Urge justicia para víctimas de esterilizaciones forzadas

Pese a haber transcurrido diez años, la Fiscalía aún no ha determinado ni menos sancionado a los responsables por las más de 400 mil esterilizaciones forzadas ejecutadas durante el régimen de Alberto Fujimori.

Así lo denunció la especialista en derechos humanos Giulia Tamayo, quien a través de la CNR indicó que muchas de las estructuras de poder de la dictadura no han sido tocadas y eso impide que víctimas reciban justicia y reparación.

«Nadie ha respondido ante la justicia por estos abusos, que están marcados adicionalmente por la discriminación hacia las mujeres indígenas y quechuahablantes, que en esta sociedad son de los grupos más vulnerables y para las que habría que reclamar no sólo que se les pida disculpas», sostuvo.

Indicó que las sanciones no sólo deben alcanzar a los médicos o personal de salud que ejecutaron estos actos, sino particularmente a Alberto Fujimori, de quien dijo estaba al frente de la aplicación y diseño de este programa gubernamental.

Agregó que la situación no sólo implica la falta de consentimiento informado de parte de las víctimas, sino además las pésimas condiciones sanitarias es que se ejercieron estos abusos. «El desprecio por el cuerpo y la salud es evidente, y es otro de los grandes pendientes», anotó.

En los casos que la especialista pudo documentar, quedó evidenciado que a las mujeres «se les coaccionó, engañó o simple y llanamente como en muchos de los centros de salud del país, son tratadas las mujeres quechuahablantes, pobres, andinas: es decir, sin tener en absoluto en cuenta su opinión».

Así mismo, Tamayo lamentó que muchos de los ejecutores y responsables de estos vejámenes sigan sus actividades como si nada hubiera pasado; entre ellos, citó al entonces ministro de Salud y hoy congresista fujimorista, Alejandro Aguinaga.

«La impunidad en nuestro país es no sólo por la influencia que tienen los que perpetraron estos abusos, sino también porque hay otros grupos políticos que de alguna u otra manera prefieren apostar por la impunidad que por hacer justicia a las víctimas», concluyó.

Durante el segundo gobierno de Fujimori se promocionó indiscriminadamente la esterilización en poblaciones indígenas o de extrema pobreza, bajo el nombre de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV).

El Ministerio de Salud (MINSA) desarrollaba campañas y ferias para difundir la AQV cual si fueran vacunas. Incluso, algunos centros de salud imponían metas a su personal para captar un número mínimo mensual de personas. (Con información de CNR)

Fuente: http://www.larepublica.pe

Perú: Aprueban iniciativa ciudadana a favor de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud

Histórico triunfo de la sociedad civil en salud

(Lima 6 de Diciembre) El Congreso de la Republica aprobó por mayoría absoluta la ley de derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, presentada el 2005 con el respaldo de más de 100 mil firmas por diversos grupos y movimientos de la sociedad civil encabezados por ForoSalud, movimientos de derechos y organizaciones de pacientes. Leer más

BELICE: PROTEJAMOS A ESTUDIANTES DE DISCRIMINACIÓN Y EXPULSIÓN

Acompañe a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC) y a United Belice Advocacy Movement (UNIBAM) solicitando al Ministro de Educación de Belice y a otras autoridades para que realicen acciones legales para asegurar que a José García no se le prohíba asistir a la escuela debido a su orientación sexual, identidad de género o expresión de género y lo proteja de persecución y discriminación.

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En ningún caso se tolerarán las violaciones a derechos humanos

En la hipótesis de que algún elemento policial violara los derechos humanos o integrara algún escuadrón de aniquilamiento, este será castigado con toda severidad y en ningún caso se pasaría por alto tales crímenes, advirtió el titular del Interior, Octavio Salazar.

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Terapias de conversión. ¿Es posible transformar homosexuales en heterosexuales a través de psicoterapias?

Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM)

 
México DF.- ¿Es posible transformar homosexuales en heterosexuales a través de psicoterapias? Algunos profesionales del campo psi creen que sí. La psicóloga evangélica brasileña Rozângela Justino considera la homosexualidad como un trastorno para el cual ofrece una “terapia de cura”, pues para ella el modelo heterosexual es el correcto y el que debe ser seguido. Según su diagnóstico, una persona homosexual “no está en sintonía con su yo”.
 
“Existe la orientación sexual egodistónica en la cual la preferencia sexual de la persona no está en sintonía con su yo, lo que la hace sufrir con su estado homosexual. Normalmente las personas que me buscan para cambiar su orientación sexual homosexual están insatisfechas. Después de una relación homosexual, muchas se sienten mal consigo mismas. Hasta pueden sentir alguna forma de placer en el acto sexual, pero después se sienten incómodas y buscan tratamiento”, dijo Justino en entrevista a la revista Veja después de ser juzgada y censurada públicamente por el Consejo Federal de Psicología del Brasil (según ella conformado por muchos homosexuales que “deliberan en causa propia”) en agosto de este año, e impedida de aceptar pacientes en busca de “tratamiento”.
 
Asociaciones y Consejos de Psiquiatría y Psicología, incluyendo la Asociación Americana de Psiquiatría (APA/EUA) y el Consejo Federal de Psicología del Brasil (CFP), se han manifestado contra las terapias que intenta cambiar la orientación sexual de las personas (conocidas como terapias de conversión) y presentan resoluciones que reafirman la oposición de la psicología a posturas homofóbicas en el tratamiento y el derecho del paciente a un tratamiento imparcial. Estas organizaciones también se manifiestan contra la idea predominante en la psiquiatría a partir del siglo XIX e inspiradora de tales tratamientos, de que la homosexualidad sea una enfermedad mental, una vez que ésta fue retirada oficialmente del Manual de Diagnósticos de Trastornos Mentales (DMS) por la APA en 1973 y, por tanto, no puede ser “curada”. La decisión de la APA es una expresión del consenso científico contemporáneo alrededor de la cuestión.
 
En 1990, la Organización Mundial de la salud (OMS) reconoció que la orientación sexual no heterosexual no era una enfermedad mental ni una preferencia sexual que pudiese ser modificada voluntariamente. En el Brasil, la Resolución 001/99 del CPF, versa sobre las directrices éticas en la actuación de los psicólogos en relación a la diversidad sexual, prohibiendo toda forma de tratamiento clínico a la homosexualidad por parte de sus profesionales. De ahí la punición con censura pública a Rozângela Justino, lo que permitió un debate público.
 
“Ella no puede ser condenada por tratarse de un proceso en primera instancia. Por otra parte, para nosotros es interesante extender el debate a toda la sociedad para que las personas se posicionen y conozcan la resolución que produce argumentos para que los magistrados se posicionen en relación a cuestiones que involucran homosexuales. En nuestro país no entendemos la homosexualidad como patología y sí como una expresión de la sexualidad como cualquier otra”, afirma el psicólogo Pedro Paulo Bicalho, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Regional de Psicología de Rio de Janeiro y coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología y Diversidad Sexual del órgano.
 
La resolución brasileña fue elaborada en un momento en que una clínica para tratamiento de homosexuales había sido construida en Vitória (Capital del Estado de Espíritu Santo), en 1998, acabó siendo embargada. Al igual que Justino, esta clínica proponía tratamiento a personas que quisiesen voluntariamente abandonar la homosexualidad por causa del sufrimiento que ésta acarreaba.
 
“Lo que produce sufrimiento es la homofobia. Esos profesionales entienden que acabar con el sufrimiento es acabar con el deseo del sujeto. Vamos a tratar la homofobia en la sociedad. Este es un trabajo que debe ser hecho. Entonces, ¿porque existe la homofobia, vamos a acabar con la homosexualidad? ¿Porque existe el racismo, vamos a acabar con los negros? Esa lógica se parece mucho con el Nazismo” dice Bicalho.
 
No obstante, el psicólogo recuerda que Justino no es la única: “El prejuicio está en la sociedad y la psicología acaba absorbiendo ese tipo de comportamientos. Existe hasta un Proyecto de Ley para acabar con la Resolución. Ellos dicen que la psicología está impidiendo el trabajo de un determinado grupo (del cual Rozângela Justino hace parte)”.
 
¿Por qué tales iniciativas aún persisten en el campo pese a la existencia de alternativas menos patologizantes como la del propio Freud? Aunque la homosexualidad haya sido rotulada como un disturbio mental a finales del siglo XIX, el debate sobre la atracción sexual por personas del mismo sexo no era novedad. Sigmund Freud reportó un intento de cambiar la orientación sexual de una mujer joven que involuntariamente fue llevada por sus padres a tratamiento. Freud no tuvo éxito y acabó concluyendo que tales intentos estaban destinados al fracaso. Pese a que propuso en el marco evolucionista de su época, una teoría de la homosexualidad masculina como fijación en una fase del desarrollo libidinal, en una célebre carta dirigida a una madre que consultaba sobre el caso de su hijo homosexual, Freíd explicó que todo lo que el psicoanálisis podía hacer era ayudar a la persona a aceptar su condición, la cual no debía ser considerada una enfermedad mental, para que la viviera de la mejor manera posible. Él argumentó que la orientación homosexual no significaba ningún impedimento para una vida afectiva y una ciudadanía plena.
 
En la década de 1960, las voces más importantes a favor de una concepción patológica de la homosexualidad, fueron Irving Bieber e Charles Socarides, ambos norteamericanos convencidos de que la homosexualidad era una enfermedad posible de ser curada. Socarides fundó en 1992 la National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH) la cual continúa vigente y actuando hoy en día.
 
La mayoría de los tratamientos en los Estados Unidos consistía en las llamadas terapias de aversión. Una de las más populares era el “reacondicionamiento orgásmico: los hombres veían fotos de otros hombres y en caso de que se excitasen, recibían choques eléctricos en sus genitales. Como la homosexualidad en la época era criminalizada en el país, la mayoría de los pacientes que buscaban cambiar su orientación sexual eran hombres que temían ser presos o procesados en el futuro.
 
Estas terapias eran generalmente ineficaces (pues la persona permanecía atraída por el mismo sexo) o acababan dejando a la persona traumatizada o con la pérdida completa de su interés sexual.
 
Autor de los libros Psychoanalytic Therapy & The Gay Man(1998) y de Gay and Lesbian Parenting, el psiquiatra y psicoanalista estadunidense, Jack Drescher, analiza el recorrido trazado hasta que la homosexualidad llegó a ser vista como enfermedad mental. “En el siglo XIX se dio un proceso de medicalización de comportamientos socialmente inaceptables que continuó en el siglo XX substituyendo la visión religiosa de la naturaleza. Así, la posesión demoníaca se convertiría en “insanidad”, beber licor se volvió “alcoholismo” y los sodomitas se convirtieron en “homosexuales”. Una visión normalizadora de la homosexualidad era sustentada por una minoría. La sociedad estaba dispuesta a aceptar que los pecados pudieran ser reformulados como enfermedades en caso de que los científicos y médicos declarasen que los ‘homosexuales no son personas malas, sino apenas enfermos’. No obstante, considerar la homosexualidad como ‘normal’ fue difícil para la mayoría de los profesionales de la salud mental de aquella época”, relata.
 
Según Drescher, después de la muerte de Freud en 1939, una visión aún más patológica y crítica de la homosexualidad ganó terreno entre los psicoanalistas. En 2007, la APA formó una comisión para revisar la resolución de 1997 sobre las terapias apropiadas para la orientación sexual y elaborar el informe Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation, que discute las intervenciones apropiadas en niños, adolescentes y adultos y revisar la literatura sobre el tema. Sin embargo, la resolución estadunidense no tiene la fuerza que tiene la resolución brasileña porque en los Estados Unidos no existe un órgano que congregue una directriz que sirva para todo el país. Por el hecho del Brasil ser una federación, la resolución es válida en todos los estados, pese a que apenas tres de ellos (Rio de Janeiro, São Paulo y Bahía, que congregan el 75% de los psicólogos en el país) han institucionalizado grupos de trabajo para hacer de esa resolución una prioridad.
 
La discusión en América Latina
 
Aunque esta discusión es más fuerte en los Estados Unidos, en Latinoamérica la cuestión ocasionalmente viene a la luz, vinculada a personas e organismos religiosos. Así como en el Brasil en 2004 un deputado evangélico de Rio de Janeiro elaboró un proyecto de Ley que proponía que el Estado costease el tratamiento de las personas que querían abandonar la homosexualidad, y en 2009 surgió el caso de Rozângela Justino, en Argentina, la llamada “terapia reparativa” es actualmente la favorita de los ministerios cristianos.
 
El CEGLA – Ministerio Restauración, organización evangélica argentina cuyo propósito consiste en convencer a las personas LGBT de que en realidad son heterosexuales confundidos, reconoce la autoridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la APA en relación a la homosexualidad como modo de vida y no como enfermedad, desvío o trastorno psicológico.
 
Para los miembros de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), los terapeutas que aplican las terapias de conversión – los cuales aseguran tratar a unas 30 personas por año y lograr una recuperación en el 70% de los casos – son provenientes de organizaciones con una perspectiva ideológica que condena la homosexualidad y están insuficientemente documentados.
 
La cuestión es que la fuerte asociación de la psicología con la religión (llevando en cuenta que ambas áreas actúan en torno de la noción de cuidado) hace con que algunos de los profesionales acaben por incorporar sus creencias religiosas en el desarrollo de la práctica laboral. Pero vale la pena preguntar: ¿Qué lleva a que esos líderes religiosos fundamentalistas elijan la psicología como área de actuación?
 
“El área de unos años para acá pasó a ser un título interesante para pastores de iglesias neopentecostales que tienen la figura del líder como sujeto de persuasión. Y la psicología pasó a ser blanco de los que quieren persuadir a los otros. Este es el uso del campo. La discusión es cómo tornar la psicología laica”, expresa Pedro Bicalho.

 

Otras organizaciones que se dicen capaces de promover la cura de la homosexualidad son la Exodus Latinoamérica, CREHO (Centro de Restauración de Homosexuales do Peru), Zapatos Nuevos en Caracas, Los Hijos del Padre en la Florida (EUA); Camino de Salida en Quito y la NARTH (Asociación Nacional de Investigación y Terapia de la Homosexualidad), que recientemente organizaron un congreso en la Ciudad de México, del cual participaron tanto profesionales cuanto leigos.
 
El CREHO realiza semanalmente terapias grupales e individuales para buscar las raíces de la homosexualidad y “corregirla”, asumiendo que se trata de una “enfermedad del alma”. Un aspecto preocupante de estas reuniones es que también están dirigidas a padres y madres de familia que buscan cambiar la orientación sexual de sus hijos e hijas.
 

Los periódicos brasileños O Estado de São Paulo y O Tempo, de Belo Horizonte (Minas Gerais), publicaron recientemente materias sobre las clínicas de recuperación donde los padres internan a sus hijos gays con la disculpa de que éstos son dependientes químicos y los dejan enclaustrados por meses sin poder recibir visitas y sin acceso al teléfono. Después de varias denuncias, el Consejo Federal de Psicología pasó a investigar tales establecimientos.
 
En el Perú existen algunos programas y “terapias” promovidos por sectores religiosos conservadores. La Red Peruana de Trans, lesbianas, Gays y Bisexuales (Red Peruana TLGB) ha manifestado su preocupación con tales iniciativas. Para el activista Paco San Martín, “estos tratamientos tienen un enfoque patologizante. Hacen que la persona crea que es víctima de una enfermedad de la cual solamente será liberada cuando vuelva al camino trazado por Dios, lo que implica que renuncie a sí mismo y que reprima su orientación y sus propios deseos”. Algún tiempo atrás, San Martín visitó el Centro de Restauración de Homosexuales (CREHO) buscando respuestas a incertidumbres y vacíos que, según comenta, sintió en algún momento de su vida.
 
“Estos grupos te envuelven y por momentos uno piensa que lo están ayudando, pero después uno se da cuenta de que no es así, que a partir de la culpa te llevan a actuar dentro de ciertos parámetros de conducta que ellos consideran indeseables”, afirma el activista, quien asegura ser hoy una persona que se acepta a sí mismo y que ejerce su libertad para vivir plenamente.
 
Jack Drescher afirma que la absorción de las teorías psicoanalíticas sobre patologías – actualmente descartadas por el mainstream del campo de la salud mental – es una táctica de muchas denominaciones religiosas dentro de una cultura de guerra contra el movimiento LGBT. “Desde esta perspectiva religiosa contemporánea, un gay o una lesbiana no tiene que ser automáticamente expulso de su congregación de fe. Ellos serán abrazados en caso de que renuncien a sua homosexualidad y procuren por la ‘cura`. Este cambio de ambiente llevó a un movimiento de grupos religiosos de auto-ayuda destinados a individuos que se refieren a sí mismos como ‘ex-gays’. En los Estados Unidos, el movimiento de los ex-gays ha sido usado para mostrar que las personas LGBT pueden cambiar su orientación sexual si lo intentan y, por lo tanto, no existen razones para otorgar derechos civiles a las comunidades LGBT”, analiza Drescher.
 
Para el psicoanalista, es posible pensar en otros modelos clínicos para comprender la orientación sexual más allá de la patologización. En su libro Psychoanalytic Therapy and the Gay Man (1998) ofrece una alternativa a los abordajes ideológicos: “los terapeutas necesitan ser capaces de trabajar dentro de un modelo de conflicto y deben asumir una posición neutra para ayudar a sus pacientes a resolver un conflicto interior. Los profesionales necesitan ser honestos consigo mismos y con sus pacientes en relación a sus creencias personales. El papel del analista es ayudar al paciente a tolerar mejor el dolor del conflicto, la ansiedad, la incertidumbre y a llegar a sus propias conclusiones”.

Fuente: http://www.notiese.org/

Latinoamérica, a ciegas contra el VIH*

Antonio Medina-enviado.-  

Lima, Perú.-  América Latina y el Caribe es una de las regiones donde los números de la epidemia no ceden. En el V Foro Latinoamericano y del Caribe en VIH/sida, celebrado en Perú en noviembre pasado, las y los involucrados en la lucha contra el sida señalaron las debilidades comunes, entre ellas la falta de evidencia científica que guíe las intervenciones de prevención y atención.
 
A casi tres décadas de la aparición del sida en el mundo, los países de América Latina y el Caribe se perfilan como una de las regiones donde la pandemia va en aumento a pesar de las acciones emprendidas por gobiernos, organizaciones multinacionales y organizaciones de la sociedad civil. Datos recientes del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) indican que existen 1.7 millones de personas que viven con el virus en los países de la región.
 
Algunos factores que contribuyen al crecimiento de la epidemia en nuestros países tiene que ver con la desigualdad social, producto de la inequitativa distribución de los recursos económicos; la falta de políticas públicas asertivas; así como la discriminación y el estigma asociados al sida en sectores históricamente excluidos.
 
César Núñez, representante de ONUSIDA para América Latina, planteó durante el V Foro Latinoamericano y del Caribe en VIH/sida, que se llevó a cabo en Lima, Perú, a finales de noviembre, que uno de los grandes lastres en los países de la región es que, a pesar de contar con recursos, “el acceso a medicamentos antirretrovirales es tardío; la terapia antirretroviral, aunque haya acceso, se recibe en promedio 12 meses después de que las personas han sido detectadas como seropositivas”, lo que representa una verdadera amenaza para la sobrevivencia. Esto se suma a otros problemas culturales como el estigma y la discriminación, no sólo en los ámbitos de convivencia social, sino desde los espacios gubernamentales.
 
Ante más de cuatro mil asistentes a dicho Foro, Núñez mostró que la pobreza afecta más en áreas rurales, donde hay menos servicios de salud y educación, a diferencia de las áreas urbanas, donde se concentran los servicios y las posibilidades de acceder a ellos.
 
En esta vorágine de problemáticas observadas en la mayoría de países de América Latina, las cifras se pueden considerar “alarmantes” en sectores de mayor vulnerabilidad, como las poblaciones juveniles marginales, los y las trabajadoras sexuales, hombres gays u hombres que tienen sexo con otros hombres, personas transexuales, hombres privados de la libertad, población usuaria de drogas inyectables y poblaciones móviles.
 
“Estos grupos son los que menos posibilidades tienen para acceder a las campañas de prevención y de sensibilización frente al problema. Entre otros motivos, porque los gobiernos no invierten en estrategias de prevención focalizadas con lenguajes específicos que generen cambios de actitud frente a la sexualidad”.
 
Un problema que va en aumento es el de la transmisión del VIH de madre a hijo, ya que más de un tercio de los países de América Latina y el Caribe siguen ofreciendo tan sólo una cobertura de menos del 50 por ciento para la prevención de esta problemática, lo que generó que en 2008 se infectaran 6 mil niños y niñas al nacer.
 
En entrevista con Letra S, Núñez señaló como una prioridad que las organizaciones civiles se integren realmente a las estrategias nacionales, pues consideró que “no es una estrategia gubernamental la que va a resolver el problema del sida en los países de América Latina; en cada país deben integrarse empresas, iglesias, organismos multinacionales, gobierno, academia y población en general para generar cambios sustanciales”.
 
Falta de datos
 
A pesar que existen datos generales sobre el impacto de la epidemia en los países de la región, no son suficientes, pues faltan indicadores que permitan una lectura más objetiva de problemáticas específicas de cada país y de sus poblaciones con mayor vulnerabilidad, lo que genera una sensación de vacío informativo para los especialistas al momento de elaborar informes o reportes por país.
 
“No se ha logrado tener información desagregada por población, lo que representa un importante desafío para poder conocer el estado actual de la epidemia y su respuesta, y de esta forma implementar estrategias más efectivas y específicas donde se requiera”, sostuvo Rubén Mayorga, coordinador de ONUSIDA para Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, quien expuso que la falta de datos específicos por población evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de información nacionales.
 
“Al no contar con información fehaciente, palpable, no se pueden materializar acciones focalizadas en poblaciones de mayor vulnerabilidad”, señaló.
 
El especialista consideró que el hecho de que existan leyes que excluyen a sectores sociales por sus actividades profesionales o formas de convivir, provoca discriminación social, que redunda en violencia, tanto simbólica como física, por lo que se requiere que en las acciones para disminuir el impacto de la epidemia se realice un “trabajo multisectorial en donde se involucren instituciones de justicia, educación y salud bajo los preceptos de los derechos humanos”.
 
En tanto, Carlos Cáceres, investigador de la Universidad Cayetano Heredia del Perú, fue crítico con la estrategia regional en VIH, diversidad sexual y derechos humanos, ya que no responde a las necesidades reales en prevención, atención y combate a la homofobia desde los espacios gubernamentales, por lo que coincidió con Mayorga en la necesidad de construir respuestas desde diversos sectores, “pero de manera articulada, así como de fomentar el compromiso social de los diferentes grupos que tienen que ver con la infección por VIH”.
 
Estrategias efectivas
 
Para guiar el desarrollo e implementación de estrategias efectivas de prevención basadas en evidencia, ONUSIDA informó sobre la elaboración de las Guías Prácticas para la Intensificación de la Prevención del VIH. Este esquema y línea de trabajo establece como punto principal que cada país debe conocer su epidemia para poder hacer una planeación estratégica que derive en acciones efectivas.
 
Por ejemplo: en el periodo 2008-2009, destaca la guía, se incrementó la producción de información estratégica en los países de la región, que muestra datos epidemiológicos; estudios especiales de prevalencia que incluye poblaciones más expuestas; estudios sobre las formas principales de transmisión; economía y financiamiento que permite la medición del gasto en sida; fuentes de financiamiento y categorías de gasto, que permite la actualización de las estimaciones y las necesidades de recursos.
 
En este sentido, se busca que los procesos nacionales tengan una medición lo más exacta posible, cada dos años, sobre los 25 indicadores acordados como medición mínima sobre la epidemia y su respuesta a nivel global, la cual se planteó durante la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) en 2001, que pretende estimular la generación de información estratégica y fortalecer alianzas entre organismos gubernamentales, no-gubernamentales e internacionales.
 
Estos informes constituyen una base de datos y evidencias sin paralelos sobre la epidemia y su respuesta. ONUSIDA brinda apoyo financiero y acompañamiento técnico a los gobiernos y organizaciones civiles involucrados en estos esfuerzos a través de la iniciativa “Planificación Estratégica para la Acción sobre SIDA”, implementada por el Banco Mundial, que ha permitido desarrollar planes estratégicos nacionales sobre VIH y sida, basados en evidencia y con enfoque en resultados, en ocho países de América Latina.
 
Por su parte, Lelio Mármora, Jefe del Equipo Regional para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, habló sobre la asignación de 65 millones de dólares para México en los próximos seis años, y fue enfático al subrayar que los recursos de dicho fondo “no deben servir para apalancar lagunas de los gobiernos que privilegian los proyectos en lugar de los programas, sino para repuntar el trabajo comunitario y la inversión focalizada, eficiente y transparente” que permitan abatir los problemas de VIH en los sistemas de salud.
 
Sociedad civil
 
Una voz muy escuchada en diferentes espacios de discusión durante este Foro Latinoamericano sin duda fue la del activista ecuatoriano Orlando Montoya, coordinador saliente de la Asociación para la Salud Integral y Ciudadanía de América Latina y el Caribe (ASICAL), quien señaló en diferentes mesas de trabajo que una forma de buscar soluciones para contrarrestar la epidemia es empezar por el reconocimiento mutuo de los distintos actores que intervienen en la respuesta multisectorial gubernamental, no gubernamental y los sectores afectados, “lo que puede permitir un enfoque integral para eliminar vacíos que finalmente perjudican a los grupos vulnerables”.
 
Instó a emitir una demanda generalizada por parte de las redes y organizaciones civiles de toda América Latina y el Caribe que se esfuerzan por emprender acciones para revertir el aumento de sida en sus países, pues aseguró que “los asistentes a este Foro no necesitamos que nos convenzan de nada, sabemos las necesidades, solamente nos faltan resolver los cómos, los porqué y con qué”.
 
*Texto publicado en el número 161 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 3 de diciembre de 2009

Fuente: http://www.notiese.org/

No respetar derechos humanos institucionaliza la injusticia

Xavier Caño Tamayo.-  

Cuando alguien viola a una mujer, se enfrenta a consecuencias penales y al rechazo colectivo. Y también quienes explotan a niños, secuestran, torturan o despojan a pobres. Así ocurre también con otros delitos, casi siempre graves violaciones de derechos humanos. Pero no hay rechazo y menos aún condena cuando son los Estados (en realidad, quienes encarnan sus poderes políticos) los que violan derechos humanos por acción, complicidad, omisión o incumplimiento de sus compromisos.
 
La legislación internacional de derechos humanos que Naciones Unidas elabora y promulga obliga tanto como las leyes de cada estado. El problema surge cuando los Estados no cumplen con su obligación de respetar y defender los derechos humanos, como han firmado y ratificado.
 
Ponemos en la picota de la violación de derechos humanos a China, Irán o las repúblicas de Asia central de la desaparecida URSS, por ejemplo. Es justo, pues tales Estados violan derechos humanos de modo sistemático. Pero entre los estados tenidos por democráticos no es oro todo lo que reluce en respeto y promoción de derechos humanos. Una cosa es que los estados no puedan ser condenados y otra que sus infracciones y violaciones de derechos se ignoren.
 
En España, hay malos tratos a detenidos y ninguna respuesta por parte del Estado. Según Amnistía Internacional, existen serias deficiencias que impiden prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros malos tratos por agentes de la seguridad del Estado. La organización defensora de derechos humanos ya denunció esa situación en 2007, pero dos años después el gobierno español no ha afrontado el grave problema.
 
El desarrollado Japón ejecuta a enfermos mentales. El secreto sobre la aplicación de la pena de muerte impide conocer el número exacto de personas con enfermedad mental, condenadas a muerte y ejecutadas. Japón vulnera gravemente las normas internacionales que ha firmado y ratificado.
 
En Colombia, el gobierno mira hacia otro lado mientras los paramilitares, guerrilla y efectivos del ejército o policía perpetran graves violaciones de derechos humanos de la población civil. Periódicamente se tiene noticia de asesinatos de campesinos, indígenas o afrodescendientes, mientras sindicalistas y otros defensores de derechos humanos corren serio peligro, son amenazados o acusados falsamente.
 
El gobierno colombiano no se tomó en serio la advertencia de Amnistía Internacional de que habría más ataques contra indígenas y el pasado agosto los awá fueron víctimas de una tercera masacre en menos de un año. Al mismo tiempo se perpetra un sistemático despojo de tierras de campesinos e indígenas amenazando y aterrorizando a la población civil.
 
En Perú, comunidades indígenas se negaron aceptar las propuestas de presunto desarrollo del gobierno de Alan García en la Amazonia. Estas propuestas negaban sus ancestrales derechos a la tierra así como la defensa de la selva y del medioambiente. Amnistía Internacional comprobó maltrato a personas indefensas, incluso a heridos en ambulancias, y el uso de armas de fuego contra personas desarmadas en las manifestaciones de junio de 2009 contra las resoluciones gubernamentales en las que más de doscientas personas fueron heridas. El Estado peruano no cumplió su responsabilidad para con los pueblos indígenas.
 
A pesar de argumentos, cartas, ruegos y peticiones para que no fuera promulgado el Código Penal reformado, por injusto e inhumano, interrumpir el embarazo en Nicaragua hoy es delito. Esa reforma no considera el peligro para la vida de la madre, malformaciones o enfermedades incurables del feto o que el embarazo sea por violación. Las adolescentes violadas no se detendrán por ese código, pues no querrán un hijo fruto de haber sido forzadas, y recurrirán al aborto clandestino. Y a un peligro de muerte probable.
 
Israel ignora las resoluciones de la ONU en el conflicto con los palestinos, perpetra presuntos crímenes de guerra y desalojamientos forzosos injustificables, y condena a la pobreza a la población palestina al convertir la franja de Gaza en el mayor campo de concentración del mundo… Mientras Estados Unidos y la Unión Europea miran hacia otro lado.
 
Se pueden citar otros países democráticos que incumplen gravemente sus compromisos de defensa y promoción de los derechos humanos de todos, mientras aparentan ser campeones de esos derechos. Pero, como en otras cuestiones, obras son amores y no buenas razones. Como indica la frase popular, el movimiento se muestra andando.

 
– Xavier Caño Tamayo es Periodista y escritor
Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.
http://www.ucm.es/info/solidarios/index.php