Indebido uso de imagenes durante la conmemoración del dia del concebido

El impacto que suscitan las imágenes en quienes las ven conlleva una responsabilidad, pues quien las crea y exhibe generará opinión pública. Por ello, el material visual no debe tergiversar la problemática que busca ser retratada en la fotografía. Si la información brindada no se ciñe a lo ocurrido puede decirse que hubo una manipulación y que, por ende, se está brindando una imagen que no es informativa sino tendenciosa. De darse esta situación, el problema se hace más complejo si las personas que ven las fotografías no saben que las imágenes que les mostraron fueron tergiversadas. Lamentablemente, los grupos conservadores que el día de ayer participaron en la marcha por el día  del no nacido, incurrieron en manipulación de imágenes y de opinión pública.

Las imágenes que ayer fueron mostradas durante la marcha organizada por el Centro de Promoción Familiar y Regulación Natural (CEPROFARENA), pretendieron brindar información sobre el aborto a los transeúntes y asistentes a la marcha. No obstante,  desinformaron e impresionaron a los espectadores a través de la presentación de fotografías que no corresponden a abortos terapéuticos estrictamente.

Las fotografías que fueron mostradas durante la manifestación desinformaron a lo población en lo referente al aborto terapéutico. Además, las imágenes tuvieron un efecto manipulador en quienes las vieron pues tenían como finalidad generar sentimientos de rechazo frente al aborto terapéutico; práctica que si bien tiene sustento legal y médico, es desaprobada por quienes supeditan la ciencia y los Derechos Humanos a lo que indica el Derecho Canónico o eclesiástico. En efecto, las fotos y banderolas que fueron usadas durante la manifestación, asociaron aborto terapéutico con crimen y violación de Derechos Humanos. De esta manera se intentó desvalorizar la importancia que los Derechos Sexuales y Reproductivos tienen dentro de los Derechos Humanos.

Es necesario recalcar que las fotografías tienen un efecto inmediato: suscitan emociones que pueden conmover o indignar a quienes las ven. Sin embargo, más allá de la emotividad pueden generar una serie de discursos y acciones. Así, las fotos que fueron mostradas durante la conmemoración del día del no nacido permitieron generar opinión pública y orientar políticas que van en detrimento de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Quienes ven una imagen empiezan a asociar conceptos y construir campos semánticos ya que entorno a una imagen hay todo un campo de significados. Por ello, la marcha a favor del no nacido fue una oportunidad que los grupos conservadores aprovecharon para desinformar y manipular a la población a través  del uso de fotografías que si bien mostraron como si fueran secuelas del aborto terapéutico, nada tienen que ver con este.

Presidente de Costa Rica firma Declaratoria Oficial del Día Nacional contra la Homofobia

El Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC) solicitó ante el Ministerio de Salud y la Casa Presidencial decretar el 17 de mayo “Día Nacional contra la Homofobia” en Costa Rica. El CIPAC considera que este decreto contribuirá a erradicar normativas y prácticas institucionales y sociales que estimulan el rechazo y la discriminación hacia personas que ejercen, en el plano de la sexualidad, su derecho a la autodeterminación personal; y motivará la convivencia pacífica y la posibilidad de vivir con justicia social.

APRODEH, CEJIL, CLADEM, CRR y DEMUS emiten notas de prensa sobre violacion de derechos sexuales y reproductivos a mujeres peruanas.

Las notas de prensa que a continuacion presentamos relatan dos casos emblemáticos de violaciones de derechos sexuales y reproductivos a mujeres peruanas. Estos casos han sido parte de sendos Acuerdos de Solución Amistosa suscritos por el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y en los que se viene incumpliendo los compromisos asumidos en materia de justicia.

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Alerta sobre el ‘autoparto’

Nadie pone en duda que la muerte materna es un grave problema de salud pública, así como de derechos humanos. Las cifras no son capaces de expresar el drama que significa la muerte de una mujer para las familias más pobres. Cálculos discretos señalan que cada año mueren 1,200 mujeres, pero es probable que haya muchas más que se quedan fuera de la estadística, yéndose de este mundo en el mismo anonimato en que vivieron.

Hace varios años se ha demostrado que la muerte materna es evitable. Así lo podrá comprobar cualquier lector pues es probable que ninguno tenga entre sus familiares un solo caso de muerte materna. Para fortuna nuestra, los nacimientos de nuestros hijos se han producido con la atención obstétrica adecuada.Eso no viene ocurriendo con cerca de 130,000 mujeres, cifra excesivamente alta si se considera la enorme inversión de la cooperación externa, incluyendo el endeudamiento del país. Hemos mejorado, y así lo demuestra el incremento del parto institucional. Medidas como el SIS han contribuido. Pero también es absolutamente cierto que lo hecho no es suficiente y que aún hay una deuda pendiente. Si bien el Ministerio de Salud tiene una estrategia para reducir las emergencias obstétricas, está lejos aún de contar con una estrategia para reducir la muerte materna, lo que implica esfuerzos adicionales, creatividad y participación de la propia gente.

Por eso, preocupa la propuesta que impulsa Pilar Nores, con el respaldo de su esposo (el presidente del Perú), de promover el ‘autoparto’, cuyo término debería ser “el abandono de la mujer en el parto”. Si se piensa que se puede capacitar para que las mujeres o sus familiares atiendan sus partos, también se les debería capacitar para atender una peritonitis o cualquier otra emergencia. Pues si solo se utiliza esta estrategia para las mujeres, entonces pensaremos que la vida de las mujeres y de los hijos que traerán tiene menor valor que la del resto. No es mi intención poner en duda el compromiso de la señora Nores. Al contrario, pienso que tiene un enorme poder para cambiar muchas cosas, pero es bueno que sepa que no basta tener buenas intenciones, pues hay caminos que pueden llevar a la muerte, afectando a las más olvidadas. La responsabilidad no solo es de Nores, también lo es de quienes la acompañan, que aún no han logrado canalizar la asistencia técnica debida. De allí que este es un tema que no puede pasar desapercibido ni para los/as salubristas, ni mucho menos para las autoridades sanitarias, sin convertirnos en cómplices de una violación clara de derechos humanos.

Susana Chavez
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos
PROMSEX

Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos – Arequipa, Asociacion Humanidad Libre; participan en Campaña Nacional: “El Aborto Terapeutico es Legal y Puede Salvar tu Vida”

En el marco de las conmemoraciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres de Arequipa asumimos la campaña nacional “El Aborto Terapéutico es Legal y Puede Salvar tu Vida”, impulsada por PROMSEX y el MOVIMIENTO MANUELA RAMOS, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública y acercarnos a una comprensión más humana e informada respecto a lo que muchas mujeres pasan en nuestro país cuando tienen que afrontar la posibilidad de interrumpir un embarazo porque éste pone en riesgo su vida o puede causar problemas graves en su salud.

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Alerta sobre el ‘autoparto’

Nadie pone en duda que la muerte materna es un grave problema de salud pública, así como de derechos humanos. Las cifras no son capaces de expresar el drama que significa la muerte de una mujer para las familias más pobres. Cálculos discretos señalan que cada año mueren 1,200 mujeres, pero es probable que haya muchas más que se quedan fuera de la estadística, yéndose de este mundo en el mismo anonimato en que vivieron.

Hace varios años se ha demostrado que la muerte materna es evitable. Así lo podrá comprobar cualquier lector pues es probable que ninguno tenga entre sus familiares un solo caso de muerte materna. Para fortuna nuestra, los nacimientos de nuestros hijos se han producido con la atención obstétrica adecuada.Eso no viene ocurriendo con cerca de 130,000 mujeres, cifra excesivamente alta si se considera la enorme inversión de la cooperación externa, incluyendo el endeudamiento del país. Hemos mejorado, y así lo demuestra el incremento del parto institucional. Medidas como el SIS han contribuido. Pero también es absolutamente cierto que lo hecho no es suficiente y que aún hay una deuda pendiente. Si bien el Ministerio de Salud tiene una estrategia para reducir las emergencias obstétricas, está lejos aún de contar con una estrategia para reducir la muerte materna, lo que implica esfuerzos adicionales, creatividad y participación de la propia gente.

Por eso, preocupa la propuesta que impulsa Pilar Nores, con el respaldo de su esposo (el presidente del Perú), de promover el ‘autoparto’, cuyo término debería ser “el abandono de la mujer en el parto”. Si se piensa que se puede capacitar para que las mujeres o sus familiares atiendan sus partos, también se les debería capacitar para atender una peritonitis o cualquier otra emergencia. Pues si solo se utiliza esta estrategia para las mujeres, entonces pensaremos que la vida de las mujeres y de los hijos que traerán tiene menor valor que la del resto. No es mi intención poner en duda el compromiso de la señora Nores. Al contrario, pienso que tiene un enorme poder para cambiar muchas cosas, pero es bueno que sepa que no basta tener buenas intenciones, pues hay caminos que pueden llevar a la muerte, afectando a las más olvidadas. La responsabilidad no solo es de Nores, también lo es de quienes la acompañan, que aún no han logrado canalizar la asistencia técnica debida. De allí que este es un tema que no puede pasar desapercibido ni para los/as salubristas, ni mucho menos para las autoridades sanitarias, sin convertirnos en cómplices de una violación clara de derechos humanos.

Susana Chavez
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos
PROMSEX

Otra Iglesia ¿Es posible?

Quintín García González, escritor y periodista, escribió hace algunos días en el diario El País un provocador artículo sobre el papel de la Iglesia católica en el contexto de las próximas elecciones en España. El artículo, entre las líneas acentuadas con críticas proferidas a los prelados que vienen interviniendo con amplia cobertura mediática en el encendido ambiente electoral, arremete contra la orientación del voto que las autoridades eclesiásticas ofrecen con tono sobreprotector e impositivo, augurándole retrógradas intromisiones que tienen como único fin conservar sus cuotas de poder antes que acreditar cierto interés por el fortalecimiento de la democracia y la unidad del país.

Los fragmentos más severos del texto sintetizan la contrariedad e indignación que a lo largo del escrito García Gonzáles manifiesta: Leo a analistas políticos y coinciden en que los obispos tienen derecho como ciudadanos a hablar de lo que quieran… Y como buenos padres intentan ahora orientarnos por ahí a sus hijos. …Yo no hago más que repetirme: con estos padres no puedo crecer adecuadamente; ni acceder a una autonomía sana y equilibrada. Así que si mis padres -cardenales, obispos, etcétera- quieren orientar mi voto político (aquí hay un problema de dignidad humana, no de colores ideológicos) según sus intereses, entonces me digo: pues para eso, ¡mejor huérfano! Y también, ¡otra Iglesia es posible!

Pero una opinión como ésta, no lejana a las incontables denuncias y críticas que las sociedades laicas, aquellas en donde la libertad de expresión ha logrado conquistar un espacio irreductible y salvaguardar la autonomía en la conciencia de las personas, no parecería peculiar si no fuera porque el autor del mencionado artículo, además de ser un prolífico ensayista y ganador de un reciente premio de poesía es, también, un sacerdote dominico.

Mi curiosidad por reconocer en la voz de este sacerdote antecedentes de insubordinación dentro de la Iglesia católica me llevó a una de las  investigaciones mejor documentadas que se haya escrito al respecto. La vida sexual del clero (byblos, 2005) de Pepe Rodríguez es un libro que reúne una variedad de testimonios y estadísticas sobre el sustento clerical que defiende el celibato y la consiguiente falta de legitimidad real y evangélica de esta imposición. Las conclusiones del autor al final de cada capítulo son contundentes porque, más allá de la lógica con que se explica la postura de la Iglesia desde varias centurias atrás, el autor aborda el tema desde una perspectiva periodística apoyada con argumentos teológicos y psicológicos que enriquecen la investigación.

La huella de credibilidad que lleva consigo esta publicación se advierte en la plena identificación, con nombres y apellidos, de aquellos sacerdotes secularizados que declaran, unos con peor suerte que otros, cómo a partir de su disentimiento frente a los axiomas de la institución han padecido humillaciones y amenazas por parte de quienes, desde adentro y arraigados en las cúpulas del poder doctrinal, gozan de los privilegios que otorga la jerarquía eclesial.

Así, y trasladando los frutos de tal investigación a la realidad local, un lector perspicaz y con una sempiterna mirada de sospecha puede encontrar explicaciones a la reacción que el arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, cuando se firmó un Protocolo de aborto terapéutico, dejó flotando en el aire citadino de su feligresía llegando a invadir la atmósfera de la gestión pública, que por no ser discriminatoria debiera ser laica y por lo tanto considerar la necesaria distancia ética entre Estado e Iglesia.

Los denuestos del arzobispo dirigidos a quienes elaboraron y firmaron tal documento, personas como a las que, sin mayor titubeo, Juan Pablo II alguna vez llamó “fuerzas de la muerte” refriéndose a gran parte de la ciudadanía que proponía –y sigue haciéndolo– el aborto como salida al problema de salud pública y a la eutanasia como el derecho de regir cada cual su propia vida sin tutelaje estatal, se explican si se verifica el encono y el dislate que los agravios del arzobispo acumulan en cada declaración suya. La jerarquía católica, encabezada por el Papa de turno y el conciliábulo de sus más cercanos colaboradores, como lo ilustra muy bien Pepe Rodríguez en su investigación, cuando nombra a un obispo o cardenal, no lo hace en función de su talla humana, intelectual, teológica, pastoral, ni, obviamente, por su compromiso social; sino por la garantía que los sacerdotes promocionados puedan ofrecer para extender la historia de servidumbre que éstos alimentan con la disciplina que a ultranza sirve para defender las directrices vaticanas.

La comunidad católica, a la que la misma Iglesia mantiene apartada del conocimiento de sus más categóricas decisiones, para no hablar de una falta de comunión (participación) en las designaciones de autoridades clericales, más por buena fe por parte de los creyentes que por ingenuo descuido, desconoce, en realidad, los argumentos por la que una autoridad eclesiástica es ungida como tal, produciendo en la mayoría de la sociedad una sensación –ajena a la convicción de su creencia– de desencanto y apatía cuando su representante religioso reparte a los cuatro vientos manotazos de intolerancia, sensatez rendida y lucidez apagada. En efecto, la desmoralización hirviendo en los claustros católicos con sacerdotes acusados de pederastia, y su creciente participación en conflictos sociales formando parte de organismos claramente ideológicos disfrazando intereses particulares con el nombre de ecologismo o identidad cultural parecen ser no suficientes para alcanzar tan altos niveles de desprestigio. La escasa cualificación de buena parte del episcopado actual también hace lo suyo

Ahora bien, la tradición religiosa que ostenta el Perú, como la gran mayoría de países latinoamericanos, ha producido vínculos coriáceos con las instituciones representativas que devienen de la legitimación democrática de los pueblos. Ante ello, y hoy en día, no son pocas las autoridades políticas que se mantienen sumisas a las llamadas de atención de un arzobispo alarmado por la falta de cumplimiento a las leyes eclesiásticas, aunque en la cotidianidad su praxis y sus convicciones religiosas son prácticamente insignificantes o moldeables a la realidad.  Este temor se ve fundado con la presencia que, por desgracia, mantiene la Iglesia, por ejemplo, en ámbitos académicos, universidades, escuelas y otros, cuyos sobresalientes profesionales pero mansas ovejas, al fin y al cabo, ejercen claras influencias en las decisiones gubernamentales. Sin embargo, y dicho con cierto optimismo, la experiencia ha enseñado que las supersticiones y la irascibilidad de sus postulados cuando carecen de fieles discípulos terminan debilitándose por sí mismas. Para comprobar esto abría que conocer, no importa si informalmente, en verdad cuántas de estas personas atadas laboralmente a alguna dependencia eclesiástica, directa o indirectamente, guardan en sus fueros internos el convencimiento de que existen serias y absurdas incongruencias entre lo que los cánones religiosos dictan y lo que vivir en dignidad representa. 

Baste la realidad, aquella que permite diálogos francos y reveladores, sin la amenaza palpitante que en otro tiempo producía la herejía, para conocer la opinión de muchos profesores de religión contagiados de la reflexión y cordura con que llevan su vida diaria, lejos de dogmas y leyes serviles, aunque acaten disposiciones de su oficio sólo por temor a ser observados, y luego despedidos, por las autoridades de su principal patrocinador: la Iglesia.

La mejor de las insurgencias es aquella que significa irse contra todo tipo de tiranía que no siempre suele empuñar una pistola o conducir un tanque para abatir físicamente al contrario sino, también, puede venir adornada de designio divino aviesamente interpretado por voces imbuidas de una malsana superioridad para reducir cualquier intento de brillo intelectual, cuestionamientos oportunos y todo signo de conciencia de individualidad. Insurgencias de este tipo han construido sociedades fuertes y decentes sobre la base no sólo de lo que creen, sino de cómo se tratan mutuamente. El testimonio de tantas mujeres arrogándose, con fundada razón, el derecho de decidir sobre su propia vida, la valentía de millones de jóvenes rebelándose a la caducidad del mal llamado conservadurismo, flojo camuflaje de la urbana hipocresía, haciendo responsable uso de métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales, generalmente, prematrimoniales, y el coraje de personas como Quintín García González, nos hacen vislumbrar, si bien todavía muy remotamente, la esperanza de una trasformación que tenga como norte la aceptación de la diversidad, la pacificación de los impulsos que muchos credos cultivan y la confianza de pensar que otra Iglesia, una moderada, incorruptible y más humana es posible.

 
Arequipa, 27 de febrero de 2008.

Disidencias. Conservadurismo clerical: Alberto Adrianzén opina sobre el aborto terapeutico

Es curioso que en este país conforme se consolida el discurso neoliberal también florecen las posturas más conservadoras y reaccionarias. Un ejemplo último lo tenemos en Arequipa con el aborto terapéutico. El 26 de diciembre del año pasado, la Gerencia Regional de Salud aprobó un Protocolo para el Manejo de Casos de Interrupción Legal del Embarazo (aborto terapéutico).

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Ministerio de la Mujer y Defensoría del Pueblo requieren aprobación del Protocolo Naciona de Aborto Terapeútico

Titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron públicamente sobre el derecho de las mujeres al aborto terapéutico, y demandaron al Estado respetar este derecho y aprobar los mecanismos que permita su aplicación.

Susana Pinilla, en una entrevista realizada por Ideeleradio, señaló que el Estado debe respetar la decisión de las mujeres que opten por el aborto terapéutico cuando esté en grave riesgo la vida de la gestante.

“El derecho a la vida es muy importante, de la madre y del niño. Por lo tanto esto requiere de un equilibrio, también de un análisis ético y moral en la medida que la propia persona que está engendrando al bebé es quien tendrá que tomar la decisión. Si considera que de todas maneras no quiere tener a ese bebé, correrá ese riesgo de tomar esa decisión y el Estado debe respetar la decisión individual de las personas”.

Agregó que “En todo caso si ella considera que definitivamente quiere tener al bebé, a pesar de que pone en riesgo su vida, es un asunto de su responsabilidad. Ese es un tema que lo está viendo el sector correspondiente que es el de Salud y deberá ser tratado por ellos de acuerdo a sus leyes internas. Considero que en nuestro país tenemos que garantizar los derechos de las personas.”

Por su parte, la Defensoría del Pueblo se pronunció públicamente sobre “la necesaria aprobación de un protocolo para la atención del aborto terapéutico en los establecimientos de salud públicos de nuestro país” (p. 28).

Esta demanda está contenida en el Informe de Adjuntía Nº 001-2008-DP/ADDM, presentado hoy viernes siete, titulado “Primer reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, marzo-diciembre, 2007)

Señala que la aprobación de un protocolo ha sido manifestado “en reiteradas oportunidades que, de acuerdo con el artículo 199º del Código Penal vigente, el aborto terapéutico no es punible”. Igualmente, sostiene que la “maternidad segura y saludable forma parte de los derechos humanos de las mujeres… En consecuencia, la Defensoría del Pueblo considera que la aprobación de dicho protocolo es, a la fecha, una tarea pendiente del Ministerio de Salud que debe ser atendida de  manera inmediata, de conformidad con los instrumentos internacionales, la legislación interna y, en especial, con la LIO”. (p. 28).

Asimismo, en el informe se señala que la Defensoría “ha recomendado al Ministerio de Salud que distribuya la AOE en cumplimiento de los señalado por la Resolución Ministerial N º 399-2001-SA/DM, de 13 de julio del 2001, brindando la información correspondiente a las usuarias del Programa Nacional de Planificación Familiar (p. 25).

Fuente : CMP Flora Tristán y DEMUS

Las mujeres organizadas hicieron oir sus voces frente al Ministerio de Salud

Hoy las organizaciones PROMSEX, Manuela Ramos en coordinación con las mujeres organizadas, lanzaron oficialmente la campaña “EL ABORTO TERAPÉUTICO ES LEGAL Y  PUEDE SALVAR TU VIDA” a nivel nacional con un plantón frente al Ministerio de Salud, al cual asistieron mujeres de organizaciones sociales de base de diferentes sectores de la capital.
 
En dicha actividad, Susana Chavez, Directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) dio a conocer que según reportes del propio Ministerio de Salud a organizaciones que vigilan el cumplimiento de los compromisos internacionales en Derechos Humanos, señalan que en el año 2006 se han atendido 816 casos de aborto terapéutico, número que ha ido incrementándose desde el año 2002. Lo cual da cuenta que es número significativo de mujeres el que necesita esta atención.
 
A pesar de ello, el MINSA aun tiene una respuesta pendiente para impulsar la implementación en el país de un protocolo nacional, y la opinión pública hasta hoy desconocía estas cifras que han impedido visibilizar la realidad del problema y sustentar su renuencia a cumplir con la ley. 

Fuente : Promsex