Nuevo Ministro de Salud : médicos piden a Garrido Lecca que atienda sus reclamos

Galenos recibieron con cierta expectativa nombramiento del flamante titular de Salud y reiteraron su rechazo al ‘SOAT médico’.

La Federación Médica Peruana (FMP) y sus bases ANMMS, ANMRP y ANMCYJ consideraron que el cambio ministerial en el sector Salud era necesario para satisfacción de todos los profesionales de la salud y recibieron con “alguna expectativa” la designación de Hernán Garrido Lecca, saliente titular de Vivienda y Construcción, al frente de la cartera de Salud en reemplazo de Carlos Vallejos Sologuren.

En tal sentido, el presidente de la FMP, Julio Vargas La Fuente, opinó que la salida de Vallejos se debe “a la incapacidad mostrada durante año y medio al frente de dicha cartera”.

Según Vargas, el saliente ministro de Salud permitió actos de corrupción en su gestión  e implementó campañas de vacunas contra la fiebre amarilla en zonas donde no se había detectado este virus.

PEDIDOS. Asimismo, el líder sindical manifestó que todos los trabajadores del sector salud abrigan la esperanza que Garrido Lecca permita brindar soluciones concretas a las justas demandas de su gremio.

Reiteró la posición de los galenos en rechazar el llamado ‘SOAT médico’, así como la municipalización de los servicios de salud. Solicitó un mayor presupuesto para el sector salud en el 2008 y nombramientos de profesionales contratados y destacados.

En tal sentido, Vargas La Fuente pidió que espera que no se repitan los diálogos infructíferos entre su gremio y las autoridades del sector salud.

“Nosotros estamos dispuestos a dialogar ‘con resultados’ con el ministro Garrido Lecca para exponer nuestras demandas y que el pueda brindarnos soluciones concretas. Solo de esta forma se podría evitar innecesarios conflictos” señaló el titular de la FMP.
 
Fuente : Diario Peru.21
Fecha : 20 / 12 / 2007

Celebramos creación del Consejo Regional de la Mujer en Arequipa : un logro desde la sociedad civil organizada

Luego de más de dos años de trabajo constante de las organizaciones feministas y de mujeres de Arequipa, se creó el Consejo Regional de la Mujer – Arequipa. 

El día jueves 6 de diciembre, en la ciudad de Cotahuasi, en sesión de Consejo Regional descentralizado, se firmó la Ordenanza Regional que da nacimiento al ansiado Consejo Regional de la Mujer, espacio que tendrá la posibilidad de proponer y promover políticas, planes y proyectos, a favor de las mujeres de la Región Arequipa; especialmente, las de las zonas altoandimas en donde se registran los más altos índices de vulnerabilidad de la población femenina. 

La ordenanza entró en vigencia al día siguiente de su publicacion.  Se ha comisionado a un equipo conformado por representantes de diferentes sectores y de la sociedad civil para la formulación de su estructura y reglamentación, en un plazo no mayor de 30 días, luego de los cuales en un plazo no mayor de 60 días, se formulará y aprobará el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades.

Para nosotras, este logro representa un gran paso, aunque inicial.  Es el resultado del trabajo constante de incidencia política de un comité impulsor conformado por una serie de organizaciones y profesionales.  Sabemos que la ordenanza no refleja todas nuestras aspiraciones, especialmente el carácter vinculante por el cual hemos luchado, pero no podemos negar que es un avance. 

Hoy damos a conocer a las mujeres del Perú nuestro logro y, al mismo tiempo, nuestro reto: ¡mayor vigilancia y compromiso de no cejar en la lucha por nuestros derechos!. 

Agradecemos a nuestras compañeras de otras regiones que nos mostraron el camino; asimismo, alentamos a compañeras de otras regiones a luchar por este objetivo, que permitirá ir ganando en nuestras regiones compromisos, leyes, planes y acciones más directas que resuelvan la grave situación de las mujeres. 

Reconocemos el compromiso del Presidente de la Región Arequipa, Juan Manuel Guillén y de los consejeros del CR.  En especial, expresamos nuestro reconocimiento a la Presidenta de la Comisión de la Mujer, el Niño y Adolescente, Consejera Nury Hinojosa Pérez, representante de la provincia de La Unión, por el esfuerzo y su compromiso con las mujeres de la Región. 

Agradecemos el apoyo de otras organizaciones e instituciones hermanas como son, CEDAL, Movimiento Manuela Ramos, CMP Flora Tristán, PROMSEX, y otras como el CLADEM-Perú, DEMUS, Grupo Género y Economía, que han acompañado a lo largo de estos años a nuestras organizaciones en su fortalecimiento y asesoría permanente. 

Grupo Impulsor: Red Nacional de Promoción de la Mujer, Red de la Mujer Rural, Foro por la Equidad de Género, Asociación Humanidad Libre, ILDER, Warmi Wasi, Colegio de Obstetras Región IV – Arequipa, Red Inter Quórum, Foro Salud, ASOMA Miguel Grau.

 Arequipa, 10 de diciembre del 2007

Apenas diez sentencias se han dictado por violaciones de DDHH desde el 2001

El 92% de los casos sigue en investigación, sea en el Ministerio Público o en diversas instancias del Poder Judicial.

La judicialización de casos por violaciones a derechos humanos avanza con preocupante lentitud, advirtió el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre la actuación del Estado frente a las víctimas de la violencia política.

De los 192 casos presentados desde el 2001 por esta institución, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y los que forman parte del acuerdo amistoso entre el Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tan solo diez cuentan con una sentencia, cinco de ellas condenatorias y otras cinco absolutorias; pero además otros seis casos han sido archivados por diversos motivos.

Los casos con condena son: la desaparición forzada de autoridades de Chuschi, así como del estudiante Ernesto Castillo Páez, el asesinato de colonos de Pichanaki, el del periodista ayacuchano Hugo Bustíos y la masacre senderista de Lucanamarca. Sin embargo, solo dos han sido ratificados en última instancia.

MUCHOS CASOS PENDIENTES

Los 176 expedientes restantes se encuentran pendientes de investigación, sea en el Ministerio Público o en diversas instancias del Poder Judicial. Esto es el 92% de los casos de violaciones a los derechos humanos que están en el sistema judicial. Y de estos, 153 esperan justicia desde hace siete años.

“Nosotros creemos que siete años es demasiado tiempo para las víctimas y sus familiares, mucho más cuando los hechos ocurrieron hace 10 o 20 años. Es preocupante que 117 de estos casos estén aún en investigación fiscal”, advirtió el defensor adjunto para derechos humanos, Eduardo Vega.

Explicó que los principales motivos de la dilación de los procesos son la excesiva carga procesal de algunas fiscalías, la falta de fiscalías especializadas a dedicación exclusiva, la demora en la programación de diligencias, y la escasa defensa legal para las víctimas.

SIN DEFENSA LEGAL

Otro de los problemas revelados por la investigación de la Defensoría del Pueblo es que un alto número de víctimas no cuentan con el patrocinio legal que les asegure que sus derechos no están siendo conculcados. De los 192 casos investigados, al menos 58 no tienen abogado, lo que significa un total de 473 víctimas en total indefensión. La mayor parte de ellos integran el acuerdo suscrito por el Perú con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2001.

Mientras que gran parte de las víctimas de los casos presentados por la CVR tienen asistencia legal: 475 a través de organismos de derechos humanos y 33 de forma particular. Sin embargo, existen 654 afectados que no cuentan con ningún tipo de apoyo.

“Hace bastante tiempo le pedimos al Ministerio Público que implemente una unidad de asesoría legal a las víctimas de la violencia política, pero hasta ahora esto no se ha hecho”, señaló el defensor para derechos humanos.

Además, advirtió que se ha registrado un peligroso retroceso al aceptarse excepciones de cosa juzgada y naturaleza de acción en seis casos, de los que solo una se declaró infundada. “Y está la demanda de hábeas corpus por el caso del Frontón, que declara prescrita la acción penal, cuando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Penal Nacional han dicho lo contrario. Son peligrosas contradicciones que se pueden usar en pro de la impunidad”.

CIFRAS

  • 654 víctimas de los casos de la CVR y la Defensoría no tienen defensa legal.
  • 145 afectados de la Comisión Interamericana de DDHH carecen de apoyo legal.
  • 129 procesados en los casos  de la CVR y Defensoría tienen orden de detención.

EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 23 sentencias condenatorias contra el Estado peruano, señalando su responsabilidad en la violación de derechos humanos. Solo en una de ellas, la del caso Ivcher, no fijó indemnización dineraria.

El informe de la Defensoría del Pueblo señala que el Estado ha cumplido con el pago de las indemnizaciones en 22 casos, así como la atención médica y otorgamiento de becas de estudio a parte de las familias. En este tema recomendó al Ministerio de Justicia que elabore un cronograma para cumplir totalmente con las sentencias impuestas.

Fuente : Diario La República / Por  María Elena Castillo.  7 /12 /07

Apenas diez sentencias se han dictado por violaciones de DDHH desde el 2001

El 92% de los casos sigue en investigación, sea en el Ministerio Público o en diversas instancias del Poder Judicial.

La judicialización de casos por violaciones a derechos humanos avanza con preocupante lentitud, advirtió el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre la actuación del Estado frente a las víctimas de la violencia política.

De los 192 casos presentados desde el 2001 por esta institución, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y los que forman parte del acuerdo amistoso entre el Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tan solo diez cuentan con una sentencia, cinco de ellas condenatorias y otras cinco absolutorias; pero además otros seis casos han sido archivados por diversos motivos.

Los casos con condena son: la desaparición forzada de autoridades de Chuschi, así como del estudiante Ernesto Castillo Páez, el asesinato de colonos de Pichanaki, el del periodista ayacuchano Hugo Bustíos y la masacre senderista de Lucanamarca. Sin embargo, solo dos han sido ratificados en última instancia.

MUCHOS CASOS PENDIENTES

Los 176 expedientes restantes se encuentran pendientes de investigación, sea en el Ministerio Público o en diversas instancias del Poder Judicial. Esto es el 92% de los casos de violaciones a los derechos humanos que están en el sistema judicial. Y de estos, 153 esperan justicia desde hace siete años.

“Nosotros creemos que siete años es demasiado tiempo para las víctimas y sus familiares, mucho más cuando los hechos ocurrieron hace 10 o 20 años. Es preocupante que 117 de estos casos estén aún en investigación fiscal”, advirtió el defensor adjunto para derechos humanos, Eduardo Vega.

Explicó que los principales motivos de la dilación de los procesos son la excesiva carga procesal de algunas fiscalías, la falta de fiscalías especializadas a dedicación exclusiva, la demora en la programación de diligencias, y la escasa defensa legal para las víctimas.

SIN DEFENSA LEGAL

Otro de los problemas revelados por la investigación de la Defensoría del Pueblo es que un alto número de víctimas no cuentan con el patrocinio legal que les asegure que sus derechos no están siendo conculcados. De los 192 casos investigados, al menos 58 no tienen abogado, lo que significa un total de 473 víctimas en total indefensión. La mayor parte de ellos integran el acuerdo suscrito por el Perú con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2001.

Mientras que gran parte de las víctimas de los casos presentados por la CVR tienen asistencia legal: 475 a través de organismos de derechos humanos y 33 de forma particular. Sin embargo, existen 654 afectados que no cuentan con ningún tipo de apoyo.

“Hace bastante tiempo le pedimos al Ministerio Público que implemente una unidad de asesoría legal a las víctimas de la violencia política, pero hasta ahora esto no se ha hecho”, señaló el defensor para derechos humanos.

Además, advirtió que se ha registrado un peligroso retroceso al aceptarse excepciones de cosa juzgada y naturaleza de acción en seis casos, de los que solo una se declaró infundada. “Y está la demanda de hábeas corpus por el caso del Frontón, que declara prescrita la acción penal, cuando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Penal Nacional han dicho lo contrario. Son peligrosas contradicciones que se pueden usar en pro de la impunidad”.

CIFRAS

  • 654 víctimas de los casos de la CVR y la Defensoría no tienen defensa legal.
  • 145 afectados de la Comisión Interamericana de DDHH carecen de apoyo legal.
  • 129 procesados en los casos  de la CVR y Defensoría tienen orden de detención.

EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 23 sentencias condenatorias contra el Estado peruano, señalando su responsabilidad en la violación de derechos humanos. Solo en una de ellas, la del caso Ivcher, no fijó indemnización dineraria.

El informe de la Defensoría del Pueblo señala que el Estado ha cumplido con el pago de las indemnizaciones en 22 casos, así como la atención médica y otorgamiento de becas de estudio a parte de las familias. En este tema recomendó al Ministerio de Justicia que elabore un cronograma para cumplir totalmente con las sentencias impuestas.

Fuente : Diario La República / Por  María Elena Castillo.  7 /12 /07

Las lesbianas árabes salen de la sombra

HAIFA, Israel, 2007 (AFP) – En una sociedad árabe patriarcal donde la mujer permanece confinada a menudo en su papel de hija o madre, una asociación une a las lesbianas árabes, israelíes y palestinas para romper el tabú de la homosexualidad y convertirlo en lucha política.

Se trata de un combate que la asociación Aswat llega a cabo bajo el provocador y bien claro lema de “somos palestinas, somos mujeres y somos lesbianas”. “Muchas lesbianas y homosexuales árabes llevan una doble vida: están casados y llevan una existencia secreta. La gente dice que ser homosexual está prohibido por la religión”, explica Rauda Morcos, coordinadora de Aswat, cuya sede está en Haifa (norte de Israel).

A finales de 2002, ella y una amiga, Samira, se lanzaron a la acción, creando en un primer momento un foro en internet para que las árabes israelíes y también las palestinas de la franja de Gaza y de Cisjordania pudieran expresar sus experiencias.

Un año después fundaron Aswat, que ahora también recibe la ayuda de organizaciones estadounidenses y europeas, organiza reuniones mensuales de apoyo y realiza un trabajo de sensibilización e información sobre la homosexualidad.

Pero la labor de Aswat es todo un desafío en una sociedad como la árabe, donde la familia es el centro de la vida social. “Nadie puede declarar públicamente su homosexualidad sin contar con apoyo. Hay que ser fuerte, incluso económicamente, porque se necesita una alternativa al apoyo familiar si éste se pierde”, subraya Rauda.

Su experiencia personal es un buen ejemplo. Cuando salió a la luz su tendencia sexual, y por ende sin su consentimiento, perdió su empleo como profesora de inglés y su vida se transformó en un infierno en su pueblo de Kfar Yassif (norte).

Cuando Aswat ganaba en visibilidad en Israel, atrajo las iras del Movimiento Islámico, una organización muy presente en la comunidad árabe israelí. “Según la ley islámica, la homosexualidad es ilegítima, una especie de enfermedad que hay que tratar como tal”, afirma el jefe Ibrahim Sarsur, diputado del parlamento israelí y miembro del Movimiento Islámico.

Sin embargo, Samira, la co-fundadora de Aswat, no tiene miedo a los tradicionalistas islámicos. Samira sabe, no obstante, que lesbianas y homosexuales aún tienen un largo camino por delante, sobre todo en los territorios palestinos. Mientras, cuatro estudiantes homosexuales crearon en marzo una asociación ‘gemela’ de Aswat en Ramala (Cisjordania), que por el momento clandestinamente.

Fuente : http://enkidumagazine.com/art/2007/010507/e_0105_040_a.htm