Perú lidera la homofobia de Estado en Sudamérica

  • Pese a que las normas peruanas promueven la No discriminación
  • Se negó a respaldar propuesta de Naciones Unidas para despenalización de la homosexualidad a nivel mundial.
  • No quería exponerse a problemas con la Iglesia Católica.

PROMSEX, 19/12/2008: El día de ayer, 66 países –reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York- aprobaron una declaración que promueve la despenalización de  la homosexualidad a nivel mundial. La propuesta presentada por Francia y  Holanda urge a los Estados a tomar conciencia sobre los asesinatos, torturas y crímenes de odio a los que, constantemente, se ven expuestas las personas por su orientación sexual e identidad de género y, que en muchos casos, llevan a ejecuciones por parte de los mismos Estados.

Perú se convirtió ayer en el único país de Sudamérica que se negó a respaldar dicha propuesta. Belissa Andía, activista transexual peruana y representante Mundial Trans de ILGA (Asociación Internacional de Gays, Lesbianas y Trans), en coordinación con otras organizaciones peruanas de derechos humanos, se reunieron con personal de la Cancillería Peruana, con el fin de obtener el voto positivo de Perú. En Nueva York, el representante de Derechos Humanos de la Misión Permanente Peruana manifestó que “en el escenario político actual no quieren abrirse otro frente que desestabilice al gobierno, por lo que, en esta ocasión, no firmarán. Sin embargo, seguirán apoyando los temas LGBT, pero no liderando propuestas”.

La respuesta diplomática peruana, obedece a las presiones de los lobistas de las organizaciones vinculadas a la iglesia católica que por su parte, presionaban a la Cancillería Peruana para que el Estado peruano no firme dicha declaración y que respalden la propuesta presentada por el Vaticano, donde se plantea que las personas homosexuales sigan siendo consideradas criminales.

Una vez más, el Estado Peruano desconoció la constitución peruana, su legislación vigente y políticas públicas de Estado donde se reconoce la No discriminación incluida la orientación sexual. Nuevamente el Estado Peruano cedió a presiones de pequeños grupos de poder, que imponen sus principios religiosos ante el compromiso constitucional del Estado de proteger la vida de todos y todas los ciudadanos y  ciudadanas.

PROMSEX
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos

Los países que firmaron la declaración en favor de la despenalización de la homosexualidad -entre los que no se encuentra el Perú- fueron:
Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Cabo Verde, Republica Central de Africa, Chile, Colombia, Croacia, Cuba, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Ecuador, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Guinea, Holanda, Hungría, Islandia Irlanda, Israel, Italia, Japón, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mauritania, México, Montenegro, Nepal, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, San Marino, Sao Tome y Principe, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, FYR Macedonia, Timor, Uruguay, y Venezuela.

ONU: La Asamblea General abordará la orientación sexual y la identidad de género. Una declaración reafirma la promesa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Mientras el mundo conmemora el 60o aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU escuchará a mediados de diciembre una declaración respaldada por más de 50 países del mundo entero y que exhorta a poner fin a los abusos fundados en la orientación sexual y la identidad de género. Una coalición internacional de organizaciones de derechos humanos instó hoy a todas las naciones del mundo a apoyar este llamado, reafirmando así la promesa fundamental de la Declaración: que los derechos humanos se aplican a todas las personas. Países de cuatro continentes – entre los que se cuentan Argentina, Brasil, Croacia, Francia, Gabón, Japón, Países Bajos y Noruega – están coordinando la declaración. Con la lectura de esta declaración la Asamblea General abordará por primera vez formalmente las violaciones a los derechos humanos por orientación sexual e identidad de género.

“En 1948 las naciones del mundo enunciaron la promesa de los derechos humanos, pero seis décadas después, para muchas personas esa promesa sigue sin cumplirse”, dijo Linda Baumann (Namibia), integrante del Consejo Directivo de Pan-Africana ILGA, una coalición de más de 60 grupos de lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero (LGBT) del África. “El apoyo sin precedentes por parte del continente africano a esta declaración transmite el mensaje de que los abusos contra personas LGBT son siempre inaceptables, no importa dónde ocurran”. La declaración no tiene fuerza de ley y reafirma las protecciones de derechos humanos ya existentes en la legislación internacional. Se apoya en una anterior declaración conjunta, apoyada por 54 países y que Noruega emitió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2006. “Universal quiere decir exactamente eso, y no hay excepciones”, manifestó Boris Dittrich (Países Bajos), director de Gestión y Defensa en el Programa de Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero de Human Rights Watch. “La ONU debe expresarse en forma contundente contra la violencia y el prejuicio porque no hay espacio para medias tintas cuando se trata de derechos humanos”. El borrador del documento condena la violencia, hostigamiento, discriminación, exclusión, estigmatización y el prejuicio basados en la orientación sexual y la identidad de género. También condena los asesinatos y las ejecuciones, la tortura, las detenciones arbitrarias, y la privación del ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales por esos mismos motivos. “Hoy, docenas de países todavía penalizan la conducta homosexual consensual, mediante leyes que a menudo son reliquias del dominio colonial”, sostiene Grace Poore (Malasia), quien trabaja para la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas. “Esta declaración muestra el creciente consenso global acerca de que tales leyes abusivas ya se encuentran obsoletas”. La declaración también se basa en un largo historial de actuación de las Naciones Unidas para defender los derechos de las lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero. En su decisión sobre el caso Toonen c/Australia, el Comité de Derechos Humanos de la ONU – el órgano que interpreta las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), uno de los principales tratados de derechos humanos de la ONU- afirmó que la legislación de derechos humanos prohibe la discriminación por orientación sexual. Desde entonces, los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas han condenado violaciones de derechos por orientación sexual e identidad de género, incluyendo asesinatos, torturas, violaciones, violencia, desapariciones y discriminación en muchas esferas de la vida. Los órganos de la ONU que monitorean el cumplimiento de los tratados han exhortado a los Estados a eliminar leyes y políticas discriminatorias. Otros organismos internacionales – como el Consejo de Europa y la Unión Europea – también se han opuesto a la violencia y la discriminación contra las personas LGBT. En 2008, los 34 miembros de la Organización de Estados Americanos aprobaron por unanimidad una declaración que afirma que las protecciones a los derechos humanos incluyen a la orientación sexual y la identidad de género. “Los gobiernos de América Latina están ayudando a abrir el camino, como defensores de la igualdad y partidarios de esta declaración”, explica Gloria Careaga Pérez (México), co-secretaria general de la ILGA. “En la actualidad existe un movimiento global que apoya los derechos de las lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero, y no resultará posible desconocer sus voces”. Hasta ahora son 55 los países que han firmado la declaración ante la Asamblea General. Además de los ya nombrados, lo han hecho Andorra, Armenia, Australia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Cabo Verde, Chile, Ecuador, Georgia, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, México, Montenegro, Nueva Zelanda, República Centroafricana, San Marino, Serbia, Suiza, Uruguay y Venezuela. Los 27 estados de la Unión Europea son también signatarios. “Es un gran logro que esta iniciativa haya llegado al nivel de la Asamblea General”, señaló el francés Louis-George Tin, presidente del Comité Internacional para el Día Internacional contra la Homofobia (IDAHO por sus siglas en inglés), una red de activistas y grupos que organizan campañas a favor de la descriminalización de la conducta homosexual. “Demuestra que nuestras luchas comunes tienen éxito y deben ser reforzadas”. “Esta declaración cuenta con el apoyo de Estados y sociedad civil de todas las regiones del mundo”, dijo Kim Vance (Canadá), co-directora de ARC International. “En diciembre la Asamblea General transmitirá un mensaje simple: que la Declaración Universal de Derechos Humanos es de verdad universal”. Diciembre 11, 2008 FUente: hrw.org/es 

La Saga de la anticoncepción de emergencia en Chile: avances y desafíos

La Serie de Documentos Electrónicos del Programa de Género y Equidad de FLACSO-Chile tiene como finalidad poner a disposición de investigadores/as, académicos/as, decidores de políticas públicas y activistas; una diversidad de materiales sobre género y transversalización en las políticas públicas, salud sexual y reproductiva, VIH/SIDA, brechas de género, ciudadanías y derechos.

Presentamos en esta oportunidad el segundo número de la Serie “La Saga de la anticoncepción de emergencia en Chile: avances y desafíos” de la abogada Lidia Casas, docente de la Universidad Diego Portales y miembro del Directorio de APROFA.

Este documento describe y analiza uno de los debates más controversiales de los últimos años en Chile en torno a la salud sexual y reproductiva, durante el cual se ha llegado incluso a poner en tela de juicio algunas políticas públicas que datan de la década de los 60 y que han posicionado a nuestro país como un ejemplo a seguir en la región latinoamericana.

El documento de Lidia Casas da cuenta de los diferentes momentos históricos y los aspectos políticos y judiciales de la incorporación y comercialización de la anticoncepción de emergencia en Chile; como, por ejemplo, las acciones constitucionales del 2001, acciones administrativas posteriores, el fallo de la Corte Suprema en 2005, hasta el Decreto Supremo de 2007.

Se hace referencia, además, a las diferentes estrategias judiciales, como campañas de disuasión enfocadas a los proveedores de la Anticoncepción de Emergencia (AE) en el país por parte de grupos organizados contrarios a la comercialización y entrega del fármaco, así como la identificación de los diversos actores que han participado en este debate desde 2001. Se hace especial mención a las Normas de Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, que colocan la discusión en un nuevo escenario político, normas que fueron impugnadas por un grupo de parlamentarios y que derivó en que se presentó ante el Tribunal Constitucional para impugnar la constitucionalidad de ellas.

Cabe señalar que el texto fue terminado en diciembre de 2007, por tanto no incorpora la resolución del Tribunal Constitucional de 2008, que rechazó la entrega la AE, restringiendo su distribución exclusivamente a las mujeres violadas. Este grave retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos releva la importancia del esfuerzo por poner estos temas en la agenda pública.

Finalmente, quisiéramos agradecer a UNFPA por su apoyo para la elaboración de este documento de trabajo, y en especial a Mariela Cortés, Oficial de Enlace de esta institución.

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Para más antecedentes favor consultar a cdides@flacso.cl

Argentina: ¿Y los derechos de las humanas?

En Argentina, el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que goza de jerarquía constitucional desde 1994 en nuestro país, coincide con el primer año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Las mujeres siguen siendo las más vulnerables frente a la violación de sus derechos.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un instrumento jurídico que, de manera universal, protege los derechos de las mujeres y de los hombres.  “La política de derechos humanos constituye uno de los pilares básicos y es una política de Estado. Todos los días debemos acompañar desde una acción o una política esta lucha inclaudicable por los derechos humanos”, dijo la Presidenta durante el discurso que ofreció en septiembre en la sede del Council on Foreign Relations, de Nueva York.

Sin embargo, la falta de una legislación a nivel nacional sobre violencia de género (existe un proyecto de Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con media sanción del Senado), la falta de aplicación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, la reticencia del Poder Judicial  a aplicar el Código Penal en los casos de aborto no punible, el aumento de muertes maternas, demuestran que el Estado todavía tiene una deuda pendiente con respecto a la protección de los derechos de las mujeres. 

En una entrevista para Artemisa Noticias, Soledad García Muñoz, abogada y profesora de Género y Derechos humanos de las Mujeres de la Universidad Nacional de La Plata, reconoció los avances en materia de derechos humanos del gobierno pero destacó la necesidad de poner en el centro de las políticas públicas los derechos de las mujeres. 

“Hay que reconocer que se han dado pasos históricos en materia de derechos humanos durante el gobierno Kirchner, como la anulación de las leyes de impunidad, el juicio y castigo a responsables de crímenes horrendos durante la dictadura militar o las medidas en favor de la memoria. También se han producido avances importantes hacia la institucionalización de los temas de derechos humanos y se han elaborado documentos valiosos, como las Bases para un Plan Nacional de Derechos Humanos.
Ahora bien, en Argentina todavía no se puede hablar de la aplicación de una política pública integral sobre derechos humanos.  Una gran asignatura pendiente es poner en el centro de las políticas públicas los derechos de las mujeres: la mitad de la población argentina sin cuyos derechos humanos cabalmente protegidos es imposible hablar de una política integral en la materia. La integración de la perspectiva de género en las políticas públicas es la mejor herramienta para segurar este resultado y todavía no se percibe como una práctica consolidada, ni como una prioridad del Ejecutivo ni de la Presidenta de la Nación. Ojala no deje escapar la oportunidad histórica de ser no sólo la primera mujer electa como Presidenta de la República, sino también la primera en incorporar la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres como política del Estado Argentino”, opinó García Muñoz.

“Las decisiones de las mujeres y adolescentes en Argentina sobre salud reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y a abortos, están sujetas a restricciones discriminatorias y arbitrarias, en tanto, en ocasiones, los hechos de violencia sexual quedan impunes” dice el Informe Mundial 2008, Human Rights Watch. El informe publicado en febrero último, examina la situación de los derechos humanos en más de 75 países e identifica numerosas vulneraciones que requieren atención. En su capítulo de Argentina, la organización mostró su especial preocupación por los obstáculos que deben sortear las mujeres para realizarse un aborto legal. “Si bien los abortos terapéuticos y los abortos en casos de violación de mujeres con incapacidad mental son lícitos, las mujeres enfrentan obstáculos incluso en los supuestos en los cuales su derecho al aborto se encuentra amparado por la ley” remarca el Informe.

Por su parte, Susana Pérez Gallart, Vicepresidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos opinó: “No creo que el Estado tenga una política de Derechos Humanos con perspectiva de genero. A nivel nacional todavía no existen ciertas leyes que son fundamentales, como la de Salud Reproductiva o bien poder modificar el artículo 86, inciso 2º del Código Penal, para que quede bien claro que cualquier mujer violada puede, si así lo desea, realizarse un aborto sin tener que recurrir a un juez que la autorice. No podemos avanzar sobre esto porque, evidentemente la Iglesia tiene mucho poder en nuestro país”, dijo Pérez Gallart

Según un informe de las Naciones Unidas, “una mujer muere cada tres días en la Argentina debido a la violencia de género, en su mayoría intrafamiliar”. El documento indica que en Argentina murieron en los primeros 10 meses del año, 110 mujeres, en la mayoría de los casos víctimas de violencia intrafamiliar, y señala que los abusos contra las mujeres no se pueden relegar a la esfera de la vida privada. En el país no existen registros unificados y centralizados sobre casos de violencia hacia las mujeres pero distintos organismos dan cuenta de que el número de denuncias crece año a año. En los primeros 10 meses de 2008, se recibieron un total de 52.351 denuncias, mientras que en 2006 hubo 19.644, según el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Derechos Humanos para tod@s

En marzo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó su Informe Anual, en el que reconoció que si bien en el 2007 los derechos humanos tuvieron una inédita presencia en la agenda de los distintos poderes del Estado, no hubo mayores avances en su protección efectiva.

En la edición de este año (el CELS, viene realizando los informes sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina desde 1994), el documento subraya la existencia de un “escenario político y económico favorable” generado, entre otros hechos, por la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad y el crecimiento económico. Con respecto a los juicios contra los represores, el informe destaca que de las 212 causas abiertas, de las cuales 139 se encuentran en movimiento, hasta el momento sólo 17 personas han sido condenadas.

En cuanto a la situación carcelaria, el Informe 2008 del CELS destaca los graves problemas en materia de sobrepoblación carcelaria que afecta a todo el territorio nacional, y alerta sobre la situación de la provincia de Buenos Aires, ya que en ese distrito en el último mes creció la cantidad de presos en las comisarías, lo que implica un retroceso con respecto a mejoras que se habían conseguido recientemente. Según el documento “en la provincia de Buenos Aires, de la totalidad de las detenidas, casi un 10 por ciento reside con sus hijos en los centros de detención, y nueve de cada diez mujeres detenidas con sus hijos lo está bajo el régimen de prisión preventiva”.

La cuestión social también fue señalada como una deuda pendiente. Casi diez millones de personas continúan en la pobreza o la indigencia, al tiempo que los asalariados ven reducida su participación en el ingreso nacional.

Fuente: Artemisa Noticias

Argentina: ¿Y los derechos de las humanas?

En Argentina, el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que goza de jerarquía constitucional desde 1994 en nuestro país, coincide con el primer año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Las mujeres siguen siendo las más vulnerables frente a la violación de sus derechos.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un instrumento jurídico que, de manera universal, protege los derechos de las mujeres y de los hombres.  “La política de derechos humanos constituye uno de los pilares básicos y es una política de Estado. Todos los días debemos acompañar desde una acción o una política esta lucha inclaudicable por los derechos humanos”, dijo la Presidenta durante el discurso que ofreció en septiembre en la sede del Council on Foreign Relations, de Nueva York.

Sin embargo, la falta de una legislación a nivel nacional sobre violencia de género (existe un proyecto de Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con media sanción del Senado), la falta de aplicación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, la reticencia del Poder Judicial  a aplicar el Código Penal en los casos de aborto no punible, el aumento de muertes maternas, demuestran que el Estado todavía tiene una deuda pendiente con respecto a la protección de los derechos de las mujeres. 

En una entrevista para Artemisa Noticias, Soledad García Muñoz, abogada y profesora de Género y Derechos humanos de las Mujeres de la Universidad Nacional de La Plata, reconoció los avances en materia de derechos humanos del gobierno pero destacó la necesidad de poner en el centro de las políticas públicas los derechos de las mujeres. 

“Hay que reconocer que se han dado pasos históricos en materia de derechos humanos durante el gobierno Kirchner, como la anulación de las leyes de impunidad, el juicio y castigo a responsables de crímenes horrendos durante la dictadura militar o las medidas en favor de la memoria. También se han producido avances importantes hacia la institucionalización de los temas de derechos humanos y se han elaborado documentos valiosos, como las Bases para un Plan Nacional de Derechos Humanos.
Ahora bien, en Argentina todavía no se puede hablar de la aplicación de una política pública integral sobre derechos humanos.  Una gran asignatura pendiente es poner en el centro de las políticas públicas los derechos de las mujeres: la mitad de la población argentina sin cuyos derechos humanos cabalmente protegidos es imposible hablar de una política integral en la materia. La integración de la perspectiva de género en las políticas públicas es la mejor herramienta para segurar este resultado y todavía no se percibe como una práctica consolidada, ni como una prioridad del Ejecutivo ni de la Presidenta de la Nación. Ojala no deje escapar la oportunidad histórica de ser no sólo la primera mujer electa como Presidenta de la República, sino también la primera en incorporar la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres como política del Estado Argentino”, opinó García Muñoz.

“Las decisiones de las mujeres y adolescentes en Argentina sobre salud reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y a abortos, están sujetas a restricciones discriminatorias y arbitrarias, en tanto, en ocasiones, los hechos de violencia sexual quedan impunes” dice el Informe Mundial 2008, Human Rights Watch. El informe publicado en febrero último, examina la situación de los derechos humanos en más de 75 países e identifica numerosas vulneraciones que requieren atención. En su capítulo de Argentina, la organización mostró su especial preocupación por los obstáculos que deben sortear las mujeres para realizarse un aborto legal. “Si bien los abortos terapéuticos y los abortos en casos de violación de mujeres con incapacidad mental son lícitos, las mujeres enfrentan obstáculos incluso en los supuestos en los cuales su derecho al aborto se encuentra amparado por la ley” remarca el Informe.

Por su parte, Susana Pérez Gallart, Vicepresidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos opinó: “No creo que el Estado tenga una política de Derechos Humanos con perspectiva de genero. A nivel nacional todavía no existen ciertas leyes que son fundamentales, como la de Salud Reproductiva o bien poder modificar el artículo 86, inciso 2º del Código Penal, para que quede bien claro que cualquier mujer violada puede, si así lo desea, realizarse un aborto sin tener que recurrir a un juez que la autorice. No podemos avanzar sobre esto porque, evidentemente la Iglesia tiene mucho poder en nuestro país”, dijo Pérez Gallart

Según un informe de las Naciones Unidas, “una mujer muere cada tres días en la Argentina debido a la violencia de género, en su mayoría intrafamiliar”. El documento indica que en Argentina murieron en los primeros 10 meses del año, 110 mujeres, en la mayoría de los casos víctimas de violencia intrafamiliar, y señala que los abusos contra las mujeres no se pueden relegar a la esfera de la vida privada. En el país no existen registros unificados y centralizados sobre casos de violencia hacia las mujeres pero distintos organismos dan cuenta de que el número de denuncias crece año a año. En los primeros 10 meses de 2008, se recibieron un total de 52.351 denuncias, mientras que en 2006 hubo 19.644, según el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Derechos Humanos para tod@s

En marzo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó su Informe Anual, en el que reconoció que si bien en el 2007 los derechos humanos tuvieron una inédita presencia en la agenda de los distintos poderes del Estado, no hubo mayores avances en su protección efectiva.

En la edición de este año (el CELS, viene realizando los informes sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina desde 1994), el documento subraya la existencia de un “escenario político y económico favorable” generado, entre otros hechos, por la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad y el crecimiento económico. Con respecto a los juicios contra los represores, el informe destaca que de las 212 causas abiertas, de las cuales 139 se encuentran en movimiento, hasta el momento sólo 17 personas han sido condenadas.

En cuanto a la situación carcelaria, el Informe 2008 del CELS destaca los graves problemas en materia de sobrepoblación carcelaria que afecta a todo el territorio nacional, y alerta sobre la situación de la provincia de Buenos Aires, ya que en ese distrito en el último mes creció la cantidad de presos en las comisarías, lo que implica un retroceso con respecto a mejoras que se habían conseguido recientemente. Según el documento “en la provincia de Buenos Aires, de la totalidad de las detenidas, casi un 10 por ciento reside con sus hijos en los centros de detención, y nueve de cada diez mujeres detenidas con sus hijos lo está bajo el régimen de prisión preventiva”.

La cuestión social también fue señalada como una deuda pendiente. Casi diez millones de personas continúan en la pobreza o la indigencia, al tiempo que los asalariados ven reducida su participación en el ingreso nacional.

Fuente: Artemisa Noticias

El Vaticano, propulsor del discrimen y el asesinato

“De religiosos que juzgan y condenan la homosexualidad, que de herejes y demonios acusan, sean pues condenados por el todo poderoso en el día de su juicio, por incumplir aquel mandato de Dios que dice; “No Juzgaras”.

¡Cuidado! ¡Cuidado! Si eres homosexual, lesbiana, bisexual, o transexual iras a la cárcel o podrás ser sentenciad@ a la pena de muerte. Es lo que sucede en 86 piases, en su mayoría Islámicos, en donde la anterior advertencia es una cruel realidad. Hace 60 años ya de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y atrocidades como estas siguen ocurriendo. Lo que resulta contradictorio es que el texto de dicha medida reconoce que; “toda persona” tiene todos los derechos y libertades que ésta recoge “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política “o de cualquier otra índole”.

Como ser humano encuentro un acto macabro el que la homosexualidad sea catalogada como un crimen, el cual es pagado con latigazos, la cárcel o la muerte. Como homosexual me parte aun más el corazón, al saber que yo podría ser una de tantas victimas de la incomprensión y el fundamentalismo.

Francia presentó ante la ONU una enmienda a dicha medida, para que se despenalice y no se castigue la homosexualidad, y aunque ha tenido un amplio apoyo, la medida se ha visto troncada por decenas de países, en especial los Islámicos y nuevamente, en contra de la diversidad, la dignidad y el derecho a la vida, el Vaticano, quienes por “razones morales” rechazaron la misma, potenciando así a nivel mundial, el prejuicio y el discrimen. Lo que uno como ser humano debe preguntarse es, ¿y si fuera uno los míos, un hijo o una hija, un familiar o amigo a quien amamos, quien estuviera en medio de una plaza, con una soga al cuello y los ojos vendados, próxim@s a su muerte, tan solo por tener una inclinación diferente.? ¿Cómo seria ver llegar nuestra muerte tan solo por ser?

Una vez mas la Iglesia Católica, el Papa y la religión es un obstáculo a la diversidad y la justicia mundial, y no ven mas allá de sus narices en donde habitan numerosos casos de corrupción y violaciones sexuales cometidas por estos predicadores de Dios, que juzgan y apoyan acciones tan crueles como el que se penalice la homosexualidad hasta con la pena de muerte. No olvidemos las famosas cruzadas y el pobre intento del Vaticano por erradicar el hambre mundial, teniendo más que recursos suficientes para comenzar tan importante acción. Ciertamente y sin pretenderme de ateo, acciones como estas ponen en duda el mismo amor de Dios hacia su creación, el cual es predicado tanto por la iglesia Católica como la Evangélica, al permitir el todo poderoso el que exista hambre, discrimen, guerras y el que sus “santos predicadores” sean en muchas ocasiones los portadores del mal hacia la humanidad.

Sr. Benedicto dieciséis para hacer justicia, no tiene que hacerse solo pensando en la religión, esta puede ir de la mano de la verdadera compasión, hermandad y protección a la vida. Desde Puerto Rico un joven escritor y homosexual alza su voz a favor de la justicia y el amor fehaciente sin coartaciones, prohibiciones y discrimen, cuando ello comience a promoverse y implantarse en todos los países que componen nuestro mundo, hallaremos la verdadera convivencia, hermandad y amor que tanto expresa la Biblia haciendo valer el libre albedrío.

Para comunicarse con el joven autor: eljimagua@live.com http://jimagua.blogspot.com

Por Francisco J. Cartagena Méndez ‘El Jimagua’
El joven es escritor, activista y autor del poemario social sobre la homosexualidad Vuelo en Libertad.

VIH y movilidad

Treinta países deportan a trabajadores inmigrantes portadores de VIH, sesenta y seis países discriminan viajeros VIH+, incluyendo 19 de los países en la región europea de la OMS. La sociedad civil hace un llamado para eliminar las regulaciones sobre traslado y residencia referentes al VIH de las personas que viven con el virus en tiempo para la conferencia mundial del SIDA 2010 en Viena.

Los Estados deben hacer lo posible para asegurar que la discriminación legal contra las personas con VIH deje de existir. Las personas con VIH deben tener los mismos derechos que las demás.

Es responsabilidad de los legisladores crear una sociedad que no discrimina en el campo del estatus VIH.

La encuesta 2008 de la organización alemana AIDS-Hilfe e.V. muestra que actualmente 66 de los 186 países incluidos en la encuesta alemana cuentan con restricciones discriminatorias en vigor. 30 países no paran de deportar personas viviendo con VIH o de pedirles que dejen el país una vez que son detectados VIH positivo, un problema mayor para trabajadores inmigrantes. La mayoría de los países con restricciones al entrar requieren exámenes obligatorios de VIH para excluir a los portadores del virus.

Los resultados se publicaron en inglés en la base de datos global de restricciones de traslado específicas sobre VIH en www.hivtravel.org. La base de datos global sobre restricciones de traslados específicas sobre VIH, que es una iniciativa de la federación alemana AIDS, el grupo europeo sobre el tratamiento del SIDA  y la sociedad internacional SIDA, provee información actualizada de 196 países sobre las regulaciones existentes que niegan la entrada o residencia a personas que viven con VIH, basándose en la legislación del país. En donde es posible, la base de datos informa sobre los mecanismos usados en la práctica, sobre la implementación y procedimiento de las restricciones de viaje relacionadas con VIH. ILGA ha facilitado la diseminación y la traducción al portugués y español gracias a un gran equipo de voluntarios. Existen documentos PDF disponibles en www.ilga.org en los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, español y polaco.

La sociedad civil pide una respuesta europea para detener la discriminación

Con 19 países de la región europea de la OMS manteniendo restricciones específicas a portadores de VIH en su legislación y la próxima conferencia mundial del SIDA en 2010 que se llevará a cabo en Viena, Austria, la sociedad civil pide eliminar estas restricciones para 2010 y pide una respuesta europea hacia las instituciones de la UE para trabajar en conjunto, ser líderes  y demostrar que Europa es digno huésped de la conferencia.

Los países con restricciones en la región europea de la Organización Mundial de la Salud son Andorra, Armenia, Bielorrusia, Chipre, Georgia, Alemania (Bavaria, Sajona, Brandemburgo), Grecia, Hungría, Israel, Kazakstán, Moldova, Polonia, Rumania, la Federación de Rusia, Eslovaquia, Tajikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.

“Esas restricciones van desde negar solicitudes de trabajo y residencia, así como permisos de estudios debido al estatus VIH, deportaciones, exámenes obligatorios de VIH para algunos grupos y poblaciones, como empleadas domésticas, trabajadores de la construcción, trabajadores sexuales y personas que trabajan en la industria turística, personas provenientes de regiones endémicas y ciudadanos que regresan”, especificaron David Haerry y Peter Wiessner, miembros de EATG y quienes están ya por mucho tiempo involucrados en  la lucha contra estas restricciones.

“Políticas de exclusión como esas son una vergüenza para Europa”, dice Karl Lemmen, de la federación alemana AIDS. “Los Estados e instituciones europeos deben hacer todo lo posible para eliminar las restricciones de traslado relacionadas con VIH dentro de su territorio para garantizar que prevalezcan los derechos humanos y existan los “valores europeos”.

El llamado a la respuesta europea para eliminar las restricciones de traslado relacionadas con VIH en Europa para 2010 ha sido adoptado por el Foro de la Sociedad Civil VIH de la UE, que representa alrededor de 40 ONG europeas. El documento legislativo desea fortalecer la discusión en Europa para eliminar las restricciones para 2010, cuando la conferencia internacional sobre el SIDA se lleve a cabo en Viena. Éste incluye propuestas concretas para acciones más amplias a la Comisión Europea, y organismos intergubernamentales como la OMS Europa, ONUSIDA y la OIM.

“Las restricciones de traslado relacionadas con VIH en donde sea que se encuentren, no solo  son contraproducentes en cuanto a salud pública; también violan los derechos de las personas que viven con VIH y SIDA y fortalecen el estigma, la discriminación y la xenofobia”, mencionaron Renato Sabbadini y Gloria Careaga, co-secretarios generales de ILGA, la Asociación internacional de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersex, involucrada también en el proyecto.

Difunde el llamado a la respuesta europea y desarrolla la acción en tu región. El tiempo es perfecto para eliminar esas restricciones, donde sea que éstas se encuentren.

4 cosas que puedes hacer:

– Envía cualquier corrección o actualización sobre la situación en los países a peter-wiessner@t-online.de

– Difunde esta información a tu alrededor en tu comunidad, ciudad, país…

– Comparte tus experiencias positivas y negativas relacionadas con trasladarse siendo una persona VIH positivo. Esta información nos ayuda a dar información práctica sobre cómo poder viajar a pesar de las regulaciones.

– Envíanos las respuestas a tus acciones sobre este proyecto a peter-wiessner@t-online.de

Esperamos que encuentres útil esta información y te damos las gracias por involucrarte.

Stephen Barris
Asociación Internacional  de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersex, ILGA

17 rue de la Charité – 1210 Bruselas -Bélgica
Tel:  +32 (0)2 502 24 71 – Fax: +32 (0)2 609 54 19
www.ilga.org

David Haerry y Peter Wiessner
Grupo Europeo para el Tratamiento del SIDA, EATG
Place Raymond Blyckaerts, 13 B-1050 Bruselas – Bélgica
Tel: +49 (0) 221 80 14 96 36 – Fax: +49 (0) 221 80 14 96 37
www.eatg.org

Karl Lemmen
Federación Alemana sobre el SIDA, DAH
Wilhelmstr. 138 – 10963 Berlín – Alemania
Tel: + 49 (0) 690 087 49 – Fax: + 49 (0) 690 087 42
www.aidshilfe.de

Gracias a nuestros socios de LiLa (Italia), Krajowe Centrum ds AIDS (Polonia), CESIDA (España) y la sociedad internacional AIDS por su apoyo. Traducción: Rubén Alonso

Critican al Vaticano por oponerse a propuesta de despenalizar la homosexualidad

Grupos que defienden los derechos homosexuales y editoriales de diarios condenan  al Vaticano por su decisión de oponerse a una resolución propuesta por la ONU, que pide a los gobiernos de todo el mundo que despenalicen la homosexualidad.

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Presidente uruguayo renuncia al PS molesto por críticas internas sobre aborto

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, renunció al Partido Socialista (PS), del que forma parte desde 1983, molesto con las críticas internas recibidas tras vetar la ley que despenalizaba el aborto impulsada por legisladores socialistas, informó hoy su vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa.

El vicepresidente dijo que Vázquez le comunicó su decisión, que consideró ‘una actitud personal’ aunque admitió que ‘puede perjudicar’ a la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio.

Vázquez envió la pasada semana una nota con su renuncia al secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández, pero se mantuvo en reserva.

La renuncia del jefe del Estado es ‘desproporcionada’, supone ‘un duro golpe’ y ‘no se puede aceptar’, afirmó la senadora socialista Mónica Xavier, una de las impulsoras de la ley de despenalización del aborto.

‘Más allá de diferencias puntuales, como es el caso del tema del aborto, el presidente tiene todo el respaldo del Partido Socialista’, agregó la legisladora, médica de profesión.

El jefe del Estado se molestó con sus compañeros socialistas que le criticaron con dureza su decisión de vetar la ley que despenaliza el aborto, aprobada en el Parlamento uruguayo con los votos del Frente Amplio, que tiene mayoría de senadores y diputados.

El Congreso del Partido Socialista del pasado 23 de noviembre ‘celebró’ que el Parlamento se pronunciase favorablemente sobre la necesidad de que Uruguay cuente con un marco legal de respaldo a las ‘políticas públicas en materia de sexualidad y reproducción’.

Además, ‘lamentó profundamente el veto parcial’ y expresó ‘su discrepancia con los fundamentos utilizados para el mismo’.

Algunos dirigentes del Partido Socialista fueron aún más duros con el jefe del Estado y criticaron que haya puesto por delante sus creencias personales frente a la opinión ampliamente mayoritaria de su grupo.

Vázquez, oncólogo de profesión que alterna sus funciones con la atención semanal de sus pacientes, había anunciado en repetidas ocasiones que vetaría una ley que permitiera el aborto.

Fuentes próximas al gobernante señalaron que Vázquez se molestó también con los dirigentes socialistas porque en el mismo congreso decidieron impulsar la candidatura a la presidencia del ministro de Industria, Energía y Minería, Daniel Martínez, para las elecciones de octubre de 2009.

En Uruguay no existe la reelección presidencial y Vázquez señaló públicamente que la mejor fórmula del Frente Amplio para las próximas elecciones deberían integrarla el ex ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori y el ex líder guerrillero y ex ministro de Ganadería Agricultura y Pesca José Mujica.

La renuncia de Vázquez al Partido Socialista se conoce a una semana y media del Congreso del Frente Amplio que debe definir la candidatura de esa fuerza para las próximas elecciones.

Terra Actualidad – EFE

Argentina: Ley de los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans

Ciudad de Buenos Aires- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó anoche, por unanimidad, el primer “Plan de Diversidad Sexual y Derechos” de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto, presentado por los legisladores Juan Cabandié y Gonzalo Ruanova a partir de la propuesta y el asesoramiento de la Federación Argentina LGBT y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, contó con el apoyo de todos los sectores políticos de le Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y también el de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad.

La propuesta de la Federación se elaboró en base a la experiencia del Área de Diversidad Sexual de la Ciudad de Rosario, Santa Fe, primer espacio institucional en el país, dedicado a desarrollar políticas públicas específicas para la población lgbt, creado por el gobierno socialista local.

“Desde la Federación Argentina LGBT celebramos que, por primera vez, la Ciudad de Buenos Aires va a contar con un plan de políticas públicas específicas para erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género y garantizar el pleno acceso a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans de la Ciudad. Esperamos que esto se repita en cada una de las provincias de nuestro país”, expresó María Rachid.

A principio de este año, la Dra. María José Lubertino, presidenta del INADI, envió cartas a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y todas las provincias solicitando se considere la creación de áreas, programas o planes en cada provincia o ciudad para trabajar específicamente los temas de diversidad sexual, que no cuentan con ámbitos institucionales provinciales desde donde ser trabajados.

Hoy en Página 12:
Ley de los derechos gays
La diversidad sexual es ley en la ciudad de Buenos Aires: la Legislatura aprobó, por unanimidad, la norma que crea el Plan Marco de Políticas de Derechos y Diversidad Sexual, para “remover obstáculos que limiten los derechos con el pretexto de la orientación sexual”. El plan incluirá “campañas de difusión antidiscriminatorias”, en especial para los trabajadores del gobierno porteño, y “servicios de orientación para la población”. Ya está en marcha un plan piloto para “capacitar y sensibilizar” a personal de escuelas y hospitales.

El proyecto había sido presentado por los diputados Juan Cabandié y Gonzalo Ruanova, a partir de una propuesta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, con apoyo del Inadi. La ley se propone “ejecutar políticas tendientes a erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género” y generar “campañas de difusión, comunicación y formación antidiscriminatorias destinadas a la población en general y, en particular, para todos/as los/as trabajadores/as de la administración pública de la CABA, en especial en los ámbitos de educación, salud y de atención al público”.

El ámbito de aplicación será la Subsecretaría de Derechos Humanos de la ciudad y se creará un consejo consultivo honorario con participación de representantes de la UBA y ONG dedicadas al tema.

Los fundamentos de la ley advierten que “en las grandes ciudades de nuestro país, la temática de lesbianas, gays, bisexuales y trans no tuvo aún un trabajo sistemático; los esfuerzos han sido aislados, en relación con el VIH/sida o con campañas específicas”, y “el financiamiento estatal para la diversidad sexual, por lo general escaso, llegó en general a través del tema del VIH/sida”.

María Rachid –presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans– señaló que “ya nos reunimos con el Ejecutivo porteño para la reglamentación de la ley. Acordamos hacer pruebas piloto en escuelas y hospitales públicos para capacitar y sensibilizar al personal docente y no docente y a los trabajadores de la salud, acerca del trato no discriminatorio en el orden de la diversidad sexual”.

Fuentes:
Federación Argentina LGBT
Página 12