En Nicaragua penalización no ha suspendido abortos

Introducen recurso ante CSJ para que declare inconstitucional la Ley 603

El grupo estratégico por la despenalización del aborto terapéutico introdujo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso para pedir que se emita una sentencia declarando la inconstitucionalidad de la Ley 603. Marta María Blandón afirmó que existe retardación de justicia, mientras miles de mujeres se enfrentan a embarazos de alto riesgo.

“La Corte debió responder al recurso que introdujimos en enero de 2007, sin embargo, ya pasó un año y eso denota la retardación de justicia en nuestro país. Esperábamos que esta instancia judicial respondiera en junio, sin embargo, están violando el derecho humano de miles de mujeres”, expresó Blandón.

El doctor Leonel Argüello, representante de la Asociación de Médicos Generales, agregó que el escrito tiene tres argumentos fundamentales.

El primero es que la Corte declaró inconstitucional la Ley Marco, basándose en que las leyes no deben ser aprobadas si éstas no son consultadas por todos los actores de la sociedad civil. Igual principio se podría aplicar al tema del aborto terapéutico.

No hay acceso a la justicia

El segundo argumento que planteó Argüello fue el acceso a la justicia.

“Las más de 21 personas que firmamos el recurso solicitamos que se nos dé una resolución de la Corte Suprema, pues ya pasó un año y no resuelven nada”, expresó el galeno.

El tercer aspecto se basa en que la Suprema Corte cumpla su misión de proceder según las leyes de la Constitución, y no dejarse guiar por partidos políticos o por las iglesias.

Los recurrentes fueron recibidos por el secretario de la Corte, Rubén Montenegro, quien afirmó que el documento será entregado a los magistrados del Poder Judicial.

“No es posible que se sigan violentando los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres, pues son las que están muriendo en los hospitales”, dijo Argüello.

Abortos continúan

El galeno comentó que la derogación del aborto terapéutico se hizo con el fin de reducir los abortos, sin embargo, indicó que se ha incrementado la violencia sexual, y el número de abortos no se ha reducido.

Además, expresó que si la Corte no se pronuncia sobre este recurso apegado a derecho, recurrirán ante los tribunales internacionales de justicia. Argüello dijo que demandarán al Estado de Nicaragua por incumplimiento y retardación de justicia.

Fuente : http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/9601

Opinión juridica del Ministerio de Relaciones Exteriores, recomienda aprobación de Convención Iberoamericana de los Jovenes sin reservas

El Ministerio de Relaciones Exteriores elaboró un informe basado en un análisis jurídico de convenios, jurisprudencia y doctrina internacional, así como legislación en materia de Derechos Humanos. El citado informe recoge la corriente doctrinaria predominante respecto a la no formulación de reservas a los convenios sobre Derechos Humanos, tales como la “Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes”. Dado que contiene normas de derecho imperativo que reflejan la protección jurídica de intereses colectivos esenciales para la sociedad internacional en su conjunto y que debe ser preservada frente a cualquier derogación o reserva.

Con miras a la ratificación de la convención recomienda formular declaraciones interpretativas en torno a aquellos artículos que han sido materia de reservas al momento de la suscripción.

Con relación a las reservas de los artículos 5º, 14º y al inciso 1 del artículo 20 se sugiere el siguiente texto interpretativo: “La aplicación concordante de los dispuesto en los artículos 5º y 14º referidos a la no discriminación y al derecho a la propia identidad por razón de orientación sexual, y en el inciso 1 del artículo 20 referido al derecho a la formación de una familia, se interpretará con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico interno.

Lea o descargue el informe del Ministerio de RR.EE

Lima, 22 de febrero de 2008

Instituto Runa

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y reproductivos – PROMSEX

Ira Santa en la Ciudad Blanca

El gobierno regional de Juan Manuel Guillén presentó el “Protocolo Para el Manejo de Casos de Interrupción Legal del Embarazo”. Ahí se especifican las causas del aborto terapéutico reconocido por el Código Penal desde 1929, practicado cuando la vida de la madre corre peligro. El arzobispo Javier del Río Alba fue lanza en ristre contra el documento que, sin embargo, ha recibido el apoyo de los colegios profesionales arequipeños.

Ahora las cruzadas se libran en las laderas del Misti. En los últimos días el arzobispo de Arequipa denunció una “campaña asesina” propiciada por personas “que no deberían ser comparadas sino con Satán”. La ciudad, sentenció en su homilía, es ahora “la capital de la muerte”.

Monseñor Javier del Río Alba se refería al Protocolo Para el Manejo de Casos de Interrupción Legal del Embarazo. En buen cristiano: la norma emitida por el gobierno regional especifica las causas por las cuales es legal practicar el aborto terapéutico, aquél que de no llevarse a cabo pone en peligro la vida de la gestante, reconocido por el Código Penal desde 1929.

Las llamas de las palabras de monseñor abrasaron al presidente regional. Juan Manuel Guillén respondió escuetamente que le iba a enviar una comisión para dialogar. “No permitiremos que el tema se convierta en un carnaval y lo trataremos desde el punto de vista ético y moral”, prometió.

El doctor Miguel Alayza, gerente regional de Salud que tuvo a su cargo la elaboración del protocolo, aclara a CARETAS que “el tema es técnico. No político ni religioso. Vamos a tener una conversación con el señor arzobispo para explicarle el verdadero alcance de la norma. Pero eso no va a modificar lo promulgado. Se trata de un problema serio y no es para poner epítetos ofensivos”.

El protocolo aprobado por Arequipa consta de catorce folios en los cuales se listan las “entidades clínicas” que justifican el aborto. Son 24 condiciones, entre las que están la cardiopatía, mujeres en diálisis, tuberculosis, insuficiencia respiratoria y leucemia. Al final se abre una ventana para otros casos: “trastornos mentales severos y otros procesos clínicos que serán dictaminados por una Junta Médica, porque ponen en riesgo la vida y la salud de la gestante”. El doctor Alayza aclara que “no es una rifa, y solo la Junta podrá considerar indispensable la intervención”.

LO DE AREQUIPA es un llamativo ejemplo de traslape entre gobierno nacional y regional. Durante más de un año el protocolo destinado a tener validez nacional durmió en las gavetas del Ejecutivo. Ahora el debate se escapó por la puerta de atrás.

“El año pasado tuvimos 21 muertes maternas y al menos el 25% tuvo que ver con enfermedades agravadas por el embarazo”, señala Mercedes Neves, presidente del Comité por la Salud Sexual y Reproductiva del Consejo Regional de Salud. Es la instancia a la que Alayza encargó el estudio del protocolo.

Alayza añade en su marcado acento characato: “Soy hospitalario en mi formación. Soy un médico de combate. A cada rato hemos tenido este tipo de problemas y he sido testigo de casos dramáticos”. La discusión se ha vuelto a encender por la falta de herramientas con las que cuentan los médicos.

Una de aquellas situaciones límite fue la de Karen Llantoy, la joven que cargaba un feto anancefálico y a quien no se le autorizó el aborto en el hospital Loayza de Lima (CARETAS 1965). La anancefalia es una impactante malformación por la que el feto no desarrolla el cerebro. Los bebés mueren en el total de los casos luego de nacer, la mayoría de veces tras unos pocos días. Según Amador Vargas, decano del Colegio Médico de Perú, casos de esa naturaleza “sufren de un subregistro tremendo” y solo una de tres madres que pasan por el trance supera el trauma.

Llantoy llevó el caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que falló en su favor e instó al Perú a evitar la repetición de esos dramas. Ergo, la puesta en vigencia de un protocolo que instrumentalice el artículo 119 del Código Penal.

El 6 de febrero del 2007, y luego de arribar al consenso entre nueve organizaciones médicas, el Instituto Nacional Materno Perinatal aprobó su protocolo que, por el alcance del organismo, debía regir en todo el país. Pero el entonces ministro de Salud, Carlos Vallejos, aclaró, primero, que solo entraría en vigencia en el mismo Instituto y, después, lo anuló del todo (CARETAS 1974).

Según lo informado por el despacho de Vallejos para cubrir casos como el de Llantoy (“malformaciones congénitas del feto, cuya vida es inviable”) y de violación era necesario modificar el Código Penal, lo que sólo puede hacerse en el Congreso (CARETAS 1977). Por lo demás, el MINSA envió un proyecto de Protocolo para su discusión en la Presidencia del Consejo de Ministros. En otras palabras, se pateó el proceso para las calendas griegas.

ANTE EL VACÍO, gobiernos regionales como el de Guillén tomaron el toro por las astas. Neves responde que “cuentan con atribuciones porque sus direcciones regionales tienen el encargo del Minsa para velar por la ejecución de las actividades de los diferentes sectores. Es un documento técnico y administrativo”. Las alas conservadoras en la materia ensayan otra interpretación.

El consultor del diario El Comercio, el abogado Enrique Varsi, declaró al periódico que la reglamentación solo puede ser aprobada por el Ministerio de Salud a través de un Decreto Supremo. “Los gobiernos regionales no se encuentran legitimados para establecer esta reglamentación”. Se refiere además al Caso Llantoy sin llamarlo por su nombre. “No es aborto terapéutico, por ejemplo, si se sacrifica la vida de un feto que no ha desarrollado el cerebro”, puntualizó.

“Es como si una región del Perú, sin el consentimiento de las autoridades nacionales, declarara la guerra a un país vecino, un total despropósito jurídico”, comparó creativamente Carlos Polo, director para América Latina del Population Research Institute (PRI).

Buena parte de la oposición se basa en las supuestas grietas que permitirían el “contrabando” de casos en los que la madre no corre, supuestamente, peligro.

Alayza calcula que, en Arequipa, el protocolo autorizaría un máximo de cinco abortos por año. Otro especialista, el doctor Luis Távara, de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, agrega que en el todo el país “habrían anualmente 954 niños portadores de un defecto congénito con mínima expectativa de vida”. Allí, en los distintos niveles de acceso al aborto, se extiende el campo de batalla que enfrenta a las dos partes (ver cuadro).

La evidencia no es halagadora. Según los números de Távara, en el Perú se practican 400 mil abortos al año, un 30% más que el promedio latinoamericano.

MONSEÑOR DEL RÍO enfiló la metralla contra el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales (PROMSEX), organización que asesoró técnicamente al gobierno regional. “Reto a las ONG que están propiciando el aborto terapéutico para que digan cuánto ganan y cómo financian su posición. He investigado y sé quiénes están tras de esta campaña asesina”.

Neves se refiere a la actitud del religioso como “agresiva y hasta un poco graciosa”.

En la elaboración del protocolo también participaron técnicos del MINSA, de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, el Seguro Integral de Salud y hasta la FAP. El Colegio Médico y el Colegio de Abogados de Arequipa también dieron su visto bueno.

Desde el Congreso Nacional las señales fueron mixtas. Juan Carlos Eguren de Unidad Nacional secundó a Del Río y calificó el documento de “infanticidio”. En cambio, Rosario Sasieta (“doctora ley”) envió sus parabienes a Alayza.

Queda por verse el temperamento del actual ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca.

La medida podría motivar un efecto dominó. Trascendió que el gobierno regional de Piura prepara un documento similar. Allí el obispo José Antonio Eguren es un firme contradictor de lo que ha llamado “la internacional de la muerte”. Lo que sigue no es pan comido ni queso frito. Se parece más a un rocoto relleno. Con pepas y un montón de picor.

Fuente : Revista Caretas 21 febrero de 2008.Nº2015. Por Enrique Chávez

Logro que suma, Hospital Nacional Hipólito Unanue ya cuenta con Guía Para El Manejo De Casos De Interrupción Legal del Embarazo (Perú)

Hoy 20 de febrero en la Ciudad de Lima, se presentó la Guía Para El Manejo De Casos De Interrupción Legal del Embarazo del Hospital Nacional Hipólito Unanue –Departamento de Ginecología y Obstetricia.

Este es un esfuerzo coordinado y multidisciplinario entre el personal  medico, gineco obstetras, obstetrices, psicólogas, abogados/as,  y el aporte técnico del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana De Sociedades de Obstreticia y Ginecología (FLASOG) y el Centro de Promoción y Defensa de Los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).

 Como es de conocimiento, la Interrupción Legal del Embarazo figura en el artículo 119ª del Código Penal Peruano desde 1924, este señala que el aborto no es punible cuando este es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar un mal grave y permanente en su salud.

El objetivo está centrado en normar la atención de la interrupción legal del embarazo, lo que contribuirá a la reducción de la morbimortalidad materna. Por tanto, permitirá :

a) Contribuir a mejorar la accesibilidad para la atención de la interrupción terapéutica del embarazo, dentro del marco que señala la ley peruana a las mujeres que así lo demandan y que cumplen con los requisitos establecidos.

b) Brindar a las mujeres y sobre todo a aquellas que tienen menos recursos económicos una atención segura, de calidad, en el marco del respeto y ejercicio de sus derechos humanos.

En el marco de un Estado Laico, saludamos la gestión y el compromiso del personal de salud que han hecho posible este nuevo logro que suma, alienta y nos muestra que es posible un acceso real a servicios de calidad para las mujeres.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos también son Derechos Humanos, debemos seguir trabajando para que estos sean una realidad, más allá de las barreras que se presentan e intentan por todos los medios truncarlos.

Eliana Cano
PROMSEX

No al silencio, no a la intimidación, rechazamos campaña de los Grupos Anti –Derechos que pretenden obstaculizar avance de Derechos Sexuales y Reproductivos.

Como es de esperar los grupos anti –derechos vienen  reaccionando de manera agresiva ante la aprobación del Protocolo para el Manejo de Casos de Interrupción Legal Del Embarazo, realizada el 5 de febrero en la ciudad de Arequipa.

Ante la carencia de sustento teórico, científico y jurídico, utilizan la estrategia del terror a través de imágenes que no corresponden, adjetivos peyorativos como “campaña asesina, maniobras de ONGs abortistas, protocolo mentiroso y falaz”, “matar a niños inocentes” , llamando a la ciudad involucrada “capital de la muerte”, entre otros.

El aborto terapéutico figura en el artículo 119ª del Código Penal Peruano, desde 1924, este señala que el aborto no es punible cuando este es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar un mal grave y permanente en su salud

Un protocolo de aborto terapéutico brinda una mayor información y fortalece –entre los prestadores del servicio de salud- el debido manejo de los servicios de emergencia en los establecimientos. Asimismo, ofrece una visión comprensiva de aspectos referidos a infraestructura, equipamiento, insumos, procedimientos administrativos, rol de la Junta Médica, evaluación y preparación clínica durante y después de la intervención médica, y justificación del aborto terapéutico; todo con la finalidad de preservar la vida de las mujeres que llegan a estos servicios con complicaciones que hacen peligrar su vida.

Rechazamos esta campaña y los/as  invitamos a que coloquen en la esfera pública argumentos sólidos, no confundan más a las personas con discursos simplistas,  actitudes provocadoras e intimidantes.

A las y los políticos les recordamos que los derechos son indivisibles y no negociables, les pedimos que sostengan un diálogo razonado, alturado, sin lenguajes sensacionalistas y esperamos una respuesta acorde al estándar de los Derechos Humanos y de un Estado Laico.

Le recordamos al Ministerio de Salud que tiene una deuda pendiente con las mujeres del Perú, al no implementar el Protocolo Nacional de Atención para el Manejo de Casos de Interrupción Legal Del Embarazo, proceso que se encuentra detenido, al parecer por desconocimiento de la problemática. Esperemos que no sea por falta de voluntad política.

Finalmente como Promsex saludamos al Gobierno Regional de Arequipa, a la Gerencia Regional de Salud, al Consejo Regional de Salud, a los Colegios profesionales que se han pronunciado, a las organizaciones de sociedad civil y profesionales de la salud que han trabajado coordinadamente en este logro país.

Eliana Cano.
PROMSEX

Desde Perú : triunfo en el avance de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Se presenta Protocolo Para el Manejo de Casos de Interrupción Legal del Embarazo en Arequipa

Hoy martes 5 de febrero se desarrollará en el Salón de Convenciones de la Gerencia de Salud la presentación pública de la Resolución del “PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE CASOS DE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO”.

Este logro reune los esfuerzos de la Gerencia de Salud y el Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa, con el aopoyo técnico de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología FLASOG y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX.

El Decreto Legislativo N° 635 establece que no es punible la interrupción del embarazo practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuviera, cuándo es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente.

Los proveedores de salud no prestan el servicio de interrupción del embarazo, tampoco las mujeres la solicitan en los establecimientos de salud por diferentes barreras como desconocimiento de sus derechos, temores y prejuicios; y por el contrario acuden a lugares clandestinos, poniendo en grave riesgo su integridad física y emocional.

El evento estará presidido por el Dr. Miguel Alayza Angles, Gerente Regional de Salud. El Dr. Luis Távara Presidente del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de Latinoamérica y actual Presidente de la Sociedad Peruana de Gineco-Obstetricia y la Dra. Mercedes Neves Murillo, Coordinadora del Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa.

Arequipa Febrero 04 del 2008