De erradicar el aborto inseguro depende alcanzar la meta del milenio

Algo está muy claro para Luis Távara, presidente del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flagso): “Si no se ataca el aborto inseguro, será muy difícil alcanzar la Meta del Milenio de reducir las muertes maternas en tres cuartas partes”.

Esta afirmación tal vez cae mal a los sectores antiaborto, pero Távara, quien es médico con más de 30 años de experiencia en salud sexual y reproductiva, insiste en que el aborto “aún representa una causa importante de muertes maternas en el mundo y de gran cantidad de dolencias sobre la salud de las mujeres”.

Távara forma parte del equipo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia que ejecuta proyectos para disminuir las muertes de mujeres relacionadas con la interrupción de la gestación.

“La Federación viene desarrollando una iniciativa importante en el mundo, que se llama Prevención del Aborto Inseguro, con el propósito de reducir en forma importante las muertes de las mujeres, así como las graves consecuencias sobre su salud”, señala.

–¿Cuál es la justificación de esos proyectos? –La justificación de este proyecto radica en que nadie quiere que haya más abortos.

Se trata de reducir a cero las muertes y eliminar, además, las posibilidades de que las mujeres pasen por la experiencia de un aborto.

El misoprostol es un medicamento utilizado por algunas mujeres para provocarse la interrupción del embarazo. Su uso, afirma Távara, “dependerá de la legislación de cada país.

De hecho, es un medicamento que tiene un efecto abortivo y ha reducido claramente en el mundo la necesidad de intervenciones quirúrgicas para un aborto. También ha reducido las complicaciones (sobre todo las infecciones) como consecuencia del aborto. El cómo se use dependerá de la decisión soberana de cada país”.

Ayudar a las mujeres –¿Está la Federación Internacional promoviendo el aborto? –La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia no promueve el aborto.

Muy por el contrario, se trata de evitarlo. Por ejemplo, con el fortalecimiento de los programas de educación sexual y los de anticoncepción, con la extensión y mejora de la atención humanizada a las mujeres que abortan; esto, mediante una atención rápida en los establecimientos de salud con consejería, oferta y entrega de anticonceptivos posaborto para evitar una recurrencia.

–Si el aborto es ilegal en Venezuela, ¿cómo se propone la Federación ayudar a las mujeres que se lo practican? –Hasta donde yo conozco, la legislación en Venezuela acepta el aborto provocado sólo cuando está en peligro la vida de las mujeres. Pero aparte de atender esta condición, a las mujeres se les debe ayudar anticipándose a la ocurrencia de un embarazo mediante los servicios de planificación familiar. Si la mujer ya abortó y asiste a un establecimiento de salud, se le debe atender en forma humanizada teniendo el cuidado de ofrecerle y entregarle anticonceptivos antes de que se vaya de alta.

–¿Cuáles son las determinantes de los embarazos no deseados en cuanto al acceso a los métodos anticonceptivos y la educación sexual? –Un embarazo no planeado o no deseado es aquel que ocurre sin la expresa voluntad de la mujer, o que la sorprende sin haberlo organizado. Ocurre porque las mujeres ya no quieren tener más hijos de los que ya tienen; porque han sido víctimas de abuso sexual, aún al interior de su propia relación conyugal; porque no pueden acceder a métodos anticonceptivos o porque fallaron los anticonceptivos que usaban.

–¿Cuál es el perfil de las mujeres que se practican abortos inseguros en el continente? –No existe ningún perfil para las mujeres que abortan en el continente. Cualquier mujer en el mundo corre el riesgo de que en algún momento de su vida pueda tener un embarazo que no desea o que representa una amenaza para su salud.

Esta mujer, en consecuencia, tiene el riesgo de presentar un aborto inseguro, cualquiera fuera su condición social, económica o de otro orden

Fuente: http://www.entornointeligente.com

Legislador católico advierte más muerte materna si criminalizan aborto

México DF, (CIMAC).- Cuando República Dominicana se prepara para discutir el Artículo 30 de la Constitución que criminalizaría la interrupción del embarazo, Víctor Terrero, presidente de la Comisión de Salud de Salud de la Cámara de Diputados, médico ginecólogo-obstetra y católico, advirtió que ayer que ese texto no debe aprobarse, porque “podría aumentar la morbilidad y mortalidad maternas, dadas las restricciones que su interpretación o práctica pondrían al sector médico”.

El contenido de la nueva Constitución, presentado a discusión y análisis por Leonel Fernández, presidente de la República, consigna conquistas relacionadas con igualdad de géneros y a la necesidad de que el Estado garantice la participación de las mujeres en todos los escenarios, pero su Artículo 30, refiere el diputado Víctor Terrero, viola una serie de derechos, como el de las mujeres a la protección de su salud y a una maternidad sin riesgos.

El médico –quien se pronuncia como católico en contra del aborto, pero reconoce que “cientos de veces ha tenido que recurrir a este procedimiento para salvar la vida de la madre”—se sumó a otros legisladores y a médicos para proponer que el Artículo 30 debe decir: “El derecho a la vida es inviolable. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”, informó la prensa local.

Es necesario, dijo ayer el gineco-obstetra José Figueroa Méndez, de la Coordinadora Regional del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, excluir de su redacción la frase “desde el momento de la concepción”.  

El sentir de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog) es que si se aprueba en segunda lectura el artículo con esa frase incluida, el país continuará exhibiendo altas tasas de morbilidad y mortalidad materna y el ejercicio médico se verá afectado al momento de que el galeno decida entre salvar la vida de una mujer o exponerse a ser sometido judicialmente por salvarla”, indicó Méndez.

La Flasog destaca que la República Dominicana es uno de los 5 países del mundo donde la práctica del aborto está penalizada en todas sus formas, aunque esto implique salvar la vida de una mujer.

Nosotros, dice el doctor Víctor Terrero, reconocemos el valor moral del feto y su derecho a la vida, pero si el texto es tan restrictivo como se propone, habría que dejar morir a la mujer y a su embrión o feto cuando no hay otra manera de salvarla que no sea interrumpiendo el embarazo. “Quien vote por el Artículo 30, esta votando en contra  de la mujer”.

Además, la práctica de la obstetricia en el país se vería seriamente afectada y muchos profesionales deberán abandonarla o comenzar a hacer intervenciones en la clandestinidad que hoy se consideran rutinarias, como los casos del tratamiento de embarazos ectópicos, de inducir un parto prematuro de presentarse preeclampsia, cardiopatía severa, rotura prematura de membrana con productos inmaduros, cáncer, enfermedad sistémicas, por mencionar sólo algunos casos.

En este contexto, abunda, los médicos estaríamos entre la obligación ética de salvar la vida y la obligación legal de dejar morir a la mujer que afrontará alguno de estos problemas médicos.

Hoy, modificar el Artículo 30 tiene como intención limitar el derecho a una salud sexual reproductiva sana de miles de mujeres, en especial las más pobres de nuestro país, consideró.

Su aprobación, agregó Terrero, prohibiría en el país la Fertilización  In Vitro, método que ha permitido ser familias a numerosas familias, que ha logrado procrear gracias a este método de concepción, así como las  pastillas anticonceptivas, entre otras medidas.

La discusión del Artículo 30, junto con otros que causaron polémica, se realizará el próximo 25 de agosto, para concluir la reforma constitucional el próximo 15 de septiembre.

09/LG/GG

Fuente: http://www.cimacnoticias.com

Fue en putis y a quién le importa

Autor: Carlos Basombrío.-

Las fuerzas de seguridad creen haber identificado en un distrito de Lima el lugar donde se oculta una cruel banda de secuestradores que tiene en ascuas la ciudad y que no repara en matar a los miembros de las fuerzas del orden que se les enfrentan. No los han podido identificar, pero están convencidos de que están ocultos en calle Equis. Se comunican con los vecinos y les ofrecen reubicarlos en un lugar seguro, donde no haya delincuentes. Aceptan.

Es un engaño. Los encierran y, en las horas siguientes, seguros de que entre ellos deben estar también los criminales, matan a 129 vecinos, incluyendo mujeres y niños; luego les roban todas sus pertenencias. (Imposible, ¿no es cierto? Algo tan monstruoso jamás ha ocurrido ni podría ocurrir en Lima).

Bueno, pero eso sí pasó en el Perú. No en Lima, pero sí en Putis, en el distrito de Santillana, provincia de Huanta, Ayacucho, y 25 años después, la indiferencia sigue siendo casi completa.
La CVR resume así los hechos: “Los efectivos del orden recibieron a los pobladores que llegaron a Putis y los reunieron en el local donde funcionaba el colegio (…) Les aseguraron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras. Con ese pretexto, los militares ordenaron a los varones que cavaran una gran poza (….), cuando estuvo lista, los efectivos militares reunieron a un centenar de ellos, entre los que había hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación, les dispararon a matar (….) porque tenían sospecha de que estaban vinculados a la subversión; además, para lucrar con la venta del ganado de los campesinos que comercializaron en Marccaraccay”.

Es verdad que la ‘guerra’ arreciaba, que la tensión, la impotencia y la rabia eran inmensas, ya que Sendero Luminoso hacía en paralelo cosas iguales o peores (si no, pregúntenles a los campesinos de Lucanamarca o a tantos policías y militares masacrados a sangre fría), pero ello no debería cambiar un ápice el espanto y la vergüenza que todos debiéramos sentir ante lo ocurrido en Putis.

El tema es de nuevo de total actualidad porque, una generación después, los restos de 25 de los muertos acaban de ser identificados y entregados a sus familiares; pero ha sido una noticia que –digámoslo crudamente– no le ha importado a casi a nadie. Ha habido algunos artículos, algún reportaje en la televisión, pero nada que compita, ni por asomo, con las peleas de Magaly con Mónica Hoyos o el crimen de Myriam Fefer.

Que lo de Putis signifique tan poco ratifica que, en pleno siglo XXI, la sociedad peruana aún no ve “a los otros” como iguales, como parte del “nosotros”. (Y la historia se repite: ¿cuánta gente reivindicó a todos los muertos en Bagua? Para algunos, allí solo murieron nativos; para otros, solo policías).

http://peru21.pe

En lo que va del año, 80 mujeres han sido asesinadas en el país

“La mujer es vulnerada en sus derechos porque existen formas de pensar que no le dan los mismos derechos que a los hombres”, afirmó el Mimdes

En lo que va del año, 80 mujeres han sido asesinadas, situación que espera ser controlada con el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, informó el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes).

Ana Mendieta, jefa del Programa Contra la Violencia Familiar y Sexual de ese sector, señaló que, pese a que hombres y mujeres tienen los mismos derechos en la legislación actual, no ocurre lo mismo en el imaginario colectivo, por lo que la agresión a féminas sigue ocurriendo.

“La mujer está agredida y vulnerada en sus derechos porque existen formas de pensar que no le dan los mismos derechos a las mujeres. En el marco legislativo sí tenemos los mismos derechos, pero en los patrones culturales con los cuales nos manejamos, no es así”, comentó a la agencia Andina.

Tras señalar que las mujeres, prácticamente, son consideradas como objetos, Mendieta sostuvo que uno de los objetivos del referido plan contra la violencia hacia la mujer busca el cambio de patrones socioculturales que toleran, legitiman o exacerban la violencia hacia las mujeres.

“Cuando ves en los medios de prensa un asesinato a una mujer, se ve la justificación del asesinato, como la infidelidad o algo por el estilo. Se está poniendo la causa, pero no hay razón que justifique la violencia a la mujer”, acotó la representante del Mimdes.

Agregó que los cambios que deben darse están relacionados con el tema educativo, destacando la escuela y el hogar como lugares fundamentales para la buena formación, ya que dentro de éstos se debería fortalecer las relaciones democráticas en la familia.

A su criterio también debe robustecerse en el hogar y el colegio el respeto a los derechos, tanto de la pareja como de los hijos.

Detalló que la actual legislación penal peruana no contempla de manera específica y autónoma los delitos de violencia familiar, sino que la califica como un agravante dentro del delito de lesiones leves o graves, pero no se tipifica con sus características propias.

“Queda desprotegida la integridad psicológica de la mujer porque la determinación de la existencia del delito lo dará el informe de medicina legal. Pero no está incluida la evaluación psicológica. Así no podemos proteger la integridad psicológica de las víctimas”, puntualizó.

Finalmente, dijo que las agraviadas pueden acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) -que actualmente existen 89 en todo el país-, los cuales atienden casos de violencia familiar y sexual.

Las víctimas de violencia también pueden contactarse con la línea gratuita “100” desde cualquier teléfono público o privado.

Fuente: http://www.elcomercio.com.pe

Uruguay aprueba proyecto que permite adoptar niños a homosexuales

La iniciativa obtuvo luz verde en la Cámara de Diputados y ahora deberá pasar al Senado, donde se espera obtenga una rápida aprobación. De ser así, sería el primer país de América Latina en permitir la adopción en parejas del mismo sexo.

Reuters. Los diputados de Uruguay aprobaron el jueves un proyecto de ley que permitirá la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, una nueva medida para ampliar los derechos de los homosexuales en el país sudamericano.

Debido a algunas modificaciones realizadas por los diputados, el proyecto deberá volver al Senado donde se espera su rápida aprobación.

La iniciativa que modifica el sistema actual de adopciones fue aprobada por 40 diputados de un total de 53 presentes. La bancada oficialista votó a favor del proyecto al igual que un representante de uno de los partidos opositores.

Según los legisladores, Uruguay sería el primer país en América Latina en permitir la adopción por parte de homosexuales.

El proyecto no generó mucha polémica, como el reciente intento fallido de legalizar el aborto, en un país que en los últimos años reconoció la unión civil de parejas del mismo sexo y el ingreso de homosexuales a las Fuerzas Armadas, pero en el que aún es común la segregación.

“Lo que importa es el amor o la calidad con la que se constituye el hogar para que el niño se pueda integrar y no la opción sexual de sus padres”, dijo el diputado oficialista Pablo Alvarez a la radio El Espectador.

La oposición argumentó que estudios establecen que la adopción de niños por parte de parejas homosexuales es perjudicial para los menores para explicar su voto en contra al proyecto.

“Todos los niños tienen el derecho de ser adoptados por padre y madre y deben tener, desde nuestro punto de vista, una referencia nítida de padre y madre”, dijo el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, de centroderecha, a la emisora.

“Son mucho más contundentes los estudios que indican el alto riesgo de que un menor adoptado por dos personas del mismo sexo presente luego distorsiones en su conducta en lo que tiene que ver con la asunción de los roles de un hombre y una mujer”, agregó el representante.

Fuente: Agencia REUTERS

Palabra de mujer

Por: Richard Webb

Era práctica normal que cuando se pedía un préstamo el banco exigía una garantía. Naturalmente tenía que ser una garantía realizable que el banco pudiera vender para recuperar su dinero en caso de que el deudor no cumpliera con su deuda, como podía ser una casa con título registrado, un automóvil o la maquinaria de una fábrica. Leer más

Acuerdo Plenario Nº 4-2008/CJ-116. Aplicación del Artículo 173º.3 del Código Penal. Delito de violación sexual de menor de edad.

El 18 de julio del 2008, los Vocales integrantes de las Salas Penales Permanentes, Transiorias y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en IV Pleno Jurisdiccional y al amparo del artículo 116 del Téxto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, adoptaron el Acuerdo Plenario Nº 4-2008/CJ-11 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 3 de noviembre del 2008), que establece criterior interpretativos para la aplicación del Art. 173º inciso 3 del Código Penal, referente al delito de violación sexual de menor de edad entre 14 a 18 años.

En el año 2006, la Ley Nº 28704 modificó el Código Penal estableciendo un sub tipo penal agravado del delito de violación sexual por el que se penaliza las relacione sexuales con adolescentes sin discriminar si se tratan de una violación sexual o si éstas fueron consentidas.

Perú – Una charla en territorio gay

Wilfredo Ardito Vega*
Adital –
 
-¿Ustedes conocen personas heterosexuales? -pregunté.

Hubo un momento de desconcierto.

 -¿Habrá heterosexuales en esta sala? -insistí.

-¡Nooo! -exclamaron varias personas-. ¡Esas cosas sólo suceden en Lima!

Me encontraba dando una charla sobre discriminación en el auditorio de la Municipalidad de Urubamba. Al lado de las sillas de plástico había varios fardos de frazadas que ayudarían a algunas familias campesinas a resistir un poco mejor el invierno.

Estábamos conversando con el personal de la Municipalidad sobre las razones más frecuentes de discriminación. Habíamos hablado de la edad, la clase social, el apellido (un problema muy visible en el Cusco) y algunos de los presentes mencionaron la discriminación por “opción sexual”, lo cual motivó mis preguntas sobre los heterosexuales.

Como casi todos los funcionarios insistían en que no había heterosexuales en Urubamba, comenté:

-Si me hubieran dicho eso antes, preparaba otro tipo de charla. Hasta el momento, la única ciudad conocida por eso era Sodoma.

Este tipo de anécdotas no sólo reflejan un desconocimiento de términos. Recuerdo a un profesor iqueño que, al encontrar que en un cuestionario se le preguntaba si tenía amigos heterosexuales, respondió que “no andaba con pervertidos”.  Tanto él como los funcionarios de Urubamba confundían las palabras heterosexual con homosexual y asociaban esta última palabra a una conducta contraria a la moral.

Para mí, la moral tiene relación con la buena conducta de una persona. La orientación sexual no tiene mayor relevancia en ello, como tampoco la tienen el estado civil, la estatura o el lugar de origen… pero también es cierto que hace veinte años no pensaba de esta manera.

La mayoría de peruanos todavía vinculan la homosexualidad con prostitución, marginalidad y violencia. Creo que estos prejuicios estaban en la mente de varios funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, que el año pasado justificaban que un alumno homosexual fuera retirado del colegio.  Yo tuve que hacerles ver que para un adolescente sin mayores posibilidades laborales, con frecuencia, la única salida termina siendo la prostitución. El colegio asume que se limpió de un “mal elemento”, sin asumir las consecuencias personales y sociales de su decisión.

El tratamiento que casi todos los medios de comunicación han dado a las violentas muertes de Alicia Delgado y Marco Antonio Gallego refuerza los prejuicios. No se analiza que nuestra sociedad empuja a muchos homosexuales a actuar en la clandestinidad, lo cual los hace más vulnerables al chantaje, a exponerse a situaciones peligrosas y a sufrir agresiones que normalmente no son denunciadas a tiempo por temor al escándalo o a la indiferencia de las autoridades, como le ocurrió al joven homosexual torturado en la comisaría de Casagrande el año pasado. De hecho, policías y serenos han sido con frecuencia sindicados por cometer violentas agresiones.

La sociedad peruana para los homosexuales como actividad aceptable ser peluqueros, siendo inconcebible que pretendan desarrollarse como médicos, policías o profesores de colegio.  Esta última posibilidad crisparía los nervios de la mayoría de padres de familia. Hace unos meses, la película Milk quiso presentar ante el público estadounidense la mentalidad existente décadas atrás, mostrando como en los años setenta se pretendió infructuosamente retirar a los profesores homosexuales de las escuelas.  Vista desde el Perú, parecía una película futurista.

Al día siguiente de la charla, el Alcalde de Urubamba firmó la Ordenanza que sanciona con la revocatoria de la licencia de funcionamiento a los locales que discriminen al público en Machupicchu, Yucay, Ollantaytambo y todo el Valle Sagrado. Es una norma muy positiva, dados los múltiples casos de maltrato a los turistas peruanos, bolivianos o ecuatorianos. La norma también dispone sanciones a los funcionarios discriminadores en la Municipalidad de Urubamba y las seis municipalidades distritales.  Se presta especial atención a prohibir la discriminación por vestimenta y por indocumentación, que afecta especialmente a los campesinos.

Sin embargo, de todas las causales por discriminación, la Ordenanza de Urubamba omitió la orientación sexual, que desde febrero del año pasado ha aparecido en otras 18 Ordenanzas. No sabemos si fue un error involuntario o primó un criterio conservador En todo caso, la expresión “cualquier otra índole” permitiría argumentar que esta forma de discriminación también está prohibida en Urubamba, pero los activistas homosexuales sostienen que es importante que se haga explícita. La Ordenanza de Canchis (Sicuani) publicada a comienzos de julio, sí contempla esta causal.

Es posible que las generaciones más jóvenes tengan menos prejuicios. En el movimiento de derechos humanos y los círculos académicos, laborales o religiosos que frecuento, ha sido visible el cambio de mentalidad.  Sin embargo, me parece que, como en otros problemas de discriminación, en este aspecto, el camino que todavía nos queda por recorrer será largo.

* Abogado. Master en Derecho Internacional de los DH. Catedrático universitario. Miembro de la Mesa para la No Discriminación de la Coordinadora Nacional de DH. Resp. de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de APRODEH

 
Fuente: adital.com.br