Salud-Nicaragua: Aborto terapéutico ya no salva vidas

Por Emilio Godoy
México, 27 jul (IPS) – “Lo que pasó me cortó mis ilusiones, mis esperanzas… Yo querría trabajar afuera, pero paso todo el día en la casa cuidando al bebé… No puedo ni dormir y me siento muy insegura, muchos de mis días son una pesadilla. Es muy difícil seguir adelante y me siento muy triste y muy cansada.”

Ése fue el testimonio que “M”, una joven nicaragüense de 17 años que quedó embarazada tras ser violada por un familiar, brindó a representantes de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional que visitó Nicaragua la semana pasada.

La joven no pudo interrumpir su embarazo porque el denominado aborto terapéutico está prohibido desde 2008 en esa nación centroamericana, una de las más pobres del continente.

 

El informe de Amnistía, titulado “La prohibición total del aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados” concluyó que esa política aumenta la mortalidad materna y pone en riesgo la salud de embarazadas de todas las edades.

“La prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua es una vergüenza”, expresó este lunes Kate Gilmore, secretaria general adjunta de Amnistía, durante la presentación del reporte efectuada en la capital de México.

“Es un escándalo de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y distorsiona la ley al ser un arma contra la prestación de servicios esenciales de atención médica a niñas y mujeres embarazadas”, agregó esta socióloga australiana.

Gilmore calificó la prohibición de “cruel, inhumana, ilegal, discriminadora, inaplicable y degradante”.

Treinta y tres niñas y mujeres han muerto en las primeras 19 semanas de este año como consecuencia de complicaciones en el embarazo y el parto, mientras en el mismo lapso de 2008 fueron 20 los fallecimientos por esa causa, según cifras oficiales reproducidas en el documento.

El nuevo Código Penal nicaragüense está vigente desde julio de 2008. El presidente Daniel Ortega, del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, procuró atraer el voto conservador al apoyar esta reforma legal en la campaña electoral que lo llevó al cargo en enero de 2007.

La reforma eliminó una ley vigente desde 1893, al ordenar penas de cárcel para mujeres que padezcan cáncer, tuberculosis, sida o paludismo, entre otras enfermedades, o hayan resultado embarazadas como consecuencia de una violación y que decidan abortar, así como para los médicos y enfermeras que practiquen esa intervención.

“La reforma del Código Penal es una medida regresiva con arreglo al derecho internacional y hace que Nicaragua se aleje de una política de salud pública de probada eficacia”, indica el informe de 51 páginas.

Nicaragua tiene una población de 5,7 millones de personas, de las cuales 48 por ciento vive en situación de pobreza. La mitad de las víctimas de violación registradas ante las autoridades son menores de 18 años, y 16 por ciento resultan embarazadas a causa de ese delito.

Entre 1999 y 2005, hubo 7.099 mujeres y niñas que experimentaron complicaciones durante el embarazo y que resultaron en abortos espontáneos e inducidos.

“La ley ridiculiza a la ciencia y permite entrar en el derecho y la ciencia a la religión y la política”, expresó Gilmore.

La activista encabezó un grupo de representantes de Amnistía que recorrió Nicaragua la semana pasada y que recabó testimonios de médicos y pacientes sobre el tema.

La delegación intentó entrevistarse con Ortega. No lo logró, pero sí fue recibida en audiencia por el ministro de Salud, Guillermo González.

“Afrontamos una persecución política. Estamos bajo investigación criminal desde octubre de 2007”, afirmó, entrevistada por IPS en la presentación del informe, Juanita Jiménez, integrante del nicaragüense Movimiento Autónomo de Mujeres.

Esta activista por la salud sexual y reproductiva es una de las nueve mujeres acusadas de apología del delito y de asociación ilícita para cometer un delito por sus actividades en la sociedad civil.

“La intención del gobierno es intimidar a los defensores de los derechos humanos y a sus organizaciones”, señaló Jiménez.

Amnistía eligió la capital mexicana para presentar el informe porque allí está admitida por ley, desde abril de 2007, la interrupción del embarazo voluntario en las 12 primeras semanas de gestación. Hasta ahora, unas 23.500 mujeres se sometieron a esa práctica.

Cuatro entidades de la Organización de Naciones Unidas ya señalaron que la ley nicaragüense viola tratados internacionales de los cuales Managua es parte.

El aborto en la nación centroamericana cobró relevancia en 2003 por el caso de “Rosita”, una niña entonces de nueve años embarazada y con dos enfermedades de transmisión sexual como consecuencia de una violación.

La niña pudo abortar, asistida por organizaciones femeninas y de derechos humanos nacionales e internacionales, a pesar de la oposición de algunos sectores del gobierno.

El informe de Amnistía subraya que la ley actual “deja a los profesionales de la medicina en una situación riesgosa” al “exponerlos a penas de prisión”, pues los “obliga a actuar en contra de sus principios éticos” al enfrentarlos con la posibilidad de negarles “a sus pacientes el tratamiento más beneficioso posible para su salud” en caso de que éste sea el aborto terapéutico.

Amnistía, informó Gilmore, urgió al gobierno y el parlamento de Nicaragua a despenalizar el aborto terapéutico, a garantizar el acceso al aborto seguro a las víctimas de violación o mujeres en riesgo sanitario y a proteger el derecho a la libertad de expresión para quienes critican las regulaciones antiabortistas.

La batalla legal se libra en las salas de la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal del país y que tiene la última palabra.

Mientras Jiménez dijo que “no se sabe qué pasará en la Corte, pues es un órgano influido por el partido gobernante”, Gilmore anunció que Amnistía presentará una petición legal ante esa instancia “recordándole que cuatro organismos de la ONU han declarado ilegal esa legislación”.

Amnistía Internacional inició este lunes una campaña para promover la salud materno-infantil y prevenir la mortalidad materna en Nicaragua, dentro de su programa global “Exige dignidad”.

Fuente: ipsnoticias.net

Pronunciamiento por caso Marco Antonio

El Programa de Soporte a la Autoayuda de Personas que Viven con  el VIH y Sida – PROSA, organización que promueve la calidad de vida y el respeto de los derechos humanos de las personas afectadas por el VIH/Sida, comunica  lo Siguiente:

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Crisis afecta más a la mujer

Cada tres desempleados, dos son mujeres. En recesión se disparan los índices de inequidad, incluso en salud. Por temas económicos, las mujeres postergan las consultas ginecológicas lo que deriva en enfermedades y hasta muertes. La violencia doméstica aumenta.

Magdalena Herrera

Cuando no hay trabajo, la mujer se ve afectada en su desarrollo profesional pero también en el ámbito privado. Fondo de Población de Naciones Unidas alerta.

Los números no mienten. Si mañana tres personas pierden su empleo, dos de ellas serán mujeres. La brecha alcanzó en 2009 el máximo de las últimas décadas: por cada varón desempleado hay dos mujeres sin trabajo. “Esta situación, que se ha acentuado sostenidamente en los últimos cinco años, determina que, en el primer trimestre de este año, el desempleo femenino en Uruguay ascienda al 10,2%, mientras que el masculino solo alcance un 5,2%”, señala el informe Ser mujer en tiempos de crisis del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) que, en el marco del Día Mundial de la Población, alerta que esas desigualdades podrían agravarse aún más a consecuencia de los efectos recesivos que se esperan en breves plazos.

“Las mujeres son las más afectadas por la crisis económica mundial. Las desigualdades de género se acentúan y resulta fundamental asegurarles los servicios sociales básicos, especialmente los de salud sexual y reproductiva”, indica el documento.

También en ese aspecto hay datos contundentes. En el Uruguay crítico de 2002, se dispararon sustancialmente los índices de violencia doméstica, mortalidad materna, y de cáncer de mama y cuello uterino, entre otros. Esa terrible experiencia reciente lleva al Fondo de Población a alertar, aconsejar y sugerir medidas preventivas y de promoción para controlar que los avances logrados en los últimos años, no se vayan al tacho en cuestión de meses.

Para muestra vale señalar que si bien en mortalidad materna, “Uruguay presenta una de las tasas más bajas de la región, la muerte por aborto inseguro alcanzó sus picos más altos en los años de crisis 2001 a 2003”, con casos espeluznantes de mujeres que llegaban al Hospital Pereira Rossell completamente intoxicadas con remedio de ratas, y cuando ya nada podía hacerse para salvarlas.

En cuanto a la mortalidad de cáncer de mama, sin orgullo alguno Uruguay continúa ocupando el primer puesto en América Latina y entre los que encabezan la nómina mundial. Con crisis mediante, los expertos no dudan en que la problemática se agravaría aún más.

EMPLEO Y REMUNERACIÓN. Si bien en el período 2005-2009 se alcanzaron registros históricos de reducción de desempleo, tanto femenino como masculino, según el Sistema de Información de Género Inmujeres, la mala noticia es que en ese período se da también la máxima brecha de desigualdad: el doble de desempleo femenino frente al masculino. “Aún ante la baja a nivel nacional, se está dando que a las mujeres les cuesta mucho más encontrar un trabajo. Eso se agrava en 2009 con expectativas recesivas: le costará aún más, tendrá menos acceso a ingresos y estará en una situación poco favorable”, indica la economista Magdalena Furtado, oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis económica mundial se está agravando y los expertos prevén una prolongada recesión de los mercados laborales. A nivel mundial, en 2008 el número de desempleados aumentó en 14 millones. A medida que la crisis sigue propagándose, el desempleo a escala mundial podría aumentar en al menos 38 millones de personas para fines de 2009, indica el informe de UNFPA. “Se prevé que la crisis afectará más el trabajo de la mujer que el del hombre. Además persiste una importante brecha salarial que no garantiza el principio de `igual remuneración por trabajo de igual valor`”, se explica desde el Fondo. Se citan cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE): “Al comparar la remuneración media de las mujeres por hora de trabajo se constata que ésta es, en promedio, 10 puntos porcentuales por debajo de la de varones. Entre mujeres y varones que han alcanzado estudios universitarios, la brecha se incrementa hasta 30 puntos porcentuales”.

“La inequidad de remuneraciones se ha acortado en los últimos años, pero es algo a lo que siempre cuesta llegar. Si uno controla todas las características -nivel educativo, experiencia laboral y otras- entre géneros, el hombre sistemáticamente gana por encima de la mujer”, agrega la economista Furtado, quien aconseja para una eventual recesión pensar en la creación de trabajos para grupos vulnerables como mujeres y jóvenes. “Muchas veces, en tiempos de crisis, el gasto público se destina a obras de infraestructura, de manera de generar empleo. Pero esas inversiones, como otras, están destinadas generalmente a mano de obra masculina. Hay que pensar en políticas de empleo en ese sentido”, explica.

Otro tema, no menor, es el trabajo no remunerado que realizan las mujeres con relación a los hombres (65% contra 35% , y lo inverso en el género masculino, según datos del INE). “Eso habla de una profunda inequidad ya que todas esas actividades no remuneradas -cuidado infantil y de adultos mayores entre otras- en tiempo de crisis hace que las mujeres se vean recargadas con estas tareas, debido a la falta de recursos para el pago de estos servicios a terceros. Eso lleva a que no tengan capacidad de salir a buscar trabajo, de encontrarlo y hasta de asentarlo. Todo se refleja en el desarrollo profesional de la mujer. También existe cierta falsa creencia en empleadores de que una mujer en edad reproductiva o que tiene hijos chiquitos rendirá menos porque puede llegar a faltar más. Eso las vuelve más vulnerables”, indica la licenciada en psicología Valeria Ramos, consultora nacional en Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población y del Ministerio de Salud Pública.

Ahora, ¿por qué el desempleo afectaría aún más a las mujeres? “En Uruguay, de cada 100 hogares, 24 son mantenidos exclusivamente por hombres, 28 cuentan con hasta un 40% de ingreso femenino; 23 son mantenidos exclusivamente por mujeres, 15 son hogares de co-provisión económica y 10 cuentan con mayor aporte femenino (60% y más del total de ingresos)”, según datos del INE.

Salud sexual. El Fondo de Población de las Naciones Unidas alerta sobre la necesidad de invertir en salud sexual y reproductiva. “Si uno se fija en los años 2001, 2002 y 2003, el aborto inseguro fue la principal causa de muerte materna. En otras palabras: en momentos de crisis, se disparó el índice. Eso lleva a pensar que en esos tiempos existe menos acceso a los servicios de salud, a los métodos anticonceptivos, e incluso a mayor número de situaciones de embarazos no deseados por problemas económicos”, indica la psicóloga Ramos.

Las conclusiones del Informe de Muertes Maternas del año 2007 (MSP) proponen la consulta a tiempo como una de las principales formas de evitar estas muertes. La mayoría de las mujeres que consultaron tardíamente y murieron postergaron su salud por tareas domiciliarias y de atención a sus familias, lo cual expresa una profunda inequidad de género, se indica en el informe de UNFPA.

La directora del Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género (MSP), Cristina Grela, confirma que ante crisis aumenta la muerte por aborto. “En 2002 fallecieron 15 mujeres y eso aumentó mucho el índice de mortalidad materna. Frente a la crisis, las mujeres reaccionaron interrumpiendo su embarazo de cualquier manera. Dos mujeres se envenenaron y cuando llegaron al Hospital no había nada para hacer porque sangraban por todos lados. Es por esa razón que se debe llegar con anticonceptivos a toda la población, fundamentalmente a los sectores más vulnerables o lejanos como los rurales. Debemos asegurarnos que los insumos estén cerca de las manos de quienes lo necesitan. Las situaciones de crisis conmueven mucho dentro de las diferentes familias, y debemos estar muy atentos en la prevención y promoción”.

Se debe tener presente, dice la economista Furtado, “que la mujer es esencial en el desarrollo del país y por eso debe ponerse foco allí, y no descuidar su situación”.

Evitar costo mucho más alto
Cuando se observan las conductas de prevención o promoción de la salud, se observa una brecha importante entre los niveles más y menos educados, y eso se reproduce en época de crisis, dice la economista Furtado. “Los indicadores de no realización de Papanicolau, de mamografías o el fenómeno de los embarazos no deseados, todos esos índices se disparan en los sectores más vulnerables. Entonces -en un contexto en que Uruguay, según la última expectativa del Banco Central de un crecimiento negativo para 2009- se debe prestar atención especial a esos sujetos vulnerables para no tener que pagar consecuencias de lo que está sucediendo ahora. Atender enfermedades como cáncer, VIH, intentos de aborto, criar hijos no deseados, atacar la violencia doméstica, todo eso, significará costos mucho más altos que los que ahora se destinen a promoción y prevención de la salud. Se debe intensificar la llegada de las mujeres a los servicios de salud que muchas veces postergan, por cuestiones económicas. Se tienen que pensar estrategias para llegar a sectores que por esa situación de recesión disminuyan la prevención y el cuidado de su salud”.

Violencia doméstica se agrava
“Cuando no hay trabajo, o existen menores posibilidades de vivir dignamente o decorosamente sin las necesidades básicas cubiertas, existe mayor violencia en el ámbito familiar. Los hombres violentos se ponen más violentos”, indica Cristina Grela, directora del Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género (MSP).

Más allá de los avances que se han realizado, aún resta mucho en esa área. Cuando las denuncias de delitos descendieron en el primer trimestre de 2009, las de violencia doméstica aumentaron un 11.1%, de acuerdo al Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, que cita el informe del UNFPA. “Cada 12 días se mata o intenta matar una mujer por causa de violencia doméstica”, sentencia.

La psicóloga Valeria Ramos aclara que, sin dudas, es un fenómeno multicausal, pero lo que está claro es que en época de crisis aumentan los número negros.

“Es uno de los indicadores más espeluznantes que se pueden conocer -señala Magdalena Furtado- y se ha dado un gran paso sacando el tema del ámbito público al privado ya que trata sobre la violación de los derechos de la mujer y de los niños. Pero es necesario trabajar aún muchísimo más a nivel de policía y justicia, porque si bien existe un mayor acceso a realizar las denuncias, constantemente se observa que luego de realizadas igual ocurren desgracias. Debe hacerse un esfuerzo importante en el seguimiento.”

“Para vender sus productos, el empresario debe cuidar a la gente”
“Los servicios de asesoría de anticoncepción y distribución comienzan a ser asumidos como rol de los servicios de salud del Estado. Sin embargo, aún existen barreras para el acceso universal. Para 2009, el Ministerio de Salud Pública está invirtiendo medio millón de dólares en la compra de insumos. Sin embargo, el MSP no cuenta, con un rubro presupuestal fijo asignado a la compra de métodos anticonceptivos que asegure la permanencia para años futuros”, indica el informe.

Por su parte, la directora Ejecutiva del Fondo, Thoraya Ahmed Obaid, señala que las “inversiones en salud reproductiva tienen una buena eficacia en función de los costos.

El valor de una inversión en servicios anticonceptivos puede multiplicarse por cuatro -y a veces muchísimo más en el largo plazo- al reducir la necesidad de efectuar gastos públicos en salud, educación y servicios sociales de otros tipos. Según se estima, solamente con servicios de planificación de la familia sería posible reducir la cantidad de defunciones maternas en hasta un 40%”.

En Uruguay, dice la economista Furtado, existe poca responsabilidad social empresarial, fundamentalmente en el sector privado sanitario. “Pero también en general. Los empresarios deberían tener en cuenta que para dinamizar sus compañías y vender productos, lo importante es cuidar a su gente”.

Las cifras
10,2 Es la tasa de desempleo femenina en el primer trimestre de 2009, el doble que la masculina: 5,2

11 de Julio: Día Mundial de la Población. En 2009, se advierte que las mujeres son las más afectadas.

2,9 Tasa de mortalidad materna (cada 10.000) en 2007, mientras que en 2004 era de 0,6.

CÁNCER, VIH Y OTRAS
“El aumento de sífilis congénita alerta sobre mujeres que no pueden acceder a métodos de prevención, o no logran negociar el uso de estos métodos con sus parejas. El Ministerio de Salud Pública decreta en 2008 la obligatoriedad de informar sobre estos casos”.

“La tendencia epidemiológica de VIH está básicamente caracterizada por la juvenilización, heterosexualidad, feminización y pauperización. Si bien continúa afectando a los varones en mayor proporción, desde 1991 se observa una rápida tendencia a la feminización de la epidemia, acompañada de una reducción de la edad promedio. En 1991 había una mujer infectada cada 8.5 varones, actualmente la relación es de 1 a 2.5”.

“El 20% de las mujeres entre 20 y 59 años no se han realizado examen de mamas, existiendo diferencias importantes de acuerdo con los niveles socioeconómicos (27% son de bajos recursos y 10% de las de estratos altos). En cuanto al examen para la prevención de cáncer de cuello de útero (PAP), el 30% de las mujeres entre 20 y 59 años nunca se lo realizó, reflejándose diferencias importantes por nivel socioeconómico (16% alto y 40% niveles bajos).”

Fuente: “Ser Mujer en tiempo de Crisis (UNFPA)

Tomado de: elpais.com.uy

ONU reconoce mortalidad materna como tema de derechos humanos

Adital –
La mortalidad y la morbilidad maternas son, ahora, asuntos relativos a los derechos humanos. La medida fue reconocida el 12 de junio por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en ocasión de realizarse la asamblea general del Consejo. La resolución sobre “Mortalidad y Morbilidad Materna y Derechos Humanos” fue firmada por más de 50 países miembros y no miembros.

 

En el documento final, el Consejo de Derechos Humanos expresa su preocupación ante la alta tasa de mortalidad y morbilidad maternas evitables. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 1.500 mujeres y niñas mueren todos los días víctimas de complicaciones, antes, durante y después del embarazo y del parto. A causa de esos problemas -que la mayoría de las veces, podrían ser evitados- la mortalidad materna es considerada como la “principal causa de muerte de mujeres y niñas en edad reproductiva”.

De esta manera, las naciones que firmaron el documento reconocen que la mortalidad materna es un problema “de salud, desarrollo y derechos humanos que también exige la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y niñas”.

La resolución pretende que los Estados renueven el compromiso político de eliminar la mortalidad y morbilidad materna, así como cumplir con las obligaciones establecidas en plataformas y conferencias internacionales. En 2000, por ejemplo, la ONU estableció ocho Objetivos del Milenio que deben ser seguidos por los Estados, entre los cuales se destacan: igualdad entre los sexos y valorización de la mujer; reducción de la mortalidad infantil; mejoramiento de la salud de las gestantes.

El documento completo está disponible aquí: http://www.pidhdd.org/images/stories/coripdf/mm_resolucion_hrc.pdf

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
Tomado de: adital.com

Denuncian indiferencia del Gobierno peruano hacia las minorías sexuales

EFE

El colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) de Perú denunció hoy en Lima la indiferencia del Gobierno hacia a sus derechos y exigió una ley que elimine la discriminación por orientación sexual o de género.

Representantes de diversas organizaciones de este colectivo destacaron hoy en una rueda de prensa en Lima que en los últimos años el Estado peruano no ha ratificado ninguno de los tratados internacionales que proponen la despenalización de la homosexualidad y promueven sus derechos.

“El Estado peruano adopta una posición neutral respecto a cualquier iniciativa internacional de apoyo al colectivo, lo que revela el trasfondo homofóbico que hay detrás”, señaló hoy la representante de la Asociación de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas de Lima, Gladys Galarreta.

A su juicio, el Gobierno no aplica políticas públicas que acaben realmente con la discriminación, ya que hay “un abismo en la implementación” de las mismas, como consecuencia de la escasez de recursos que se destinan para ello.

Por su parte, el portavoz del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), Giovanni Romero, señaló los numerosos crímenes que se producen en Perú por motivos de orientación e identidad sexual y que, en su opinión, “son potenciados por una política de Estado que niega derechos fundamentales a la comunidad gay”.

Durante el encuentro, los conferencistas también demandaron la urgencia de crear una ley que prevenga, sancione y elimine la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, reclamaron la inclusión de los “crímenes de odio” (término usado por el colectivo en referencia a cualquier tipo de violencia extrema motivada por cuestiones de raza, religión, sexo u orientación sexual) en el código penal, como un agravante en casos de agresión o asesinato.

La secretaria del Instituto de Desarrollo de Estudios sobre Género Runa, Belissa Andia, también señaló otras medidas para promover la igualdad en el país, como la divulgación de la diversidad sexual en los centros educativos o el reconocimiento de la identidad de género no establecida por el sexo.

Tomado de: adn.es

¡Me dijo heterosexual!

Por Maritza Espinoza

Es una gran noticia que Paolo Guerrero y Carlos Álvarez hayan decidido librar al Poder Judicial de su ya inmanejable carga procesal optando por el civilizado recurso del amiste. Sin embargo, tras el impasse, queda la desagradable sensación de que las “disculpas” mutuas han traslucido un –ya no tan civilizado– fondo de homofobia que ambos han tratado de negar sin convicción.

Y lo peor es que nadie se ha escandalizado porque estos dos populares “role models” hayan maltratado con tal rudeza a toda la comunidad homosexual, equiparando la condición gay con el peor de los insultos, incluso mayor que la peruanísima mentada de madre. Solo el Colectivo del Orgullo LGTB (lesbianas, gays, transgéneros y bisexuales) ha manifestado su tibia disconformidad, haciendo una crítica a la homofobia que se desprende usualmente de las parodias de Álvarez, quien no ve mejor manera de ridiculizar a sus personajes que pintándolos como locas desatadas, para luego escabullirse diciendo que no se trata realmente de la persona aludida o que no los refleja como gays sino como “engreídos”.

Si ser homosexual no fuera, para muchos, todavía un “defecto” que hay que ocultar, una manera de ser disminuida, un baldón, las reacciones de Álvarez y Guerrero no habrían sido tan desmesuradas. ¿Han visto acaso a algún gay metiéndole juicio a alguien por decirle heterosexual?  No, ¿verdad? Entonces, no nos cuenten el viejo cuento del “yo tengo muchos amigos así” y comiencen de verdad a respetar a todas las opciones, propias y ajenas. 

 

mespinoza@larepublica.com.pe
Fuente: larepublica.pe

Mujeres indígenas embarazadas sin atención adecuada

Por: Andrew Whalen (The Associated Press)
Lima: El gobierno de Perú no provee atención adecuada a las mujeres gestantes de zonas empobrecidas de la sierra y selva, lo que queda en evidencia en el país al tener una de las más altas tasas de mortalidad materna del hemisferio, informó el jueves un grupo de derechos humanos.

“Los servicios de salud para las mujeres embarazadas en Perú son una lotería: si eres indígena y pobre, no tienes ninguna posibilidad de ganar” señaló en un comunicado Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional en el Perú.

El gobierno peruano dice que 185 mujeres mueren por cada 100.000 nacidos vivos, pero las Naciones Unidas estiman que la cifra es realmente cercana a 240 cuando casos no registrados son tomados en cuenta. El promedio de muertes maternas para Latinoamérica y el Caribe es de 130 por cada 100.000 nacimientos. En países ricos e industrializados, solo nueve mujeres mueren por cada 100.000 nacidos.

Amnistía dice que la alta tasa en Perú puede ser atribuida a la falta de acceso a atención médica de las madres pobres, especialmente en áreas rurales de la sierra y selva donde casi la mitad de la población padece malnutrición y un 59% de las comunidades indígenas no tienen un establecimiento de salud o posta médica, según encuestas gubernamentales. También carecen de carreteras y telefonía.

El gobierno no hace un seguimiento de las muertes maternas por región, pero Amnistía dijo que una encuesta oficial realizada en el país en el 2007 encontró que solo 36% de las mujeres en las zonas más pobres alumbraron en una institución de salud.

Lucy Del Carpio, coordinadora de políticas de salud reproductiva del ministerio de Salud, reconoció que existen desigualdades en el acceso a atención médica, pero afirmó que se están haciendo mejoras.

“Se están llevando a cabo trabajos e inversiones. El país está trabajando mucho para disminuir la mortalidad materna. No se puede hablar de negligencia”, dijo del Carpio a The Associated Press.

Los cambios de años recientes comprenden la construcción de casas de espera para albergar a las mujeres embarazadas que viven lejos de clínicas, la aceptación oficial del tradicional método indígena de alumbrar en cuclillas, y entrenamiento de los profesionales de la salud en el idioma quechua de las zonas andinas.

Entre las señales positivas, de acuerdo con estadísticas oficiales, se encuentra el aumento del porcentaje de bebés nacidos en establecimientos de salud, de 55% en 1996 a cerca de 73% en el 2007. Las muertes de bebés también han decrecido, de 755 en el 2000 a 509 en el 2008, dijo el gobierno.

El reporte de Amnistía saludó las iniciativas, pero dijo que los profesionales de salud y las mujeres entrevistadas por la organización dijeron que las medidas “no se estaban aplicando eficazmente”.

 

La activista de temas de salud pública Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, coincidió con ese punto de vista. Dijo que la situación de la mortalidad materna es agravada por las deficiencias del gobierno de brindar adecuada educación sexual y atención médica prenatal a las adolescentes.

“La tasa más alta de mortalidad materna se encuentra entre las adolescentes, especialmente en las áreas rurales y pobres. Pese a ello la única medida tomada por el gobierno ha sido criminalizar las relaciones sexuales entre menores”, dijo Chávez.

Del Carpio dijo que la diversidad étnica y geográfica juegan en contra de la provisión de adecuada atención.

El resentimiento en estas pobres comunidades por siglos de indiferencia de los gobiernos en Lima provocó el estallido de protestas este año. Al menos 33 personas murieron en junio durante una operación policial para despejar una carretera bloqueada por indígenas amazónicos que se oponían a las actividades petroleras y gasíferas promovidas por el gobierno en sus tierras ancestrales.

 

FUente: elnuevoherald.com

Un derecho de la mujer

Por: Ronald Gamarra

Una mujer que enfrenta el peligro inminente de perder la vida o de sufrir grave daño a su salud por causa de un embarazo, ¿tiene derecho a interrumpirlo? Según la ley peruana, sí lo tiene. Se trata de un asunto resuelto desde el Código Penal de 1924.

El artículo 119 del Código Penal vigente ratifica este criterio al disponer que “no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”.

Se trata del denominado aborto terapéutico. La ratio legis que determinó su aprobación hace ya camino a un siglo, es evidente porque no se puede imponer sobre una mujer la obligatoriedad de una gestación perjudicial para su propia vida.

Se trata de una elección impuesta por un ineludible estado de necesidad. Sobre esto no cabe discusión alguna porque ya es ley del Estado peruano desde hace mucho tiempo. Mejor dicho, no debería haber discusión porque, en la realidad cotidiana, las cosas son distintas, pues la mujer que se ve obligada a solicitar un aborto por motivos terapéuticos no tiene cómo obtenerlo.

 

La razón de esto es la falta de una norma que reglamente o especifique el modo y las circunstancias en que ha de practicarse un aborto terapéutico. A una norma de este tipo se suele denominar protocolo médico de atención. Sin ella, los profesionales y las instituciones de salud se niegan absolutamente a prestar el servicio médico de aborto terapéutico a las mujeres que lo solicitan, aun cuando la ley diga lo contrario y la vida o la salud de la mujer sufran grave riesgo o daño.

 

Lo increíble es que, a pesar de tantos años transcurridos, tantos reclamos incansablemente reiterados y tantos casos dramáticos que se han presentado y se siguen presentando, el Gobierno no aprueba esta urgente norma reglamentaria. Peor aun: en los últimos años, varias propuestas de protocolo, avanzadas por iniciativa de instituciones de salud del Estado, han sido desautorizadas y bloqueadas por el Gobierno, manteniendo un vacío que significa una agresión inadmisible a los derechos fundamentales de la mujer.

 

En el 2005, el caso de una adolescente peruana que gestaba un feto anencefálico y por ello mismo totalmente inviable, a quien se le negó absolutamente el derecho al aborto terapéutico en nuestro país a pesar del grave perjuicio de salud que esto suponía para ella, llegó a conocimiento del Comité de DDHH de la ONU.

 

El dictamen fue terminante al señalar que los derechos de la adolescente habían sido violados y, entre otras muchas exigencias de reparación, recomendaba urgentemente al Estado peruano adoptar medidas para evitar que ocurran casos semejantes en el futuro.

 

Recientemente, otra adolescente de apenas 16 años –que fue violada, resultó embarazada e intentó suicidarse por ello– ha quedado parapléjica al no habérsele practicado una intervención médica que requería simultáneamente de un aborto terapéutico para salvarla. ¿Así cumple el Gobierno las recomendaciones sobre respeto a los DDHH?

 

Lima, 10 julio 2009

 

Publicado en La República 10/07/2009
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090710/18/pagina/3219

Yo objeto

El peligro de la objeción de conciencia

 

Por: Fernando Vivas – Periodista
La Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado un proyecto de ley de libertad e igualdad religiosa motivado por el afán de las confesiones evangélicas de gozar de iguales exoneraciones y prerrogativas que la Iglesia Católica. Lo impulsa Mercedes Cabanillas, notoria conversa a la fe evangélica, y ha despertado el celo de algunos sectores católicos. Alarma injustificada, pues el texto no choca con las ventajas que estos tienen en virtud de un tratado (concordato) con el Vaticano, que deriva de la preeminencia histórica y cultural del catolicismo en el Perú.

 

Sacerdotes, pastores y fieles de toda confesión se beneficiarían con el reconocimiento explícito de derechos como estos: practicar su culto como deseen, no trabajar en fiestas religiosas, ser asistidos en cárceles y hospitales por representantes de su religión y educarse en colegios de su fe (o exonerarse del curso de religión católica que, a mi juicio, bueno está, pero no debe ser parte del currículum oficial, sino una opción de cada escuela el implementarlo o no).

 

Reafirmo mi absoluto respeto y tolerancia por estos derechos y espero que, en recíproca tolerancia, los fieles acepten leyes que reconozcan derechos sexuales y reproductivos, no satanicen condones ni píldoras de AOE, ni pongan peros a la unión gay, ni se la agarren contra el feminismo.

 

Pero objeto la objeción de conciencia. Me explico: el Capítulo III del proyecto pretende establecer la prerrogativa de no cumplir con una ley que contradiga la fe. Por ejemplo: un médico podría negarse a hacer ligaduras de trompas o un funcionario a tramitar divorcios, si ello choca con su religión . Pienso que sería peligroso establecer patentes de corso para discriminar derechos de terceros. Una empresa privada sí podría establecer cláusulas de conciencia para sus trabajadores, pero de ningún modo el Estado ceñido a la Constitución. Tolerémonos y cumplamos la ley aunque a veces no nos guste.

 

Fuente: elcomercio.com.pe

“Es función del Estado ofrecer un aborto seguro y legal”

Gineco-obstetra estadounidense Dan Grossman sostiene que es labor directa del Minsa. Advierte que costos de las complicaciones derivadas de un aborto inseguro son mayores. Urge un protocolo.

Cynthia Campos.

¿Cuál es la situación de los servicios de aborto seguro en América Latina?

 

Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, un buen porcentaje de los casos de mortalidad materna se encuentra en los países en vías de desarrollo, muchos de los cuales tienen que ver precisamente con el tema del aborto seguro. En casi todos los países de América Latina el aborto es legal para algunas causales, como violencia sexual o porque el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer.

 

Pero, aun así muchos países no tienen un protocolo.

 

Aun así, muchos países aún no han desarrollado debidamente los servicios para atender a la mujer, en casos de un aborto legal y seguro.

 

¿A qué se debe esta situación?

 

Se debe en muchos de los casos a que parte de la comunidad médica no tiene conocimiento de si el aborto en el caso terapéutico es legal o no, entonces prefieren no realizarlo. Y por supuesto debe existir un protocolo, un conjunto de normas que regulen esta práctica y en qué casos es necesario realizarla.

 

En el Perú, existe un protocolo pero no se da a conocer. Existe toda una polémica al respecto. ¿Hay países que tengan una situación similar a la nuestra?

 

Entiendo que en la mayoría de países no hay apoyo del propio Estado, que es el que debería ofrecer este tipo de servicios.

 

Eso es parte de la labor del Ministerio de Salud. Pero entiendo también que existen muchos estigmas. En la mayoría de países del mundo la Iglesia es también un obstáculo muy fuerte y es una pena. Muchas mujeres mueren o ven vulnerados sus derechos humanos porque no pueden acceder a estos tratamientos, que son legales y deberían estar disponibles.

 

Ahora, una medida como esa debería venir acompañada de algún tipo de capacitación también…

 

Claro. No es suficiente solo tener un protocolo, muchos médicos no están instruidos en las técnicas y las tecnologías que deben usarse. Por otra parte, el trabajo es multidisciplinario. Es decir, muchos médicos no saben cuándo se debe practicar un aborto terapéutico y enfocan solo el aspecto físico y olvidan los daños psicológicos que un embarazo en ciertas circunstancias puede ocasionarles. El trabajo debería ser multidisciplinario.

 

En cuestión de costos, ¿cuánto puede costar a un Estado implementar estos servicios y hacer estas capacitaciones?

 

Bueno, pongo un ejemplo. En algunos hospitales se sigue practicando el legrado uterino, una técnica para realizar abortos terapéuticos que es muy antigua y que incluso en la comunidad médica es el procedimiento menos recomendable porque puede ocasionar muchas complicaciones. Si hablamos de costos, cuesta más a un Estado dar tratamiento a las complicaciones derivadas de un aborto inseguro que ofrecer un aborto legal.

 

Seguro y legal

 

EN LIMA. El gineco-obstetra norteamericano Daniel Grossman estuvo en el Perú para participar en la conferencia latinoamericana “Prevención y atención del  aborto inseguro”, que tuvo como objeto analizar la forma de ofrecer a las mujeres un aborto seguro.

 

QUIÉN ES. Grossman es gineco-obstetra e investigador norteamericano, con una licenciatura en Bioquímica de la Universidad de Yale. Se tituló como  médico  de la U. de Stanford.

 

Fuente: larepublica.pe