28 de mayo: Las mujeres no debemos morir a causa de la maternidad

Este 28 de mayo se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, y en muchas partes del mundo diversas organizaciones hacen un llamado para mejorar la salud de las mujeres y en especial la salud sexual y reproductiva, que en países como el Perú, hablan de discriminación y muerte.

En nuestro país, cada 8 horas muere una mujer por causas asociadas a la maternidad, un evento que debe ser celebratorio, se convierte en duelo y dolor.

Esta muerte innecesaria de mujeres, no es sólo un indicador del mal estado del sistema de salud de nuestro país, sino también del poco poder social y económico de las mujeres, las estadísticas nos hablan de discriminación e injusticia, las cifras más elevadas de muerte materna se dan entre las mujeres de menores recursos económicos, entre aquellas que viven en zonas rurales y que poseen menores oportunidades para lograr educación formal.

Es motivo para reflexionar sobre ¿porqué se mueren las mujeres?, las estadísticas nuevamente nos hablan de hemorragias, de hipertensión durante el embarazo, de infecciones, de abortos, entre otras. Lo cierto es que quizás la causa importante de muerte materna en nuestro país es el aborto, las y los proveedores de salud saben que detrás de estas hemorragias e infecciones están abortos realizados en condiciones clandestinas.

Ahora, ¿porqué abortamos las mujeres?, ¿nos gusta abortar?, ¿planificamos tener relaciones sexuales para luego abortar?, ¿somos asesinas?, pues la respuesta es NO. Las mujeres nos enfrentamos al aborto cuando se nos negó el acceso a métodos anticonceptivos, cuando nos falló el método que estábamos usando y no tuvimos acceso a la AOE, cuando nos violaron, cuando el feto tiene incompatibilidades con la vida, cuando este embarazo pone en riesgo nuestra salud o nuestra vida.

Hoy en día el respeto, goce y protección de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos la salud, implica medidas concretas por parte del Estado, por ello es que no podemos entender porqué si el aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924, aún muchas mujeres se ven forzadas a salvar sus vidas de manera clandestina en vez de acceder a servicios seguros y legales.

El Ministerio de Salud nos tiene a la espera de emitir un protocolo nacional que regule el aborto terapéutico que es legal hace más de 80 años. Desde el año 2006 tiene en sus manos una propuesta de protocolo que regula aspectos administrativos y médicos, que fue elaborado por una comisión consultiva convocada por ellos mismos, donde participaron profesionales de la medicina, derechos, obstetricia y psicología.

¿Cuántos años más tenemos que seguir esperando?, o ¿es que la salud y la vida de las mujeres vale poco o nada?, ésta es la pregunta que le hacemos al Ministro Vallejos, que ahora propone formar una nueva comisión multisectorial y pasarle la decisión al Consejo de Ministros, Señor Ministro, usted como médico sabe que la indicación para el aborto terapéutico se asocian a problemas de salud, entonces ¿en manos de quien está la responsabilidad de regular?

Esperamos su respuesta y sobre todo que el Ministerio de salud asuma su rol rector en esta materia.

Rossina Guerreo Vásquez

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos

28 de mayo: Las mujeres no debemos morir a causa de la maternidad

Este 28 de mayo se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, y en muchas partes del mundo diversas organizaciones hacen un llamado para mejorar la salud de las mujeres y en especial la salud sexual y reproductiva, que en países como el Perú, hablan de discriminación y muerte.

En nuestro país, cada 8 horas muere una mujer por causas asociadas a la maternidad, un evento que debe ser celebratorio, se convierte en duelo y dolor.

Esta muerte innecesaria de mujeres, no es sólo un indicador del mal estado del sistema de salud de nuestro país, sino también del poco poder social y económico de las mujeres, las estadísticas nos hablan de discriminación e injusticia, las cifras más elevadas de muerte materna se dan entre las mujeres de menores recursos económicos, entre aquellas que viven en zonas rurales y que poseen menores oportunidades para lograr educación formal.

Es motivo para reflexionar sobre ¿porqué se mueren las mujeres?, las estadísticas nuevamente nos hablan de hemorragias, de hipertensión durante el embarazo, de infecciones, de abortos, entre otras. Lo cierto es que quizás la causa importante de muerte materna en nuestro país es el aborto, las y los proveedores de salud saben que detrás de estas hemorragias e infecciones están abortos realizados en condiciones clandestinas.

Ahora, ¿porqué abortamos las mujeres?, ¿nos gusta abortar?, ¿planificamos tener relaciones sexuales para luego abortar?, ¿somos asesinas?, pues la respuesta es NO. Las mujeres nos enfrentamos al aborto cuando se nos negó el acceso a métodos anticonceptivos, cuando nos falló el método que estábamos usando y no tuvimos acceso a la AOE, cuando nos violaron, cuando el feto tiene incompatibilidades con la vida, cuando este embarazo pone en riesgo nuestra salud o nuestra vida.

Hoy en día el respeto, goce y protección de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos la salud, implica medidas concretas por parte del Estado, por ello es que no podemos entender porqué si el aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924, aún muchas mujeres se ven forzadas a salvar sus vidas de manera clandestina en vez de acceder a servicios seguros y legales.

El Ministerio de Salud nos tiene a la espera de emitir un protocolo nacional que regule el aborto terapéutico que es legal hace más de 80 años. Desde el año 2006 tiene en sus manos una propuesta de protocolo que regula aspectos administrativos y médicos, que fue elaborado por una comisión consultiva convocada por ellos mismos, donde participaron profesionales de la medicina, derechos, obstetricia y psicología.

¿Cuántos años más tenemos que seguir esperando?, o ¿es que la salud y la vida de las mujeres vale poco o nada?, ésta es la pregunta que le hacemos al Ministro Vallejos, que ahora propone formar una nueva comisión multisectorial y pasarle la decisión al Consejo de Ministros, Señor Ministro, usted como médico sabe que la indicación para el aborto terapéutico se asocian a problemas de salud, entonces ¿en manos de quien está la responsabilidad de regular?

Esperamos su respuesta y sobre todo que el Ministerio de salud asuma su rol rector en esta materia.

Rossina Guerreo Vásquez
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Ley N° 28704 sobre violencia sexual y su modificatoria del artículo 173°: más daños que beneficios; resultados perversos de una ley que no reconoce los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes

El 29 de agosto en el noticiero 90 Segundos del Canal 2-Frecuencia Latina, se emitió una denuncia de una madre de familia, que decía que su hija de 17 años que dio a luz a su bebe, en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP, Ex Maternidad de Lima) iba a ser recluida en un centro de prevención y readaptación por considerarse que había infringido el artículo 173 del Código Penal, por el delito de violación, señalando a su vez, que esta medida se extendería al conjunto de hospitales y clínicas de país.  

Esto se da porque la ley 28704 de Violencia Sexual aprobada en abril de 2006, y su modificatoria en el artículo 173 del código tipifica como un delito de violación sexual a todo tipo de relaciones sexuales que se realice con menores de 18 años, sean estas consentidas o no por parte de los/as propios adolescentes. Con la modificatoria, las relaciones sexuales con personas menores de 18 años y mayores de 14 años, se castiga con una pena no menor de veinticinco ni mayor de treinta años.

A partir de esta noticia se fueron conociendo mas casos y luego se pudo observar al hospital atestados de adolescentes que estando en condiciones de alta, no podían salir del hospital, por que había de por medio una acusación de violación sexual.  La noticia de la retención, rápidamente se extendió entre la población adolescente.  Ante la denuncia de la prensa y de la sociedad civil, el 29 de diciembre de 2006, el Ministerio de Salud envió una carta al Instituto señalando que no habría ninguna razón alguna para retenerla cuando la adolescente se encuentre en condición de alta médica.”  

Sin embargo, las retenciones se mantuvieron aunque fueron por más corto tiempo y en algunos hospitales como en el INMP, se hicieron ajustes administrativos para facilitar el alta de las adolescentes. Sin embargo, la desconfianza aún se mantuvo, lo cual puede identificarse en el siguiente testimonio :

“Justamente cuando yo fui a mi control perinatal, una amiga me contó que no la querían dejarla salir con su bebe, que su mama y ella tuvieron que escaparse del hospital para que ella pudiera salir. . . Cuando yo di a luz, la amiga que me contó me dijo que no vaya a ese hospital porque te lo van a quitar a tu bebe y no te van a dejar salir.  Y me dio un poco de temor eso”
Adolescente de 16 años

QUÉ HEMOS HECHO DESDE SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA:

 
  • La existencia de esta ley y sus posibles efectos, ya habían sido alertadas por algunas organizaciones de mujeres, una de las primeras en convocar a una reunión para su análisis fue justamente el CLADEM-Perú.
  • Luego con las informaciones periodísticas, al ponerse el hecho en conocimiento público, la Mesa de Vigilancia por Los Derechos Sexuales y Reproductivos, presentó una queja defensorial y a su vez, mediante el acceso a la información pública, solicitó al Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), de a conocer la existencia de alguna normatividad que reglamente esta ley, en el establecimiento.
  • El INMP dio a conocer la Directiva Nº 039-DG-INMP-06 de “Información de pacientes menores de edad a la autoridad competente” en donde se ordenaba “que los médicos que atienden a estas pacientes menores de edad están obligados a informar a la autoridad competente el primer día de la atención ” .
  • La Mesa de Vigilancia, envió un informe alertando la violación de derechos que venían sufriendo las adolescentes y solicitando la modificatoria de la norma y los cambios institucionales. Envió una carta al propio INMP, a la Dirección General de Atención de las Personas del MIMSA, al MIMDES, a INABIF, al Colegio Médico, entre otros .
  • Se difundió la información en los sitios Web de organizaciones como el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)   y el Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (DEMUS) , también en las secciones de opiniones de los periódicos.   Poco tiempo después, la Mesa de Vigilancia y el Colegio Médico impulsaban una conferencia de prensa en que expresaron su profunda preocupación por los efectos de la ley .
  • Por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 2780), PROMSEX se envió cartas a 18 hospitales públicos y dos institutos públicos en Lima consultando: si se estaba tomando medidas en la hospital acerca de la aplicación de la Ley; si había desarrollado alguna directiva interna respecto a esta normatividad y; el número de usuarias que habían sido retenidas o enviadas a instituciones sociales de protección debido a esta Ley durante las últimos dos semanas. Sólo un hospital confirmó que estaban tomando medidas para la aplicación de la ley y que había desarrollado una directiva interna. La mayoría contestó que no estaban tomando dicha medida, sin embargo, por información no oficial sabíamos que esto si estaba ocurriendo en el algunos establecimientos, aunque no en la misma dimensión que el INMP .
  • Ante la presión y preocupación de la Responsable del Programa de Adolescentes del Ministerio de Salud, convocaron a las organizaciones de la Mesa de Vigilancia que estaban involucradas en el tema; El Instituto de Salud y Educación, Manuela Ramos y PROMSEX. Convocaron también a la Oficina Jurídica del Instituto Nacional Materno Perinatal, representantes del MIMDES y de las Agencias de Cooperación, allí se pudo discutir muy ampliamente los implicancias de esta norma y en todo momento se pudo evidenciar la preocupación compartida por la situación de los y las adolescentes y la voluntad expresa de por lo menos, disminuir los impactos de la Ley. Varios de los participantes incluso se comprometieron a solicitar los cambios legislativos al Congreso algunos de los cuales, pueden reflejarse en los proyectos de ley. A partir de estas reuniones; el MIMDES, MINSA, Defensoría del Pueblo, entre otros, enviaron opiniones apoyando la modificatoria de dicha ley. Actualmente el Proyecto de Ley para la modificatoria de dicho artículo sen encuentra a puertas de ser tratado en el pleno.

 

EN QUÉ ESTAMOS DE ACUERDO

  • Que se sancione la violación sexual a menores de edad en tanto es un hecho de abuso de poder de uno sobre el otro.

QUÉ NOS PREOCUPA

  • Que a partir de la modificatoria de la ley de violencia sexual, el código penal elimina el derecho de los y las adolescentes entre los 14 y 18 años, de decidir si tienen o no relaciones sexuales, pues todo acto sexual será considerado como un delito de violación.  Pues según el código penal vigente, la relación sexual efectuada mediante coerción, imposición, violencia y amenaza, será lo mismo que una relación sexual establecida por mutuo consentimiento.
  • En consecuencia que se interprete, equipare y trate  una relación sexual voluntaria y consentida como una acto de violación sexual.
  • Que esto sea asumido por los operadores de justicia y de salud que deben atender a los y las adolescentes y que se castigue a las y los adolescentes por tener relaciones sexuales voluntariamente.

QUIÉNES SE OPONEN A ESTA SEPARACIÓN NO ESTÁN CONSIDERANDO

  • Que por razones culturales, sociales o económicas las adolescentes entre 14 y 18 se inician sexualmente y muchas de las cuales incluso ya viven en condición de pareja o tienen otros hijos.
UNA LEY EN CONFLICTO CON LA NORMATIVIDAD NACIONAL

 

  • Según el Código Civil (artículo 241º), los/as adolescentes pueden contraer matrimonio a partir de los 16 años.  Es decir, aunque un/a adolescente esté legalmente casado/a, sólo podrá ejercer sus relaciones sexuales cuando cumpla 18 años .
  • El Código Civil (artículo 46º) indica que a partir de los 14 años, se puede reconocer a los hijos y reclamar para ellos alimentación y filiación, sin embargo, este reconocimiento puede implicar un delito, dado que el hijo de todas maneras sería el resultado de una violación y el padre biológico, resulta en un violador.
  • La Norma Técnica de Planificación Familiar (Resolución Ministerial Nº 465-99-SA/DM), señala que los/as adolescentes están aptos, previa consejería, para recibir métodos anticonceptivos, pero estos servicios no podrían ser posibles dado que consideran que su práctica sexual es una violación.  De hecho, por el Articulo 30 de la Ley General de Salud, los proveedores estarían además obligados a denunciar .
  • Este mismo alcance de ilegalidad de servicios tendría el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010, que establece el acceso a servicios de planificación familiar, programas de paternidad responsable.

 

CONSECUENCIAS DE LA MODIFICATORIA DE LA LEY DE VIOLENCIA SEXUAL

 

  • Se elimina el derecho de los y las adolescentes entre los 14 y 18 años, de decidir si tienen o no relaciones sexuales, pues todo acto sexual será considerado como un delito de violación .
  • Ocasiona problemas al propio sistema sanitario porque a debido al articulo 30 de la Ley general de salud, los proveedores de salud están obligados a denunciar.
  • No se protege así la integridad de los y las adolescentes ni el derecho a su privacidad .
  • Al penalizar la actividad sexual de las/os adolescentes entre 14 y 18 años, aunque estas fuesen consentidas, la ley de violencia sexual también vuelve ilegales los servicios que brindan información y educación sobre salud sexual y reproductiva a adolescentes .
  • Además, obliga que estos hechos sean denunciadas como delitos, sin considerar que los y las adolescentes, tienen capacidad elegir esta opción, infringiendo su derecho a la autonomía relativa, su intimidad y confidencialidad .
  • Las adolescentes embarazadas están dejando de acudir a los establecimientos de salud por temor a ser retenidas, sufrir pérdida de sus bebes o ser obligadas a nombrar la identidad de sus parejas y que los apresen así ellas no estén de acuerdo .
  • Con medidas como estas, una vez mas, se priva a las personas del derecho a vivir una sexualidad libre de miedos, riesgos y tabúes.

 

Fuente :  De la protección a la amenaza: Consecuencias de una ley que ignora los derechos sexuales y derechos reproductivos de los y las adolescentes. El caso de la modificatoria de Ley Nº 28704 sobre Violencia Sexual.

Jennifer Nagle & Susana Chávez.  Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX.  Lima  2007

Apuntes Para Comprender Mejor los Crímenes de Odio por Orientación Sexual y/o Identidad de Género

En Estados Unidos, la Suprema Corte (en el caso Wisconsin versus Mitchell, de 1993) indicó que un crimen de odio es el que ha sido motivado por “la raza, religión, color, incapacidad, orientación sexual, nacionalidad o ancestros” de la víctima.

En el caso de los crímenes de odio por orientación sexual y/o identidad de género, éstos tienen como móvil el rechazo y odio hacia las personas que por alguna razón no tienen o no evidencian una sexualidad hegemónica y tradicional. El agente que comete el crimen de odio sanciona así la disidencia sexual (incluso supuesta) de su víctima, al salirse ésta del sistema inequitativo de poder (binario y dicotómico) hombre-mujer, heterosexual-homosexual, masculino-femenino, en donde además cada identidad tiene valores, comportamientos y roles asignados culturalmente.

Esta repulsión y/o agresión tiene un nombre dentro de la Psicología desde 1973 gracias a George Weinberg: homofobia. Esta disciplina, sin embargo, no ha tenido un desarrollo conceptual identitario diferenciado de la homofobia. Yo propongo hablar además de homofobia (aversión y odio a gays), de lesbofobia (lesbianas), bifobia (bisexuales) y transfobia (trans).

Aunque en términos prácticos homofobia representa en esencia lo que queremos decir, cierto es que algunos estudios sobre el tema ya han evidenciado las diferencias culturales que dan cabida a los prejuicios y el consecuente rechazo y agresión hacia los gays y las lesbianas de manera diferenciada.

Por ejemplo, en el caso de las lesbianas, la lesbofobia que sufren puede estar más asociada al hecho de que subvierten el sistema tradicional de poder centrado en los hombres al establecer sus vidas sin ellos, mientras que en el caso de los gays la homofobia está más vinculada a la asociación con la propagación de VIH/SIDA, así como a la renuncia simbólica al poder que deberían detentar los hombres.

No sé de estudios específicos de trans femeninos o masculinos, pero me atrevo a mencionar que en el caso de las primeras la transfobia se expresa por el hecho de transgredir visiblemente las normas de la masculinidad que se esperaría respecto al sexo biológico con el que nacieron (muchas veces rompen la dicotomía hombre-mujer), así como a su asociación prejuiciosa con el escándalo y la prostitución.

Pero en definitiva, pienso que la mejor manera de abordar el tema es evidenciando las particulares circunstancias y las diferencias que enmarcan los homicidios de gays, lesbianas, bisexuales y trans (GLBT). Por ello se debería hablar, según sea el caso, de homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.

Hay muchos estudios sobre homofobia cuyas conclusiones esenciales podemos asumir para el caso de las variantes identitarias propuestas. Éstos señalan, entro otras cosas,  que dicho concepto puede implicar en la persona que lo manifiesta un intenso sentimiento de agresión, un desasosiego marcado, odio y desde luego comportamientos homicidas.

Bajo las consideraciones hasta ahora expuestas, un crimen de odio por orientación sexual y/o identidad de género tendría que ser cometido en principio por una persona heterosexual para que encaje dentro del supuesto de homofobia social (y sus variantes identitarias).

Otra posibilidad es que fuera cometido por otra persona GLBT con o sin identidad asumida (e independientemente del vínculo con la persona asesinada) pero que presente las características de una fobia en términos psicológicos individuales (neurosis, homo/transexualidad reprimida o latente, proyección de su propio rechazo, etc.), en cuyo caso considero que también tiene que tener una sanción pues eso de ninguna manera justifica el homicidio.

Desde luego que la homo/lesbo/bi/transfobia puede estar presente en su versión social e interna en distintos niveles en cada persona y será labor de los profesionales de la salud mental evaluar caso por caso.

Para calificar un homicidio como crimen de odio por orientación sexual y/o identidad de género la acción debe ser dolosa, es decir, que exista la intención y la voluntad de provocar la muerte de la persona o lesionarla de tal manera que pueda causarle la muerte.

Usualmente la prensa presenta un móvil económico en este tipo de casos, pero considero que es sólo un pretexto que esconde tras de si cualquiera de las posibilidades y niveles de interacción de la homo/lesbo/bi/transfobia. La evidencia nos demuestra que particularmente en estos casos la dinámica establecida entre la persona agresora y la víctima es de utilidad, en donde precisamente por el desprecio que se tiene de la persona GLBT hay una suerte de usufructo económico (y de otro tipo, principalmente sexual) que deviene del vínculo establecido.

Cabe recordar que la estrategia de la defensa por pánico (homofobia y sus variantes identitarias) ha sido usada en varios casos de crimen de odio, como por ejemplo el de Mathtew Shepard, un estudiante gay de 21 años asesinado brutalmente en Estados Unidos por dos sujetos que le atacaron entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de octubre de 1998.

Dicha estrategia consiste en la defensa legal usada en el sistema de justicia ante un crimen de odio hacia una persona GLBT, generalmente basada en insinuaciones (usualmente no comprobables) hechas por la víctima, previas al homicidio. Se culpa a las víctimas y se sugiere que una “propuesta indecorosa” justifica una respuesta violenta e incluso homicida.

Entonces, patologizar siempre e indistintamente a la homofobia (y sus variantes identitarias), como ha veces se ha venido haciendo desde el movimiento GLBT, no es el mejor recurso, por el contrario, ayuda a generar impunidad al amparo de la estrategia de la defensa del pánico.

Lima, 17 de mayo de 2007.
Por: Cristhian Manuel Olivera
Comunicador social y Activista Gay en Derechos Humanos

Apuntes Para Comprender Mejor los Crímenes de Odio por Orientación Sexual y/o Identidad de Género

En Estados Unidos, la Suprema Corte (en el caso Wisconsin versus Mitchell, de 1993) indicó que un crimen de odio es el que ha sido motivado por “la raza, religión, color, incapacidad, orientación sexual, nacionalidad o ancestros” de la víctima.

En el caso de los crímenes de odio por orientación sexual y/o identidad de género, éstos tienen como móvil el rechazo y odio hacia las personas que por alguna razón no tienen o no evidencian una sexualidad hegemónica y tradicional. El agente que comete el crimen de odio sanciona así la disidencia sexual (incluso supuesta) de su víctima, al salirse ésta del sistema inequitativo de poder (binario y dicotómico) hombre-mujer, heterosexual-homosexual, masculino-femenino, en donde además cada identidad tiene valores, comportamientos y roles asignados culturalmente.

Esta repulsión y/o agresión tiene un nombre dentro de la Psicología desde 1973 gracias a George Weinberg: homofobia. Esta disciplina, sin embargo, no ha tenido un desarrollo conceptual identitario diferenciado de la homofobia. Yo propongo hablar además de homofobia (aversión y odio a gays), de lesbofobia (lesbianas), bifobia (bisexuales) y transfobia (trans).

Aunque en términos prácticos homofobia representa en esencia lo que queremos decir, cierto es que algunos estudios sobre el tema ya han evidenciado las diferencias culturales que dan cabida a los prejuicios y el consecuente rechazo y agresión hacia los gays y las lesbianas de manera diferenciada.

Por ejemplo, en el caso de las lesbianas, la lesbofobia que sufren puede estar más asociada al hecho de que subvierten el sistema tradicional de poder centrado en los hombres al establecer sus vidas sin ellos, mientras que en el caso de los gays la homofobia está más vinculada a la asociación con la propagación de VIH/SIDA, así como a la renuncia simbólica al poder que deberían detentar los hombres.

No sé de estudios específicos de trans femeninos o masculinos, pero me atrevo a mencionar que en el caso de las primeras la transfobia se expresa por el hecho de transgredir visiblemente las normas de la masculinidad que se esperaría respecto al sexo biológico con el que nacieron (muchas veces rompen la dicotomía hombre-mujer), así como a su asociación prejuiciosa con el escándalo y la prostitución.

Pero en definitiva, pienso que la mejor manera de abordar el tema es evidenciando las particulares circunstancias y las diferencias que enmarcan los homicidios de gays, lesbianas, bisexuales y trans (GLBT). Por ello se debería hablar, según sea el caso, de homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.

Hay muchos estudios sobre homofobia cuyas conclusiones esenciales podemos asumir para el caso de las variantes identitarias propuestas. Éstos señalan, entro otras cosas,  que dicho concepto puede implicar en la persona que lo manifiesta un intenso sentimiento de agresión, un desasosiego marcado, odio y desde luego comportamientos homicidas.

Bajo las consideraciones hasta ahora expuestas, un crimen de odio por orientación sexual y/o identidad de género tendría que ser cometido en principio por una persona heterosexual para que encaje dentro del supuesto de homofobia social (y sus variantes identitarias).

Otra posibilidad es que fuera cometido por otra persona GLBT con o sin identidad asumida (e independientemente del vínculo con la persona asesinada) pero que presente las características de una fobia en términos psicológicos individuales (neurosis, homo/transexualidad reprimida o latente, proyección de su propio rechazo, etc.), en cuyo caso considero que también tiene que tener una sanción pues eso de ninguna manera justifica el homicidio.

Desde luego que la homo/lesbo/bi/transfobia puede estar presente en su versión social e interna en distintos niveles en cada persona y será labor de los profesionales de la salud mental evaluar caso por caso.

Para calificar un homicidio como crimen de odio por orientación sexual y/o identidad de género la acción debe ser dolosa, es decir, que exista la intención y la voluntad de provocar la muerte de la persona o lesionarla de tal manera que pueda causarle la muerte.

Usualmente la prensa presenta un móvil económico en este tipo de casos, pero considero que es sólo un pretexto que esconde tras de si cualquiera de las posibilidades y niveles de interacción de la homo/lesbo/bi/transfobia. La evidencia nos demuestra que particularmente en estos casos la dinámica establecida entre la persona agresora y la víctima es de utilidad, en donde precisamente por el desprecio que se tiene de la persona GLBT hay una suerte de usufructo económico (y de otro tipo, principalmente sexual) que deviene del vínculo establecido.

Cabe recordar que la estrategia de la defensa por pánico (homofobia y sus variantes identitarias) ha sido usada en varios casos de crimen de odio, como por ejemplo el de Mathtew Shepard, un estudiante gay de 21 años asesinado brutalmente en Estados Unidos por dos sujetos que le atacaron entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de octubre de 1998.

Dicha estrategia consiste en la defensa legal usada en el sistema de justicia ante un crimen de odio hacia una persona GLBT, generalmente basada en insinuaciones (usualmente no comprobables) hechas por la víctima, previas al homicidio. Se culpa a las víctimas y se sugiere que una “propuesta indecorosa” justifica una respuesta violenta e incluso homicida.

Entonces, patologizar siempre e indistintamente a la homofobia (y sus variantes identitarias), como ha veces se ha venido haciendo desde el movimiento GLBT, no es el mejor recurso, por el contrario, ayuda a generar impunidad al amparo de la estrategia de la defensa del pánico.

Lima, 17 de mayo de 2007.

Por: Cristhian Manuel Olivera
Comunicador social y Activista Gay en Derechos Humanos

Caso Mujer Hospital Alcides Carrión : no al silencio, sí a la justicia

El 1 ª de abril del 2007  ingresó al hospital Daniela Alcides Carrión una adolescente de 14 años con múltiples traumatismos, debido a haber sufrido una caída desde un segundo piso, ante el hecho desesperado de haber sido violada sexualmente, y haber quedado en situación de gestación como producto de esa violación.

Actualmente, presenta daño neurológico y se encuentra inmovilizada gran parte de su cuerpo. El 18 de abril en situación de internamiento, la familia ingresó una solicitud a las instancias directivas del hospital pidiendo se considere y realice el aborto terapéutico, a fecha 15 de mayo no han recibido respuesta sobre dicho pedido.

Los profesionales y autoridades médicas mantienen un silencio absoluto, no obstante que, según el Artículo 119 del Código Penal  “No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”.

Este es un hecho que atenta contra el derecho a la vida  e integridad personal, así como el derecho a la salud de toda persona. Esta adolescente que rechaza el embarazo, no se encuentra en condiciones físicas ni emocionales adecuadas para asumir un proyecto de vida, que además ha sido producto del abuso y vejación, en contra de su voluntad y vulnerando toda la esfera de su sexualidad y reproducción. Corresponde a los profesionales de la salud de este hospital responder y atender esta situación con la máxima rapidez y eficiencia, manteniendo su quehacer en el plano puramente médico.

Desde sociedad civil organizada estaremos pendientes del curso de este caso, utilizando todos los recursos que como ciudadanos /as tenemos para que se haga justicia y se cumpla con este derecho humano.

Aseguran que Minsa plantea cambios que permitirían el “uso” de pacientes como conejillos sin tener responsabilidad alguna.

Por Consuelo Alonzo.
Foto: Arturo Pérez.

Grave denuncia. Según el Foro de la Sociedad Civil en Salud (Foro Salud), la pretendida modificatoria por el Ministerio de Salud de 31 de los 91 artículos del Reglamento de Ensayos Clínicos en seres humanos respondería a un interés del titular de este portafolio, Carlos Vallejos, además de reducir la protección de las personas que se someten a experimentos. Leer más

La agenda escondida. Especialistas denuncian graves deficiencias en políticas de salud sexual y reproductiva

Además de los vacíos sobre aborto terapéutico, tampoco se cumpliría con distribuir la Anticoncepción Oral de Emergencia. “El eje de batalla, de confrontación, son los cuerpos de las personas. Ahí se focaliza la política. En las decisiones informadas y el cuerpo de la gente”, considera la doctora Susana Chávez.

Hasta ahora, los directivos del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX, mantenían un discreto optimismo con la política de Salud del gobierno. Cuando se dio a conocer que el Instituto Materno Perinatal puso en vigencia un protocolo para especificar las causas legales del aborto terapéutico, aquél que pone en riesgo la vida de la madre y es contemplado por el Código Penal desde 1929, incluso emitieron un comunicado en apoyo del ministro Carlos Vallejos.

Esas moderadas expectativas se han visto diluidas. El ministerio prometió la formación de una comisión para zanjar definitivamente el vacío frente al tema pero nunca la convocó. Luego derogó aquél protocolo (CARETAS 1974), consensuado entre nueve organizaciones médicas.

La poca claridad precipitó casos como el de la joven Karen Llantoy, a quien el Estado no le permitió abortar a pesar de que el feto sufría de anencefalia, grave malformación que lo condena invariablemente a la muerte. Llantoy debió continuar con el embarazo y luego llevó su caso ante Naciones Unidas, que le urgió al Estado peruano corregir las contradicciones de su legislación.

La obstetra Susana Chávez y su colega, y también ginecólogo, Luis Távara, van más allá en sus denuncias sobre las deficiencias del sector en salud reproductiva y sexual. En oposición consideran al Congreso actual, “con todas sus dificultades”, una instancia más progresista y plural. CARETAS dialogó con ambos al mediodía del último sábado, con la música de fondo del pescado friéndose para el almuerzo.

¿En qué situación quedamos con la eliminación del protocolo del Instituto Materno Perinatal?

Távara: La ley es clara y contempla la factibilidad del aborto en condiciones legales cuando la salud y la vida de la mujer estén en riesgo. Lo único que tendría que hacerse es normar la ley. Como no lo hace el Ministerio de Salud, lo han hecho tres hospitales. El último es el Instituto Materno Perinatal, importante por ser de vigencia nacional. Pero, cuando este protocolo se hizo de conocimiento ante la sociedad científica de América Latina, el viceministro de Salud emite una resolución dando por terminada su validez.

¿Por qué los sectores que se oponen a un protocolo cuestionan las cifras sobre el aborto?

T: No sé cual es el fundamento. Todas las investigaciones que sustentan nuestras cifras tienen rigor científico. En los últimos años van dramáticamente en aumento. En la década del 90 había poco menos de 200 mil abortos provocados. Hoy son más de 400 mil. Y en el Perú hay unos 630 mil partos al año. En América Latina, por cada mil mujeres abortan aproximadamente treinta. Y en el Perú estamos casi en 40 por cada mil mujeres.

¿Qué nos ha llevado a esa situación?

T: Las mujeres que tienen una gestación no planeada por diversas razones; de salud, porque han sido violadas o tienen fetos con una malformación evidenciada; recurren clandestinamente a la interrupción del embarazo. Entre el 20% y 30% tienen complicaciones. O quedan daños terribles en la vida sexual y reproductiva, o se mueren.
Chávez: Y todavía hay insuficiencia de los servicios públicos de salud. Sólo el 50% de de mujeres que necesitan usar métodos anticonceptivos lo hacen.

¿Cumple el gobierno su papel?

C: Hay una brecha y las más afectadas son las mujeres pobres y de zonas rurales. En la sierra tienen mayor preferencia por los inyectables y hay insuficiencia en el acceso a ese método. Pero hay que tomar en cuenta las relaciones sexuales forzadas o la propia falla del método. Por eso hemos peleado tanto por la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), a lo que llamamos la segunda opción. ¿Qué hace este gobierno? A pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional para que cumpla con su obligación de facilitar el acceso a las mujeres más pobres, no la incorpora dentro del Sistema Integral de Salud (SIS), que es lo que financia el Estado para la gente pobre.

¿El problema está en el ministro Vallejos o en gente a su alrededor?

C: Debemos ser categóricos en advertir de la influencia de una agenda en contra de los derechos de las mujeres. No es nueva y ya la conocemos. Fue evidente durante las gestiones de (Luis) Solari y (Fernando) Carbone. Al menos la de Carbone está entre las peores. Aumentaron los embarazos no deseados y disminuyó el acceso a los métodos anticonceptivos. Hay una medición fría.

Carbone recogió firmas en contra del protocolo. Solari y él siguen en la cancha.
C: Totalmente. Les asignan un poder que realmente no tienen. Se olvidan de las necesidades de salud pública, de las mujeres más pobres, y se responde a una agenda confesional. Porque encima te mecen. Dicen, claro que estamos de acuerdo con la AOE que es un anticonceptivo más, y lo retiran del financiamiento. Claro que el aborto terapéutico es un drama y es legal. Y prometen hacer un proyecto de ley cuando hay todo un trabajo desarrollado. Se dice que la salud reproductiva es importante y tiene un miserable financiamiento. La estrategia nacional de salud sexual y reproductiva es la que menos personal tiene.

¿Cuánta gente tiene?

C: Cuatro personas.
¿Han identificado al personal que puede estar detrás de esta inacción?
C: Sabemos que dentro del cuerpo de asesores del ministro hay por lo menos una persona con actitud muy confesional que podría incidir. El doctor Carbone visita frecuentemente el Ministerio.

¿Por qué el ministro Vallejos tendría que responder a esta agenda?
C: Estamos totalmente convencidos de que quiere flotar políticamente. No hay una decisión de asumir mandatos y responsabilidades sino de mantenernos en stand by. Y las maniobras no son solamente dilatorias, sino también mentirosas.

¿Por ejemplo?
C: Primero, anuncia un comité multisectorial para discutir el protocolo de aborto.
¿Ya no se agotó el plazo?
C: Sí. Nunca convocó a la comisión. Luego su viceministro anuncia un nuevo proyecto de ley.
T: La salud sexual y reproductiva es parte de los objetivos del milenio, que nos señalan metas muy concretas para el 2015.

¿Cuáles son las metas puntualmente afectadas?

T: El empoderamiento de las mujeres y la protección de la salud de la mujer. Otra meta tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, concretamente el VIH. Así como vamos estamos muy lejos de alcanzar los compromisos que hemos asumido como país.
Quienes se oponen, como el cardenal Juan Luis Cipriani, argumentan que si se especifican las causas del aborto terapéutico hacerse la intervención será tan sencillo como comprar un caramelo.
T: No es cierto. En ningún país que reconoce ese derecho ha aumentado el aborto. La tendencia se estabiliza o se reduce. Además se pone énfasis en los otros dos componentes: educación y anticoncepción.
C: Esa idea tiene que ver con el desprecio de nuestras propias capacidades para regir nuestra vida y nuestras conductas. Muchas veces las cifras no dan cuenta de los dramas humanos. En este momento hay una niña de 14 años que fue violada por un mototaxista.

¿En qué ciudad?

C: En Lima. Viéndose embarazada, se intentó suicidar, o intentó forzar el término de la gestación, arrojándose de un piso alto. Tiene fractura cervical. Una cuadriplejia. La niña estuvo en cuidados intensivos y es una inválida de por vida. En el hospital todavía no autorizan el aborto.

¿Cuál es el hospital?

C: Es un hospital limeño, grande. El personal entra en enormes dudas por si la prensa se entera.

¿Quién reglamenta eso?
Los médicos dicen que los pueden meter a la cárcel porque la ley no es clara.
C: Es un argumento falaz. Porque si el código penal lo permite bajo razones médicas de riesgo, ¿quién va a determinar esas razones? Son los propios médicos. El Estado no quiere asumir su responsabilidad. No hay casos (por abortos clandestinos) en las cárceles. No es que el Estado los esté persiguiendo. Ocurren por miles y miles pero nos movemos en una enorme hipocresía.

Enrique Chavez

Revista Caretas

Felicitamos al Ministro de Salud por el protocolo de atención para mujeres que requieren de un aborto terapéutico

Anualmente en el Perú, miles de mujeres ponen en riesgo su vida o quedan con daños permanentes a causa de un embarazo, no permitamos que ello siga ocurriendo por que la ley las protege.

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Aprueban Plan Estratégico Multisectorial 2007 – 2011 para la prevención y control de las ITS y VIH SIDA en el Perú

Robinson Cabello, Representante de las Organizaciones Sociales ante la CONAMUSA informó sobre este importante suceso. Entre tantos retrocesos respecto a los derechos sexuales y reproductivos en el Perú, este en un importante avance que permitirá sin duda, constituir en política de Estado la atención del VIH/SIDA, superando las intervenciones fragmentadas y muy sujetas a la voluntad política de cada gestión de gobierno o lo que es peor, de cada funcionario.

Es importante reconocer que este Plan Estrategico Multisectorial, garantiza la educación sexual y el acceso de los condones a los adolescentes y jóvenes, acumulando de esta manera, los fundamentos normativos y legales para que estos/as accedan a los servicios.

También es importante señalar que se explicita de una manera muy clara la no discriminación por orientación sexual, lo que también significa un camino de avance para superar las exclusiones y estigmatizaciones.

Como sociedad civil, nos pone en la tarea no sólo de ser vigilantes, sino también de participar en las instancias, lo que implica una doble responsabilidad de nuestra parte.

Hacemos extensivas nuestras felicitaciones a todas las personas e instituciones que han estado detrás de este logro, pues todos sabemos que nada es gratuito. Desde Promsex, nuestras felicitaciones a todas las personas que han estado sosteniendo esta iniciativa, ojala puedan compartir muy pronto las lecciones aprendidas y sobre todo difundir los alcances de este plan.

Será muy importante que todos nosotros revisemos este decreto y sobre todo, comencemos a hacer uso efectivo de este.

PROMSEX

Descargue el archivo en PDF aqui http://www.promsex.org/files/PEMVIHSIDA.pdf