En el Círculo De Fuego

“Un contacto electrónico enfervorizado”. Así describe Diego García-Sayán la parte no presencial de su trabajo como magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Pese a su nombre tan pomposo, es el tribunal más pobre que existe en el planeta. Más pobre que el Tribunal Andino de Justicia y que la Corte de Centroamérica”.

Ello implica que los siete jueces deban continuar con sus ocupaciones en sus respectivos países.

Por eso este rockero ocasional, director general de la Comisión Andina de Juristas y ex ministro de Justicia y Relaciones Exteriores deberá intensificar todavía más su frenética lectura de correos electrónicos. Se acaba de convertir en el primer peruano elegido unánimemente por sus seis colegas como presidente de la CIDH, con sede en Costa Rica.

A pesar del presupuesto, este tribunal supranacional tiene un significado trascendente para el Perú. El retiro de su jurisdicción signó un momento en el que el régimen de Alberto Fujimori decidió aislarse de la comunidad internacional. A su vez, volver a su esfera de competencia significó reconocer que las instancias supranacionales no eran para ser tomadas a la broma. Sus fallos en casos claves como las masacres de la Cantuta y Barrios Altos fueron, a su vez, determinantes en la histórica sentencia de veinticinco años impuesta a Fujimori. El gobierno peruano invitó al tribunal a realizar sus audiencias en Lima en abril próximo.

García-Sayán otea el cambio de los vientos desde el monumento El Ojo que Llora en el Campo de Marte: “Hoy los estados latinoamericanos no van con el discurso viejo que tenían las dictaduras o los autócratas de decir: eso es mentira, es invención de los terroristas, de los izquierdistas y de las ONG. Aquí hay hechos y son ciertos, aceptamos que fueron así y que no deben de producirse más. Hace diez años hubiéramos pensado que era algo más para europeos. Era imposible pensar que iba a funcionar una corte que no tiene policías ni manera de trabarle embargo a una cuenta del Estado para que pague una reparación. Eso demuestra que no todo está funcionando, pero hay cosas que sí están funcionando”. El 80% de las reparaciones determinadas por la CIDH a favor de ciudadanos demandantes han sido sufragadas por los estados aludidos.

No ha sido un reciente camino exento de baches. Ciertamente, regaló munición a los críticos de la Corte la resolución (2007) del caso de la masacre del penal de Castro Castro, que incluyó una reflexión del juez brasileño Cançado Trindade calificando a las senderistas como “Juanas de Arco”. García-Sayán, que se inhibe en todos los casos relacionados con el Perú, aclara que “no era el pensamiento de la Corte porque no era parte de la sentencia y en segundo lugar era una reflexión retórica poética que no tenía una consecuencia jurídica particular”. El brasileño es ahora juez en la Corte Penal de La Haya.

“Nunca fui juez”. García-Sayán reconoce que le costó integrarse a la rutina de trabajo de la Corte. La toga (“la pijama”) propia de los magistrados y los interminables debates jurídicos no eran lo suyo. Pero la mirada de este abogado de 59 años se ilumina cuando explica las razones que hacen apasionante el trabajo.

“Las decisiones de la Corte en los últimos años están influyendo de manera muy decidida en políticas públicas”, explica. En tiempos de autoritarismos y guerras sucias, los fallos de la Corte lidiaban con los crímenes del Estado. Hoy imponen lo que García-Sayán llama sus “obligaciones positivas”. Esto significa “tener un sistema judicial eficiente, que funcione, que sea accesible, al que la gente pueda llegar y que resuelva en un plazo razonable”.

De alguna manera, corren tiempos en los que el Estado asume un nuevo rol central. “Es una fase muy distinta a la del pensamiento único del consenso de Washington, que le decía a los estados: tienen que privatizar empresas e imponían una injerencia constante”.

Hoy la Corte le hinca el diente a casos relacionados con “asuntos muy interesantes sobre pueblos indígenas y el requisito del consentimiento para otorgar concesiones. Lo que no significa que no se pueden dar, pero tiene que haber algún tipo de compensación económica para la gente. Esto a propósito de unos casos de Surinam que tienen vigencia más allá”. Los trágicos ecos de Bagua vienen de inmediato a la memoria.

Otros ejes actuales son los de acceso a la información –con una reciente sentencia ejemplar para un caso de Chile– y regímenes pensionarios. Bárbaros crímenes de Estado todavía son denunciados desde México –con el feminicidio en Ciudad Juárez como triste ejemplo– y Colombia. El filtro previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos posibilita que la carga procesal de la Corte sea moderada. Ven solo unos veinte casos al mismo tiempo.

Un gran pendiente es la ausencia de Estados Unidos en el sistema. “Quisiera pensar que con la administración Obama se puedan dar pasos en esa dirección”, confía García-Sayán. “Podría darse el caso que, con algunas reservas, EE.UU. se adhiera a la Corte Penal Internacional. No creo, realistamente, que con la CIDH se pueda dar un giro de 180 grados pero estoy convencido de que puede establecer un camino de diálogo para generar sensibilidad, no tanto en los sectores académicos donde ésta ya existe, sino en los círculos políticos”. Seguro que centenares de correos electrónicos se invertirán en el esfuerzo. (Enrique Chávez)

http://www.caretas.com.pe

Nota.- Negritas nuestras.

El pecado de olluco

Por Augusto Álvarez Rodrich.- 

La débil acusación a la congresista Rosario Sasieta.   

Hizo bien la Comisión de Ética al abrirle una investigación a la congresista Rosario Sasieta por su viaje a ‘las Europas’ pues –al menos por lo mostrado hasta el momento– no se percibe una falta que justifique el escándalo y, por tanto, le convendría recibir un ‘salvoconducto’ que lo confirme, pero no se puede dejar de advertir que estamos entrando a un territorio comanche, lleno de cortinas de humo, donde el periodismo decente debe moverse con sagacidad para no ser embaucado por fines subalternos.

El programa televisivo ‘Día D’ denunció a Sasieta de haberse ido a Barcelona y Venecia, en setiembre de 2008, a hacer turismo durante los días de licencia remunerada que le otorgó el Congreso, y sazonó la acusación –seguramente para apuntalar el rating– con la mención de su participación en una boda gay y la insinuación malera, por no fundamentarla, de una relación lésbica con la artista Paula Marijuán.

De paso, es lamentable que algunos medios insistan en meterle contenido gay a las denuncias para potenciar su impacto. Tan lamentable como la ‘revelación’ reciente  del cardenal mexicano de que “los homosexuales y transexuales no entrarán jamás al reino de los cielos”. Hasta donde se sabe, gays sí existen mientras que del cielo todavía nadie puede dar prueba contundente pero, si existiera, y la admisión se rigiera con criterios de justicia y ética, este curita mexicano no podría ser admitido.

Volviendo al supuesto pecado de la bullanguera congresista Sasieta, y salvo que el domingo que viene ‘Día D’ aporte mayor evidencia, yo veo acá más escándalo que sustancia. Por ello, sería conveniente que los miembros de la Comisión de Ética estudien el caso y fallen cuanto antes sobre una denuncia periodística ‘debilonga’ que, por ello, tiene efectos negativos.

Además de mellar innecesariamente una honra si se llega a comprobar que Sasieta no cometió una falta, se afecta más la credibilidad del Congreso con acusaciones no bien fundamentadas. Si hay delito, que se denuncie sin dudar, pero sospecho que hay algunos interesados en debilitar, con inventos, al Parlamento. Asimismo, una acusación débil le resta confianza al valor de la denuncia periodística, la cual es fundamental en un país donde las instituciones anticorrupción operan tan mal.

Esto puede deberse a la lucha desenfrenada por el rating de los domingos por la noche pero no se debe descartar que la haya elaborado algún ‘grupo de interés’. Desde la cucufatería molesta por las importantes leyes sobre divorcio y familia promovidas por Sasieta, hasta los que se mueren por desviar la atención para que pase piola el tremendo escándalo por la relación promiscua establecida por esa cosa tan rara y sinuosa  que es ‘Alias’ Peruanas con distintas instancias estatales y políticas del país.

Fuente: http://www.larepublica.pe

México: 459 asesinatos violentos contra mujeres registrados en 16 estados del país en tan sólo 6 meses

 .* Estado de México, primer lugar en asesinatos violentos contra mujeres en el ámbito nacional.-  

* Graves retrocesos en el acceso a la información sobre feminicidios en México.-  

En la actualidad el Estado mexicano no cuenta con cifras confiables que permitan estimar la magnitud de los asesinatos violentos contra mujeres y niñas en el país. Los datos oficiales manejados por algunos órganos de gobierno, como las Procuradurías de Justicia Estatales, no coinciden con las cifras difundidas por las instancias Federales y mucho menos con las manejadas por las organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos.

No obstante, el reporte “Una mirada al feminicidio en México 2007, 2008 y 2009”, elaborado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), reveló que de enero a junio de este año, 459 mujeres fueron asesinadas en 16 estados de la República. La región más afectada fue la norte, en donde se registraron 237 casos, seguida del centro y bajío con 201 casos, y el sur con 21 de éstos.
 
En conferencia de prensa, los integrantes del OCNF señalaron que 103 víctimas tenían entre 21 y 30 años de edad, 81 mujeres entre 31 y 40 años, y los 61 restantes entre 11 y 20 años, es decir, más de la mitad de las víctimas fueron asesinadas cuando tenían entre 11 y 40 años de edad.
 
Los activistas mencionaron al estado de México como la entidad en donde ocurre el mayor número de feminicidios, pues de 2007 a junio pasado se registraron 472 asesinatos violentos contra mujeres
 
Causa de muerte
 
De acuerdo con el OCNF, las procuradurías de Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal y estado de México se negaron a proporcionar información sobre las causas de muerte de 223 mujeres y niñas ocurridas entre enero y junio de este año, en nueve casos las autoridades dijeron desconocer los motivos del deceso.
 
Añadieron que las mujeres asesinadas con arma de fuego suman un total de 82 casos, mientras que 83 de ellas perdieron la vida como consecuencia de actos que implicaron el uso excesivo de la fuerza como agresiones físicas, asfixia, traumatismo craneoencefálico o abdominal. En tanto que 39 fueron ultimadas con heridas punzocortantes.
 
Lugar del hallazgo y relación de la víctima con el victimario
 
En cuanto al lugar del hallazgo, el reporte destaca que una de cada tres víctimas fue encontrada en lugares públicos, mientras que una de cada cinco fue localizada en una casa habitación. De acuerdo con los activistas, la exposición de los cuerpos refleja la violencia en extremo donde el abandono, la exposición y el castigo después del asesinato son contundentes.
 
Según el documento, en ocho de cada 10 homicidios -82 por ciento-, no se pudo establecer la relación de la víctima con el victimario. Si las autoridades competentes desconocen a los asesinos es altamente probable que también desconozcan el motivo de la muerte, añadió el OCNF. Sobre los motivos de muerte, calificaron como “preocupante” que en 91 por ciento de los casos las autoridades desconocen esa información, “lo que muestra la falta de acción y la debida diligencia del Estado para resolver estos casos violencia extrema contra las mujeres”.
 
Estatus legal del caso
 
Respecto al estado procesal que guardan los casos de homicidios de mujeres y niñas cometidos durante el primer semestre de 2009, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Tabasco y Yucatán no proporcionaron esa información. Por tal motivo sólo en 251 casos de los 459 documentados, se pudieron obtener los datos.
 
De estos últimos casos, en 155, las procuradurías no precisaron la etapa procesal exacta, es decir no determinaron si la averiguación concluyó, si fue identificado un responsable, si se determinó el no ejercicio de la acción penal o si se envió el caso a archivo, entre otras.
 
El informe del OCNF destaca que tan sólo en 87 casos ha consignado la averiguación previa a un juez competente. Sin embargo, únicamente en ocho cuentan con una sentencia. Esto significa que solamente en 2 por ciento de los homicidios de mujeres y niñas de enero a junio de 2009, se ha aplicado una sanción al homicida aunque se desconoce en qué consistió y si cumplió con los estándares internacionales.
 
Los activistas subrayaron que el reporte “Una mirada al feminicidio en México 2007, 2008 y 2009”, tiene como objetivo conocer y analizar el perfil sociodemográfico de las víctimas, la relación con el homicida, los actos violentos, los motivos y causas de la muerte, así como la situación actual de los procesos, para contar con información que permita realizar recomendaciones para el diseño de políticas públicas integrales de seguridad para las mujeres y niñas que garanticen su derecho a una vida libre de violencia.
 
Denunciaron que las procuradurías de Morelos y Oaxaca se negaron a proporcionar información. Añadieron que las autoridades de Chiapas y Quintana Roo sólo dieron datos de abril, mayo y junio, por lo que no fueron incluidos en el reporte. A su vez, las procuradurías del estado de México y Guanajuato no proporcionaron los datos sobre la causa de muerte de las víctimas.
 
El OCNF recibió información parcial de las procuradurías de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán.

Fuente: http://www.notiese.org

En Perú indiferencia gubernamental hacia los derechos de las mujeres

Ausencia de políticas adecuadas de salud sexual y reproductiva

Por Kerstin Bognar

(CIMAC).- Cada año, en el Perú, alrededor de 371 mil 420 mujeres abortan clandestinamente. 44 por ciento de ellas interrumpen el embarazo con ayuda de personal no calificado, lo que genera condiciones altamente peligrosas para su salud y su vida. Las mujeres que recurren a un servicio de aborto con una obstetra son 39 por ciento y sólo 17 por ciento acuden a un médico profesional, según información del Centro de la Mujer Peruana (CMP) Flora Tristán.

Es más grave la situación de las mujeres rurales (23 por ciento de la población femenina peruana, según datos de la Organización de las Naciones Unidas), quienes sólo en tres por ciento pueden ir a un médico, 32 por ciento a obstetras, y 65 por ciento a personal no calificado.

La organización feminista añade que, cuando el aborto es realizado por una persona no calificada, o por la misma mujer, hay 72 por ciento de probabilidad de complicación y 24 por ciento si lo realizan obstetras o enfermeras. En cambio, el riesgo baja a cuatro por ciento si el aborto es practicado por un médico.

La difícil situación de las mujeres que se someten a abortos inseguros se debe al estatus legal del aborto en el Perú: La interrupción del embarazo sólo es permitida cuando se realiza para salvar la vida de la mujer gestante o evitar un mal grave o permanente en su salud.  

A pesar de que el aborto terapéutico es legal desde1924, esta norma no se cumple por la ausencia de un protocolo nacional de atención. La falta de reglamentación del aborto terapéutico genera inseguridad en el personal médico de los servicios públicos de salud, que muchas veces se inhibe de prestar esta atención a las mujeres que la requieren.

Así, la organización feminista señala el caso de una joven de 17 años que gestaba un feto anencefálico y a quien se negó el aborto terapéutico, causando graves daños a su salud.

A pesar de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un decreto emitido en noviembre del 2005, consideró que el Estado peruano había violado los derechos humanos de la adolescente, y determinó la obligación del Estado de brindarle un recurso efectivo que incluya una indemnización y adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, no ha cumplido con estas recomendaciones.

“Han transcurrido 85 años sin que se regule la atención al aborto terapéutico. La inacción e indiferencia del gobierno frente a estos casos persiste, lo que impide a las mujeres ejercer su derecho de acceder a esta interrupción legal del embarazo para salvaguardar su vida y la integridad de su salud, debido a la ausencia de protocolos que, hasta hoy, siguen sin ser aprobados por el Ministerio de Salud”, indica el CMP Flora Tristán.

Por otro lado, la ONG peruana denuncia la ausencia de políticas adecuadas de salud sexual y reproductiva. Así, señala que en gran parte de los hospitales y centros de salud del país hay desabastecimiento de insumos anticonceptivos por falta de presupuesto o por la ineficacia de su distribución.

Además, en octubre de este año, el Tribunal Constitucional (TC) peruano prohibió al Estado la entrega gratuita de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), que se hacía en los hospitales sobre todo a mujeres de escasos recursos económicos como parte de una política estatal. Un mes después, el TC amplió su decisión señalando que el Estado tampoco puede venderla, alegando el riesgo de efecto abortivo.

Sin embargo, la píldora seguirá vendiéndose libremente en las farmacias privadas a un precio mucho mayor al que podría haberla ofertado el gobierno. Obviamente, las decisiones tomadas por el TC discriminan a las mujeres en situación de pobreza, ya que los precios de las pastillas ofrecidas en las farmacias privadas superan sus posibilidades económicas.

09/KB/PBC/GTR

Fuente: http://www.cimacnoticias.com

Gobierno Peruano pidió por primera vez perdón al pueblo afroperuano

Reconocieron en el diario El Peruano, que los agravios contra la población negra han sido la barrera para su desarrollo.-  

(AP). El gobierno peruano pidió por primera vez perdón al pueblo afroperuano por los abusos, exclusión y discriminación cometidos en su agravio en una resolución suprema publicada en el diario El Peruano.

El texto publicado precisa que los “agravios” contra los afroperuanos se han cometido desde el siglo XVI hasta la actualidad y que representan “una barrera para el desarrollo social, económico, laboral y educativo”.

El Gobierno también reconoce que “el pueblo afroperuano ha sido víctima de ese tipo de abusos y más, sin haberse reparado antes en su condición de seres humanos”.

La ministra de la Mujer y Desarrollo Social de Perú, Nidia Vílchez, le dijo por teléfono a The Associated Press que “el perdón histórico del gobierno peruano busca la verdadera integración con toda la población peruana que es pluricultural”.

Wilfredo Ardito, catedrático de la Universidad Católica de Perú experto en temas de racismo, también comentó que la resolución “es un gesto político importante porque de forma oficial Perú siempre negó las prácticas de discriminación a la población afroperuana”.

Perú inauguró por primera vez en junio un museo donde muestra el aporte de la cultura, historia y costumbres de la comunidad afroperuana.

No existen datos oficiales del número de afroperuanos en el país, pero expertos sostienen que son cerca del 10% de los 28 millones de peruanos.

Fuente: http://elcomercio.pe

Protesta contra spot publicitario del comercio que trata a personas africanas como canibales

LUNDU conjuntamente con otras organizaciones afroperuanas, lanzó desde septiembre del presente año, la campaña «APÚNTATE CONTRA EL RACISMO», un esfuerzo por denunciar y evidenciar el racismo existente en nuestro país, que a la fecha ha movilizado a más cerca de 50 instituciones y  3000 personas en Lima, Ica, Piura, Chiclayo, Arequipa. Medios de comunicación como el Diario El Comercio representados por su director, se apuntaron a la campaña expresando sus votos hacia la lucha contra este flagelo.

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Personalidades participan en campaña contra la discriminación de personas que viven con el VIH/SIDA

Campaña Una imagen contra el estigma y la discriminación causados por el VIH- Sida

Campaña promovida por ONUSIDA, PNUD y el Consejo de la Prensa Peruana

Las manifestaciones de estigma y discriminación son una de las principales barreras al acceso universal a la prevención, al tratamiento, a la atención y apoyo a las personas viviendo con el VIH.

Lima, 30 de noviembre 2009, Biblioteca Nacional del Perú ) el Presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Luis Agois Banchero, El Representante Residente del PNUD en el Perú, Jorge Chediek, y la Coordinadora de ONUSIDA para el Perú, Ecuador y Bolivia, Renate Ehmer presentaron la segunda edición de la singular campaña “Una Imagen contra el Estigma y Discriminación causados por el VIH/SIDA”, cuyo objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación que cotidianamente enfrentan las personas que viven con VIH/SIDA en nuestro país.

Luis Agois, Presidente del Consejo de la Prensa Peruana, señaló: “Nuestra contribución es una masiva difusión del mensaje, iniciativa a la que también se han acoplado gustosos medios no asociados al Consejo de la Prensa Peruana”. “En esta segunda edición de la campaña, que tiene un antecedente en el 2007, los miembros donaron un espacio publicitario valorizado en un millón de dólares, tenemos una meta mucho más ambiciosa de duplicarla este año”. “Se puede vivir con esta enfermedad simple y llanamente hay que seguir el tratamiento adecuado”, afirmó.

“La ignorancia es el principal aliado de la epidemia”. “Un problema que tenemos en el Perú es que muchos los peruanos que tienen VIH: no lo saben; y no lo saben por miedo al estigma y la discriminación, el cual hace que la gente no quiera saber si tiene la enfermedad, y entonces no pueda acceder a tratamientos que en el caso del Perú, son gratuitos”, dijo Jorge Chediek.

“El estigma impide la ampliación de intervenciones y medidas eficaces”. “Debemos asegurar que las respuestas al Sida se basen en pruebas concretas no en ideologías ni prejuicios y asegurar el acceso a la información”. En la víspera del Día Mundial contra el VIH-Sida, Chediek relacionó la lucha contra el VIH con la defensa de los Derechos Humanos y la no violencia contra la mujer y la niña y por ultimo enfatizó que esta alianza con el Consejo de Prensa Peruana da cuenta de una experiencia única en su género y alcance en America Latina.

“Con un tratamiento bien controlado las personas que llevan en virus pueden llevar una vida plena y productiva, de ello son testigos las personas que están presentes en esta sala”, dijo Chediek refiriéndose a la decenas de Personas Viviendo con VIH-Sida, participantes en la campaña.
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Por su parte Renate Ehmer, Coordinadora de ONUSIDA para el Perú, Ecuador y Bolivia, centró su presentación en la violencia. “Se registran manifestaciones extremas del estigma y la discriminación en referencia a la orientación sexual e identidad de género, cuando se asesinan a ciudadanas y ciudadanos a causa de su orientación sexual, los llamados “crímenes de odio”. Las organizaciones de la sociedad civil estiman que se produce un numero elevado de “crímenes de odio” cada año, la mayoría de los cuales quedan impunes.

Entre los personajes públicos que aparecerán fotografiados en esta segunda campaña , acompañando a igual número de personas que viven con HIV/SIDA, en avisos, afiches y encartes que serán publicados y distribuidos `por los numerosos medios de comunicación que participan en la campaña en todo el país, figuran el premier Javier Velásquez Quesquén, el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, los ministros Oscar Ugarte, José Antonio García Belaúnde y Antonio Brack, Monseñor Bambarén, el presidente de CONFIEP Ricardo Briceño, los periodistas Enrique Zileri y Rosa María Palacios, el secretario general de la CGTP Mario Huamán, el futbolista Nolberto Solano, los integrantes del Grupo 5 y el cómico Carlos Álvarez.

Asimismo, la ministra Mercedes Aráoz, el economista Hernando de Soto, la congresista Luisa María Cuculiza y figuras de la televisión como la chef Sandra Plevisani, y las conductoras Lorena Caravedo, Almendra Gomelsky y Astrid Fiedler ( Oh Diosas) y la actriz Celine Aguirre.

La propagación del contagio y de las actitudes estigmatizantes frente a las personas afectadas por el VIH-Sida, siguen teniendo como único antídoto a la información pertinente y adecuada. El objetivo de la campaña es contribuir a erradicar el alto índice de desinformación, desconocimiento y discriminación que persiste en torno VIH/SIDA, no obstante los importantes avances logrados en la erradicación del virus en el país.

Participaron en la campaña del 2007:

Alex Kouri, Beatriz Merino, Eva Ayllón, Gastón Acurio, Humberto Lay, Javier Pérez de Cuéllar, Jorge del Castillo, Keiko Fujimori, Lourdes Flores , Luis Castañeda, Luis González Posada, Maju Mantilla, Mario Vargas Llosa, Mercedes Cabanillas, Monseñor Juan Luis Cipriani, Moseñor Cabrejos, Ollanta Humala, Oscar Ibañez, Pilar Nores de García, Raúl Vargas, Sofía Mulanovich, Teófilo Cubillas.

Según cifras estimadas de ONUSIDA, actualmente existen aproximadamente 76.000 personas viviendo con VIH/SIDA en el Perú, la mitad de las cuales no sabe que porta el virus. Lima y Callao concentran el 73% de los casos registrados.

La epidemia en Perú esta concentrada, con una prevalencia de 0,21 % en mujeres embarazadas. 10.8% en hombres que tienen sexo con hombres. La población transexual es la más afectada (32% de prevalencia estimada en diferentes estudios). Las trabajadoras sexuales son también un grupo afectado por la epidemia. Se ha reducido a 25%, el porcentaje de casos detectados en el nivel avanzado.

Fuente: http://www.onu.org.pe

Las mujeres víctimas de violencia son más vulnerables al VIH/SIDA

Buenos Aires, (ALC) – Nueve de cada diez mujeres que viven con VIH fueron víctima de algún tipo de violencia a lo largo de su vida y ocho de cada diez, padecieron violencia antes de conocer su diagnóstico de VIH. Así lo reveló un estudio, presentado por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer –FEIM-, que demostró que la violencia contra las mujeres es un importante factor de vulnerabilidad para el VIH en las mujeres.

La investigación “Dos caras de una misma realidad: Violencia contra las mujeres y feminización del VIH/SIDA en Argentina” fue presentada esta semana en el Salón Auditorio del Senado de la Nación, con la participación de Aileen Allen, Coordinadora de Programas de UNIFEM Argentina; Marcela Alsina, del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas; Maria Eugenia Gilligan, de la Red Argentina de Mujeres viviendo con VIH; Diana Maffia, Diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Analía Monferrer, Secretaria Letrada a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Mabel Bianco, de FEIM.

Ésta es la primera investigación que se realiza en el país explorando la relación entre la violencia contra las mujeres y el VIH/SIDA. El informe forma parte del proyecto “Dos caras de una misma realidad: Violencia contra las mujeres y feminización del VIH/SIDA en el MERCOSUR”, que coordina FEIM en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, con el apoyo del Fondo Fiduciario de UNIFEM.

Andrea Mariño, socióloga de FEIM y coordinadora regional del proyecto, explicó que la segunda etapa de esta iniciativa es lograr incidencia política, generar alianzas entre distintos sectores involucrados y promover cambios en las políticas públicas que enfrenten de manera integral la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres y el VIH/SIDA.

Analía Monferrer, Secretaria Letrada a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijo que, a partir de la investigación de FEIM, la oficina está trabajando en la forma de incorporar al relevamiento de datos una pregunta específica sobre VIH para las mujeres que buscan ayuda en la oficina, a fin de colaborar en la tarea de prevención. Monferrer describió el funcionamiento de la oficina y resaltó que el 88 por ciento e las causas que habían derivado a la justicia penal quedaron archivadas y sin investigación. Los jueces argumentan que no encuentran testigos y que su participación no solucionaría ese tipo de conflictos, comentó Monferrer  y afirmó que en realidad se trata de un desconocimiento de los integrantes del fuero sobre las características de este tipo de violencia que afecta especialmente las mujeres y señaló la necesidad de capacitación sobre el tema.

Aileen Allen, Coordinadora de Programas de UNIFEM Argentina, resaltó que la información estadística inédita que aporta la investigación “es clave para avanzar en políticas públicas. No se pueden dar respuestas adecuadas si no se conoce la realidad que están pasando las mujeres que viven con VIH”. A su vez, Allen rescató que “los testimonios incluidos en el informe le dan voz a las mujeres que muchas veces no la tienen” y enfatizó que el estudio “pone en relieve el desconocimiento de las mujeres sobre sus derechos y cómo esto las expone a una mayor vulnerabilidad”.

Marcela Alsina, del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas, dijo que “la violencia es una realidad en nuestra vidas. Recién estamos destapando esta olla y tiene muy feo olor”.  “El VIH es sólo una cosa que nos ha pasado, y no es lo peor, es una consecuencia del desconocimiento de nuestros derechos, de la poca autoestima que tenemos como mujeres”, afirmó Alsina y señaló que “tiene que haber más articulación. El programa de SIDA no está trabajando con las áreas de trabajo, ni de salud sexual y reproductiva, ni de justicia. La única respuesta la estamos dando las ONG”.

“La violencia –contó Alsina- no es un tema nuevo en nuestros grupos de ayuda. Vivir con violencia en nuestras casas desde chicas es algo que a muchas de nosotras nos marcó la vida, pero que no llegábamos a verlo como una violación a nuestros derechos, lo vivíamos como algo natural. Participar de esta investigación nos hizo dar cuenta que recién de adultas muchas pudimos contar lo que pasamos, vimos que no éramos las únicas a las que les pasaba y que ninguna había encontrado un lugar donde contarlo”.

Maria Eugenia Gilligan, de la Red Argentina de Mujeres viviendo con VIH, relató la violencia que padecen las mujeres positivas al atenderse en los servicios de salud. “La violencia institucional existe cuando no nos quieren atender en los servicios de ginecología, odontología o dermatología, por ejemplo, y nos mandan a infectología”, describió Gilligan y señaló que “es necesario agregar una cara más al asunto porque el estigma, la discriminación y la violencia van juntos”.

Diana Maffia, legisladora de la ciudad de Buenos Aires, reclamó por la falta de información oficial que dé cuenta de la magnitud de la violencia contra las mujeres y señaló la necesidad de tener un sistema único de registro de datos. Al respecto, resaltó el aporte de la investigación de FEIM “que analiza patrones sociales, culturales, jurídicos, políticos y legislativos”.

Maffia denunció también la ausencia de políticas públicas integrales de atención al VIH y a las víctimas de violencia y las de trata de personas en la Ciudad y criticó la desarticulación y falta de comunicación entre los distintos ministerios del Gobierno porteño. “Esta desconexión va a estallar sobre las personas de mayor vulnerabilidad: las mujeres con VIH, las pobres, las que no tienen  vivienda”.

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Fuente: Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (ALC)

«Decisión de consumir AOE debe ser personal»

Posición. Esposa del presidente dice que nadie puede elegir sobre la vida de las mujeres. Pilar Nores defiende el derecho de  las mujeres pobres a elegir libremente sobre su salud sexual y reproductiva.

Redacción. La República.

La primera dama, Pilar Nores de García, señaló ayer que la elección de consumir el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), también llamado píldora del día siguiente, les corresponde únicamente a las mujeres.

“La decisión individual le corresponde a ella y no hay nadie que pueda erigirse en autoridad para decidir sobre la vida de las personas”, dijo Nores de García al referirse a la prohibición que dio el Tribunal Constitucional sobre la repartición gratuita del citado método de anticoncepción  por el Ministerio de Salud (Minsa).

Asimismo, Pilar Nores expresó  que gracias al trabajo que viene realizando con las mujeres de las comunidades andinas del país ha podido conocer de cerca la problemática particular de cada zona.

Recomienda capacitación

“Hay situaciones terribles y no somos nadie para opinar sobre la vida de los demás. El ser humano tiene la posibilidad de escoger y lo hace a través del conocimiento (…). Entonces solo con capacitación y enseñando a las personas se puede lograr que estas tomen la decisión adecuada”, comentó.

De otro lado, la esposa del jefe del Estado  sostuvo que el programa Sembrando contribuye a fortalecer la superación de la mujer altoandina mediante el reforzamiento de su autoestima con capacitación y alfabetización, así como también brindándoles oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Activa participación

“La mujer tiene una intervención sobresaliente como Agente de Desarrollo Sembrando (ADS), pues actúan como nexos entre la comunidad y el programa”, acotó Nores, tras precisar que el sistema de estímulos es la base que les va enseñando cuál es la forma de hacer las cosas bien. En sus declaraciones, Pilar Nores invitó a la población a ayudar a la gente de las comunidades altoandinas, comprando productos en el bazar Sembrando.

Precisión

Lotes. Como se recuerda, el Minsa anunció que transferiría las seis mil píldoras que aún conserva en sus almacenes al Instituto Peruano de Paternidad Responsable. Sin embargo, dicha acción quedó en suspenso.

Fuente: http://www.larepublica.pe

«La brecha infantil»

En un debate sobre niños con VIH organizado por Unicef como parte de las celebraciones por el 20 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, activistas y expertos en salud pública enfatizaron la necesidad de una mayor accesibilidad a tratamientos, análisis adecuados y cuidados.
 
Sin embargo, el informe «La infancia y el sida: Cuarto inventario de la situación», que Unicef presentó en víspera del Día Mundial de Lucha contra el Sida, señala que se han logrado algunos avances. Por ejemplo, ahora 45% de las madres con VIH, reciben tratamiento antirretroviral durante el embarazo, en comparación con el escaso 10% de 2004.
 
Pero la transmisión de madre a hijo todavía ronda 80% en el mundo en desarrollo, mientras que en los países industrializados es de uno a dos por ciento.

Entre los pasos fundamentales figuran análisis simples, baratos e inmediatos para los niños, más terapias antirretrovirales para todas las embarazadas con VIH, y mayores esfuerzos de las empresas farmacéuticas y los gobiernos para hallar tratamientos más adecuados y accesibles para niños y bebés.
 
Se debe presionar a los laboratorios para que adapten los medicamentos a fin de que los usen los niños, donde sea posible, y abaraten su costo, señalan los expertos.

«El tratamiento para el VIH está disponible solamente desde mediados de los años 90, así que solamente tenemos de 12 a 13 años de experiencia», dijo Shaffiq Essajee, director de operaciones clínicas y alto asesor en pediatría de la Fundación Clinton.

«Las personas con VIH (se han mantenido) vivas y saludables durante este periodo. El cielo es el límite en relación a cuánto tiempo puede vivir un niño con VIH si recibe tratamiento», enfatizó.

«El sistema inmunológico de los niños reacciona más rápida y efectivamente que el de los adultos a los tratamientos antirretrovirales. El problema es la falta de fórmulas antirretrovirales baratas, adecuadas a los niños, y cómo hacer esto posible en contextos de recursos limitados», continuó Essajee.
 
En 2004, el tratamiento más barato costaba 600 dólares por niño por año. Apenas dos años después, el costo había caído a 60 dólares. Que haya medicamentos más baratos es una necesidad, pero esto no alcanzará para resolver el problema, sostienen los expertos.

«Aunque se ha logrado la ‘paridad’, no podemos dormirnos en nuestros laureles», dijo Essajee.
 
Todavía se necesita desarrollar sistemas tempranos y eficientes de análisis y diagnóstico infantil, explicó. «Hay un enorme problema sistémico porque estamos perdiendo alrededor de la mitad de los niños desde el análisis positivo inicial a un proceso de tratamiento. Un tercio de los niños diagnosticados como positivos nunca acceden a terapias», señaló.
 
Actualmente hay dos millones de niños y niñas que viven con VIH, lo que representa alrededor de siete por ciento del total mundial.

Hay muy pocos retornos después de obtenidos los resultados, planteó Deborah Birx, directora del Programa Mundial del Sida en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Revertir esta tendencia «puede insumir entre uno y cuatro meses. Muchos padres ni siquiera vuelven a buscar los resultados», dijo.
 
Según el sacerdote Ed Phillips, presidente del Programa de Deanery Oriental para el Alivio del Sida en Nairobi, «van una vez a la clínica, pero no tienen dinero para otro boleto de autobús para ir de nuevo».

La solución es que haya sistema de diagnóstico que sean más fácil de manejar y que permitan procesar la muestra mientras los padres esperan, sostienen Phillips y otros.

También hay que aconsejar a las mujeres, para que se den cuenta de que necesitan someterse a análisis. «No podemos acceder a los niños si no podemos acceder a sus madres», dijo Birx.

Las pruebas del VIH y la orientación tras el diagnóstico son fundamentales para impedir que las madres transmitan la enfermedad a sus hijos.

Karen Plater, secretaria adjunta de la Iglesia Presbiterana de Canadá, dijo que en los últimos años se registraron grandes mejoras en las vidas de muchas personas.
«Visité Malawi por primera vez en 1997. En ese momento no había acceso a antirretrovirales y la gente todavía se negaba a aceptar que había un problema en su comunidad», relató. «Cuando fui de nuevo, en 2001-2002, vi una diferencia considerable. La gente tenía más disposición a hablar del tema. Al aumentar los porcentajes de personas infectadas con VIH, todos conocían a alguien (que tuviera el virus), directamente o en su familia inmediata. Eso hizo que se asesoraran y realizaran análisis voluntariamente», explicó.
 
«Había una sensación de esperanza. El estigma es menor que antes, y ahora los grupos de apoyo a personas con VIH implican individuos saludables, que trabajan juntos en proyectos, huertas, intentando apoyarse el uno al otro», enfatizó Plater.

La Alianza Ecuménica de Acción Mundial, una amplia red internacional de iglesias y organizaciones cristianas que cooperan en asuntos de alimentación y VIH/Sida, inició la Campaña Prescripción para la Vida, donde se pidió a niños de 14 países diferentes que escribieran cartas a ejecutivos de empresas farmacéuticas y funcionarios gubernamentales exigiéndoles acción.

Una exhibición de extractos de sus peticiones comenzó este mes en la sede de la ONU, en Nueva York.

Eric Sawyer, asesor Onusida y fundador de las entidades Act Up New York y Housing Works, que vive con VIH desde hace casi 30 años, dijo en la inauguración: «¿Es justicia moral que yo pueda comprar casi tres décadas de vida e incluso más porque tengo acceso a las últimas medicaciones apenas éstas se desarrollan?».

«No creo que sea moral. No creo que sea justo. No creo que sea correcto. Todos deben poder comprar la vida, como yo lo he hecho», opinó.

 
 
Fuente: IPS Noticias. 20091204.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net