La Iglesia católica irlandesa ocultó abusos sexuales en connivencia con el Estado

* Un nuevo informe sobre abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes católicos sacude al país.
* Se han examinado las acusaciones de 450 personas contra 46 sacerdotes por hechos ocurridos entre 1975 y 2004.
* Un sacerdote dijo haber cometido abusos contra más de cien menores.

EFE

Una nueva investigación sobre abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes católicos en Irlanda ha sacudido este jueves al país, donde, según el informe, la Iglesia católica gozó de inmunidad durante décadas para ocultar estos abusos, cometidos por sacerdotes de la Archidiócesis de Dublín.

Esta investigación, realizada durante tres años, llega después de que el pasado mayo se hiciera público un informe que destapó abusos físicos y psíquicos contra miles de niños en centros educativos públicos gestionados por la Iglesia.

La Comisión investigadora de la Archidiócesis de Dublín ha examinado las acusaciones de 450 personas presentadas contra 46 sacerdotes por hechos ocurridos entre 1975 y 2004, así como el manejo del escándalo por parte de 19 miembros de la jerarquía católica, entre ellos el cardenal Desmond Connell.

La connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, entre ellas la Policía y la Fiscalía, sirvió para encubrir los esfuerzos de cuatro obispos dublineses por mantener el «prestigio de la Iglesia, proteger a los pederastas y los bienes de la Iglesia, y evitar escándalos», detalla el texto, que presentó públicamente el ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern, quien prometió que los sacerdotes pederastas serán llevados ante la Justicia.

El informe, de 700 páginas, se ha mostrado con cortes para no prejuzgar presentes o futuros casos penales, al tiempo que se ha eliminado toda referencia a aquellos sacerdotes que se enfrentan a procesos penales ante el temor de que pudiera afectarlos. El informe asegura que la política y tácticas ocultistas de la Iglesia se pueden resumir bajo la frase «no preguntes, no hables».

Juicios secretos

«La Comisión no tiene duda alguna de que el abuso sexual clerical fue encubierto por la Archidiócesis de Dublín y otras autoridades de la Iglesia», explica el texto, que añade que «las autoridades del Estado facilitaron el encubrimiento (…) lo que permitió a las instituciones de la Iglesia mantenerse fuera del alcance del proceso legislativo normal».

El cardenal Connell llegó a acudir a los tribunales para impedir la entrega de unos 5.000 documentos archivados durante su ejercicio al frente de la Archidiócesis, petición que le fue denegada. Cuando abordó las denuncias de maltratos sexuales, estableció en dos ocasiones juicios secretos bajo los términos de la Ley Canónica, según el informe.

La Comisión no halló pruebas de la existencia de una red organizada de pederastia en la Archidiócesis, aunque detalló casos como el de un sacerdote que admitió haber cometido abusos sexuales contra más de cien menores o el de otro que confesó haber abusado de menores cada «dos semanas» durante más de 25 años de ejercicio.

El informe denuncia también que la Policía irlandesa (la Garda) tardó 20 años en presentar cargos contra un sacerdote. «Altos cargos de la Garda, incluido el Comisionado (máximo responsable) en 1960, consideraban que los curas estaban fuera de su alcance. Hay algunos casos en que los agentes, de hecho, informaban a la diócesis sobre denuncias en lugar de investigarlas», añade el texto.

Fuente: http://www.20minutos.es

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El Ojo de la Tormenta

Decisión del Tribunal Constitucional que obliga al Estado a suspender distribución de la Píldora del Día Siguiente divide al gobierno. 

La ONG Acción de Lucha Anticorrupción Sin Componenda, que presentó la demanda ante el TC e intenta bloquear la distribución de la píldora del día siguiente desde el 2001, tiene un directorio entre cuyos miembros honoríficos rectores están Yahvé (“fuente del bien y autor de la vida”), Jesucristo, el Espíritu Santo y María del Perpetuo Socorro.

El ruidoso debate sobre la píldora del día siguiente distrajo la identidad de quienes presentaron la demanda ante el Tribunal Constitucional para prohibir su distribución gratuita. Se trata de la ONG Acción de Lucha Anticorrupción Sin Componenda.

¿Quienes están detrás de ella?

Según la página web, su lista de miembros honoríficos rectores está compuesta por:

Yahvé (“fuente del bien y autor de la vida”), Jesucristo, el Espíritu Santo y María del Perpetuo Socorro.

En un escalón más abajo, entre los “santos adherentes virtuosos de Dios y modelos de vida”, destacan José María Escrivá de Balaguer (“santo de la vida ordinaria” y fundador del Opus Dei), Santa Beatriz de Silva (“patrona de la fertilidad y de las madres embarazadas”) y San Ramón Nonato (“patrón de las embarazadas y parturientas”).

Recién al final descienden los mortales. El presidente de la ONG es el doctor José Luis Garrido-Lecca y su director ejecutivo, el doctor Manuel Arana Soto. Es conocida la vinculación del ex ministro Luis Solari con la ONG.

Solari se desempeñó como ministro de Salud del gobierno anterior. Antes, en el 2001, durante la administración transitoria de Valentín Paniagua, fue que se decidió incluir la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) como método anticonceptivo de distribución pública en el país.

En la práctica, tanto Solari como su sucesor Fernando Carbone, también de marcada tendencia confesional, se abstuvieron de implementar la distribución de la AOE. Tuvo que ser una mujer, Pilar Mazzetti, la que comenzó en la práctica con el proceso.

Sin Componenda había perdido su primer partido. El Tribunal Constitucional sentenció en noviembre del 2006, ante demandas enfrentadas de la ONG y de grupos de la sociedad civil defensores de la distribución, que el Estado peruno “deberá cumplir el mandato de poner permanentemente a disposición de las ciudadanas y ciudadanos los insumos del AOE de manera gratuita, al igual que otros métodos anticonceptivos”.

Sin Componenda no se arredró y volvió a la carga. En su nueva demanda, les pidió a los miembros del TC establecer además si la píldora es o no abortiva.

La sentencia, dada a conocer la semana pasada, da marcha atrás sobre la del 2006 y le prohíbe al Estado distribuir la AOE. Así votaron los magistrados Juan Vergara, presidente del colegiado, Carlos Mesía, Ricardo Beaumont, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez. La prensa reveló que un borrador de sentencia fue redactado en abril y el resultado era opuesto. Desde entonces “voltearon” sus votos los magistrados Mesía y Vergara. A favor de archivar la denuncia siempre estuvieron César Landa y Fernando Calle.

Mesía, quien es cercano al APRA, explicó que “lo que ha resuelto el Tribunal es que, como hay duda de que sea abortiva, es mejor que no forme parte del plan gubernamental, pero sí se podría vender en las farmacias, advirtiendo de estos efectos, como se hace en los países donde está legalizado el aborto”.

Fuentes del TC dijeron a CARETAS que una de las principales fuentes de referencia para los magistrados del TC fue el Programa Especial de Investigación, Desarrollo y Entrenamiento de Investigación en Reproducción Humana del Banco Mundial (HRP por sus siglas abreviadas en inglés).

Las investigaciones del HRP son avaladas por la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas las considera su “principal instrumento” en la materia.

El más reciente comunicado (octubre del 2008) en torno a la píldora del día siguiente señala que:

“La AOE no es lo mismo que el aborto médico temprano. Es efectiva solo en los pocos primeros días después de la relación, antes que el óvulo sea liberado del ovario y antes que el esperma fertilice el óvulo. El aborto médico es una opción para las mujeres que pasan por una etapa temprana de embarazo establecido, pero requiere una droga distinta al levonorgestrel. La AOE no puede interrumpir un embarazo establecido o dañar a un embrión en desarrollo”.

Explica que “inhibe o retrasa la liberación del óvulo desde el ovario, cuando es ingerida antes de la ovulación. Posiblemente previente el encuentro del óvulo y el espermatozoide mediante la afectación del moco cervical o la habilidad del espermatozoide para adherirse al óvulo”.

Un párrafo más abajo explica que “un número de estudios proveen que la AOE previene o retrasa la ovulación. Si se toma antes de la ovulación, inhibe la emergencia de la hormona pre-ovulatoria, impidiendo el desarrollo folicular y la maduración y/o la liberación del propio óvulo. Este es el mecanismo primario y posiblemente el único mecanismo de acción de la AOE”.

La duda, entre los magistrados que modificaron su opinión, fue despertada, según las fuentes, por el reiterado uso del concepto de “inhibición”.

Pero el doctor Manuel Peña, representante en el Perú de la OMS salió al frente y declaró a RPP que “destacamos, subrayamos y rescatamos que en la investigación hasta el 31 de julio de este año no hay ningún estigma, al contrario, cada día más demuestra el carácter no abortivo del anticonceptivo oral de emergencia que se tiene en el Perú”.

En esta discusión librada entre hombres, sotanas y entes divinos hace falta oír la voz de quienes viven el dilema más de cerca: las mujeres. La congresista Mercedes Cabanillas expresó que “no podemos estar de acuerdo con un fallo que está discriminando, perjudicando a mujeres pobres, a las que les dicen para ti, porque eres pobre y no puedes pagar, la píldora es abortiva, pero a las que sí pueden pagar, para ellas no es abortiva, porque las pueden comprar en cualquier farmacia del sistema privado. Me parece absolutamente injusto”.

De similar opinión fue la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez. Al solitario dúo femenino aprista se unió el premier Javier Velásquez Quesquén y el congresista Mauricio Mulder. Pero el creciente coro pareció inhibirse con el pronunciamiento del presidente Alan García, que dijo “respetar la decisión del Tribunal Constitucional. Como jefe del Estado prefiero tomar nota y conocimiento de lo que ha dicho el TC”. Así dejó sin piso a Velásquez, quien consideró la opción de recurrir a instancias internacionales para zanjar el debate. “Donde manda capitán no manda marinero”, se vio obligado a rectificar.

García también se pronunció sobre la diferencia de opinión entre Rafael Rey, ministro de Defensa, y Óscar Ugarte, titular de Salud. Parece obvio a dónde van sus simpatías: “a nadie se le puede decir que el gobierno en conjunto cree en Dios. Habrá ministros, aunque no lo dicen, que no tendrán esa creencia. Es un tema de conciencia”.

Ambos ministros venían discrepando desde que Ugarte manifestó estar de acuerdo con sacar adelante el protocolo del aborto terapéutico para proteger la vida de la madre. Es más, a raíz del reciente debate en el Congreso (CARETAS 2101), manifestó que no era necesario aprobar el aborto en casos de violación porque para eso estaba la AOE. Ugarte advirtió que su sector tiene 65 mil pastillas que no han llegado a ser distribuidas y le pidió al TC aclarar su sentencia.

Rey, en cambio, respaldó al magistrado Vergara cuando éste, al responder a las críticas sobre discriminación, sugirió prohibir la venta de AOE en todas sus formas.

En alarde de independencia, Mercedes Cabanillas también se mostró en desacuerdo con Vergara. “Ya varios organismos internacionales especializados han definido que no está probado que la píldora del día siguiente sea abortiva. Entonces no se nos puede ocurrir a nosotros redefinir esta situación por el número de votos. Este no es un tema político, es un tema técnico y científicamente estudiado”.

Pero otros piensan diferente. Como la ONG que originó la demanda: “Ya lo vé, esta es la gloria de Yahvé”, loaron en la página web apenas conocido el fallo.

Fuente: http://www.caretas.com.pe