Registrarán asesinatos de mujeres

Treinta mujeres fueron ultimadas en lo que va del año, según datos del Mimdes

Treinta asesinatos de mujeres han sido registrados en todo el país por los Centros Emergencia Mujer entre el 1 de enero y el 19 de marzo de este año. De estos crímenes, 21 fueron cometidos por sus parejas o ex parejas.

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) ha creado un Registro de Víctimas de Feminicidio, que se alimenta con los reportes de los referidos centros, los cuales dependen del sector, según informó la ministra Carmen Vildoso.

A través de una nota de prensa, Vildoso aseguró que el registro será actualizado permanentemente y que cada tres meses se harán públicos sus resultados.

“La causa de fondo tiene que ver con un tipo de relación de pareja marcado por una mentalidad machista”, comentó la ministra.

DATOS DE LA FISCALÍA
Este archivo no es el primero en su clase. El 25 de febrero, la Fiscalía de la Nación hizo oficial la creación de un registro de homicidios de mujeres, en los que el presunto asesino es la pareja.

De acuerdo con sus estadísticas, entre setiembre del 2008 y febrero de este año, fueron asesinadas 81 mujeres (el 25% del total de homicidios del país).

El 47% de estas víctimas murió en manos de su pareja o de un familiar.

Rocío Villanueva, gerenta del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y responsable del proyecto, dijo que con las estadísticas se busca hacer seguimiento a los casos y diseñar estrategias para facilitar el acceso de las mujeres al sistema de justicia.

EL DATO
Víctimas jóvenes
El 39% de las mujeres asesinadas por su pareja o un familiar tenía entre 19 y 24 años, según el Ministerio Público. En el 20% de los casos, el agresor era el novio.

Fuente: elcomercio.com.pe

Huida, caída y rescate de una víctima de trata

Janet (14) buscó trabajo y cayó en la red. Querer salir de la pobreza empujó a una adolescente a buscar trabajo y cayó en una red de trata en Mala. Por más de 20 días tuvo que soportar, obligada, las noches en un night club.

Consuelo Alonzo C.

El olor a torrejas y el sopor de la tierra caliente eran bien conocidos para Janet S. A. B. (14), arriba, en lo más alto de uno de los cerros de Huaycán, en Ate Vitarte. Hastiada de compartir la estrechez, junto a otras cinco pequeñas bocas de igual registro sanguíneo, y el dolor en el vientre cuando las tripas suenan, buscó refugio en amigos ocasionales que le enseñaron eso que llaman diversión. Pero esas alegrías momentáneas no lograron alejarla de la necesidad.

Un trabajo y dinero, pensó, eran lo único que ayudarían en casa a respirar algo más que polvareda y tristezas. Buscó entonces alguna labor remunerada en el único lugar que era bien conocido por ella.

Bajó de su carcomido cerro directo a la agencia de empleo que le quedó más cercana. De esas que abundan en la avenida José Carlos Mariátegui, en Huaycán. Allí un sujeto de amplia sonrisa le ofreció el cielo.

Con cero experiencia había conseguido el primer empleo de su vida y era fácil. Solo tendría que vender cervezas en la barra de una cantina y por cada botella vendida recibiría una ficha. A más fichas, más dinero. Como el trabajo era de noche tendría que dormir allí. Entonces, comenzó la cadena de mentiras que la llevarían a conocer el rostro más vil del ser humano.

A su madre Esperanza V. B. B. (38) le dijo que trabajaría en una casa “cama adentro” de Puente Nuevo y que sería una ayuda para todos. Era una boca menos, una preocupación menos, más espacio en la cama para sus hermanos y, a fin de mes, llegaría con un sueldo. No había mucho que pensar. Entonces, la ayudó a guardar algunas prendas en una bolsita y la dejó partir.

Como no quería ir sola, Janet le pidió a su amiga “Mariela” (15), una ayacuchana novata en Lima, que la acompañe. Sin explicarle mucho partieron a la noche de Mala.

Noches de horror

Al llegar, una amable señora de nombre Sonia Pérez Gonzales, otrora prostituta, las recibió como una madre y se sintieron seguras. Pero en la noche comprendieron lo que era ser una “fichera”. Después de vender las cervezas debían sentarse al lado de los aquellos que iban en busca de alcohol y placer. Sujetos que en su mayoría eran extranjeros de origen asiático. Después de eso, tendrían que soportar los besos, caricias, arrumacos y más. Nada de llamar a casa, ni de renunciar. Ante cualquier indicio de retroceso, los ojos de un anónimo vigilante las hacía aguantar. Solo contaban los minutos para que la luna se oculte y en las primeras horas de la mañana puedan salir a dar una vuelta al parque o al Internet, acompañada de este sujeto. Así fueron los casi 20 días que Janet y “Mariela” (cuyo nombre guardamos en reserva a pedido suyo).

Ese presentimiento de madre que nunca falla y una llamada telefónica le advirtieron que su niña no estaba en ninguna casa trabajando de empleada doméstica sino en un “night club” de mala muerte, en un burdel con fachada de cantina.

Tras buscarla durante algunos días, el hermano de Janet la encontró y tras la amenaza de denunciar a Sonia y los otros ante la Policía, las soltaron.

Verdaderos medios

En un castellano masticado, más por la timidez y la vergüenza, que por su evidente dejo de quechuahablante, “Mariela” dice que ya no volvería a Mala. Esa experiencia le costó su hogar. Sus padres la botaron de casa por la vergüenza y ahora vive en casa de una tía, en el mismo cerro carcomido de Huaycán.

Calladita, cabizbaja, la encontramos jugando como la niña que aún es y nos contó esa experiencia que prefiere olvidar.

–¿Había otras chicas en el bar?

–Eramos 17, todas de Huaycán.

–¿Te pagaron?

–No me dieron nada.

–¿Mayores de edad?

–No, todas éramos de la misma edad. De 14 y 15 años.

–¿Los clientes eran peruanos?

–No. La mayoría eran chinos.

–¿Qué tenías que hacer?

–Era “fichera”, pero me dijeron que me sentara con los clientes.

Y claro, le dejaron entrever que debía ser amable. Muy amable. En el caso de “Mariela”, ella asegura que jamás cruzó la puerta ni se fue con los clientes a quien sabe dónde. Pero algunas de las chicas con las que compartió las cuatro camas en esas semanas que cayó en la miseria, sí lo hicieron y regresaban estrujadas y con olor a alcohol.

Rescatada

¿Qué paso con Janet? Siguió con rumbo desconocido, mientras su madre buscaba en el cielo la respuesta de su destino. Pero la noche del jueves apareció con ganas de olvidar el night club de Mala, con ganas de volver a sonreír y de ser la niña de antes… la que soñaba despierta con el vestido nuevo para su cercano quinceañero.

Ahora Janet, gracias a la intervención de la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS) y al Ministerio de la Mujer (Mimdes), ingresó a un albergue en algún lugar de Lima. Tiene que hacerlo para encontrar la paz que perdió en sus malas noches de “fichera” y para que evitar que esos desconocidos que amenazaron a su madre dejen de buscarla.  Unas llamadas a su celular, más llamadas a casa, la hacen temer por sus hermanos menores.

Callada, tímida, con mucho miedo, pero de manera voluntaria, salió de casa otra vez, pero ahora para encontrar un nuevo camino. Para empezar de nuevo. Y para volver a sonreír y recuperar a esa niña que trataron de destruir esas noches en el bar de Mala, en las que conoció en carne propia lo que es ser una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual.

Claves

¿Qués es? La trata de personas es considerada una forma moderna de esclavitud bajo diversas modalidades de organización delictiva. Anteriormente, se le conocía como trata de blancas.

Protocolo. El “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”, es también conocido como el Protocolo de Palermo. Es un documento de las NNUU.

Análisis

La trata en Perú va ganando experiencia

Andrea Querol
Directora De la ong CHS alternativo

El problema de la trata existe desde hace muchísimo, pero ha sido la firma de Perú en el protocolo de Palermo lo que ha generado un interés mayor de los distintos estratos políticos y lo ha visibilizado. Incluso la Policía Nacional ha creado una nueva división de trata de personas, con la que se ha podido hacer operativos y rescatar víctimas. Hay avances pero creemos que hay un subregistro de esta situación. Respecto a los casos, a nivel nacional, la mayoría son de trata interna (desplazamientos dentro del país de zonas de extrema pobreza, de zonas marginales a zonas urbanas o periurbanas). Esa es la mayoría. Hemos pasado de 25 casos en el 2005 a 405 víctimas. Por lo general, la mayoría tiene fines de explotación sexual. Definitivamente, este es un negocio que rinde, enormemente, incluso más que el propio narcotráfico, y eso lo saben los traficantes. La trata de personas está ubicada en el segundo lugar, después del narcotráfico, en el ranking del crimen organizado de todo el mundo. En el Perú pensamos que es un negocio que va agarrando experiencia pero no hay cálculos explícitos respecto a esto.

Penas para los tratantes

1Según el artículo 153 del Código Penal, “el que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, traslado, acogida, recepción de otro, en el Perú o para su salida o entrada al país recurriendo a la violencia o la amenaza u otra forma de coacción, (…) con fines de explotación sexual, servidumbre, esclavitud, (…) será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.

Pero en nuestro país solo hay cuatro personas con sentencia efectiva, mientras que unas 80 se encuentran detenidas. La mayoría de ellas son mujeres.

Por el caso de Janet fueron denunciados, supuestamente, por conformar una red de trata: José Luis Fernández Ruiz, Guido Enrique Concha Concha y Sonia Pérez Gonzales. (Edición impresa La República)

Fuente: larepublica.pe

Acción de Alerta – Asesinato del Activista LGBT Álvaro Miguel Rivera en la Ciudad de Cali, Colombia

ESTA ES UNA ACCIÓN URGENTE CONVOCADA POR LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, REGIONALES, NACIONALES Y LOCALES:

Internacionales y regionales:
Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC)
Human Rights Watch (HRW)
Mulabi, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos
Internacional Lesbian and Gays Law Association – Latinamerica

Nacionales y Locales:
Asociación Junio Unicidad
Bogota Neoqueer Rockers
Colombia Diversa
De-liberar

Diversidad Humana
Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género y Sexualidad, Paréntesis
La corporación EL OTRO
Lideres en Acción
Mesa Joven por la Diversidad Sexual
Mesa LGBT de Bogotá
Mujeres Enredadas
Mujeres al Borde
Planeta Paz
Red Colombiana de PVVS – RECOLVIH
Santamaría Fundación
Sentido bisexual
Sentimos Diverso
Sisma Mujer
TRANS-SER Red de Apoyo a Transgeneristas

 LOS HECHOS

El 6 de marzo de 2009 hombres desconocidos asesinaron al defensor de derechos humanos Álvaro Miguel Rivera en la ciudad de Cali, Colombia.

Álvaro era representante de la organización Tínku, integrante de Planeta Paz, del Polo de Rosa y un activista comprometido que trabajaba por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero (LGBT) y de personas viviendo con VIH y ya antes había tenido que huir de Villavicencio, ciudad al oriente del país, por amenazas contra su vida.

El asesinato de Rivera ocurre en una ciudad donde la violencia contra la comunidad LGBT es constante. En un comunicado del 12 de marzo de 2009, la CIDH condeno la muerte de Álvaro y señaló que ha recibido información sobre la situación de inseguridad de los defensores LGBT en Colombia, en particular en Cali. Él mismo, documentó la violencia en contra de esta comunidad en Cali para el informe anual de derechos humanos 2007 de Colombia Diversa y continuó denunciado la muerte de otros hombres gay en la ciudad en 2008 y 2009, hasta el día de su muerte.

Esté es el segundo caso en los últimos 13 meses que un defensor de la comunidad LGBTI es asesinado en Colombia. El 16 de febrero de 2008 desconocidos asesinaron a Fredys Pineda en la ciudad de Apartadó. Al momento de su asesinato, Pineda se desempeñaba como consultor de la Defensoría del Pueblo en temas de desplazamiento. Anteriormente Pineda había trabajado a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI y en programas de prevención de VIH/SIDA en el departamento de Córdoba.

Asimismo en las Organizaciones que estamos promoviendo esta acción hemos documentado y hecho públicas numerosas violaciones a los Derechos Humanos que incluyen asesinatos continuados a integrantes de la comunidad LGTBI en Colombia y especialmente en la ciudad de Cali.

Para mas información puede seguir los siguientes links:

http://www.colombiadiversa.org/dmdocuments/Violencia%20por%20Prejuicio.pdf
http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/globalactionalerts/213.html
http://mulabi-colombia.blogspot.com/2008/10/reporte-sobre-colombia-tercera-ronda.html
Entre los derechos violados en este caso se encuentran el DERECHO A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD PERSONALES, DERECHO A NO SER DISCRIMINADO y DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY

LA ACCIÓN
Envíe urgentemente una carta (puede seguir el formato que se sugiere a continuación) a las direcciones electrónicas de las autoridades que se listan a continuación por favor con copia a:
accionurgentecolombia@gmail.com , fdelio@iglhrc.org , canoj@hrw.org , marina@mulabi.org Y difunda esta acción tan ampliamente como sea posible pidiendo que se envíen mensajes como este para manifestar el repudio sobre este hecho y exhortando a las autoridades de Colombia que lo investiguen a fondo y tomen medidas para que hechos como este no se repitan en el futuro.

Por favor, envíe su carta a:

Programa de Derechos Humanos de Vicepresidencia: Carlos Franco
cefranco@presidencia.gov.co
Defensor del Pueblo Doctor Volmar Pérez Ortiz
bogota@defensoria.org.co
Defensor del Pueblo Regional Dr. Andrés Santamaría Garrido
valle@defensoria.org.co
Fiscal General de la Nación: Mario Germán Iguarán Arana
nubia.camargo@fiscalia.gov.co
Jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación: Leonardo Augusto Cabana Fonseca
pgaleano@fiscalia.gov.co
Ministro del Interior y de Justicia.
Fabio Valencia Cossio brodriguez@mij.gov.co
Policía Nacional de Colombia
direccion@policia.gov.co
Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía Nacional en el Departamento del Valle.
Rehum.mecal@policia.gov.co
Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra Señora Embajadora Clemencia Forero Ucrós,
mission.colombia@ties.itu.int
Defensoría del Pueblo:
asuntosdefensoria@defensoria.org.co
Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas y los organismos internacionales: Embajador Angelino Garzón
misiondecolombia@yahoo.com
centrale@misioncolombia.ch

EJEMPLO DE CARTA

Sr (a). …

Le escribo para expresar mi indignación con referencia al asesinato de Álvaro Miguel Rivera, ocurrido en la ciudad de Cali el 6 de marzo de 2009.

Colombia como signataria de diversas declaraciones internacionales tiene la obligación de asegurar que las violaciones a los Derechos Humanos sean investigadas exhaustivamente y que los culpables sean llevados a la justicia. Lo sucedido a Álvaro Miguel Rivera es una clara violación a la Convención Internacional de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumentos todos ellos suscriptos y firmados por el estado Colombiano. Asimismo son actos violatorios de los derechos fundamentales enunciados en la Constitución de Colombia.

Asimismo, los principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género especifica que “todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género” y que los estados “adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que resulten apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en las esferas pública y privada” (Principio 2)

A nivel regional la reciente aprobación de la resolución AG/RES-2435(XXXVIII-O/08) sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género”, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual se adhirió el gobierno colombiano, conmina a Colombia a realizar todas las acciones concretas necesarias a fin de relevar la grave situación de violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, en particular cuando se trata de defensores y defensoras de derechos humanos y activistas LGBTI.

Finalmente la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una comunicación del día 12 de marzo, del presente año, condena el asesinato de Álvaro Miguel Rivera y urge al Estado de Colombia a realizar una exhaustiva investigación y sancionar a los responsables de este asesinato.

Por todo lo anterior demandamos que:

Condenen públicamente este hecho y se aseguren que las autoridades locales efectúen una investigación exhaustiva sobre el mismo y los responsables sean llevados a la justicia.
Que la división de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en conjunto con la Fiscalía General de la Nación implementen un programa de búsqueda, seguimiento y acompañamiento a los casos de crímenes de odio y- o expresiones de odio asociadas al a orientación sexual y la identidad de género de las víctimas, en el cual se contemple una reparación integral a las víctimas y sus familias.
Que se promulgue una ley sobre crímenes de odio que incluya -entre otras condiciones- a la orientación sexual y la identidad y expresión de género. Una vez promulgada dicha ley, elaborar e implementar un plan para su difusión tanto entre el personal de seguridad y las/os funcionarias/os del poder judicial, como entre la población en general y particularmente entre las poblaciones protegidas por la ley.
También pedimos se realicen todas las acciones necesarias para procurar que estos hechos no se repitan en el futuro y que incluyan a la comunidad LGBTI dentro de los planes de desarrollo y seguridad de la ciudad de Cali.
Las autoridades de Colombia deberían respetar y proteger los Derechos Humanos de todos los ciudadanos sin discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Estaremos pendientes de los avances concretos que se den para atender este grave problema.

Cordialmente,

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El Vaticano precisa que Papa Benedicto XVI no condena el aborto terapéutico

Luanda, mar. 21 (ANDINA).- El Vaticano precisó hoy que la condena formulada por el Papa Benedicto XVI al aborto en África no incluye los abortos “indirectos” o terapéuticos causados, por ejemplo, por la urgencia de salvar a una gestante enferma.

“La moral de la Iglesia desde siempre acepta el aborto indirecto, como cuando una madre está gravemente enferma y debe ser curada y el niño puede perder la vida como consecuencia de ello. Se intenta curar a la madre”, aseguró Federico Lombardi, portavoz del Vaticano.

En una visita que realiza a Luanda, capital de Angola, el Papa condenó el viernes el aborto y mencionó dentro de su crítica el artículo 14 del Protocolo de Maputo, la carta sobre los Derechos de la Mujer en África, que habla sobre el derecho al aborto cuando la mujer corre riesgo físico o psicológico.

“El Papa no habló de aborto terapéutico, ni de que debe ser rechazado, lo que condena es que el aborto sea introducido como medio de control de los nacimientos”, dijo Lombardi.
Asimismo, se refirió al caso de la excomunión de la madre que autorizó el aborto a su hija de nueve años y que contó con el patrocinio del arzobispo de Recife.

“Fue una excomunión declarada apresuradamente en una situación de extrema dificultad”, aseguró.

Al respecto, el portavoz del Vaticano consideró que antes de definir la excomunión, era necesario y urgente salvaguardar la vida inocente de la niña.

CIDH analiza denuncia sobre lentitud en juicios por violación de DDHH en el Perú

En organismo internacional se expondrán posiciones sobre judicialización de casos. Analistas dicen que el gobierno se opone a procesos y que García argumenta que es una persecución contra FFAA y la Policía.

María Elena Castillo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchará en la sesión que realiza mañana en Washington las posiciones sobre la demanda que presentó de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acerca de la demora en la judicialización de diversas denuncias sobre delitos de lesa humanidad  cometidas durante la violencia política ocurrida entre 1980 y el 2000.

La Coordinadora presentará el balance de  los principales problemas que enfrentan los procesos, para  los que el gobierno tiene un discurso político de clara oposición a la judicialización.

Según los  abogados de organismos no gubernamentales que representan a las víctimas, esta actitud ha repercutido en la investigación de casos, registrándose un alarmante retroceso en los últimos dos años.

No se quiere investigar

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera indicó que  desde que Alan García Pérez asumió el poder su gobierno ha tenido una abierta indisposición a las investigaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial.

Recordó que en varias ocasiones el mandatario ha señalado que estos procesos constituyen una “persecución” a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que lucharon contra el terrorismo, y ha mostrado su más amplio respaldo a la amnistía planteada por varios congresistas de su partido.

“Este discurso coincide con un período en que se ha registrado una reducción en la formulación de denuncias, con  extraños cambios en los criterios de interpretación de responsabilidad penal que genera retrocesos, como la admisión del recurso de amparo de un marino en el caso El Frontón. Es muy probable que esos giros en la actuación y valoración de los jueces y fiscales se deba al discurso político del presidente”, indicó.

Varios problemas

Por su parte, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, refirió que si bien los primeros años que siguieron a la entrega del informe de la Comisión de la Verdad se notó un claro interés de investigar, esto ha cambiado en los últimos dos años.

Puso como ejemplo que a pesar de varios pedidos, los magistrados de la Primera Fiscalía Supraprovincial no han autorizado que sus peritos de parte accedan a los restos de los muertos en el penal El Frontón, ocurrido en junio de 1986, durante el primer período de García.

Otro caso es el proceso seguido por torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales contra decenas de personas en el Cuartel Los Cabitos, en Huamanga, en 1983.

“Pedimos que se adecúe el tipo penal de tortura para evitar que los jueces puedan argumentar que no estaba tipificada ese año, y no nos responden hasta ahora. Sin embargo, al general Carlos Briceño, uno de los procesados, le han admitido una excepción de naturaleza bajo los mismos argumentos”, dijo.

Datos

Respuesta estatal. El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, explicará ante la Comisión Interamericana de DDHH los avances y retrocesos en la judicialización de casos de violaciones a derechos humanos.

No hay demora. Días antes de su partida aseguró ante la prensa que no se han producido demoras excesivas en los procesos. Sin embargo, adelantó que anunciará una serie de medidas para acelerar los juicios.

Defensoría preocupada

En sus últimos dos informes de supervisión de casos de violaciones a derechos humanos presentados por ellos y por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como los del acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo alertó una situación preocupante en el proceso de judicialización.

El informe Nº 139, presentado el año pasado, si bien reconoce los esfuerzos del Ministerio Público y el Poder Judicial para crear instancias especializadas, advierte retrocesos en los criterios jurisprudenciales que impiden al Estado cumplir su deber de investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos.

El documento señala que de los 194 casos, 112 se encuentran en investigación preliminar, 47 en la etapa judicial y apenas 19 tienen sentencia.  (Edición impresa La República)

Chile: Aborto terapéutico en campaña

En plena crisis financiera y en tiempo de campaña electoral, gracias al impulso del senador y precandidato presidencial Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se reabrió en Chile el debate sobre el aborto terapéutico. Junto a Nicaragua y El Salvador, el país forma parte del grupo de naciones que criminaliza el aborto en cualquier circunstancia, mientras que en países como Irán y el Congo –con férreo control religioso uno y altas tasas de natalidad el otro–, la ley contempla instancias de aborto legal.

“Yo no he hecho ningún ofertón, no he comprometido nada. Lo único que dije es abramos el debate, hagamos un diálogo sobre un tema que interesa a muchos chilenos”, sostuvo Frei en declaraciones de prensa; pese a que su partido, la Democracia Cristiana, en octubre de 2007 había acordado oponerse a legalizar cualquier tipo de interrupción del embarazo. En el momento de sus declaraciones, Frei estaba recién llegado de Brasil donde tomó conocimiento del caso de la niña de 9 años, embarazada tras reiteradas violaciones de su padrastro, que reavivó el debate sobre violencia sexual y la necesidad de reformar la ley sobre aborto.

De inmediato la derecha chilena, a través de su candidato presidencial, Sebastián Piñera, negó de plano cualquier discusión, mientras que sorpresivamente la Iglesia Católica, a través del presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, manifestó su disposición a dialogar sobre el tema.

Lo cierto es que, después de las palabras del precandidato presidencial de la Concertación, se abrió una posibilidad real de abordar un tema que por muchos años ha sido excluido de la agenda legislativa y de los medios de comunicación. Hasta hace poco tiempo no había posibilidades de discutir públicamente el asunto y las opiniones fundadas de distintos actores y actoras eran silenciadas por la prensa, inclusive los resultados de encuestas de opinión a favor de legislar el aborto. Actualmente proliferan las discusiones en programas de radio, blogs y foros diversos y canales de televisión que le han dado cabida al tema, la mayoría, sin embrgo, desde una visión conservadora.

En esta coyuntura, parlamentarios de los partidos de la Concertación repusieron el proyecto que busca legalizar el aborto terapéutico contando además, con el apoyo de diputados de derecha. Esta propuesta dormía en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados desde el año 2003. Su artículo único establece que “sólo con fines terapéutico se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos”.

Vale la pena recordar que el aborto terapéutico fue permitido en Chile por el Código de Salud del año 1931, que duró hasta septiembre de 1989, cuando la dictadura de Augusto Pinochet eliminó dicho derecho, penalizando el aborto en toda instancia. El Artículo 119 del Código Sanitario de la época estipulaba algo similar a lo propuesto en el Proyecto de Ley ahora reflotado. El Código de Salud de la época consideraba la práctica del aborto terapéutico en función del riesgo vital de la madre, directo o asociado a severas malformaciones del feto en gestación. Actualmente en Chile no está permitido ningún tipo de aborto; sin embargo, no es posible encontrar una definición de aborto en el Código Penal ni en el Código Sanitario chileno. Esto no inhibe la realización habitual de “interrupciones” de embarazos ectópicos o tubarios o que en la medicina privada exista espacio para este tipo de “procedimientos” en otos casos de riesgo grave para la salud de la madre.

El presidente de la Cámara del Diputados, el derechista Rodrigo Álvarez, inicialmente dio señales de declarar inadmisible el proyecto. Finalmente descartó esta posibilidad, pero queda el fantasma que significa la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) si la iniciativa legal avanza. Cabe recordar que fue este el Tribunal que falló en contra de la distribución de la píldora del día después en todos los consultorios públicos del país en abril de 2008.

 

Una vez presentado, el proyecto deberá ser discutido en la Comisión de Salud, cuyo presidente, el demócrata cristiano Gabriel Silber, expresó su disposición para ponerla en trámite. Sin embargo, de pasar a la cámara alta, el presidente del Senado, el también derechista Jovino Novoa, explicó que podría declararlo inconstitucional porque –a su juicio– afecta algunas cuestiones constitucionales de fondo.

Las opiniones de expertas y el movimiento de mujeres

“Negarle a una mujer la libertad de decidir respecto de un embarazo que compromete su salud y su vida es incoherente con la definición de Estado laico que tiene el chileno. Éste es un debate necesario”, precisó la investigadora Paulina Vidal Pollarolo, quien en 2008 coordinó el proyecto “Construcción de argumentos para la restitución en Chile del aborto por razones de salud”.

La docente del Programa de Estudios de Género y Sociedad – PROGENERO de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano fue clara en señalar que el ciudadano o ciudadana que se sitúa éticamente en este tema podrá apreciar que la prohibición total del aborto se opone a los principios morales que los propios grupos autodenominados “provida” dicen defender. “Cuando la vida de la mujer está en peligro, al prohibir el aborto se estaría priorizando la vida de un feto que, para existir, depende de la vida de la mujer. En estas condiciones, negar todo tipo de aborto significaría aceptar la muerte de dos vidas”, sostuvo.

A su vez, Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), la Mesa Ciudadana por el Derecho a Decidir y la Marcha Mundial de las Mujeres enviaron una carta a los parlamentarios y candidatos presidenciales de todo los sectores pidiendo la aplicación del aborto terapéutico. Fueron claras al afirmar que “el aborto terapéutico es un derecho humano, no un slogan de campaña”.

En su misiva recordaron a las y los representantes del Poder Legislativo el marco legal internacional y el problema sanitario que implica la ilegalidad del aborto terapéutico, de modo que finalmente se logre priorizar la salud de las mujeres sobre las convicciones y valoraciones personales.

Si las encuestas no mienten, la última realizada en diciembre de 2008 por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, reveló que más del 60 por ciento de la población chilena está a favor del aborto terapéutico. Por lo tanto es de esperar que el tema se haya instalado para quedarse en la campaña presidencial, lo que podría permitir, de una vez por todas, el inicio del debate para alcanzar una ley que respete los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
Fuente: clam.org.br

Acción de Alerta – Asesinato del Activista LGBT Álvaro Miguel Rivera en la Ciudad de Cali, Colombia

ESTA ES UNA ACCIÓN URGENTE CONVOCADA POR LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, REGIONALES, NACIONALES Y LOCALES:

Internacionales y regionales:
Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC)
Human Rights Watch (HRW)
Mulabi, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos
Internacional Lesbian and Gays Law Association – Latinamerica

Nacionales y Locales:
Asociación Junio Unicidad
Bogota Neoqueer Rockers
Colombia Diversa
De-liberar

Diversidad Humana
Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género y Sexualidad, Paréntesis
La corporación EL OTRO
Lideres en Acción
Mesa Joven por la Diversidad Sexual
Mesa LGBT de Bogotá
Mujeres Enredadas
Mujeres al Borde
Planeta Paz
Red Colombiana de PVVS – RECOLVIH
Santamaría Fundación
Sentido bisexual
Sentimos Diverso
Sisma Mujer
TRANS-SER Red de Apoyo a Transgeneristas

LOS HECHOS
El 6 de marzo de 2009 hombres desconocidos asesinaron al defensor de derechos humanos Álvaro Miguel Rivera en la ciudad de Cali, Colombia.

Álvaro era representante de la organización Tínku, integrante de Planeta Paz, del Polo de Rosa y un activista comprometido que trabajaba por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero (LGBT) y de personas viviendo con VIH y ya antes había tenido que huir de Villavicencio, ciudad al oriente del país, por amenazas contra su vida.

El asesinato de Rivera ocurre en una ciudad donde la violencia contra la comunidad LGBT es constante. En un comunicado del 12 de marzo de 2009, la CIDH condeno la muerte de Álvaro y señaló que ha recibido información sobre la situación de inseguridad de los defensores LGBT en Colombia, en particular en Cali. Él mismo, documentó la violencia en contra de esta comunidad en Cali para el informe anual de derechos humanos 2007 de Colombia Diversa y continuó denunciado la muerte de otros hombres gay en la ciudad en 2008 y 2009, hasta el día de su muerte.

Esté es el segundo caso en los últimos 13 meses que un defensor de la comunidad LGBTI es asesinado en Colombia. El 16 de febrero de 2008 desconocidos asesinaron a Fredys Pineda en la ciudad de Apartadó. Al momento de su asesinato, Pineda se desempeñaba como consultor de la Defensoría del Pueblo en temas de desplazamiento. Anteriormente Pineda había trabajado a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI y en programas de prevención de VIH/SIDA en el departamento de Córdoba.

Asimismo en las Organizaciones que estamos promoviendo esta acción hemos documentado y hecho públicas numerosas violaciones a los Derechos Humanos que incluyen asesinatos continuados a integrantes de la comunidad LGTBI en Colombia y especialmente en la ciudad de Cali.

Para mas información puede seguir los siguientes links:

http://www.colombiadiversa.org/dmdocuments/Violencia%20por%20Prejuicio.pdf
http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/globalactionalerts/213.html
http://mulabi-colombia.blogspot.com/2008/10/reporte-sobre-colombia-tercera-ronda.html
Entre los derechos violados en este caso se encuentran el DERECHO A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD PERSONALES, DERECHO A NO SER DISCRIMINADO y DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY

LA ACCIÓN
Envíe urgentemente una carta (puede seguir el formato que se sugiere a continuación) a las direcciones electrónicas de las autoridades que se listan a continuación por favor con copia a:
accionurgentecolombia@gmail.com , fdelio@iglhrc.org , canoj@hrw.org , marina@mulabi.org Y difunda esta acción tan ampliamente como sea posible pidiendo que se envíen mensajes como este para manifestar el repudio sobre este hecho y exhortando a las autoridades de Colombia que lo investiguen a fondo y tomen medidas para que hechos como este no se repitan en el futuro.

Por favor, envíe su carta a:

Programa de Derechos Humanos de Vicepresidencia: Carlos Franco
cefranco@presidencia.gov.co
Defensor del Pueblo Doctor Volmar Pérez Ortiz
bogota@defensoria.org.co
Defensor del Pueblo Regional Dr. Andrés Santamaría Garrido
valle@defensoria.org.co
Fiscal General de la Nación: Mario Germán Iguarán Arana
nubia.camargo@fiscalia.gov.co
Jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación: Leonardo Augusto Cabana Fonseca
pgaleano@fiscalia.gov.co
Ministro del Interior y de Justicia.
Fabio Valencia Cossio brodriguez@mij.gov.co
Policía Nacional de Colombia
direccion@policia.gov.co
Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía Nacional en el Departamento del Valle.
Rehum.mecal@policia.gov.co
Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra Señora Embajadora Clemencia Forero Ucrós,
mission.colombia@ties.itu.int
Defensoría del Pueblo:
asuntosdefensoria@defensoria.org.co
Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas y los organismos internacionales: Embajador Angelino Garzón
misiondecolombia@yahoo.com
centrale@misioncolombia.ch

 

EJEMPLO DE CARTA

Sr (a). …

Le escribo para expresar mi indignación con referencia al asesinato de Álvaro Miguel Rivera, ocurrido en la ciudad de Cali el 6 de marzo de 2009.

Colombia como signataria de diversas declaraciones internacionales tiene la obligación de asegurar que las violaciones a los Derechos Humanos sean investigadas exhaustivamente y que los culpables sean llevados a la justicia. Lo sucedido a Álvaro Miguel Rivera es una clara violación a la Convención Internacional de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumentos todos ellos suscriptos y firmados por el estado Colombiano. Asimismo son actos violatorios de los derechos fundamentales enunciados en la Constitución de Colombia.

Asimismo, los principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género especifica que “todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género” y que los estados “adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que resulten apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en las esferas pública y privada” (Principio 2)

A nivel regional la reciente aprobación de la resolución AG/RES-2435(XXXVIII-O/08) sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género”, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual se adhirió el gobierno colombiano, conmina a Colombia a realizar todas las acciones concretas necesarias a fin de relevar la grave situación de violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, en particular cuando se trata de defensores y defensoras de derechos humanos y activistas LGBTI.

Finalmente la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una comunicación del día 12 de marzo, del presente año, condena el asesinato de Álvaro Miguel Rivera y urge al Estado de Colombia a realizar una exhaustiva investigación y sancionar a los responsables de este asesinato.

Por todo lo anterior demandamos que:

Condenen públicamente este hecho y se aseguren que las autoridades locales efectúen una investigación exhaustiva sobre el mismo y los responsables sean llevados a la justicia.
Que la división de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en conjunto con la Fiscalía General de la Nación implementen un programa de búsqueda, seguimiento y acompañamiento a los casos de crímenes de odio y- o expresiones de odio asociadas al a orientación sexual y la identidad de género de las víctimas, en el cual se contemple una reparación integral a las víctimas y sus familias.
Que se promulgue una ley sobre crímenes de odio que incluya -entre otras condiciones- a la orientación sexual y la identidad y expresión de género. Una vez promulgada dicha ley, elaborar e implementar un plan para su difusión tanto entre el personal de seguridad y las/os funcionarias/os del poder judicial, como entre la población en general y particularmente entre las poblaciones protegidas por la ley.
También pedimos se realicen todas las acciones necesarias para procurar que estos hechos no se repitan en el futuro y que incluyan a la comunidad LGBTI dentro de los planes de desarrollo y seguridad de la ciudad de Cali.
Las autoridades de Colombia deberían respetar y proteger los Derechos Humanos de todos los ciudadanos sin discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Estaremos pendientes de los avances concretos que se den para atender este grave problema.

Cordialmente,

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Frente a la impunidad el reclamo toma distintas formas

Por Gabriela Barcaglioni

Marchas del silencio, cruces, zapatos, documentales, novelas, murales. Son algunas de las formas que adquiere la denuncia pública cuando de violencia contra las mujeres se trata; modalidades que surgen fundamentalmente ante la falta de Justicia, pero también de un Estado que no asume con acciones sostenidas en el tiempo una realidad cotidiana para más de la mitad de la población. Aquí algunos ejemplos significativos de esas protestas.

El femicidio es la cara fatal del maltrato, la humillación, la subordinación y el desprecio.

En 1990, Ada Morales convirtió el silencio en un grito desesperado de Justicia y no solo denunció el femicidio de su hija sino la corrupción del poder político de Catamarca que lo encubría.

El asesinato de Soledad movilizó a toda una comunidad que diecises años después volvió sobre el mismo reclamo ante el femicidio de Rocío Ubilla, otra joven catamarqueña asesinada por Manuel Páez –condenado a la pena de prisión perpetua-.

La mexicana Ciudad Juárez se convirtió también en paradigma de los femicidios.
La imagen de las cruces rosadas con los nombres de las miles de mujeres desaparecidas y asesinadas en la frontera con Estados Unidos recorren el mundo simbolizando la impunidad.

”Que hay varias miles de muertas, en panteones clandestinos, muchas desaparecidas, que me resisto a creer, es el reclamo del pueblo, que lo averigüe la ley”, denuncian Los Tigres del Norte, en una canción que fue prohibida en el estado de Chihuahua, donde está ubicada Ciudad Juarez que entre otras cosas tomó dimensión mundial con la denuncia de los cientos de femicidios ocurridos en su territorio.

Con el imperativo ”Ponte en tus zapatos” la Red Chilena en contra de la Violencia Doméstica y Sexual levantó un memorial con zapatos de mujer para visibilizar los femicidios cometidos en ese país.

La muestra itinerante recorrió distintas localidades chilenas promoviendo el debate y la reflexión sobre el problema, poniendo en alerta a las autoridades sobre la necesidad de revertir la situación en forma urgente.

La impunidad motoriza las distintas formas de protesta, la violencia se muestra en distintos soportes y adquiere una fuerza de denuncia que además permite crear lazos entre quienes la organizan y sostienen.

Otras voces, el mismo reclamo

El femicidio de Sandra Gamboa, la joven peruana de 22 años asesinada en La Plata, lleva dos años de impunidad. Tras una semana de haber desaparecido de la pensión donde residía su cuerpo fue encontrado en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.

Había llegado a La Plata convencida por su novio Augusto Menaye, a quien conoció en el mes de octubre de 2006 en Perú, que podría estudiar Medicina en la capital bonaerense  y trabajar para mejorar su situación económica.

El 22 de febrero de 2007 Walter Silva, quien vivía en el mismo lugar que Sandra, le propuso ir a ver a una persona que, según dice, necesitaba una chica para cuidar a sus hijos. Silva, declara además que no conoce al hombre con el que Sandra se encuentra, manifiesta que lo vió una sola vez en un negocio dónde escuchó que ofrecía un trabajo  y solo se lo comentó a la joven asesinada.

La cámara de un banco registra el paso de Sandra, Silva y otro hombre- quien podría ser el falso empleador- circulando por el centro de la ciudad de La Plata el día de su desaparición; es la última imagen que se tiene de Sandra con vida.

El relato de Silva señala que la acompañó a encontrarse con el hombre y los dejó en la puerta del lugar donde luego aparece violada y asesinada, el archivo de Rentas -hoy ARBA- ubicado sobre la avenida 7 entre 45 y 46, pleno centro comercial y administrativo de la capital bonaerense.

Sobre este punto trabajaron las organizaciones que acompañan en el reclamo de Justicia a Nélida Gamboa Guillén, la madre de Sandra que llegó al país unos días después de su desaparición.

El asesinato de Sandra Ayala Gamboa es un femicidio, no obstante tiene la particularidad de que su cuerpo es encontrado seis días después de haber desaparecido en un área del Estado que debió protegerla y velar por su seguridad, pero además esclarecer el hecho.

Un colectivo de organizaciones feministas, sociales, de derechos humanos y sindicales organizaron una acción para denunciar este hecho, centraron el discurso en la inacción de Estado tomando la publicidad de ARBA -ente autárquico, creado en diciembre de 2007 para administrar la política tributaria en toda la provincia de Buenos Aires- hoy responsable del espacio físico donde apareció el cuerpo de Sandra Gamboa.

El titular de ARBA, Santiago Montoya, es reconocido-porque así se forjó su imagen mediática- por perseguir a los evasores impositivos en barrios privados, zonas de veraneo, clubes náuticos pero no mostró la misma determinación para encontrar a quién o quienes violaron y asesinaron a Sandra.

”Un Estado presente para una sociedad mas justa”, repiten las publicidades radiales, gráficas y televisivas de ARBA, consigna que repitieron las organizaciones durante el acto que se realizó frente a la casona ubicada en avenida 7 entre 45 y 46 y luego acompañaron la marcha que recorrió las nueve cuadras que la separan de la Casa del gobierno Bonaerense.

”Estamos buscando a los responsables de la muerte de Sandra Gamboa, asesinada en  las oficinas de ARBA. Para que cada vez haya menos violaciones impunes”,  declamaba un audio que se escuchó durante la protesta pero que también transmitieron radios locales apoyando el reclamo.

La difusión del femicidio también incluyó la elaboración de un volante con el diseño de las boletas del impuesto inmobiliario que recauda ARBA con datos sobre la causa judicial que en dos años lo logró determinar quién o quienes violaron y asesinaron a Sandra Gamboa y la convocatoria a la actividad que se realizó para recordar el femicidio.

Integrantes de las organizaciones convocantes fueron quienes se dividieron la ciudad en zonas y se responsabilizaron de la distribución de diez mil volantes, una forma de marcar responsabilidades e informar a la comunidad sobre el femicidio.
”¿Tanto te preocupa una intimación de ARBA? El caso de Sandra ya lleva dos años de lucha. Basta de impunidad, ni un femicidio mas, es justo para todos”, interpelaba la boleta diseñada por el grupo ”Sien Volando”, jóvenes artistas que ponen su creatividad en marcha para denunciar la violación de los derechos humanos en la ciudad.

El colectivo también fue el responsable del mural que el año pasado se colocó, al cumplirse un año del femicidio de Sandra Gamboa, en las ventanas del archivo del ministerio de Economía (ARBA) y que fue destruido tiempo después. Por eso este año otro cartel indica que en ese lugar se asesinó y se violó a Sandra.

La movida permitió poner en la calle nuevamente el reclamo y hace presente la solidaridad de muchas organizaciones, de muchas personas que aportan desde lo que saben hacer, con ideas, con tiempo, con dinero, al esclarecimiento.

En este sentido, la madre de Sandra, Nelly Ayala Guillén dice: ”Quiero agradecerles a cada uno de ustedes de todo corazón, porque ustedes me dan esa fuerza que yo necesito. Estoy aquí buscando justicia. Le digo al señor fiscal Tomás Morán que voy a luchar hasta encerrar a todos esos culpables que han hecho llorar a mi hija y le arrancaron la vida. Para que no se vuelva a repetir. Que no haya otra Sandra, ni otra Nelly, sin ningún techo, sin ningún trabajo.”

El lugar de la impunidad se resignificó en un espacio para la memoria y el reclamo. La imagen de Sandra cubrió el frente del edificio público ubicado en el centro platense y los colores de las banderas argentina y peruana se entrelazaron en la puerta.

Fuente: artemisanoticias.com.ar