.

Artículo 10º.- De los Prestadores

10.1 La prestación de los servicios de salud reproductiva y planificación familiar estarán a cargo de los profesionales que serán determinados por el Reglamento de la presente Ley.
10.2 Se consideran las prestaciones de servicios de salud brindadas tanto por centros hospitalarios y centros de salud a cargo del MINSA y de EsSALUD, las Fuerzas Armadas y Policiales, así como las Clínicas y Consultorios privados.

Artículo 11º.- De las Acciones en Salud Reproductiva.

El Estado garantiza la ejecución, en los Programas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, de las siguientes acciones principales:
a) Brindar información completa y precisa, además de asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, riesgos y contraindicaciones, efectos secundarios y su efectividad para prevenir la propagación de ETS y VIH/SIDA, así como su correcta utilización para cada caso particular, previo consentimiento informado.
b) Prescripción y provisión de los métodos anticonceptivos, sean de carácter reversible o irreversible, elegidos voluntariamente por los beneficiarios luego de recibir información completa y adecuada por parte de un consejero profesional interviniente, provistos según edad, número de partos, tamaño de la familia y demás factores culturales de los destinatarios.
c) Implementación de una red de servicios de salud reproductiva y planificación familiar que sean seguros, asequibles y accesibles. Asimismo se debe implementar un sistema de información, seguimiento y monitoreo permanente sobre las acciones establecidas en la presente Ley.
d) Capacitación permanente a los prestadores de salud reproductiva y planificación familiar, teniendo en consideración medidas cualitativas para la atención de los usuarios actuales y potenciales de los servicios de salud reproductiva.
e) Realización de campañas de difusión, información, y orientación a los usuarios sobre la importancia del cuidado de la salud reproductiva y sobre los beneficios para los niños y los adolescentes de la planificación familiar y la paternidad responsable.
f)Ejecución de campañas educativas y elaboración de los dispositivos legales adecuados, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y el Ministerio de Educación , con el fin de reducir la violencia y el abuso sexual de mujeres y menores de edad.
g)Brindar información y metodologías adecuadas para aquellas personas mayores de 18 años que tengan problemas para engendrar un hijo.
h) Prestación de servicios de atención integral, que asegure la completa recuperación física, psicológica y emocional de las personas, tanto hombres como mujeres, niños y adultos, que hayan sido víctimas de violencia sexual.

Artículo 12º.- De los Recursos para los Programas de Salud Reproductiva

Los recursos destinados a la aplicación de la presente Ley son:
a) El presupuesto del sector salud asignado a los programas, servicios y acciones correspondientes a la atención de la Salud Reproductiva y la Planificación Familiar.
b) Los fondos provenientes de organismos e instituciones internacionales que apoyan programas de salud reproductiva y planificación familiar, en observancia de lo contenido en la presente Ley.

TITULO III
DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Artículo 13º.- Creación y Conformación de la Comisión Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar

Créase una Consejo Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, como órgano consultivo del Ministerio de Salud, en el ámbito de su aplicación, el cual estará conformado por los siguientes miembros:
Un (01) representante del Ministerio de Salud, quien lo  presidirá;
Un (01) representante del Ministerio de la Mujer y Promoción Social
Un (01) representante del Colegio Médico del Perú;
Un (01) representante del Colegio de Obstetrices del Perú; y
Un (01) representante de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología;

Artículo 14º.- De las Funciones de la Comisión Nacional de salud Reproductiva y Planificación Familiar.

14.1 La Comisión Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, elabora un informe anual sobre los Lineamientos, Planes y Políticas en materia de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, así como un balance de los resultados y avances de los programas y las medidas administrativas, normativas y de cualquier otra índole con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos humanos.
14.2 El referido Informe Anual será presentado ante el Ministro de Salud para su aprobación y publicación correspondiente.

DISPOSICIONES FINALES
Primero.- El Poder Ejecutivo aprobará el Reglamento de la presente Ley, en el plazo de noventa (90) días, contados a partir de la vigencia de la presente Ley..
Segundo.- Deróguese, modifíquese o amplíese, según sea el caso, todas las normas  que se opongan a los dispuesto en la presente Ley.

“Ministra de Salud, Pilar Mazzeti debe apoyar aborto terapéutico

ES UNA MEDIDA RECOMENDADA POR LA ONU

• Protocolo de atención para esos casos se encuentra listo desde febrero

• Centro de Defensa de los Derechos Sexuales pide a ministra de Salud que firme el documento.

A pesar que desde febrero se encuentra listo el “Protocolo de atención para casos de Aborto Terapéutico”, elaborado por el Minsa bajo recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la ministra de Salud, Pilar Mazzeti, aún no firma tal documento.

“El Protocolo libraría de la inseguridad y la muerte a miles de mujeres peruanas que se ven obligadas a recurrir a centros de aborto clandestinos cuando ven peligrar su vida y su salud”, aseguró Jenny Pérez, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex),

El principal problema para que una persona pueda acceder a la interrupción de un embarazo que pone en riesgo su vida es, según los estudios de Promsex, es que este derecho –amparado por las leyes peruanas– no contaba con un documento formal en el que se señalen los pasos a seguir por el médico tratante.

Incluso, los médicos de los distintos servicios de salud se encontraban en riesgo de recibir sanciones legales si recomendaban una medida de esta naturaleza.

“El documento (Protocolo) contiene los requerimientos de infraestructura, equipos e insumos, las necesidades sobre recursos humanos, los procedimientos administrativos, la evaluación, preparación, procedimiento y seguimiento de los casos y el manejo de las posibles complicaciones”, indica Pérez. “Solo falta que la ministra firme la norma que apruebe el Protocolo”.

Mazzetti responde

La ministra Mazzetti señaló esta semana en el Congreso que “estamos estudiando el tema con una Comisión Técnica para que se apruebe (el aborto terapéutico) antes del término del gobierno”.

“Es un tema complicado y nadie parece querer ensuciarse las manos”, aseguró la titular de Salud.

Lo recomienda la ONU

La adolescente peruana Karen Llantoy fue obligada a dar a luz el año pasado a pesar de que el feto que estaba en su vientre no tenía posibilidad de sobrevivir.

El caso fue llevado a la ONU y esta resolvió a fines del 2005 a favor de Karen y dio recomendaciones al Estado peruano, entre las que figura la elaboración de un “Protocolo de Atención para casos de Aborto Terapéutico”.

Cae abastecedor de pornografía infantil en Breña

Correo 4 de mayo del 2006

Un miembro de la red de distribución de pornografía infantil hacia España fue capturado ayer en Breña por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, en coordinación con agentes españoles. Leer más

Aprueban texto para dar Ley General de Salud Reproductiva

La Comisión de Salud del Congreso de la República aprobó ayer el proyecto de ley general de salud reproductora y planificación familiar, que según el texto tiene como objeto “establecer el marco normativo que permita desarrollar y promover una Política Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, elaborada según en los Tratados Internacionales y la Ley General de Salud.

El proyecto crea la Comisión Nacional de Salud Reproductiva y planificación familiar.
Vigilancia Congresal, Movimiento Manuela Ramos.

LEY GENERAL DE SALUD REPRODUCTIVA

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo que permita desarrollar y promover una Política Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, elaborada según en los Tratados Internacionales y la Ley General de Salud.

Artículo 2º.- Del Ámbito de Aplicación

Las disposiciones contenidas en la presente Ley, son de aplicación en las diferentes acciones, tanto individuales como colectivas o institucionales, de naturaleza pública como privada, realizadas en todo el territorio nacional, respecto a planes y programas de Salud Reproductiva, Salud Sexual y Planificación Familiar.

Artículo 3º.- De las Definiciones

Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
A. Salud Reproductiva: Es un estado general de bienestar físico, mental y social con responsabilidad y dentro del entorno familiar y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.
B. Planificación Familiar: Es el discernimiento libre de las parejas a decidir el número y de hijos y el esparcimiento en que los van a procrear; Así como obtener la información y los medios necesarios para hacerlo, asegurándose de que ejerzan sus opciones con conocimiento.

Artículo 4º.- De los Principios

Los principios fundamentales de la salud reproductiva son los siguientes:
A.Equidad: Cuidado de la salud según las necesidades y la cultura de las personas, con respeto de su dignidad y sin ningún tipo de discriminación.
B: Universalidad: Acceso a la población, teniendo en cuenta su cultura, ubicación geográfica y condición económica y condición económica.
C.Integridad del cuidado de salud: La realización de acciones de promoción y recuperación de la salud, de prevención de la enfermedad y de rehabilitación de la discapacidad.
D. Solidaridad: Fomenta el bienestar general y apoya a la población de menores recursos.

TITULO II
DE LAS MEDIDAS EN SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Artículo 5º.- De la Autoridad

El Ministerio de Salud es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento y aplicación de la presente Ley en todas las instancias correspondientes al Sector Salud.

Artículo 6º.- De la Implementación

El Ministerio de Salud implementará dentro de la Política Nacional de Salud, los planes, programas y acciones necesarias en materia de salud reproductiva y planificación familiar, sobre la base del pleno respecto a los derechos humanos.

Artículo 7º.- De los Objetivos Generales en Salud Reproductiva.

Los Planes y Programas que se ejecuten en materia de Salud Reproductiva tendrán como objetivos generales los siguientes:
a) Promover el desarrollo integral de las personas en un marco que permita el pleno respeto de los derechos humanos.
b) Garantizar el acceso de hombres y mujeres a la información y a las prestaciones, métodos y servicios necesarios para la salud reproductiva y planificación familiar.
c) Garantizar a las mujeres la atención integral y calificada durante el embarazo, parto y puerperio.
d)Garantizar la formación ética de los adolescentes y jóvenes desde sus creencias; cultura y confesiones.
e) Proteger en forma eficaz la unidad familiar.

Artículo 8º.- De los Objetivos Específicos en Salud Reproductiva.

Los Planes y Programas que se ejecuten en materia de Salud Reproductiva tendrán como objetivos específicos los siguientes:
a) Disminuir la morbimortalidad materna e infantil.
b) Reducir el número de abortos provocados, mediante medidas de prevención basadas en campañas de información y educación.
c) Establecer programas educativos sobre salud reproductiva para todas las personas , según edad, sexo o condición económica y social, con el fin de reducir los proceso de gestación de alto riesgo.
d) Promover la participación de hombres y mujeres, en condiciones de igualdad y de  equidad, en el cuidado de la salud reproductiva, con responsabilidad.
e) Promover una educación en niños y adolescentes, respetando el derecho de los padres a brindar la educación particular que crea conveniente para sus hijos.
f) Promover el diagnóstico temprano, así como el tratammiento oportuno de Enfermedades de Transmisión  Sexual (ETS), incluido el VIH/SIDA, y difundir la información relacionada con la prevención de las mismas, con el fin de reducir su incidencia.
g) Promover la investigación científica en materia de salud reproductiva, así como su difusión. El Ministerio de Salud en su condición de órgano rector dispondrá la incorporación de nuevos métodos de anticoncepción debidamente  investigados, de forma tal que se garantice la integridad de las mujeres y no produzcan daños en el concebido

Artículo 9º.- De los Destinatarios

Para efectos de la presente Ley, se consideran destinatarios de las acciones en materia de Salud Reproductiva a la población en general, desde la concepción, el nacimiento y durante todas las etapas del desarrollo de la vida de las personas.

Artículo 10º.- De los Prestadores

10.1 La prestación de los servicios de salud reproductiva y planificación familiar estarán a cargo de los profesionales que serán determinados por el Reglamento de la presente Ley.
10.2 Se consideran las prestaciones de servicios de salud brindadas tanto por centros hospitalarios y centros de salud a cargo del MINSA y de EsSALUD, las Fuerzas Armadas y Policiales, así como las Clínicas y Consultorios privados.

Artículo 11º.- De las Acciones en Salud Reproductiva.

El Estado garantiza la ejecución, en los Programas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, de las siguientes acciones principales:
a) Brindar información completa y precisa, además de asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, riesgos y contraindicaciones, efectos secundarios y su efectividad para prevenir la propagación de ETS y VIH/SIDA, así como su correcta utilización para cada caso particular, previo consentimiento informado.
b) Prescripción y provisión de los métodos anticonceptivos, sean de carácter reversible o irreversible, elegidos voluntariamente por los beneficiarios luego de recibir información completa y adecuada por parte de un consejero profesional interviniente, provistos según edad, número de partos, tamaño de la familia y demás factores culturales de los destinatarios.
c) Implementación de una red de servicios de salud reproductiva y planificación familiar que sean seguros, asequibles y accesibles. Asimismo se debe implementar un sistema de información, seguimiento y monitoreo permanente sobre las acciones establecidas en la presente Ley.
d) Capacitación permanente a los prestadores de salud reproductiva y planificación familiar, teniendo en consideración medidas cualitativas para la atención de los usuarios actuales y potenciales de los servicios de salud reproductiva.
e) Realización de campañas de difusión, información, y orientación a los usuarios sobre la importancia del cuidado de la salud reproductiva y sobre los beneficios para los niños y los adolescentes de la planificación familiar y la paternidad responsable.
f)Ejecución de campañas educativas y elaboración de los dispositivos legales adecuados, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y el Ministerio de Educación , con el fin de reducir la violencia y el abuso sexual de mujeres y menores de edad.
g)Brindar información y metodologías adecuadas para aquellas personas mayores de 18 años que tengan problemas para engendrar un hijo.
h) Prestación de servicios de atención integral, que asegure la completa recuperación física, psicológica y emocional de las personas, tanto hombres como mujeres, niños y adultos, que hayan sido víctimas de violencia sexual.

Artículo 12º.- De los Recursos para los Programas de Salud Reproductiva

Los recursos destinados a la aplicación de la presente Ley son:
a) El presupuesto del sector salud asignado a los programas, servicios y acciones correspondientes a la atención de la Salud Reproductiva y la Planificación Familiar.
b) Los fondos provenientes de organismos e instituciones internacionales que apoyan programas de salud reproductiva y planificación familiar, en observancia de lo contenido en la presente Ley.

TITULO III
DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Artículo 13º.- Creación y Conformación de la Comisión Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar

Créase una Consejo Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, como órgano consultivo del Ministerio de Salud, en el ámbito de su aplicación, el cual estará conformado por los siguientes miembros:
Un (01) representante del Ministerio de Salud, quien lo  presidirá;
Un (01) representante del Ministerio de la Mujer y Promoción Social
Un (01) representante del Colegio Médico del Perú;
Un (01) representante del Colegio de Obstetrices del Perú; y
Un (01) representante de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología;

Artículo 14º.- De las Funciones de la Comisión Nacional de salud Reproductiva y Planificación Familiar.

14.1 La Comisión Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, elabora un informe anual sobre los Lineamientos, Planes y Políticas en materia de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, así como un balance de los resultados y avances de los programas y las medidas administrativas, normativas y de cualquier otra índole con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos humanos.
14.2 El referido Informe Anual será presentado ante el Ministro de Salud para su aprobación y publicación correspondiente.

DISPOSICIONES FINALES
Primero.- El Poder Ejecutivo aprobará el Reglamento de la presente Ley, en el plazo de noventa (90) días, contados a partir de la vigencia de la presente Ley..
Segundo.- Deróguese, modifíquese o amplíese, según sea el caso, todas las normas  que se opongan a los dispuesto en la presente Ley.