XXIV Conferencia Mundial de ILGA en Viena. Perú cuenta con tres representantes

ILGA La Asociación Internacional de Gays y Lesbianas celebra su XXX aniversario y su XXIV Conferencia Mundial en Viena.

La Asociación Internacional de Gays y Lesbianas llevará a cabo su XXIV conferencia mundial del 3 al 6 de noviembre en Viena, Austria. Doscientos activistas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex de más de 80 países asistirán al evento, una ocasión para celebrar los 30 años de larga historia de ILGA.

La participación de 120 de los activistas de Asia, África, América Latina y el Caribe, Europa Central y del Este ha sido gracias al generoso apoyo del gobierno de Austria y a un gran número de socios de ILGA (ver lista completa de donadores debajo y el programa de la conferencia anexo).

“Los activistas usan ILGA como una plataforma para intercambiar y fortalecer sus campañas para luchar por la igualdad y contra la discriminación. Esto ha sido muy importante particularmente desde antes que el Internet facilitara la comunicación a los grupos más aislados. La conferencia sigue siendo el lugar donde la asociación interactúa con su red de contactos y puede discutir la agenda del movimiento, así como elegir a sus representantes. Nos enorgullece contar con 600 grupos provenientes de más de 100 países” mencionó Rosanna Flamer-Caldera, Co-Secretaria General de ILGA y Directora Ejecutiva de la organización EQUAL GROUND en Sri Lanka. Flamer-Caldera es una de las pocas lesbianas declaradas en su país y ha sido una fuerte activista luchando por la igualdad de derechos de la comunidad LGBT en Sri Lanka y a nivel internacional desde que se unió al comité de ILGA hace 7 años.

Philipp Braun, Co-Secretario General de ILGA ha hecho campaña con la Federación Gay y Lesbiana de Alemania (LSVD) en asuntos como el reconocimiento de la unión civil de personas del mismo sexo, la creación de una ley comprensiva sobre antidiscriminación y derechos de transgéneros, así como también se ha involucrado en la solidaridad internacional como la protesta contra cantantes homófobos en Europa. Philipp y Rosanna fueron elegidos Co-Secretarios Generales de esta asociación en su pasada conferencia mundial, llevada a cabo en Ginebra, Suiza, en marzo de 2006. “Los miembros que se reunieron en Manila en 2002, dieron a ILGA el fuerte mandato de lograr que la orientación sexual y la identidad de género salieran a la luz ante las Naciones Unidas. Hemos visto algunos logros con la ONU en los pasados dos años, como por ejemplo, que siete grupos LGBTI recibieron el estatus ECOSOC. La pasada conferencia en Ginebra, destacó la importancia del movimiento trans y la urgencia de crear un Secretariado Mundial Trans”, enfatizó Philipp Braun.

“ILGA ocupa un lugar único. Son los miembros de la organización quienes le siguen dando, hasta hoy, la legitimidad de hablar en su representación en el escenario mundial” destacó Philipp. “ILGA es el cuerpo y la voz del movimiento LGBTI en sí”, añadió Rosanna. A lo largo de su historia, ILGA ha hecho campaña para lograr que ONG de derechos humanos, como Amnistía Internacional, incluyan la orientación sexual en su labor o hacer que la Organización Mundial de la Salud elimine a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.

ILGA ha sido también la primera ONG en denunciar abiertamente en la ONU la violación a los derechos humanos enfrentados por personas lesbianas, gays, trans e intersex. 86 países aún criminalizan las relaciones entre personas adultas del mismo sexo en el mundo. “La descriminalización es un asunto prioritario en países como el mío para que nuestros hermanos y hermanas puedan vivir libremente y con dignidad como ciudadanos completos” dijo Rosanna Flamer-Caldera. “Nuestro trabajo en la ONU tiene como objetivo destacar las muchas atrocidades que se llevan a cabo en contra de las comunidades LGBTI a nivel mundial en nombre de la ley y poner fin a la persecución judicial a personas LGBTI en todo el mundo”. ILGA colabora estrechamente en coaliciones de ONG internacionales LGBTI como Amnistía Internacional, Arc International, Global Rights, Human Rights Watch y la Comisión Internacional por los derechos humanos de gays y lesbianas para asegurar que la orientación sexual y la identidad de género permanezcan vigentes en la agenda de las Naciones Unidas.

Otro reto que enfrenta la asociación es ayudar a que los activistas en África, Asia y América Latina y el Caribe se organicen a nivel regional. “Ansiamos el día que un activista gay o lesbiana africano represente en una institución internacional a una red de grupos de más de la mitad de los países en África”, mencionó Philipp Braun. “Existen muchos activistas con el valor de hacer campaña individualmente en el mundo”, añadió Rosanna Flamer-Caldera: “ILGA trabaja fuerte para acompañarlos a crear sus propias federaciones regionales”. En los últimos 18 años, ILGA ha organizado tres conferencias regionales en África, Asia y América Latina y el Caribe. “Una de las grandes satisfacciones de este año ha sido ver alrededor de 40 activistas africanos crear ILGA Pan África” comentó Philipp Braun. ILGA Pan África ahora se une a sus federaciones hermanas ILGA-Asia, ILGA-Europa e ILGA-LAC bajo la protección de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas con sede en Bruselas.

Para mayor información:
Stephen Barris  0032 473 682 635
ILGA Bruselas   0032 2 502 2471

ILGA desea reconocer a los siguientes socios y fundaciones por su apoyo para la realización de su XXIV Conferencia Mundial:

• El gobierno de Austria
• La ciudad de Viena
• HIVOS
• HOSI-Wien, grupo LGBT local en Viena, coorganizador de la conferencia
• IBM
• IGLHRC (Comisión internacional para los derechos humanos de gays y lesbianas)
• ILGA Europa, la región europea de ILGA
• SIDA (Agencia Internacional de Ayuda de Suecia) y RFSL-Suecia
• NOVIB

Nota: Es de destacar que para esta XXIV Conferencia el Perú contará con tres representaciones que han recaído en las compañeras: Gaby Mariño de la Asociación Angel Azul, Belissa Andia del Instituto Runa ambas de la población Trans y por la identidad lesbica la compañera Susel Paredes integrante de LGTB Legal.

Feministas de América Latina emiten declaratoria contra Gobierno de Daniel Ortega

Protestarán en la XVIII Cumbre Iberoamericana.
Ante las amenazas, persecución y represión en contra de líderes feministas y del Movimiento Autónomo de Mujeres por parte del Gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega, más de 53 redes y organizaciones de America Latina y el Caribe condenaron la autoritaria y fundamentalista posición del gobierno nicaragüense, quien ha provocado un retroceso en el cumplimiento de los derechos humanos, en especial los de las mujeres.

Así lo dieron a conocer mediante un documento distribuido por el movimiento feminista de México titulado: “Declaratoria de Gobierno Infame en Nicaragua”, el cual será entregado a la embajada de ese país en el marco del inicio de la XVIII Cumbre Iberoamericana, a realizarse en El Salvador, el próximo miércoles, donde acudirán 22 países de Iberoamérica para buscar alternativas a los complejos problemas que aquejan a la región y que restringen los derechos y el desarrollo de las y los jóvenes.

Feministas de El Salvador, Honduras, Costa Rica y México reunirán sus voces para pronunciarse en contra de la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua que viola derechos fundamentales y afecta de manera particular a las jóvenes, así como en contra de la persecución política de feministas nicaragüenses que han protestado por esta situación.

Las organizaciones feministas nicaragüenses comprometidas históricamente con los derechos de las mujeres, emprendieron acciones de denuncia a nivel nacional e internacional y se sumaron instancias de derechos humanos tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de la CEDAW o el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

LA DECLARATORIA

La Declaratoria, que incluye más de 53 firmas de organizaciones sociales de AL y el Caribe, realiza un llamado a las feministas del mundo y a las y los defensores de los derechos humanos y a la izquierda Latinoamericana para no tolerar la campaña de difamación y exigir un alto a la persecución política del gobierno de Ortega en contra de feministas, poetas, intelectuales, periodistas, líderes de la sociedad civil y a todas y todos los nicaragüenses que sueñan con la democracia y la libertad de decidir sobre sus cuerpos.

La Declaratoria hace también un llamado a las y los nicaragüenses a reconocer que la política y acción feminista han contribuido a democratizar y mejorar la calidad de vida de las sociedades a la par de significar avances para las mujeres, además de declarar non grata la pareja presidencial Ortega-Murillo.

Recuerda el documento de la Declaratoria que a partir de 1998 la sociedad nicaragüense fue sacudida al revelarse la violación de Ortega en contra de su hija adoptiva Zoilamérica Nárvaez, acto criminal que quedo impune.

Posteriormente, en octubre de 2006, Ortega, junto a los diputados de su partido, derogaron el aborto terapéutico y en noviembre de 2007 ratificaron la penalización del mismo, criminalizando así a toda mujer nicaragüense que tenga que recurrir a un aborto para salvar su vida.

Con esta medida el Estado contravino pactos y principios internacionales en la materia, que han llevado al 98 por ciento de los 193 países que conforman las Naciones Unidas a reconocer esta práctica médica.

Asimismo, llevó a que en Nicaragua el 19 por ciento de las muertes maternas fueran de mujeres menores de 20 años, y el aborto se convirtiera en la cuarta causa de muerte materna en este país.

El Gobierno de Ortega, manifiestan las organizaciones feministas, ha negociado la salud y la vida de las mujeres a cambio de obtener el respaldo de la jerarquía católica y los sectores más conservadores.

Pedirán las organizaciones feministas de El Salvador, Honduras, Costa Rica y México garantizar y detener toda acción jurídica que atente contra los derechos de las feministas que han luchado por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres nicaragüenses, como Sofía Montenegro, Patricia Orozco, Ana María Pizarro, Juana Jiménez y Sobeyda Obando.

Pedirán también respetar el derecho de asociación y libertad de expresión y detener las órdenes de allanamiento en contra del Centro de Investigación de la Comunicación, el Movimiento Autónomo de Mujeres, el Grupo Venancia, la Red de Mujeres Municipalistas, la Red de mujeres de Matagalpa, la Coordinadora Civil y la Campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto.

Por Sandra Torres Pastrana 
08/STP/VR/GG
Fuente: cimacnoticias.com
27 oct 08 (CIMAC)

La discriminación en México

En 2001 el Congreso reformó el primer artículo de la Constitución e incluyó el derecho a no ser discriminado.

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra”.

“Probablemente es la propuesta social de mayor envergadura y calado que se haya hecho en los últimos años”, comentó Mario Luis Fuentes, miembro de la Asamblea Consultiva del Conapred.

En 2003 entró en vigor la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación y un año después inició labores el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, Conapred. El entonces presidente, Vicente Fox, designó a Gilberto Rincón Gallardo como su titular, nombramiento que el mandatario Felipe Calderón ratificó en 2007.

“El tema de la no discriminación no es un derecho de minorías, sino un derecho de toda persona, de todo ciudadano en México y si nosotros sumamos a los grupos que padecen discriminación tenemos una amplia mayoría social”, comentó José Luis Rodríguez, coordinador general posgrado en Humanidades de la UAM-Iztapalapa.

53 millones de mujeres, 13 millones de indígenas, 10 millones de discapacitados, 31 millones de niños, 31 millones de jóvenes, 10 millones de religiosos no católicos, 8 millones de adultos mayores y cien mil personas con VIH/Sida.

“Se siente la presión que ejercen los demás sobre ti, por cómo te vistes o cómo hablas”, dijo Celerina Patricia Sánchez, indígena ñuu savi.

“Seas o no seas homosexual; si eres pobre, si eres rico, si eres feo, si eres guapo, hay discriminación”, expresó Armando, homosexual.

La primera Encuesta Nacional Sobre la Discriminación, realizada en 2005 por el Conapred y la Secretaría de Desarrollo Social, reveló que 90% de los mexicanos han sido discriminados alguna vez y, en esa misma proporción, lo han hecho en contra de otras personas.

“El logro principal es el de poner la discriminación en la agenda. Esto no es poco en una sociedad acostumbrada a no ver, a invisibilizar las prácticas discriminatorias”, manifestó Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En cuatro años de vida, el Conapred ha fomentado la aprobación de leyes estatales contra la discriminación; también logró la igualdad de oportunidades laborales sin distinción de género, y la prohibición de los exámenes de gravidez o de VIH al efectuar contrataciones.

“Sería muy pretencioso afirmar que ha habido un cambio en la cultura de nuestro país en relación con la discriminación. Yo estimo que se están sentando las bases para una transformación cultural* que elimine el fenómeno discriminatorio”, indicó José López Villegas, de Estudios de Legislación y Políticas Públicas del Conapred.

“Seguimos siendo un país profundamente discriminatorio, un país que profundamente agrede a los otros y en este proceso falta mucho por hacer y creo que Conapred, como institución, está todavía en una fase formativa, inicial, que requiere su fortalecimiento”, declaró Mario Luis Fuentes, miembro de la Asamblea Consultiva del Conapred.

Expertos afirman que la falta de recursos y atribuciones ha frenado al conapred.

“Reconocer el carácter de autoridad plena del propio Conapred, porque incluso en la legislación actual el Conapred no puede participar en casos que hayan sido denunciados originalmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esto implica que se está suponiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede sustituir a una autoridad pública”, agregó el coordinador general del posgrado en Humanidades de la UAM-Iztapalapa.

Consciente de sus limitaciones, el Conapred se propuso mejorar la ley que le dio origen.

“Y finalmente en el mes de agosto, el proyecto se sometió a consideración de nuestra junta de gobierno, quien lo aprobó, sólo que lamentablemente pues falleció nuestro titular”, añadió López Villegas,

La muerte de Gilberto Rincón gallardo, el pasado 30 de agosto, es el primer gran desafío del Conapred.

“Afortunadamente, Gilberto tuvo la visión, el talento y la energía y el tiempo de plasmar ese gran sueño del Conapred en una ley. Por lo tanto, la fortaleza del Conapred está en la ley, la fortaleza del Conapred, está en un grupo de personas que están trabajando para aplicarla cotidianamente y que necesitan alguien que los encabece”, opinó Miguel Carbonell

A la fecha, el Conapred continúa sin titular.

“Estamos en una situación realmente muy delicada, grave, porque ni siquiera hay un responsable del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación”, consideró Mario Luis Fuentes, miembro de la Asamblea Consultiva del Conapred.

“En este caso la ley indica que tiene que ser un nombramiento que venga directamente del presidente de la República”, expuso Miguel Carbonell.

“Lo peor que podemos hacer sería quitarle fuerza o quitarle importancia a las instituciones que trabajan por la igualdad, precisamente porque las crisis económicas generan fragmentación y aumentan la desigualdad”, concluyó José Luis Rodríguez.

Están pendientes una nueva ley, el lanzamiento del Programa Nacional Para Prevenir la Discriminación y la realización, en 2009, de la Segunda Encuesta Nacional sobre el tema.

Fuente: Once Noticias www.oncetv-inp.net/noticias
Reportero: Octavio Castillo

Declaración Pública: Apoyamos urgente demanda en Chile de aborto terapeutico. Solidaridad con Karen Espíndola

El derecho de las personas a decidir libremente sobre su sexualidad y reproducción es un derecho humano reconocido en instrumentos jurídicos de valor universal. Esto implica, entre otras cosas, la libre opción sobre la maternidad de acuerdo a los propios proyectos y condiciones de vida.
 
Por lo tanto, las organizaciones de mujeres abajo firmantes solidarizamos con la demanda urgente de aborto terapéutico hecha por  Karen Espíndola, quien a sus 23 años y con cinco meses de embarazo, enfrenta un diagnóstico de Oloprosencefalia, malformación fetal incompatible con la vida en la cual no hay desarrollo del cerebro, afectándose incluso el macizo facial. Reconociendo la magnitud del daño a su salud mental tanto por el diagnóstico como por la imposibilidad de acceder a la interrupción segura y legal del embarazo, Karen pide que se modifique una legislación que constituye una forma explícita de violencia y tortura impuesta por la institucionalidad, a la que interpela sin encontrar respuestas.
 
La reposición del aborto terapéutico, vigente en Chile hasta 1989 cuando fue derogado por el régimen dictadorial de Pinochet, es una deuda que esta democracia mantiene con los derechos humanos de las mujeres, a quienes se las obliga a cursar embarazos con riesgo de vida, cuando han sido violadas o cuando el feto presenta graves malformaciones, desconociéndolas totalmente como sujetas de derechos sobre sus cuerpos y sus vidas.
 
Demás está decir que la demanda de aborto legal también alude a muchas otras condicionantes sociales que moldean la experiencia reproductiva de las mujeres, tales como: pobreza, exclusión, marginación, violencia, falta de vivienda, desempleo, hacinamiento, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entre otras. Si una sociedad no ofrece las garantías necesarias para una maternidad protegida, valorada y reconocida, las mujeres continuaremos enfrentadas a la  opción de interrumpir un embarazo no deseado o no previsto. Pero serán las más pobres las que accederán a procedimientos inseguros e insalubres y podrán ser denunciadas y encarceladas, lo que transforma al aborto en un grave problema de justicia social.
 
En consecuencia, exhortamos a los poderes públicos, en especial a la Presidenta Michelle Bachelet, a parlamentarios y parlamentarias, a revertir el vergonzoso rezago de Chile en esta materia.  Las mujeres tenemos el derecho de escoger cuándo ser madres y cuántos hijos e hijas tener, e incluso el derecho a no tenerlos. Una maternidad no debe ser impuesta por mandatos culturales o religiosos ni por leyes castigadoras que, en la práctica, constituyen un gran fracaso legislativo: los 160 mil abortos clandestinos anuales que ocurren en el país son la mejor prueba de ello.
 
Santiago, 21 de octubre, 2008.
 
 
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC
Mesas Ciudadanas Por el Derecho a Decidir. Proyecto Safe Abortion Action Fund RSMLAC/IPPF
Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos
Articulación 28 de Septiembre
Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH
Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual
Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción “Por la Libertad de Decidir”
Fundación Instituto de la Mujer
Colectivo Con-spirando
Solidaridad y Organización Local, SOL
Católicas por el Derecho a Decidir-Chile
Fundación Educación Popular en Salud, EPES
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI
Marcha Mundial de Mujeres, Punto Focal Chile
Fondo Alquimia
Corporación Las Manos
Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto, C A P P A
CENCODEL
Colectivo Araucarias
Red de Mujeres de San Joaquín
Mujeres Quinta Región
Las Choras del Puerto-Guerrilla Feminista
Colectiva Feminista Las Sueltas
PROGENERO. Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Centro de Formación y Educación de Mujeres, CEFEM
Feministas Tramando
Isis Internacional
Área de Género, Vivo Positivo
Mujeres Comunistas
Circo Feminista
Agrupación Feministas Bíobío, REDLAC-Chile
Zulema Contreras
Red de Mujeres de Valdivia
Colectivo En-surando
Gloria Salazar Rosas
Corporación Humanas
Nueva Izquierda
Programa de Promoción de los Derechos de las Mujeres-CODEPU
Colectiva de Mujeres Públicas
 
Contacto:
Adriana Gómez, RSMLAC, agomez@reddesalud.org
Rosa Yánez, Foro Red de Salud y DDSSRR, forosalud@gmail.cl

Chile: Mujeres castigarán en las urnas a candidatos contrarios a la píldora

Encuesta de Corporación Humanas comprobó que los postulantes no dan respuesta adecuada a los temas de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. De hecho, apenas 31 –de casi mil- respondieron un cuestionario enviado para conocer su posición al respecto.

Un 62% de las mujeres inscritas en los registros electorales estima que la píldora de anticoncepción de emergencia debe ser distribuida en las municipalidades y el 64% asegura que no votaría por candidatos  que se nieguen a entregarla, revela la V Encuesta Nacional de Mujeres.

El sondeo que anualmente realiza la Corporación Humanas, con el apoyo de Oxfam y la Fundación Ford además estableció que el  69% de las electoras no votaría por un candidato que rechace la legalización del aborto terapéutico.  

La encuesta comprueba que la protección hacia los derechos sexuales y reproductivos continúa siendo una de las principales deudas de la democracia con las mujeres.  Pero, advierte Humanas, los candidatos tampoco dan respuesta adecuada a estas temáticas, no sólo porque  han omitido su posición en esta materia durante la campaña, sino también porque apenas 31 respondieron un cuestionado enviado a los casi mil postulantes a alcaldes en carrera. 

La presidenta de Humanas, Lorena Fríes, llamó a los aspirantes a jefaturas edilicias a aprovechar los pocos días que restan de campaña para aclararle a la ciudadanía sus posturas sobre este asunto, pues “se trata de un derecho humano y de una exigencia democrática que impone reconocer y proteger la equidad y la autonomía de las personas para tomar sus propias decisiones”.  

MÁS DATOS  

El sondeo revela que un 81% de encuestadas cree que las chilenas sufren discriminación. La libertad sexual es uno de los principales ámbitos donde las mujeres dicen experimentar esa segregación, según el 67% de las encuestadas.  

El estudio además reveló que un 56 % de las encuestadas cree que la situación de las mujeres ha empeorado o se ha mantenido igual en el ámbito del acceso a los anticonceptivos; lo que puede ser interpretado como efecto de la resolución del Tribunal Constitucional en contra de la distribución pública de la PAE. Este fallo es fuertemente cuestionado por la población femenina: un 80% de las mujeres la reprueba.  

De todos modos, la mayoría reconoce que  el Gobierno ha tomado medidas, con un 58% de encuestadas que le reconoce al Ejecutivo la adopción de iniciativas para promover el acceso universal a la píldora y un 76% que califica como buena y muy buena las medidas adoptadas en este aspecto.

Fuente: La Nación (Chile) – Santiago,Chile

Perseguida en Nicaragua por feminista

La médica argentina Ana Pizarro vive en Managua y pidió protección a la Cancillería.
Vive en Managua desde hace 28 años, adoptó la nacionalidad de ese país, pero por sus campañas y denuncias en defensa de las mujeres es perseguida por el gobierno de Ortega. Pidió protección a la Argentina para su hijo, de 13 años, su hermana y ella.
“Me fui de la Argentina perseguida por la dictadura militar y ahora vivo el hostigamiento de Ortega.”
La médica argentina Ana María Pizarro, reconocida en Latinoamérica por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, pidió protección a la Cancillería para ella y su hijo de 13 años, y denunció que está siendo víctima de una serie de acciones persecutorias de parte del gobierno de Nicaragua, al igual que otras ocho líderes feministas de ese país. Pizarro vive hace 28 años en Managua, y en 1996 adoptó la nacionalidad nicaragüense. “Me fui de la Argentina perseguida durante la última dictadura militar y ahora vivo el hostigamiento del régimen de Ortega”, comparó en declaraciones a PáginaI12, desde su casa. Pizarro forma parte del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua y a su entender, está sufriendo las represalias por sus fuertes críticas a la gestión del presidente Daniel Ortega, particularmente a su alianza con la jerarquía católica y a la abolición del aborto terapéutico. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y más de un centenar de organizaciones sociales y de mujeres de América latina y el Caribe expresaron en las últimas horas su solidaridad con las activistas nicaragüenses.

Fuentes de Cancillería confiaron ayer a este diario que la embajada en Managua, a cargo del encargado de Negocios, Nicolás Rebok, “sigue activamente” el tema. “Rebok mantiene un contacto permanente y fluido con la doctora Pizarro, está totalmente interiorizado del caso y sigue atentamente la evolución de los acontecimientos”, agregaron las fuentes.

Pizarro defendió en 2003 el derecho al aborto de Rosita, la niña nicaragüense de nueve años violada y embarazada, a quien el gobierno pretendió impedir que interrumpiera la gestación, un caso que tuvo repercusión internacional. Finalmente, Rosita pudo abortar. “Participé desde la Red de Mujeres contra la Violencia en su defensa pública hasta que el caso fue cerrado por la Fiscalía que dictaminó que no hubo delito cuando se le practicó el aborto terapéutico: cuatro años después, en 2007, fui denunciada junto a otras ocho feministas de ‘apología del aborto’ y otros tres delitos más. La Fiscalía General de la República continúa ‘investigando’ esta denuncia un año después; y en estos días recibí una nueva citatoria por otra supuesta denuncia y tuve que presentarme a declarar junto con otras cuatro líderes feministas. Me interrogaron tres horas para responder por la posible existencia de delitos derivados de convenios entre Forum Syd, una ONG internacional, y el MAM, sin especificar qué tipo de delitos ni con qué base, aunque los medios de comunicación afines al gobierno hablan de ‘lavado de dinero’. Eso me obliga a revivir lo que ya viví desde hace un año, la persecución política continúa y que se agrava en estos días”, denunció Pizarro a PáginaI12.

–¿Cómo está viviendo esta situación?

–Salvando que el ejército no está en las calles y que aún no allana las organizaciones ni entra en las casas de la gente, me siento como en Córdoba en octubre de 1975, cuando ya no teníamos espacios para la expresión pública. Hoy tengo temor porque sabemos que nuestro teléfono está intervenido, porque otras personas evidentemente entran a nuestro correo electrónico, porque recibí llamadas anónimas amenazando a mi hijo, porque sé que está prohibido ir a una manifestación, y porque una declaración en los medios significa riesgo para mi vida. Es una sensación de opresión que te invade. No puedo creer cómo llegamos a este extremo, cuando nosotras desde la izquierda señalamos la vocación totalitaria de un gobierno que se dice de izquierda y cuyos dirigentes alguna vez nos convocaron a una revolución que tuvo la mayor adhesión en el mundo.

El viernes 4 de octubre Pizarro se presentó ante la embajada argentina en Managua y se entrevistó con el encargado de Negocios a cargo de la representación diplomática. “Rebok conocía la situación por los medios, y me solicitó una petición formal para enviarla a Buenos Aires”, contó la médica tocoginecóloga. A través de una carta a la Cancillería, Pizarro pidió protección para su hijo, Pedro Javier, de 13 años, y para su hermana Norma Alicia, que vive también en Nicaragua. “Lo que pretendo es que el gobierno argentino exprese ante el gobierno de Nicaragua su preocupación por la persecución y las amenazas que he recibido así como por mi familia, en tanto debe brindar protección a las y los argentinos en el exterior. Quisiera que el gobierno argentino comprenda que éste no es un gobierno de izquierda, que no es un gobierno aliado de las buenas causas, acá estamos viviendo el neoliberalismo feroz, la corrupción, el nepotismo, lo único que se redistribuye es la pobreza, reina el autoritarismo, la violación de los derechos de las mujeres y la persecución a opositores”, dijo Pizarro. Su hijo, que está en primer año de la secundaria, nació en Nicaragua y como hijo de argentina nacido en el exterior, tiene pasaporte argentino. Pizarro tiene un hermano, José Darío, de 64 años, que vive en Salta.

A la citación judicial de la semana anterior se sumó “una campaña de hostigamiento público por parte de los medios de comunicación del gobierno” contra las nueve activistas feministas, entre ellas Pizarro, según denunciaron más de un centenar de personalidades y organizaciones del movimiento de mujeres y de derechos humanos de América latina, en un comunicado de prensa que está circulando por todo el continente. El 10 de octubre, el Juzgado Segundo de Distrito de lo Penal de Audiencia de la Circunscripción de Managua, a solicitud del Ministerio Público de la República, emitió un “auto de allanamiento y orden de secuestro de bienes” en contra de ocho organizaciones de mujeres y sociales, entre ella MAM, Forum Syd, la Red de Mujeres Municipalistas y el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco).

Pizarro recuerda los años de terror de los ’70 en Argentina. Por su militancia universitaria, fue detenida el 4 de octubre de 1975 durante el gobierno de Isabel Perón. Por entonces estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. “Me trasladaron al centro de detención de Pasaje Catalinas, contiguo a la Catedral de Córdoba. Fui torturada por la Brigada de Investigaciones Antisubversivas durante 15 días”, recordó. Fue juzgada por diversos delitos y condenada a cinco años de cárcel. En 1979, recuperó la libertad y con la ayuda de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos pudo salir del país hacia España en 1980. Pasó por Costa Rica y finalmente recaló en Nicaragua, donde se sumó a la Revolución Sandinista, que encabezaba en ese momento Ortega. Pizarro desarrolló una amplia carrera como médica, ocupó diversos cargos en el sistema sanitario. Y se convirtió en una destacada defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres más pobres. Actualmente es integrante del consejo consultivo de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe, docente invitada de la Maestría de Salud Sexual y Reproductiva en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, integra la coordinación regional de la Campaña por la Despenalización del Aborto en América latina, forma parte del Movimiento en Defensa del Estado Laico y del consejo asesor del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) en Nicaragua, además es la coordinadora política del Movimiento Autónomo de Mujeres.

En los últimos días, organizaciones de mujeres, de derechos humanos y sociales de distintos países de la región iniciaron una “denuncia internacional de las acciones persecutorias desarrolladas por parte del gobierno de Nicaragua” contra feministas. Desde la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, cuyo consejo consultivo lo integra la epidemióloga argentina Mabel Bianco, se exigió al gobierno de Ortega que “cese de inmediato sus ataques y falsas acusaciones” en su contra.

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Chile: Encuesta reveló que el 64 por ciento de las mujeres no votará por quienes no entreguen el anticonceptivo de emergencia

Corporación Humanas lamentó falta de transparencia de candidatos en temas como aborto y la píldora.

 “Es un tema pendiente en la democratización del país”, dijo su directora Lorena Fríes. Leer más

Catorce mil setecientas veintiuna

Aquí estuvo Benedicto XVI maldiciendo sutilmente a las que abortan, con la palabra violenta y seductora del poder. Pasó una acción de inconstitucionalidad con la que se buscó que entre pocos se hiciera retroceder el triunfo democrático de las mayorías. Pasaron las campañas de los falsos “pro vida”, que reinstalaron en las calles el miedo recién desalojado por la despenalización del aborto.

Fracasaron.

¿Qué resultó de tanto fracaso?
Que, desde la legalización del aborto en el Distrito Federal, 14.721 mujeres abortaran dignamente. El secretario de Salud del gobierno del Distrito Federal dijo que asume “personal e institucionalmente la responsabilidad por la salud y la vida de esas mujeres”; acabo de escucharlo en la III Reunión de Investigaciones sobre Embarazo no Deseado y Aborto Inseguro.

En nuestro Uruguay progresista nadie puede asumir semejante responsabilidad; ni la ministra, ni el subsecretario, ni el director general de Salud; ni el ginecólogo de ninguna policlínica de atención primaria.

Nadie puede hacerse responsable por la salud de las uruguayas que afrontan la necesidad de un aborto, porque la piedra que pesa setenta años de ilegalización todavía no se removió.

También nosotros escuchamos la voz de Benedicto aleccionándonos, junto a los esparcidores de miedos en los templos religiosos y laicos.

Desde hace muchos años la opinión de la gente se mantiene firme en el reclamo de despenalización del aborto, y por dos veces las mayorías de legisladores la respetaron.
Los que ahora pueden decidir dicen dudar. El último argumento sería que en esta democracia la opinión de uno solo puede imponerse a la mayoría, y por eso las uruguayas tendrían que seguir abortando desamparadas.

Pero no es verdad que el presidente decida por todos, ni tampoco lo fue en la lejana transacción de 1938, que desamparó a las uruguayas de hoy. El 4 de noviembre se vuelve a discutir la legalización del aborto en la Cámara de Diputados. El ejercicio libre de la ciudadanía legislativa podrá hacer más plena la ciudadanía de las uruguayas y tal vez, finalmente, ellas también puedan festejar. ?

Rafael Sanseviero, desde México
http://www.ladiaria.com.uy/files/ladiaria_20081010web.pdf

Adolescentes podrán iniciar una demanda de paternidad

Según proyecto de ley aprobado por el Congreso. Código Civil impide que menores inicien procesos de filiación. Seis millones de jóvenes madres serían beneficiadas.

Carmen tiene apenas 14 años, un bebé de nueve meses en el vientre y la esperanza, quizá frustrada, de que el niño sea reconocido por su padre. El Código Civil Peruano no permite que las más de 6 millones de madres adolescentes, como Carmen, impongan una demanda para exigir la paternidad de sus hijos, salvo que inicien los procesos a través de sus padres o tutores.

Sin embargo, un proyecto de ley aprobado ayer en primera votación por el Congreso, podría cambiar la penosa historia por la que atraviesan centenares de madres adolescentes, quienes deben asumir solas la crianza y manutención de sus hijos.

Según el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, el proyecto pretende establecer que la población femenina mayor de 14 años pueda iniciar procesos de filiación extramatrimonial contra sus parejas, en caso de requerirlo.

INCONGRUENCIA LEGAL

El parlamentario recordó que actualmente el artículo 46º del Código Civil permite que las menores puedan reconocer a sus hijos, así como imponer demandas por gastos de embarazo, parto, tenencia y alimentos. Sin embargo, agregó, aún existe una incongruencia legal que impide a las adolescentes tomar las riendas en los procesos de demanda por paternidad.

Por su parte, la psicóloga Trixsi Vargas, asesora en Sexualidad y Salud Reproductiva de Apropo (Apoyo a Programas de Población) saludó la iniciativa legislativa. No obstante, manifestó que no es la única contradicción presente en nuestro aparato normativo.

Según dijo, el Código Penal señala que toda relación sexual con una adolescente es delito y violación, sin mediar el consentimiento. “Esto provoca que los padres se alejen y busquen evadir la situación”. El futuro de estas jóvenes continúa en las manos del Congreso.

DATOS

Aprobación. El proyecto fue aprobado con 88 votos a favor y uno en contra. En 15 días, se someterá a una segunda votación para definir si el planteamiento modificará el Código Civil.

Apelación. El proyecto también fija que los varones mayores de 14 años puedan apelar ante las demandas de paternidad impuestas por su pareja.

Karen Espejo
Fecha: 17.10.08
Fuente:
www.larepublica.com

Comunicado de las Organizaciones de la Sociedad Civil en relación al Proyecto de Ley del Legislador Eduardo Villena sobre la prohibición de la AHE

Como organizaciones de la Sociedad Civil que trabajamos de manera comprometida social y políticamente con los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres denunciamos y rechazamos el proyecto de ley del legislador Eduardo Villena del Movimiento Patriótico, para  prohibir la distribución de la Anticoncepción de Emergencia esgrimiendo argumentos falsos como que  “píldora del día después posee efecto abortivo si se ingieren después de la concepción”.  Este proyecto de Ley tomo estado parlamentario el 15 de octubre en la Legislatura Provincial al ser tratado sobre tablas.

La Anticoncepción Hormonal de Emergencia produce  una alteración en la movilidad ezpermatica  y una alteración en el ciclo ovulatorio, no permitiendo la fecundación del ovulo. Este efecto esta científicamente probado y   este medicamento es recomendado por  la Organización Mundial de la Salud  y  diferentes Sociedades Científicas, tales  como FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia). Los intentos de  prohibir su circulación en los servicios de salud se  encuentra enraizada en concepciones religiosas conservadoras opuestas al acceso de las mujeres a métodos modernos y seguros de control de la fecundidad.

La Anticoncepción de emergencia, según bibliografía que la respalda,  es un recurso invalorable para  prevenir embarazos no deseados en situaciones de abuso y violaciones, o accidentes ante fallas de los métodos anticonceptivos.  Prohibir su distribución es avasallar un derecho logrado  por la ley  25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que garantiza la distribución de la AHE de manera gratuita.  Esta ley  tiene el objetivo de alcanzar el nivel mas elevado de salud sexual y reproductiva, para  que las mujeres podamos adoptar decisiones libres, sin discriminación, imposición ni violencias en el marco de un Estado Laico. Reivindicamos la importancia de contar con políticas públicas que

permitan que los sectores más vulnerables de la sociedad  tengan acceso igualitario a estos métodos a los que seguramente acceden sin problemas los sectores más

privilegiados de la población. Lo que está en juego es la doble moral: la insistencia en prohibir a nivel de las legislaciones y de las políticas públicas aquello a los que estos mismos sectores recurren cuando son sus intereses los que están en juego.

Convocamos a  organizaciones de la sociedad civil, personas, instituciones y movimientos  a adherir a este comunicado y denunciar  los intentos por avasallar nuestros derechos.

Dirigir sus adhesiones a:   mariateresa.bosio@gmail.com

Católicas por el Derecho a Decidir Córdoba

Servicio a la Acción Popular (SEAP)