25 de noviembre – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

¿Por qué tenemos que marchar?  

En varias ocasiones y espacios para dialogar entre mujeres, me he planteado algunas urgencias para la reflexión, en el intento de lograr construir el país que queremos: ¿Es acaso la lucha de las mujeres afrodescendientes una lucha distinta al resto de mujeres?  

Durante el sistema esclavista las mujeres afrodescendientes fueron cosificadas y deshumanizadas, pues si la época determinó una gran limitación de derechos fundamentales para las mujeres, las afrodescendientes tuvieron una experiencia diferenciada, pues el doble papel vivido, es decir esposa – esclava, generó una estructura de mayor opresión.  De otro lado y como lo refiere Sueli Carneiro (feminista afrodescendiente brasilera), el discurso clásico de la opresión de la mujer, que la historia no ha recogido, no ha logrado medir su impacto en la identidad femenina de las mujeres negras.

En tanto, se han generado estereotipos y prejuicios negativos en relación al cuerpo y la sexualidad de las mujeres afros, existe un sobredimensionamiento de la sexualidad de  las mujeres afroperuanas, que afecta su interrelación con el resto de la población y con los hombres afrodescendientes.  Es en la cotidianidad, donde estos prejuicios encuentran su espacio para evidenciarse, afectando no sólo la identidad cultural, sino generando situaciones de violencia y agresión que son necesarias de denunciar.

El racismo estructural en nuestro país, es un problema central que requiere ser atendido a la brevedad, la ausencia de cifras e indicadores que visibilicen el porcentaje de población afrodescendiente es una de las expresiones más concretas del racismo, a la fecha no tenemos datos que nos indiquen cuantas mujeres afros acceden a métodos anticonceptivos y cuantas han tenido que someterse a abortos inseguros.  

La pobreza y la exclusión siguen siendo los indicadores más saltantes de las mujeres afroperuanas, en tanto no acceder a la Anticoncepción Oral de Emergencia, es una vulneración a nuestros derechos reproductivos y la necesidad de una vida digna.  Las mujeres afroperuanas nos hemos propuesto construir una sujeta política capaz de proponer y articular, desafiamos el mito de la victimización  y demandamos una sociedad menos racista y discriminatoria.

Las mujeres afrodescendientes conjuntamente con las mujeres del país marcharemos este 25 de noviembre, por nuestro derecho a decidir y por una vida libre de violencia.

El Racismo Mata también es Violencia

Rocío Muñoz Flores
Coordinadora de Programas
LUNDU
www.lundu.org.pe
http://afroperuanasdebaten1.blogspot.com

25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer

San José, Costa Rica. 25 de noviembre de 2009. Transcurridos cuarenta y nueve años después del asesinato de Patria, Minerva y Maria Teresa Mirabal cometido por la policía política del régimen de Rafael Trujillo en República Dominicana, hecho que se conmemora cada 25 de noviembre a nivel internacional,   la violencia contra las mujeres es hoy un fenómeno generalizado y aberrante en las sociedades contemporáneas y en las Américas.

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PROMSEX. Organización que trabaja por los derechos reproductivos en Perú

Más de 350.000 mujeres se someten a abortos cada año en Perú, muchas veces poniendo en riesgo su propia vida. La organización PROMSEX trabaja para ofrecer acceso a métodos de planificación familiar que ayuden a evitar estas drásticas medidas. Adhemar Montagne de NY1 Noticias, conversó con una de sus voceras, la peruana Susana Chávez.

Por:  Adhemar Montagne

 

 

 

 Vea la entrevista de Susana Chávez – Directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX


Anticoncepción Oral de Emergencia, un debate regional

Es incomprensible la prohibición de la Anticoncepción de Emergencia en Honduras –

Diferentes organizaciones de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de la región americana deplora que el gobierno de Roberto Micheletti haya prohibido el uso, venta y compra de la anticoncepción de emergencia.

A pesar de los continuos llamados de la OMS para que los servicios de salud incluyan la anticoncepción de emergencia en la atención de casos de violación, legisladores y gobernantes de América Latina siguen poniendo frenos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Bogotá 23 de noviembre de 2009.- A través del decreto ministerial 2744 de 2009, firmado por el presidente de facto Roberto Micheletti y publicado en el diario oficial de Honduras el pasado 24 de octubre, se prohibió en ese país centroamericano el uso y comercialización de la Anticoncepción Oral de Emergencia –AOE.

Este decreto, que tiene fuerza de ley, prohíbe la promoción, uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), así como la distribución pagada o gratuita y la comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia. A quien contravenga las disposiciones del decreto presidencial, se le aplicarán las penas establecidas para el delito de aborto conforme a lo estipulado en el Código Penal.

El Decreto se emitió a pesar de que el 15 de mayo del 2009, el Presidente elegido democráticamente José Manuel Zelaya vetó el Decreto N° 54-2009 aprobado por el Congreso, que prohibía la AOE al considerarla abortiva. Zelaya señaló que prohibir la AOE era inconstitucional, ya que la Organización Mundial de la salud –OMS-  determinó que, con base a la evidencia científica, la AOE no es un método abortivo. El Presidente devolvió el Decreto al Congreso con objeciones de fondo, determinando que no podría someterse a una nueva deliberación en el Congreso sin oír previamente a la Corte Suprema de Justicia, trámite que aún está pendiente de resolverse y que está siendo desconocido por el gobierno de facto actual.

Organizaciones sociales de Honduras denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en ese país centroamericano registraron más de 400 casos de abusos contra mujeres a manos de agentes de policía tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio, que depuso al presidente Manuel Zelaya. Y en lo corrido del 2009 el feminicidio ha aumentado un 46 por ciento.

Women´s Link Worldwide denuncia que “la decisión del gobierno Micheletti es incomprensible porque viola todos los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado hondureño y reduce la oferta de anticonceptivos de emergencia, de uso fundamental para aquellas mujeres que han sufrido violencia sexual. Las legislaciones restrictivas en relación a la salud reproductiva y a los derechos reproductivos constituyen una de las principales barreras para superar las inequidades y la discriminación vividas por las mujeres de la región”. Las abogadas de la organización recordaron que esta pastilla está incluida en el kit de atención de emergencia a mujeres violadas sugerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un debate regional

Casi de manera simultánea con el decreto del gobierno hondureño, en el Perú el Tribunal Constitucional (TC) prohibió al Estado la distribución gratuita de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) en los servicios públicos de salud del país, señalando que “podría ser abortiva”. Con esta sentencia el Tribunal Constitucional le ha quitado a las más vulnerables el acceso gratuito a este importante método anticonceptivo.

En Costa Rica está abierto el debate por el registro comercial de la AOE. Un proyecto de ley busca que la anticoncepción de emergencia sea de acceso para todas las mujeres que la requieran. En este momento el proyecto está en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

En Chile, desde el 2007 el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la venta, comercialización y distribución de la AOE en el sector público de salud, negando así el acceso a la anticoncepción de emergencia a las mujeres chilenas más vulnerables, aquellas que no tienen recursos para acceder a las farmacias.

En Ecuador, el Juez Tercero de lo Civil de Guayaquil suspendió de manera definitiva el otorgamiento del registro sanitario para la comercialización y expendio de la marca comercial de AOE “Postinor 2”; la orden judicial fue confirmada por el Tribunal Constitucional en el 2006, prohibiéndose por completo la venta y comercialización del medicamento.

La restricción de los diferentes nombres comerciales de la AOE en América Latina atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres al restringir su libre opción a la maternidad y al acceso a métodos eficaces que permiten evitar que las mujeres arriesguen su vida por practicarse abortos inseguros. A comienzos del mes de noviembre de 2009, en el marco del Primer Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, realizado en Arequipa –Perú, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reiteró ante juristas de todo el continente el carácter no abortivo de la AOE, y recalcó que el 21% de las muertes maternas en América Latina se atribuye al aborto inseguro.

Mayor información:

Brújula Comunicaciones
285 6984 / 4872122
300- 264 8634
info@brujula.com.co

 
CLAE – Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia
Av. José Pardo 601 Oficina 604,
Miraflores, Lima 18 – Peru
Tel: + 511 447-8668
Fax: +511 243-0460
http://www.clae.info
Sra. Rossina Guerrero,
Coordinadora del Consorcio
clae@clae.info

 
ICEC – International Consortium for Emergency Contraception
588 Broadway, Suite 503
New York, NY 10012
Direct Telephone: +1.646.695.9146
Fax: +1 212.941.5563
http://www.cecinfo.org  
ewestley@fcimail.org
cpuig@fcimail.org

Enoé Uranga: “¿Quién quiere ir al cielo de los pederastas?”

Desde la máxima tribuna de la nación, en extraordinario discurso la Diputada Enoé Uranga demanda a gobernación y a la iglesia respete al Estado Laico. 

La Cámara de Diputados tendrá que analizar el caso

Aquí el video. No te lo pierdas

“El mejor discurso de la Cámara” Miguel Ángel Granados Chiapas;

“Un discurso sin desperdicios” El Independiente de Hidalgo;

 “Una mujer valiente que no tiene temor ni a las palabras ni a la Iglesia” Diario Crítico, España;

 “Fue histórico. El discurso mas memorable que se ha presentado en la actual Cámara de Diputados” Dip. Alejandro Encinas;

 “El Estado Laico debe defenderse con esa vehemencia” Dip. Rubén Moreira;

“Esas son las voces que necesita la Política” Víctor Hugo Círigo”;

 “…ante el estupor de legisladoras panistas hizo el posicionamiento mas duro contra la iglesia” Grupo Radio Centro

Texto Integro del punto de acuerdo

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL REQUERIR AL CLERO CATÓLICO RESPETE ESTRICTAMENTE EL MARCO DE LAICIDAD, LAS LEYES MEXICANAS Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS GAYS, LESBIANAS, BISEXUALES Y TRANSGENEROS, A CARGO DE LA DIPUTADA ENOÉ URANGA MUÑOZ

La suscrita, diputada federal Enoé Uranga Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, por el que se requiere al Ejecutivo Federal demande públicamente al clero católico el cumplimiento de las leyes mexicanas empezando por su obligación de cumplir estrictamente el Principio de Laicidad que rige al Estado mexicano, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminació n así como los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, según las siguientes

Consideraciones
Esta soberanía da inicio el día de hoy a uno de los debates legislativos que serán fundamentales para el futuro de la nación. Me refiero desde luego al fortalecimiento de nuestro Estado Laico, la Comisión responsable de ello revisa ya con toda seriedad este tema primordial para la democracia mexicana. En este marco, la iglesia católica ha emprendido una campaña de presiones y ataques que buscan debilitar la calidad de dicha discusión política. Como parte de esa estrategia ha elegido como arma lo que para su virulenta destreza mejor funciona para crear confusión y desinformació n: La promoción del estigma y el odio contra los distintos a sus decretos.

Como es del conocimiento general, en días pasados, el cardenal católico Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Consejo Pontificio de Operadores Sanitarios del Vaticano, declaró que “lesbianas, homosexuales y transexuales no entrarán nunca en el reino de los cielos…” La frase completa que usó este violador de la ley  fue: “Tal vez no son culpables, pero actúan contra la dignidad del cuerpo… esto no lo digo yo, sino San Pablo”.

¿La dignidad del cuerpo? Dignificar al cuerpo es conocerlo y reconocerlo. Cuidarlo.  Parte fundamental de ello es procurarle amor y placer. Un cuerpo digno es un cuerpo satisfecho en todos sentidos: bien alimentado, bien dormido, bien cuidado y bien amado y embelesado a pleno deleite y bienestar. Estoy segura de que ello es claro para todas y todos quienes tienen, como yo, la suerte de dignificar sus cuerpos en lo correspondiente al amor.

¿Los homosexuales son culpables? Como lesbiana yo sí me declaro culpable de lo que corresponda, me declaro culpable de amar, me declaro culpable de no estar dispuesta a dejar mi amor para otro siglo: no puedo, no quiero.
Me declaro culpable de ser dueña de mi muy soberano cuerpo y de mi laico placer.

Me declaro culpable de gozar y tener mis propios paraísos.
Y por supuesto que me declaro culpable de contar, de dar por hecho, que ninguno de los universos a los que ya he ido y ninguno de los cielos a los que desde luego iré, serán los mismos para los que Lozano Barragán tiene ya adquirido boleto VIP para alzar el vuelo. ¡Desde luego que no!!!

¿Quién quiere ir al cielo de los pederastas? ¿Al cielo de Marcial Maciel y Ratzinger, quien no tiene pudor en confesar que fue integrante de las juventudes Nazis? ¿Al cielo de donde fueron excomulgados Hidalgo, Morelos, y las muy señoras pecadoras Josefa Ortiz y Leona Vicario? ¿Al cielo de quienes torturaron y asesinaron a Gertrudis Bocanegra por rebelde y a Giordano Bruno por sus enseñanzas sobre la infinitud del universo? ¿¿Quién quiere ir a un cielo sin Leonardo Da Vinci, Audre Lorde, Miguel Ángel, Frida Kahlo, sin Albert Einstein, Simone de Beauvoir, Juana de Asbaje, un cielo sin Marcel Marceau?  ¿De qué sirve ir a un cielo donde no se pueda reír? dijo Lutero.

No sé si fuera verdad que como Lozano Barragán, el llamado “San Pablo” tuviera línea directa para hablar con dios o si fueran efectos de su conocida y severa sífilis los que le impulsaban (en caso de que sea cierto) a hacer tales afirmaciones, pero ojo diputados, porque esa misma “condena” -elemento que por lo demás no tiene nada de científico, de ético o legal, áreas en las que la convicción es: que lo que sucede cuando te mueres (aunque te llames Norberto o te apellides Lewinski) es que te mueres-. Esa “condena de no ir al cielo” aplica también y con toda puntualidad a los adúlteros y a los borrachos.

Se decreta que: “Las chicas buenas se van al cielo” ¡Qué su dios las cuide de los miles de curas acusados de violación, abuso y pederastia que (de existir) ya viven en ese cielo y de los miles que llegarán luego que su dios les llame a esa gloria!!! Las chicas buenas se van al cielo -qué su dios las cuide- … ¡las otras vamos a todos lados!

Las mujeres que decidimos sobre nuestras vidas, nuestros amores, nuestros cuerpos, nuestros placeres y desde luego nuestros multiorgasmos, sea cual sea nuestra convicción filosófica, religión, profesión, preferencia, estado civil. Las que podemos tener alianzas con hombres inteligentes que saben que “si la mujer no está, la democracia no va”.

Quienes creemos en que los seres humanos tienen derecho a la felicidad, quienes sabemos que el mejor valor de la sociedad está en su diversidad. Quienes entendemos que la democracia es diálogo entre distintos, donde no tiene cabida la imposición absurda de “verdades únicas e incuestionables” , somos innumerables, quienes estamos comprometidos en esta idea de país, sin importar cual sea nuestra preferencia sexual.

Y hablo de los seres humanos, creyentes o no, que sabemos que elegir forma de vida es un derecho humano incuestionable, de aquellos que daremos la vida por defender y fortalecer el Estado Laico. Para que las mujeres y hombres del mañana se avergüencen de este presente (su pasado) en el que es aceptable la mortalidad materna en las comunidades indígenas, porque “si eres india no tienes alma” y debes ganarla a costa del sacrificio de no tener acceso a información objetiva y recursos que te permitan evitar la ya sabida condena aprendida de voz directa del cura del pueblo: “tu destino es tener los hijos que dios te mande”, aunque todos se mueran de hambre. De este presente donde es aceptable legalizar que si eres mujer tu destino es ser madre, así sea porque te violen; que si tienes una discapacidad seas objeto de compasión y se asuma que quien tiene un daño eres tú y no este país que no está diseñado para incluirte; o una política donde se argumenta (incluso en los debates legislativos) que si eres homosexual, eres “menos hombre”.

“Sea hombrecito”, “no se esconda en las faldas de las mujeres”, se ha gritado en esta tribuna desde el fundamentalismo vestido de izquierda. “Puto” se le canta a Calderón para descalificarlo. “Maricones” les dice la derecha a quienes se han aliado con la propia derecha.

Todos agravios violadores de la ley, todos discriminadores, todos ignorantes.
¿Qué estatura de hombre se requiere para ser abiertamente gay en un país en el que se te puede asesinar impunemente por ello? ¿Cuán “hombrecito” es quien profiere insultos homofóbicos desde el anonimato de las curules y en el amparo del fuero?

Es la iglesia. Es la herencia del sometimiento y genocidio de sociedades en la que esa institución se ha sostenido. Su poder -muy terrenal- depende de controlar las conciencias, de manipular a las sociedades desde sus relaciones políticas, mafiosas, de hacer vivir en la ignorancia y el miedo a los pueblos.
Las exhortaciones al odio construidas desde la iglesia católica auto-encargada de fomentar y alimentar el atraso y la desinformació n colectiva. La misma Iglesia gestora, a lo largo de XX siglos, de guerras sangrientas, crímenes de Estado y del retroceso científico y cultural de la humanidad que motivaron que Borges dijera: “El infierno de Cristo no necesita del resplandor del fuego”.

Quisiera que se entienda que no es mi intención ofender una fe o creencias. Tengo (como la mayoría de los católicos mexicanos) la convicción de que su espiritualidad va más allá de lo que dicte un mal intencionado político religioso. Políticos del Vaticano, como Barragán y Ratzinger (ambos voceros de ¿dios? por poder propio), tienen en su historial actos en los que ha quedado en entredicho su honestidad y compromiso con la vida. Han sido omisos, encubridores y cómplices de diversos delitos y delincuentes. Pero, independientemente de ello, ni el más querubín de los representantes del Estado Vaticano tiene la autoridad moral y menos política, para enjuiciar el amor entre personas del mismo sexo en este país.

Por enésima vez, y por encima de la ley, la iglesia Romana pretende controlar el cuerpo de las personas, manipular las conciencias a través de la amenaza inasible de la condena divina. Espero que en esta ocasión para esta soberanía sea claro que no será el representante de un estado injerencista el que me venga a insultar y amenazar impunemente en territorio mexicano.

No está de más señalar que la homofobia es una enfermedad que tiende a padecer continuamente la alta jerarquía y gran parte del clero católico y que debe ser tratable, ya que afecta los derechos de terceros. En lo que se refiere a los derechos sexuales son parte de los derechos humanos, los cuales tienen como característica ser universales, inalienables, imprescriptibles, interdependientes, inviolables e intransferibles, de manera que su ataque repercute en los demás aspectos de la vida de las personas, a quienes les toca determinar libremente su preferencia sin ser molestados en su privacidad, siempre y cuando no afecte los derechos de terceros.

El clero quiere destruir nuestra cultura laica y cuenta con cómplices en la política institucional: ahí están las quemas de libros en Guanajuato, lideradas por diputados con el silencio complaciente del ejecutivo local y federal. Ante los ataques sistemáticos de que es objeto el Estado Laico (empezando por las vergonzosas declaraciones hechas por el propio Presidente de la República), no nos sorprendamos de la pretensión ya anunciada de que esos dogmas sean trasladados al terreno de las leyes como en el pasado. La consigna de presionar al jefe del Ejecutivo para que éste quebrante el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias y asigne privilegios y poder indebidos a la jerarquía católica, es un asunto que no se debe perder de vista. Es inadmisible que el Gobierno federal permanezca pasivo ante las declaraciones del legado papal.

No permitamos que usen su basura contra la disidencia sexual y genérica como instrumento para trastornar el fortalecimiento del Estado Laico. La declaración de Lozano Barragán responde a los intereses de un Estado extranjero al que este señor sirve, como lo es el Vaticano, muy ajeno al Estado mexicano que es el que nos estructura y, por tanto, se trata de una injerencia que ofende a la soberanía del pueblo de México.

Dicha declaración no es un acto aislado ni fortuito, sino que responde a una embestida, claramente planteada desde el Estado Vaticano y que tiene por objeto controlar al mayor número de gobiernos de la región, sojuzgando a quienes se aparten de sus dogmas fundamentalistas y preceptos eclesiásticos, pues su poder depende del control de cuerpos y mentes, y ello atenta contra la dignidad de las personas.

Así, el control sobre las libertades de las personas finalmente esconde una disputa del poder al Estado mexicano, quien históricamente ha sido objeto de los intereses económicos y políticos del Estado Vaticano. Es necesaria la firmeza que le corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para mantener las relaciones con las distintas asociaciones religiosas en un comportamiento dentro del marco de respeto a los derechos humanos.

La Secretaría de Gobernación debe hacer un apercibimiento o aplicar la sanción correspondiente ante estas intromisiones en los asuntos internos del país por parte de estos representantes del Estado Vaticano, que constituyen una flagrante violación a nuestra Constitución Política y un desafío al Estado laico.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente Propuesta con

Punto de Acuerdo
PRIMERO.- Se requiere a la Presidencia de la República demande públicamente a través de la Secretaría de Gobernación, a las instancias jerárquicas de todas las iglesias y asociaciones religiosas y en particular, a la católica, el cumplimiento de las leyes mexicanas, empezando por su obligación de cumplir estrictamente el Principio de Laicidad que rige al Estado mexicano, mismo que garantiza los derechos sexuales de todas las personas sin discriminació n homofóbica alguna; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminació n; así como los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero.
SEGUNDO.- Aplicar las infracciones y sanciones establecidas en el Capítulo Quinto de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público contra los representantes del Estado Vaticano que han violado la ley, e informar a esta soberanía, a través de la Secretaría de Gobernación, de los resultados alcanzados en un plazo no mayor a los treinta días, considerando como parte de la sanción una disculpa pública para con las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, por los mismos medios masivos de comunicación que fue difundida la agresión.

Dado en el Salón de sesiones, a 08 de diciembre de 2009

Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz

Mas información: http://www.enoeuran ga.info/

Favor de difundir

El aborto inseguro, una pandemia prevenible

Asa Cristina Laurell  – 

México.- El avance en la penalización del aborto en las entidades federativas –hasta ahora 17–, requiere del análisis de su impacto sobre la salud pública. Penalizar el aborto tendrá muchas consecuencias que van más allá del caso individual, de por sí grave.

Un tema no suficientemente tratado en la discusión es el del aborto espontáneo o natural que es el desenlace del 10 al 20 por ciento de todos los embarazos diagnosticados. El 95 por ciento ocurre entre las semanas siete y 12 de gestación. Presenta un cuadro clínico difícil de distinguir del aborto inducido, con sangrado vaginal, cólicos, cuello uterino borrado y dilatado. Incluso cuando el feto es retenido en el útero puede ser séptico.

¿Qué sugieren los promotores de la penalización para estos casos frecuentes? ¿Quieren castigar a las mujeres por el funcionamiento de su cuerpo; quieren castigar penalmente la enfermedad? ¿Se hará una investigación judicial para establecer la causa del aborto?

Es previsible que la criminalización del aborto trastoque los procesos en los servicios. La obligatoriedad de reportar los casos sospechosos de un aborto inducido, hará crecer las dificultades para que se atienda adecuadamente una mujer que llega al hospital con un aborto en curso, sea cual fuera su causa. Involucrar al Ministerio Público conlleva consecuencias que dañan profundamente la relación médico-paciente, particularmente porque el personal de salud también queda bajo sospecha. Se verán más rechazos de atención y más muertes maternas.

Se cierra el cerco sobre las mujeres porque las mismas fuerzas que promueven la penalización del aborto están en campaña contra los anticonceptivos de todo tipo y de la educación sexual. Están creando el peor escenario para prevenir el aborto, ya que el efecto es reforzar conductas de alto riesgo no sólo para el embarazo no deseado, sino también para contraer infecciones de transmisión sexual, por ejemplo el VIH/sida. No hay ninguna evidencia robusta de que la ignorancia o amenaza de un castigo cambie la conducta sexual de mujeres y hombres.

Los embarazos en mujeres menores de 18 años representan el 20 por ciento de todos los embarazos en México y este grupo requiere de información sexual y sobre cómo protegerse. Las adolescentes tienen, según datos de la Secretaría de Salud (Ssa), un riesgo 1.2 veces mayor de morir por su gravidez que el resto de las mujeres. Nuestro país suscribió los Compromisos del Milenio de la ONU en 2000, cuyo objetivo cinco es mejorar la salud materna. Entre los indicadores están precisamente la tasa de natalidad entre las adolescentes y la de uso de anticonceptivos, ambos factores de riesgo de muerte materna.

Otro indicador es la mortalidad materna (MM), cuyo objetivo es lograr una disminución de 75 por ciento entre 1990 y 2015. Esto quiere decir que en México debiera bajar de 57.2 por 100 mil nacidos en 2008 a 22 en 2015, lo que requeriría la reducción de 6.9 por ciento al año. México estaba lejos de cumplir las metas anuales de disminución de la mortalidad materna antes de la campaña contra los anticonceptivos y la penalización del aborto. Es de esperar que con estas acciones el problema tenga peor tendencia. Esta es una de las razones de la preocupación de la ONU, expresada hace unas semanas, por la penalización del aborto en los 17 estados que la legislaron.

El aborto es una práctica común en México y el Consejo Nacional de Población (Conapo) estima unos 100 mil al año y el Instituto Guttmacher alrededor de medio millón. Este dato debe ser confrontado con el hecho de que un aborto clandestino es nueve veces más peligroso que uno inducido por un médico en condiciones seguras antes de las 18 semanas de gestación.

Los derechos sexuales y reproductivos son garantías fundamentales de la mujer. Suprimirlos tiene impacto en la salud pública. “El aborto inseguro. La pandemia prevenible”, publicado en Lancet, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2006, concluye: “Su historial de salud pública es preciso e incontrovertible: el acceso a un aborto solicitado, seguro y legal mejora la salud”. La comparación con los datos muy publicitados de las defunciones a consecuencia de la influenza A/H1N1 es contundente. Para el cierre de 2009 habrá alrededor de 950 muertes por esa causa, mientras las muertes maternas estarán entre mil 50 y mil 150, y una proporción importante de ellas se deben al embarazo en adolescentes o a los abortos mal practicados. ¿Por qué estos datos no causan la misma preocupación que los de la influenza?

secretariasaludgl@gmail.com

Fuente: http://www.jornada.unam.mx

Proyecto de ley que penalizaría crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, transfobia, raza, religión y otras causales a la espera de aportes de la sociedad civil

El proyecto de ley que penalizaría los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia, así como por el desprecio a la raza, género, edad y otras características de una persona, “queda a disposición de los aportes que envíen próximamente las diversas agrupaciones de trans, lesbianas, gays y bisexuales (TLGB) y otras organizaciones de derechos humanos”.

Así lo sostuvo el congresista Carlos Bruce, creador de este proyecto, quien señaló que el texto será enriquecido en los siguientes meses, antes que sea debatido en la siguiente legislatura del Congreso, la cual empieza en marzo.

Estas afirmaciones las hizo el pasado viernes 11 de diciembre, durante el conversatorio organizado por la Red Peruana TLGB y la Dirección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima (CAL), donde se realizó evento.

El proyecto de ley 3584/2009-CR –presentado hace unas semanas por Carlos Bruce– busca tipificar la figura de los crímenes de odio en el Código Penal Peruano, por ser un fenómeno social existente y en crecimiento, que debe ser considerado y penalizado por nuestra legislación.

Como explican los voceros de la Red Peruana TLGB –red organizadora del conversatorio–, un crimen de odio es cualquier forma de violencia motivada por la raza, género, religión, color, incapacidad, nacionalidad, ancestros, edad, condición económica, afiliación política o de cualquier otra índole, orientación sexual o identidad de género de la víctima.

Se estima que en el Perú cada cinco días muere asesinada una persona TLGB e incluso se calcula que por cada asesinato reportado existirían cuatro más sin darse a conocer, porque fundamentalmente estos hechos nunca se denuncian. Recordemos, además, que entre junio y julio pasados, se registraron siete crímenes de odio en la prensa, incluidos los de la cantante folclórica Alicia Delgado y el estilista Marco Antonio Gallego.

El proyecto de ley del congresista Carlos Bruce propone –por ejemplo– pena privativa de libertad no menor a 15 años para aquella persona que asesine a otra motivada por la orientación sexual o ‘identidad sexual’ de su víctima, o por su raza, religión, nacionalidad, condición económica, etc.

En el conversatorio participaron Ronald Gamarra (secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos) y Silvia Loli (directora ejecutiva de Amnistía Internacional); así como Susel Paredes y Gaby Mariño, secretarias regionales lesbiana y trans para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA).
 
Ronald Gamarra señaló que proyecto no solo debería circunscribirse a asesinatos, torturas y lesiones, sino ampliarse a otros delitos como violación y extorsión.

Por su parte, Gaby Mariño sostuvo que texto debería reemplazar la denominación ‘identidad sexual’ por ‘identidad de género’, concepto con el cual trabajan diversas agrupaciones de trans (travestis, transgéneros y transexuales) en el mundo.

Sobre su proyecto, Carlos Bruce indicó que “la consigna es lograr que se comprenda que estos crímenes por odio son los peores y que por ello es necesario ser más drásticos en las penas. Por el momento, ya hay opinión favorable del Presidente de la Comisión de Justicia, quien también cree que proyecto debe incluir más delitos”.

Durante el conversatorio se recomendó asimismo considerar los delitos motivados por el trabajo que realiza la víctima, dado los múltiples casos de asesinatos y torturas que se realizan contra trabajadoras y trabajadores sexuales.

Carlos Bruce, finalmente, anunció que en el futuro preparará otro proyecto de ley para garantizar los patrimonios que se construyen entre personas TLGB. “Sería una normativa útil para quienes quieren vivir en pareja y para que, a la muerte de una de las partes, la otra pueda heredar los bienes que adquirieron juntas o juntos”, puntualizó.

Red Peruana TLGB

 

Esterilizadas no hallan justicia

Impunidad. Fiscalía archivó definitivamente el caso. Más de dos mil mujeres fueron privadas del derecho a ser madres durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Consuelo Alonzo C.

A Victoria Vigo el Estado peruano le quitó toda posibilidad de ser madre. Sin consultarle, le ligaron las trompas de Falopio en el Hospital Jorge Reátegui, de Piura, mientras su prematuro bebé de 32 semanas moría en una sala contigua.

Así empezó su dolor y su lucha. Ella sabe que nunca volverá a ser la misma (una recanalización de sus trompas es imposible pues corre el riesgo de un embarazo ectópico) y por eso está en busca de justicia.

Al principio denunció a los médicos que le robaron su maternidad, pero después supo que la orden que generó su llanto y el de más de 300 mil mujeres en el país vino de las autoridades que aprobaron el Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, que incluía la famosa Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), que de voluntaria nunca tuvo nada durante el régimen del dictador Alberto Fujimori.

En realidad fue todo lo contrario. Eso lo sabe bien Jacinto Salazar, viudo de Mamérita Mestanza, una de las 17 mujeres que murió como consecuencia de esta práctica. Su esposa solo accedió a que la intervinieran luego de que una enfermera le dijera que por cada uno de sus siete hijos tendría que pagar una multa. Y claro, en su pobreza, pensó que lo mejor era operarse. A los 8 días, Mamérita murió.

Pese a estas claras violaciones a los derechos humanos, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Superior de Derechos Humanos, decidió archivar definitivamente el expediente que involucra a 2,074 mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas. Pero no todo está acabado. Ahora, todas ellas y quienes quieran sumarse irán a Costa Rica.

CLAVES

Ciego. José Luis Cortez, titular de la Fiscalía Superior de Derechos Humanos, fue quien archivó definitivamente el expediente de las esterilizaciones forzadas.

Plazo.
Las víctimas tienen 6 meses para presentar el expediente respectivo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica.

Impune. Esta decisión deja en la impunidad a Alberto Fujimori y a sus ex ministros de Salud.

Fuente: http://www.larepublica.pe