Anotaciones entorno a la homilia del Te Deum

Durante el Te Deum del pasado 28 de julio, el Cardenal Juan Luis Cipriani demostró que los representantes de la Iglesia Católica no solo opinan  sobre política; también la hacen. Y muchas veces desde el púlpito. En efecto, aprovechando el gran número de personas que asistieron a la catedral, la presencia de altos representantes de los poderes del Estado, la importancia  simbólica que tiene el Te Deum, y la gran cobertura desplegada por los medios de comunicación,  el Cardenal Cipriani se pronunció en contra de la salud sexual y reproductiva y aprovechó para hablar sobre la noción católica de familia, en un contexto de polémica entorno a la ley de divorcios rápidos y el cumplimiento de la ley que señala la legalidad y la necesidad de contar con protocolos de aborto terapéutico.

Tanto el cardenal como otros clérigos pueden opinar sobre diversos temas. Sin embargo, la separación entre el espacio secular y el religioso debe ser mantenido tanto por quienes pertenecen al sector laico como al eclesiástico. En este sentido, debe señalarse que la homilía del arzobispo de Lima, no cumplió con tal responsabilidad pues el uso del espacio público y mediático es una forma de hacer política.

Por otra parte, debe señalarse que las frases emitidas durante la homilía desdeñan el papel que las ideologías han cumplido  en la vida moderna. Es por ello, que es menester recordar que éstas son resultado de procesos socioculturales y de esfuerzos intelectuales  que, en muchos casos, han propiciado el reconocimiento y la protección de los Derechos Humanos.

El cardenal señaló que los grupos ideológicos que intentan despenalizar el aborto son minoritarios, tienen millonarios financiamientos y gran ruido mediático. Tales declaraciones nos plantean preguntas respecto al trabajo que realizan las ONGs e instituciones diversas que están vinculadas al catolicismo: ¿A caso proclamarse en contra los derechos sexuales y reproductivos durante una misa que está siendo transmitida a nivel nacional, no es un ruido mediático? ¿Hacer campañas de presión a la ONU a través de la recolección de firmas y la exposición de fotos que no corresponden a abortos (aunque pretenden ser presentados como si los fuesen), no es ruido mediático? ¿ONGs e instituciones  vinculadas al catolicismo tales como Vida Humana Internacional, Population Research Institute, el Opus Dei o el Sodalicio de la Vida Cristiana, no tienen grandes fondos que mueven  a lo largo del mundo a través de las filiales que tienen en diversos países? ¿A caso los grupos supuestamente minoritarios como las organizaciones pro derechos sexuales y reproductivos, no tienen derecho a pedir que se cumplan leyes que existen y a que se creen leyes que protejan a ciudadanos y ciudadanas antes diversas situaciones que pueden atentar contra la integridad de la persona?

Históricamente, muchos de los jerarcas del catolicismo han estado vinculados a grupos encargados de tomar decisiones trascendentales para la vida social de los ciudadanos y ciudadanas. Empero, la influencia del alto clero en el quehacer político  muchas veces ha sido el motor de un gran problema que las personas enfrentamos: la exclusión de minorías o de actores a quienes se les ha restringido, bíblica e históricamente, su papel social. Tal situación ameritó la separación del Estado y la Iglesia Católica. Sin embargo, este cisma que está basado en una mirada humanista que va más allá de la dimensión religiosa, ha pendido de una línea divisoria que en algunos casos es tenue y en otras inexistentes. Esperemos que la última homilía que el cardenal Cipriani dio durante el último Te Deum, no afecte más la voluntad política que está dejando de lado el derecho de las mujeres, ni a los principios fundantes de una ética moderna que señala que debe existir una separación entre la Iglesia y el Estado.

promsex.org

Anotaciones entorno a la homilia del Te Deum

Durante el Te Deum del pasado 28 de julio, el Cardenal Juan Luis Cipriani demostró que los representantes de la Iglesia Católica no solo opinan  sobre política; también la hacen. Y muchas veces desde el púlpito. En efecto, aprovechando el gran número de personas que asistieron a la catedral, la presencia de altos representantes de los poderes del Estado, la importancia  simbólica que tiene el Te Deum, y la gran cobertura desplegada por los medios de comunicación,  el Cardenal Cipriani se pronunció en contra de la salud sexual y reproductiva y aprovechó para hablar sobre la noción católica de familia, en un contexto de polémica entorno a la ley de divorcios rápidos y el cumplimiento de la ley que señala la legalidad y la necesidad de contar con protocolos de aborto terapéutico.

Tanto el cardenal como otros clérigos pueden opinar sobre diversos temas. Sin embargo, la separación entre el espacio secular y el religioso debe ser mantenido tanto por quienes pertenecen al sector laico como al eclesiástico. En este sentido, debe señalarse que la homilía del arzobispo de Lima, no cumplió con tal responsabilidad pues el uso del espacio público y mediático es una forma de hacer política.

Por otra parte, debe señalarse que las frases emitidas durante la homilía desdeñan el papel que las ideologías han cumplido  en la vida moderna. Es por ello, que es menester recordar que éstas son resultado de procesos socioculturales y de esfuerzos intelectuales  que, en muchos casos, han propiciado el reconocimiento y la protección de los Derechos Humanos.

El cardenal señaló que los grupos ideológicos que intentan despenalizar el aborto son minoritarios, tienen millonarios financiamientos y gran ruido mediático. Tales declaraciones nos plantean preguntas respecto al trabajo que realizan las ONGs e instituciones diversas que están vinculadas al catolicismo: ¿A caso proclamarse en contra los derechos sexuales y reproductivos durante una misa que está siendo transmitida a nivel nacional, no es un ruido mediático? ¿Hacer campañas de presión a la ONU a través de la recolección de firmas y la exposición de fotos que no corresponden a abortos (aunque pretenden ser presentados como si los fuesen), no es ruido mediático? ¿ONGs e instituciones  vinculadas al catolicismo tales como Vida Humana Internacional, Population Research Institute, el Opus Dei o el Sodalicio de la Vida Cristiana, no tienen grandes fondos que mueven  a lo largo del mundo a través de las filiales que tienen en diversos países? ¿A caso los grupos supuestamente minoritarios como las organizaciones pro derechos sexuales y reproductivos, no tienen derecho a pedir que se cumplan leyes que existen y a que se creen leyes que protejan a ciudadanos y ciudadanas antes diversas situaciones que pueden atentar contra la integridad de la persona?

Históricamente, muchos de los jerarcas del catolicismo han estado vinculados a grupos encargados de tomar decisiones trascendentales para la vida social de los ciudadanos y ciudadanas. Empero, la influencia del alto clero en el quehacer político  muchas veces ha sido el motor de un gran problema que las personas enfrentamos: la exclusión de minorías o de actores a quienes se les ha restringido, bíblica e históricamente, su papel social. Tal situación ameritó la separación del Estado y la Iglesia Católica. Sin embargo, este cisma que está basado en una mirada humanista que va más allá de la dimensión religiosa, ha pendido de una línea divisoria que en algunos casos es tenue y en otras inexistentes. Esperemos que la última homilía que el cardenal Cipriani dio durante el último Te Deum, no afecte más la voluntad política que está dejando de lado el derecho de las mujeres, ni a los principios fundantes de una ética moderna que señala que debe existir una separación entre la Iglesia y el Estado.

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Católicas por el Derecho a Decidir publica carta abierta al Papa.

La organización “Católicas por el derecho a decidir” (Catholics for Choice) publicó hoy una carta en el diario “Corriere della Sera” en la que tacha de “desastrosa” la prohibición por parte de la Iglesia de los anticonceptivos y pide a Benedicto XVI que considere una reforma sobre este tema.

La organización internacional, que compró media página de publicidad en el citado periódico, escribió dicha “carta abierta” al Papa con motivo del 40 aniversario de la encíclica de Pablo VI “Humanae Vitae”, en la que se consolidaba la posición de la Iglesia sobre los métodos contraceptivos.

En la carta, “Católicas por el derecho a decidir” dice que la posición del Vaticano es “devastadora” y añade que esa prohibición “ha sido particularmente desastrosa en el sur del mundo, donde las jerarquías católicas ejercen una importante influencia sobre las políticas de planificación familiar”.

Asimismo, acusan a la Iglesia católica de “obstaculizar la creación de buenas políticas de sanidad pública para la planificación familiar y la prevención del virus del Sida”.

La organización pide a la Iglesia que tome consciencia de que el mensaje de la encíclica “Humanae Vitae” para convencer a los católicos que renuncien a los modernos métodos contraceptivos ha fracasado

“Estudios realizados en todo el mundo han revelado que los católicos usan anticonceptivos y apoyan el uso del preservativo como método para evitar el virus del VIH”, añaden.

Aun así, lamentan, “la prohibición ha logrado impedir a muchas mujeres y hombres de todo el mundo el acceso a los preservativos o a métodos anticonceptivos para la planificación familiar”.

Por ello, exhortan a Benedicto XVI a que comience un proceso de reforma, “que siendo fiel a los aspectos positivos de la doctrina católica sobre la sexualidad termine con la prohibición de los contraceptivos y consienta a los católicos planificar su propia vida familiar de manera segura y en paz con sus consciencia”.

En la carta también se explica como Pablo VI ignoró los resultados del estudio realizado en 1966 por una comisión pontificia, que el mismo encargo, y que se expresaba a favor de anticoncepción.

El diario del Vaticano, L’Osservatore Romano, publicó también ayer un artículo de su director, Giovanni Maria Vian, en el que se relataba como Pablo VI rechazó esa recomendación.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/notas/525183.html

Lea la Carta abierta al Papa en español

¿No hay justicia para Putis?

Imagine usted que un día acude al llamado de las autoridades militares para protegerse de los ataques terroristas. Imagine que, con la confianza de saberse protegido y de estar al lado de la autoridad, regresa al pueblo acompañado de otros campesinos, de su esposa y de sus hijos.

Imagine que después de unos días la tragedia aparece, que la autoridad militar cuya protección esperaba se envilece criminalmente.

Las mujeres son violadas antes de ser asesinadas, los hombres son obligados a cavar sus propias fosas con engaños y 19 niños menores de siete años son asesinados para que no quede huella en el futuro. ¿Puede usted imaginar algo así? Pues así sucedió. En total, 123 campesinos, mujeres, hombres, niños y ancianos, fueron brutalmente asesinados y enterrados en Putis, en diciembre de 1984.

No existe explicación que justifique esta masacre que agravia a la conciencia de todos los peruanos y de la humanidad en su conjunto. Pero, como si esto fuera insuficiente, ¿se imagina que después de 24 años no se haya sancionado a una sola persona por estos crímenes?

Al cabo de tantos años, no se pueden admitir respuestas como “no existe la información”, “no hay los recursos necesarios para investigar”. O lo que es peor: “Hay que tomar en cuenta el contexto en que se produjeron esas muertes”. Todas son trabas y excusas que favorecen a la impunidad. Eso es inadmisible en una sociedad democrática, y agrede a la dignidad humana.

El Estado peruano tiene la obligación de demostrar que es capaz de hacer justicia, identificar a los responsables y sancionarlos para que estos graves hechos no se repitan jamás. La investigación de lo ocurrido en Putis requiere de un remezón ético y de una verdadera justicia. No podemos perder la capacidad de indignarnos ante tal muestra de desprecio por la vida, ni ser indiferentes ante tanto dolor.

El Perú es una sociedad que clama justicia, que pretende alcanzar la modernidad y el desarrollo económico, pero debe demostrar que es capaz de respetar la dignidad de sus ciudadanos y hacer justicia ante el crimen. Unamos esfuerzos por alcanzar una sociedad moderna y democrática. Hagamos justicia con la comunidad de Putis.

Por Beatriz Merino.
Defensora del pueblo de Perú

Fuente: http://alcnoticias.org/interior.php?codigo=11983&format=columna

La violación en la guerra: ¿Cumplirá Naciones Unidas con su palabra?

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo historia al declarar que la violación sexual en períodos de guerra es algo tan negativo que planean hacer algo al respecto. La reacción es importante debido a que durante décadas de informes sobre la violencia sexual en los conflictos armados no había sido atendida en las altas esferas de la ONU como el Consejo de Seguridad de la ONU.

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¿Un derecho escamoteado?

En distintos países de la región se discute despenalizar el aborto. Avances, retrocesos y debates de un tema femenino que pone en jaque a las sociedades. El debate sobre los permisos reales que tienen las mujeres para decidir sobre sus cuerpos es muy amplio y abarca varias aristas. Pareciera que en pleno siglo XXI cualquier persona puede elegir qué hacer con su cuerpo, sobre todo en países que se jactan de ser democráticos y liberales. Pero cuando rebrotan las discusiones sobre el aborto, se escuchan las opiniones más disímiles: toman la palabra los moralistas, los eclesiásticos, los jueces que no quieren dar un fallo por sus creencias, los médicos que anteponen una excusa ética a un procedimiento de salud. “Se interrumpe una vida, se mata una vida engendrada, la mujer debe hacerse cargo de haber quedado embarazada…”, son algunos de los argumentos que se esgrimen para estar en contra de la interrupción de un embarazo no deseado. Sin embargo, el debate se amplía aún más cuando una mujer quiere abortar por motivo de una enfermedad terminal. Así le ocurrió a la argentina Ana María Acevedo, quien falleció hace poco más de un año, el 17 de mayo de 2007. Esta mujer, de tan solo 20 años, padecía un fuerte dolor maxilar y consultó al dentista. Tras cinco meses de tratamiento odontológico, fue derivada el 23 de octubre de 2006 al Hospital Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Allí determinaron su enfermedad: “rabdomiosarcoma alveolar”, cáncer en el maxilar. Le extrajeron parte del tumor de las partes blandas del cuello, sin explicarle que en ese estado de salud debía tomar recaudos para no quedar embarazada.Un mes después fue derivada al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe de la misma provincia, para iniciarle sesiones de quimioterapia.Debido a que estaba embarazada de pocas semanas, decidieron suspender el tratamiento. En febrero de 2007, el Comité de Bioética de dicho hospital documenta que: “los médicos deciden dejar en suspenso el tratamiento ya que el indicado para la patología está contraindicado si se está cursando un embarazo”; agregando que, a sabiendas de que la paciente llegó con un incipiente embarazo, no se planteó un aborto terapéutico “por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital y en Santa Fe”. La solución era abortar para no perjudicar al bebé ni con la quimioterapia, ni con el cáncer que avanzaba en el cuerpo de la madre. Pero los médicos dijeron no estar de acuerdo con abortar. El embarazo avanzó hasta el quinto mes, cuando tuvieron que practicarle una cesárea porque como explica el médico Emilio Schinner en el expediente clínico: “la paciente se encontraba pre-morten, es decir, con una marcada insuficiencia respiratoria y falla de órganos, y todo indicaba que el desenlace era inminente”, tal como se cita en el portal de periodismo de género Artemisa Noticias. Finalmente, el bebé murió un día después y Ana María soportó la agonía seis meses más. A un año de una tragedia que podría haberse evitado con un aborto terapéutico, que implicaba una decisión ética por parte de los profesionales de la salud, las abogadas de la familia Acevedo trabajan en la denuncia penal contra los médicos del Hospital Iturraspe por homicidio. Este caso ejemplifica otros cientos que ocurren en Argentina y en América Latina. Por eso mismo, la lucha por el “aborto legal para no morir” -como rezan los carteles de los movimientos feministas- es aplicable a todo el continente. En la legislación argentina, el aborto no es punible en una mujer violada discapacitada, o cuando pone en riesgo la vida y/o la salud de la mujer. A pesar de esto, muchas veces la Justicia falla a favor de continuar el embarazo, amparándose en “los derechos del niño por nacer”. En ese sentido, agrupaciones sociales hicieron llegar a los legisladores argentinos un proyecto de ley sobre despenalización y legalización del aborto voluntario el 28 de mayo de 2007, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. El proyecto de ley entregado a los parlamentarios, establece en su primer artículo que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso de gestación”, mientras el segundo reafirma el derecho a acceder a esta práctica en los servicios del sistema de salud, en las condiciones que determina la ley. La propuesta también plantea que, después de las doce semanas de gestación, la mujer podrá decidir la interrupción del embarazo, cuando éste sea producto de una violación, esté en riesgo su vida o su salud o existan malformaciones fetales graves. En Argentina, 800 mil mujeres abortan cada año y alrededor de 500 mueren por abortos mal practicados. En el caso peruano, existe una campaña nacional en defensa del aborto terapéutico, coordinada por el Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) junto al Movimiento Manuela Ramos. El objetivo de esta campaña es dar a conocer el derecho de las mujeres a decidir la interrupción legal de su embarazo cuando éste ponga en riesgo su salud, amparado en una ley sancionada en el año 1924. El 26 de diciembre de 2007 se aprobó en Perú la aplicación del Protocolo para el Manejo de casos de Interrupción Legal del Embarazo. No obstante, declaraciones del arzobispo de la región de Arequipa, Javier del Río Alva, vicepresidente de la Conferencia Episcopal peruana, diciendo que esa ciudad se volvería “la capital de la muerte”, dejó en suspenso la aplicación del protocolo con la Resolución 109-2008-GRA de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa y que ha sido remitido, para su revisión, a la Defensoría del Pueblo y a la Organización Panamericana de la Salud para su revisión. Según informa el Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMLAC), en Perú de acuerdo a “un estudio realizado en 2001 por Delicia Ferrando (Centro Flora Tristán y Pathfinder International), se producen cada año 352.000 abortos inducidos, muchos de ellos porque corre riesgo la salud física y mental de la madre. Sin embargo, ante la falta de claridad legal y por temores, son practicados en condiciones de insalubridad, exponiendo a las mujeres a complicaciones futuras”. Luego agrega que “pese a ser ilegal, el aborto ocupa el cuarto lugar como causa de muerte materna (siete por ciento), según el Ministerio de Salud; sin embargo, numerosos estudios sostienen que, entre los decesos por hemorragias (60 %) e infecciones (13 %) se encuentran subregistrados muchos fallecimientos por aborto, en particular de mujeres de escasos recursos”. Por otro lado, la situación en Chile es diferente. Clandestinamente se usa el Misotrol, nombre de las pastillas con misoprostrol que pueden provocar la expulsión del óvulo fecundado en los primeros meses de gestación. Puede estar recetada por un médico, pero generalmente se adquiere por Internet y cuestan entre 70 y 160 dólares. En el portal SEMLAC, la periodista Joanna Ortiz informa que: “No hay registros certeros de cuántas chilenas recurren al Misotrol o directamente a intervenciones para abortar. Las estimaciones varían de 160.000 a 200.000 mil anuales y, según el libro ‘El drama del aborto’, publicado en 2005, la tasa es de 50 por cada mil mujeres entre 15 y 44 años”. Es decir, 438 mujeres abortan por día en Chile. El aborto en Chile está penalizado y la mujer que decide interrumpir un embarazo puede ser condenada a la cárcel entre tres y cinco años por “atentar contra la moralidad pública y el orden de las familias”, según lo establece el código penal. El gobierno dictatorial de Augusto Pinochet anuló en 1989 la ley que permitía realizar un aborto terapéutico. Por esto, actualmente, las leyes penales no distinguen abortos terapéuticos debido a riesgos para la salud o aquellos que se relacionan a otras razones, como una violación o un embarazo no deseado. Las denuncias penales son realizadas muchas veces por los funcionarios de hospitales adonde llegan mujeres jóvenes y adultas para abortar o porque han tenido complicaciones con un aborto clandestino y precisan ayuda profesional. La despenalización del aborto no figura en la agenda de la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, existen iniciativas para debatir esta falencia, como el foro “Hablar de aborto es hablar de justicia social”, organizado por la Coordinadora Feministas Jóvenes, en julio de 2007. En el libro que se edita anualmente “El drama del aborto” se comparan las situaciones de países donde el aborto está permitido y donde no. En Alemania, Bélgica, Holanda y Suiza, todos países donde la interrupción es legal, tienen tasas de 10 abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años, mientras que Chile exhibe la cifra de 50 por cada mil. Otro caso paradigmático en la región es Uruguay. Allí la ley 9763, sancionada en el año 1938, penaliza la práctica del aborto. El caso de una joven de 20 años, condenada por practicarse un aborto, tras la denuncia de un médico del Hospital Pereira Rosell de Montevideo, desató la polémica y el replanteamiento de leyes que ameritarían ser actualizadas. A través de una campaña para difundir el caso en Internet se recolectaron casi ocho mil firmas, entre las cuales figuraban ministros y diversos funcionarios. El servicio informativo SEMLAC informa que: “fuentes no oficiales indican que cada año en Uruguay se registran 47 mil nacimientos y se efectúan 33 mil abortos, una práctica penada por una ley de 1938. El aborto clandestino es la primera causa de muerte materna en ese país”. La despenalización del aborto fue planteada por el Senado uruguayo para permitirlo bajo cualquier motivo dentro de las primeras doce semanas de gestación. Pero el presidente Tabaré Vazquez anunció que, si se aprobara esta ley, la vetaría. En los países del continente donde se legalizó el aborto, como Cuba (desde 1965), Puerto Rico y Estados Unidos, la mortalidad materna se ha reducido notablemente. En Brasil, está permitido en casos de violación y peligro de muerte para la madre. En Nicaragua el aborto se penalizó para cualquier caso desde octubre de 2006. Fuentes del Fondo de Población de Naciones Unidas estiman que cada año se realizan alrededor de 19 millones de abortos en el mundo en condiciones inaceptables desde el punto de vista médico. De ese total, unos cuatro millones se realizan en América Latina, muchos de ellos terminando en lesiones graves o la muerte de la madre. Unas 68 mil mujeres mueren cada año por esta causa en el mundo. Investigaciones citadas por esta agencia especializada concluyen que uno de cada 10 embarazos terminará en un aborto realizado en malas condiciones, la mayoría de los cuales se practican en Asia, África y América Latina. Escrito por Azul Cordo (*) La autora de esta nota es alumna del Seminario “Periodismo en Escenarios Políticos Latinoamericanos” que se dicta en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

Retiran de autógrafa sobre violencia familiar la facultad de conciliación otorgada a la policía

Ministra de la Mujer sustentó observaciones del Ejecutivo que fueron aprobadas por unanimidad.
En sesión conjunta de las comisiones de la Mujer y de Justicia del Congreso, la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Susana Pinilla Cisneros, sustentó que la autógrafa que modifica el Código Penal para agravar los delitos vinculados a la violencia familiar, debía retirar la facultad otorgada a la Policía Nacional para buscar la conciliación en estos casos, pues los antecedentes demuestran que esta facultad ha sido generalmente usada en contra de las mujeres.

“La Policía Nacional del Perú no debe propiciar y/o realizar acuerdos conciliatorios en casos de faltas en violencia familiar, porque existe una relación de temor y subordinación entre víctima y agresor, una asimetría de poder, por lo tanto no es posible una conciliación en esas condiciones”, señaló.

Pinilla explicó además que la figura de la conciliación sólo es aplicable para derechos disponibles, y la violencia familiar lesiona derechos fundamentales es decir reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales, como son los derechos a la vida, integridad moral, psíquica y física, etc.

“Estos derechos –agregó- no son conciliables, no pueden ser sujeto de negociación entre víctima y victimario”.

Señaló que la experiencia internacional demuestra que los acuerdos aumentan el riesgo físico y emocional de las mujeres, pero además generalmente no son cumplidos por el agresor.

Luego de esta exposición, ambos grupos de trabajo legislativo acordaron por unanimidad allanarse a las observaciones del Ejecutivo.

Una parte decisiva de la fundamentación a cargo de la titular del Mimdes fue cuando sustentó que en el pasado, la Ley 26260 permitió la conciliación en violencia familiar, pero fue común encontrar acuerdos que perpetuaban desigualdad.

Por ejemplo, refirió dos casos textuales de actas de “conciliación” impropias: “ …la conviviente se compromete a someterse a su compañero, …ella debe responsabilizarse de todos los quehaceres del hogar,…se compromete a salir del trabajo e inmediatamente ir a su casa…”. y  “…¿si estaría dispuesta a reconciliarse por el bien de sus hijos?”. Todos los presentes rechazaron estos nefastos acuerdos.

La observación del Ejecutivo plantea además que la implementación del registro de casos de  Violencia Familiar debe realizarla el Ministerio Público, con un sistema automatizado, y no la PNP.

Asimismo, propone mantener el valor probatorio de los certificados médicos expedidos por centros médicos parroquiales o instituciones privadas que celebren convenios con el Poder Judicial o Ministerio Público.

Lima, 16 de setiembre de 200

Cusco: Negligencia médica causa muerte de Melisa Judith Riverra Navarro.

Una vez más, la falta de atención oportuna causa la muerte de una mujer en el Cusco durante el parto. Se trata de Melisa Judith Rivera Navarro, de 27 años, egresada de odontología, que deja en la orfandad a una niña de apenas seis años.

El domingo 31 de agosto último, Melisa ingresó al hospital Antonio Lorena del Cusco, derivada de urgencia del Centro de Salud de Belempampa, donde el doctor Cesar Zambrano y la obstetriz Yeny Echevarría le habían diagnosticado sufrimiento fetal, parto prematuro y alto riesgo obstétrico. Dada las dificultades del cuadro  y la ausencia de equipos adecuados en el Centro ordenaron su traslado a dicho nosocomio para su operación inmediata.

En el Hospital Lorena fue atendida por el Dr Hermógenes Concha Contreras, quien luego de chequearla se negó a realizar la cesárea aduciendo que el bebé ya estaba muerto y que debía inducirse a la paciente a un parto normal, ordenando su internamiento en la sala de maternidad.

Este mismo médico procedió a la inducción del parto poniendo en riesgo la vida de la madre, que hasta ese momento gozaba de una buena salud. Transcurridas las horas es intervenida por exigencia de los familiares, por el doctor ginecólogo Edwin Soto Cortés, que ingresa de turno a las 8 de la noche. Practicada la cesárea se extrajo al bebé ya muerto y en la operación también muere la madre.

Dos vidas que pudieron ser salvadas si el Dr. Hermógenes Concha Contreras hubiera seguido oportunamente las indicaciones de sus colegas del Centro de Salud.

Organizaciones del Cusco que trabajan por los derechos de las mujeres, han remitido una carta al ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, solicitando una investigación exhaustiva en este centro hospitalario, pues no es el primer caso de muerte por negligencia, y se sancione a los responsable.

Uno de los compromisos que tiene el Estado peruano frente a pactos y convenios es el de prevenir, evitar y disminuir los índices de muertes maternas y perinatales en zonas urbanas y rurales. Además de brindar un servicio de calidad, calidez y eficiencia, garantizando la integridad física y písiquica de quienes hacen uso de este servicio.

Y es deber de las organizaciones de la sociedad civil vigilar que estos compromisos se cumplan de manera de hacer cada vez más eficiente la atención de la salud, y se sancionen los casos demostrados de negligencia.

Acoso sexual y VIH, Caso del Alcalde Bueno

No conozco al alcalde de Chosica, Luis Bueno Quino, pero su caso llama la atención, pues en el fondo hay una serie de temas cuya consideración es relevante. En primer lugar, resulta sorprendente que un alcalde disemine el VIH y que habrían varias víctimas. Lo único malo es que los directamente afectados no dicen nada.

El silencio es muy interesante pues habrían varias posibilidades: a) que el alcalde no tenga VIH y que se utilice la enfermedad para desprestigiarlo, ahondando el estigma a quienes ya tienen el virus; b) que se le acuse de ser homosexual y, por lo tanto, no apto para el sillón municipal; c) el inaceptable hecho de que entre los hombres se producen violaciones y acoso sexual.

No sé si el alcalde es culpable o no. Los únicos que lo pueden precisar son los afectados y aunque hay una normatividad que protege a los subalternos/as de este tipo de amenazas, los hombres no son capaces ni siquiera de hablar de ello, a diferencia de muchas valientes mujeres, pues el riesgo de ser feminizados, degradados y ridiculizados en su más íntima esencia de macho que se respeta, es lo que finalmente cuenta.

Hay una tercera arista y no menos importante, pues se trata del derecho a la intimidad de las personas involucradas en esta denuncia, incluyendo al propio alcalde. ¿Se puede obligar a una persona a hacerse una prueba de diagnóstico de VIH o de cualquier otra enfermedad en contra de su voluntad? ¿Puede un periodista sentirse en el derecho de conminar a cualquier individuo, sea hombre o mujer, a hacerse una prueba y demostrar que no tiene VIH? No es como el alcalde asegura que su “sangre es valiosa”, lo que es valioso, es su derecho a la intimidad.

Pues al final de todo esto, no estoy segura de qué está en juego: ¿Si el alcalde está diseminando la enfermedad, si esta cometiendo acoso sexual contra sus trabajadores, o si es homosexual?, pues aún hay muchos que creen que esto último es la verdadera enfermedad, sobre todo en una sociedad que valora a sus individuos sobre la base de “con quién se acuesta”.

El denunciante tampoco deja de tener vela en este entierro. ¿Tiene un médico derecho a denunciar públicamente que una persona tiene VIH y que, según sus propias estimaciones, está diseminando la enfermedad? ¿Tiene este mismo, la obligación de informar a los contactos sexuales de una persona, sin la autorización del propio portador, aun esta sea el esposo o esposa? Obviamente que no, para eso existen otros métodos sanitarios como la consejería y el apoyo psicológico que permiten a las personas que viven con VIH, ser en la mayoría de los casos, los principales difusores de la prevención.

Es por eso que resulta extraño el ofrecimiento del ministro de Salud de investigar de oficio. ¿Qué va a hacer?, ¿llevará de las orejas al alcalde a hacerse un test?, ¿obligará a las víctimas a denunciar? ¿Y qué pasará si el hombre no tiene VIH?, ¿será también inocente de acoso sexual? Al parecer, nada de esto importa, pues finalmente ya se tuvo página completa de la noticia y es eso lo que realmente cuenta.

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos
Promsex

Perú: Funcionarios de la Municipalidad de Lima reciben taller de sensibilización sobre derechos de la comunidad LGBT

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivo-Promsex y el Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, realizaron este 11 de julio un taller de sensibilización con funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se trata de una iniciativa que busca que las y los participantes puedan reconocer cuáles son las percepciones más comunes respecto a la comunidad LTGB en Lima Metropolitana, a manera de un breve diagnóstico, y determinar cómo estas concepciones influyen en la discriminación hacia las personas LTGB.

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