5.000.000 de mujeres y los derechos de los no nacidos

Por Jandira Queiroz

 
La revista brasilera Época ha publicado en su edición del 22 de mayo de 2010, un reportaje sobre la primera investigación, a nivel nacional, sobre la interrupción del embarazo en Brasil, intitulada Investigación Nacional del Aborto (PNA en sus siglas en portugués), realizada en Enero de 2010 por el Instituto IBOPE y elaborada por el Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género, Anis. Esta investigación indica que 5.000.000 de mujeres brasileras entre 18 y 39 años ya abortaron, por lo menos una vez lo que corresponde al 15% de la población femenina en el pico de la edad reproductiva.

El estudio, que trae datos explícitamente subdimensionados, ya que se ha limitado a consultar hogares urbanos y mujeres alfabetizadas, deconstruye mitos y condiciones sobre las mujeres que abortan, revelando que pueden ser de todas las clases sociales, edades, de variado grado de educación, casadas o solteras, madres de por lo menos un hijo o una hija, y que pueden ser religiosas, practicantes o no. Según la antropóloga Débora Diniz, co-autora de la PNA, la mujer que aborta “no es otra, es una de nosotras. Es nuestra colega, nuestra vecina, nuestra hermana”.

Mientras la edición de la revista era finalizada, la Comisión de Seguridad Social y Familia de la Cámara de Diputados aprobó (19/5/2010) el substituto de la diputada Solange Almeida (PMDB-RJ) al proyecto de ley 478/2007, de los diputados Luiz Bassuma (PV-BA) y Miguel Martín (PHS-MG), que crea el Estatuto del No-Nacido. El texto define que la vida se inicia en la concepción.

No-nacido es el “ser humano” concebido que aún no nació. Ese concepto incluye los “seres humanos” concebidos in vitro, mismo antes de la transferencia al útero de la mujer, y el Estatuto, si aprobado, impide no sólo el aborto en los casos autorizados por el Código Penal brasilero hoy en día, pero también las investigaciones con células madre y otras iniciativas.

Algunos sectores de la sociedad pueden reconocer a la humanidad del no-nacido, por pertenecer a un código genético humano; sin embargo, la sociedad moderna ya dispone de suficientes aportes científicos para comprender que la definición de persona humana acontece a partir de una concepción moral y creencias específicas. No cabe a ninguna legislatura de ningún Estado laico la imposición de esta o aquella concepción que no sea compartida por los distintos sujetos morales y de derechos, una vez que viole a los principios, derechos y garantías fundamentales que garanticen la libertad de creencia y pensamiento e igualdad de los sujetos.

En el campo de las ciencias médicas y biológicas, el único consenso que hay sobre la condición del feto es que se trata de una etapa del desarrollo celular. Considerarlo una etapa de ese proceso de evolución de la vida humana, como persona, es admitir una única concepción válida, por lo tanto dogmática. Así que una proposición como el Estatuto de los No-Nacidos viola no sólo la libertad de creencia, sino también la libertad de pensamiento.

El antropólogo peruano Jaris Mujica², en su libro Microscopio: de la bioética a la biopolítica, trae la siguiente consideración:

    La persona no es un producto de la reproducción sexual. La vida-de-la-persona no es la misma que la vida-biológica-del-viviente-humano. Es más, para muchos sistemas culturales queda clara esta distinción, y por ello no todos los vivientes humanos son considerados personas. Durante mucho tiempo y en varios lugares del mundo, ser-persona era un estatus que debía ganarse, pues se adquiría demostrando ciertos logros o atravesando complejos ritos de paso. Persona, entonces, no es una categoría unitaria, no es una categoría de lo biológico, no es una categoría que provenga de la naturaleza misma o de la profundidad última de la conciencia. Se trata, más bien, de una categoría cultural que en algunos casos se ha construido a través de los dispositivos de los sistemas teológicos, jurídicos o políticos. La Persona, como la conocemos hoy, es una construcción tardía cuyo origen puede rastrearse en la historia reciente de occidente. (p. 25)

Dice también:

    Un ser vivo, un organismo, es entendido como un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura que se relaciona con el ambiente y que tiene la capacidad de desempeñar funciones básicas como nutrición y reproducción. Estas estructuras organizadas (en unidades celulares), mantienen equilibrio interno (homeostasis), reaccionan a estímulos externos, atraviesan procesos metabólicos de desarrollo y pueden reproducirse. Sin embargo, decidir en qué momento se puede hablar de vida es un tema que no ha sido cerrado. Y en los seres humanos, si bien la investigación de la secuencia reproductiva ha llegado a ciertos consensos sobre los datos del proceso, esto no ha implicado que se haya llegado a un acuerdo sobre el momento en que se inicia la vida humana. (p. 62)

Si existe en la sociedad el deseo de refinar la legislación al punto de que estén previstas protecciones a seres aún no nacidos, es justo que sus representantes en las casas legislativas lo lleven a discusión, promuevan el debate público e investigaciones sobre el asunto y luego propongan medidas. Pero, por ahora, la única cuestión pasible de ser puesta en debate es a partir de qué momento el Estado debe proteger el proceso de desarrollo de la vida humana, qué grado de restricciones a la autonomía y libertad de los sujetos de derechos de una vida humana en potencial se deben sobreponer a aquellos otorgados a una vida humana ya viviente nacida?

    “Art. 4º – Es el deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al no-nacido, con absoluta prioridad, la expectativa del derecho a la vida, a la salud, a la nutrición, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la convivencia familiar, además de mantenerlo seguro en cuanto a todas las formas de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión”

    “Art. 8º – Al no-nacido se le asegura, a través del Sistema Único de Salud – SUS, el tratamiento en igualdad de condiciones con niños y niñas.”

Y surge una nueva polémica nacional, en la estela de la modificación del texto del III Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH3), firmado por el presidente Lula en los primeros días de Mayo de 2010, indicando un movimiento bien coordinado por las fuerzas “pro-vida” en Brasil. El PNDH3 solamente reafirma el entendimiento del aborto como grave problema de salud pública y menciona servicios. Eso significa un retroceso no sólo en relación al lenguaje adoptado por el PNDH2, que hace recomendaciones por la revisión de la legislación punitiva, pero sobretodo en relación al párrafo 106k de la Plataforma de Acciones de la Conferencia de Pequín, del cual Brasil es signatario sin reservas.

En este nuevo capítulo de la saga en contra del aborto y por la extinción de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que en el substituto de Solange Almeida se mencione que el texto aprobado no altera el Artigo 128 del Código Penal (que autoriza el aborto practicado por un/a médico/a en casos de violación y de riesgo de vida para la madre), el artigo 12 del Estatuto del No-Nacido profesa que “está vedado al Estado y a particulares causar cualquier daño al no-nacido en razón de un acto criminal de sus genitores”. El discurso de justificativa de las voces que defienden la aprobación del PL 478/2007 dice que “el niño no puede pagar por los errores de sus padres”. Y van más allá de los límites aceptables de cinismo cuando dicen defender la “alegría de los niños por nacer”.
    “Esperamos que esta Casa de Leyes haga todos los esfuerzos posibles de manera urgente para aprobar este Estatuto, para la alegría de los niños por nacer y para  orgullo de esta nación, bien como para la alegría del ex diputado Osmânio Pereira que nos ha pedido para que otra vez lo pusiéramos en tramitación en esta nueva legislatura.”

    (Último párrafo de la justificación presentada junto con el PL 478/07 de la Cámara de Diputados)

Algunas preguntas insisten no querer callar. ¿Qué error ha cometido una mujer que fue violada? ¿Y la mujer que tiene un embarazo de riesgo? Y los niños y niñas nacidas y abandonadas en nuestras puertas, en nuestras calles, en nuestras prisiones-para-niños-sin-dueños, ¿ellos y ellas sí pueden y deben morirse por las calles, mientras sus madres pagan penas en las cárceles o se mueren en los hospitales por abortos mal hechos y de forma clandestinos, para el deleite de nuestro sentido de justicia religioso? ¿Y quien viene a ser Osmânio Pereira?

Paralelamente a la discusión sobre el momento en que se da el fenómeno de la vida humana en la gestación, no se puede pasar por alto al indicativo de la PNA: más de 5.000.000 de mujeres, ciudadanas brasileras ya abortaron. Como dice Marcelo Medeiros, investigador de la Universidad de Brasilia (UnB) y co-autor de la PNA, “es inviable seguir tratando a todas esas mujeres como criminales”.

La Investigación Nacional del Aborto representa una valiosa herramienta para las políticas de salud pública en Brasil. Hasta ahora, los debates sobre el aborto se le alimentaban con convicciones personales y religiosas, una vez que no había estadísticas confiables sobre su práctica. La PNA presenta informaciones concretas para que legisladores, legisladoras y autoridades estatales puedan tratar el tema en las esferas de la salud pública y también de las políticas de seguridad pública.

Los próximos capítulos de esta novela prometen acción y adrenalina. Mientras tanto, pongámonos a imaginar cómo sería la Primera Marcha Nacional de No-Nacidos, Embriones y Fetos en la Explanada de los Ministerios en Brasilia, marchando por sus derechos y ciudadanía plena.

Leer más sobre la PNA y el Estatuto del No Nacido (en portugués)

___________________
¹ Asistente de Proyectos en el Observatorio de Sexualidad y Política
² MUJICA, Jaris. Microscópio: de la bioética a la biopolítica. PROMSEX. Lima: 2010

Tomado de: http://www.sxpolitics.org

Malawi: El mundo reacciona ante sentencia homofóbica

Un día después de que el mundo celebrara el Día Internacional contra la Homofobia, una corte en Malawi sentenció a una pareja gay a la cárcel por catorce años.

La pareja gay de Steven Monjenza y Towonge Chimbalanga, llevó a cabo una ceremonia de compromiso el 27 de diciembre del año pasado. Fueron arrestados inmediatamente y metidos en la cárcel. Se les negó la fianza por razones de seguridad, fueron forzados a una evaluación psiquiátrica y una revisión médica obligatoria para confirmar los cargos de sodomía.

Nyasa Times [ing] informa que han sido encontrados culpables por los cargos de homosexualidad, “delitos antinaturales” (Sección 153) y ”prácticas indecentes entre hombres” (Artículo 156) del Código Penal malawi, un día después que Malawi fuera declarado un punto de interés por los Organizadores de IDAHO: [ing]

La Corte de Primera Instancia de Blantyre ha encontrado culpable a la pareja gay de Steven Monjenza, 26, y Tiwonge Chimbalanga, 20, por los cargos de homosexualidad.

El Magistrado Nyakwawa Usiwa Usiwa condenó a ambos cuando pronunció su veredicto el martes. La pareja podría ser encarcelada por 14 años.

Los dos adultos fueron arrestados el 27 de diciembre, un día después de que celebraran un compromiso tradicional público, el primero de una pareja malawi del mismo sexo.

El African Activist [ing] dice que además de haberles sido negada la fianza, ellos fueron humillados en la corte y Tiwonge fue obligado a limpiar su vómito a pesar de estar descompuesto. Fueron mantenidos en prisión preventiva cuando el juez dijo que estaban más seguros en prisión que fuera de ésta:

Además de la humillación de los exámenes médicos forzados, han habido varios informes que dan cuenta que la pareja ha sufrido un trato humillante en la corte, incluyendo que los observadores del juicio se burlaran de ellos por su relación y fueran forzados a limpiar vómito después de que uno de ellos se descompusiera. Desde su arresto, Monjeza y Chimbalanga han sido mantenidos en la Prisión Chichiri en Blantyre bajo “prisión preventiva”, a pesar del hecho que ellos y sus abogados han sostenido que no estaban seguros en prisión. A los dos les fue negada la fianza de manera reiterada, una decisión condenada por Malawi Law Society [ing] [organización no gubernamental]. Malawi Law Society declaró en una entrevista que “Nosotros sentimos que las razones para que se les niegue la fianza no eran meritorias… Es como decir ‘dejémoslos aquí hasta que sean condenados’. Verdaderamente las razones para negarles la fianza no están conforme a la Constitución.”

Esta noticia ha causado reacciones diversas alrededor del mundo, la Comisión Internacional por los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas [ing] (IGLHRC, por sus siglas en inglés) ha escrito una carta al presidente malawi Bingu wa Mutharika expresando su decepción con el fallo especialmente luego que él aireara comentarios homofóbicos al decir que la homosexualidad era ”no-malawi, maligna y repugnante” y la relacionara a la corrupción, violencia, robo y prostitución. La carta pide que el presidente interceda como presidente de la Unión Africana para que se revoque el veredicto y asegure los derechos humanos para todos los africanos:

Este fallo llega poco después de sus comentarios recientes sobre la homosexualidad y el reciente hostigamiento de una conferencia sobre la inclusión de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT) en programas de HIV/AIDS. Como Presidente de Malawi y como Presidente de la Unión Africana, le pedimos que reafirme que todos los africanos tienen derecho a disfrutar los derechos humanos dispuestos en los estatutos africanos y otros documentos internos, regionales e internacionales, sin importar su orientación sexual e identidad de género. […]
IGLHRC está alarmado de que el veredicto de hoy y sus comentarios no reflejen un compromiso profundo para proteger y promover estas garantías ya sea en Malawi o en la Unión Africana. Le pedimos que reafirme rápidamente y de manera pública los derechos humanos de todos los africanos – incluyendo a los malawíes LGBT – a la privacidad y libertad de reunión, asocación, opinión, y expresión. También le pedimos que demuestre su compromiso con dichos derechos al investigar el hostigamiento policial de la reciente conferencia en Liwonge, reprendiendo cualquier mal accionar de la policía, perdonando y liberando a Monjeza y Chimbalanga, y revocando todas las leyes discriminatorias que apuntan a los malawíes LGBT y los privan de sus derechos fundamentales.

Mia Kirshner, Directora de I Live here [ing] cuyo primer proyecto está en la Prisión Juvenil Kachere de Malawi se explica aquí: [ing]

Malawi es un país hermoso y es rico en cultura y diversidad. Este fallo será una mancha en su belleza y riqueza.

Por favor. Pido que las comunidades internacionales de activistas, las Naciones Unidas, los políticos de Malawi y abogados de derechos humanos internacionales defiendan y ayuden a estos hombres.

Al hacer esto, la protección de los derechos individuales podrían ser cumplidos y sentarán precedente para abrir las puertas a otras parejas para que puedan dejar de vivir con miedo.

En cuanto a mí, continuaré trabajando en Malawi y continuaré hablando y diciendo lo que pienso. Nadie puede detenerme.

No me daré por vencida por este hermoso país porque sé que estas leyes draconianas traicionan la gran belleza de este país que quiero tanto.

Alex Engwete [ing], considera a este caso como un signo de la locura esparciéndose por todo África:

Como he estado diciendo todo este tiempo, sólo hay un modo de que los donantes europeos, quienes financian estos gobiernos africanos feudales y obscurantistas, puedan controlar en esta locura que se esparce por todo África como incendio de matorral: ¡corten la ayuda a estas repúblicas bananeras… AHORA!

Amnistía Internacional los ha apodado como “prisioneros de conciencia”: [ing]

Amnistía Internacional considera a ambos hombres prisioneros de conciencia, encarcelados solamente por su relación consensuada entre personas del mismo sexo, y ha instado a las autoridades malawíes a liberar inmediata e incondicionalmente a estos dos hombres.

Anengiyefa fue uno de los bloggers que esperaban ansiosamente por el veredicto [ing]. Él dice que el gobierno malawi no puede proteger los niños del país pero está al frente de la batalla para acosar a hombres homosexuales inofensivos:

Echo la culpa de lleno a hombros del gobierno malawi por fallar al tratar de proteger los niños del país. Y también es este mismo gobierno el que de manera entusiasta acosa y persigue a homosexuales inofensivos. Espero con ansiedad el veredicto del próximo martes y la posterior repercusión si la pareja es encarcelada.  […]  Malawi Law Society (MLS), el organismo profesional de los 200 abogados del país, se ha pronunciado [ing] en favor de la pareja, diciendo que ellos “no son una amenaza para la sociedad” y deben ser liberados. Esto es una cambio radical de opinión desde unos meses atrás cuando los abogados malawíes proclamaron que la pareja había quebrado la ley y merecían enfrentar juicio. Este es un claro ejemplo de la efectividad de los esfuerzos de los defensores de los derechos en todo el mundo, quienes desde que esta saga comenzó en diciembre de 2009, han enfatizado incesantemente sobre la injusticia inherente en la larga detención de la pareja y sobre cuan poco probable es que vayan a tener un juicio justo frente a una opinión pública tan masivamente hostil.

Tiwonge agradeció al mundo por su apoyo y aquí está la cita final: [ing]

“Amo tanto a Steven. Si las personas del mundo no me pueden dar la chance y la libertad para continuar viviendo con él como mi amado, entonces será mejor que muera aquí en prisión. La libertad sin él no sirve ni tiene sentido.”

“Hemos andado un largo camino e incluso si nuestros familiares no están felices, yo nunca dejaré de amar a Tiwonge.”

Fuente:/es.globalvoicesonline.org

Ellos también se cuidan

Una amiga, muy preocupada por las posibles consecuencias de la actividad sexual de su joven hijo, me contó que había comenzado a dejar condones en el cajón de su mesa de noche.

Yo pensé que era una muy buena idea, ¡que al fin estábamos teniendo cambios! Normalmente, se cree que la única persona responsable de evitar un embarazo no deseado es la mujer. Esto, por ejemplo, se refleja en la gran cantidad de métodos anticonceptivos dirigidos a nosotras versus las opciones que los hombres tienen. Y, por supuesto, si el embarazo se da, la única culpable es la mujer, y la víctima el pobre muchacho.

Me alegró constatar que algunas personas adultas pensamos que nuestros hijos hombres también tienen que poner de su parte para evitar efectos no deseados de una relación sexual y que, además, podemos hacer algunos esfuerzos para que ellos tengan acceso a métodos anticonceptivos que les permitan regular su fecundidad.

Sin embargo, en esta misma conversación, pregunté si le había explicado al muchacho cómo se usaba el condón y qué hacer ante un accidente, y me respondió: “No he llegado a tanto”. Ahí caí en la cuenta de que en realidad todavía es sumamente difícil romper las barreras que impiden hablar de temas sexuales con nuestros hijos.

Por supuesto que algo muy importante para los y las jóvenes es tener acceso a métodos para prevenir un embarazo, el contagio del VHI/Sida u otras enfermedades de transmisión sexual, pero no olvidemos que el éxito en la prevención dependerá del buen uso del método.

Los cambios son paulatinos, es cierto, pero la información a medias es también protección a medias, y el mal uso de los métodos anticonceptivos es un causante importante de embarazos no deseados y proyectos de vida truncos.

Los y las jóvenes deben saber que si ocurre algún mal manejo o accidente, tienen por lo menos dos opciones fundamentales a las cuales recurrir lo más pronto posible: el uso de la AOE para prevenir un embarazo no deseado  y el uso de antirretrovirales para prevenir el VIH/Sida.

Ante la ausencia de una política de educación sexual en las escuelas o universidades, las madres y padres debemos asumir un rol mucho más activo, que nos lleve a facilitar espacios de intercambio de información y con ello los insumos que se necesiten. Un reto no pequeño, pero que seguro nos dejará dormir mucho mejor.

Por Rossina Guerrero
Psicóloga de Promsex
e-mail: rossina@promdsr.org

Publicado en: http://www.larepublica.pe

Declaran constitucional anticonceptivo “de emergencia” en México

México.- La Suprema Corte declaró constitucional una norma mexicana que obliga a hospitales públicos y privados a ofrecer la píldora de emergencia a mujeres víctimas de una violación.

Con 10 votos a favor y uno en contra, el pleno del máximo tribunal validó la norma federal en vigor desde abril de 2009 y resolvió que la píldora no es un “aborto químico”, como se argumentó en la controversia constitucional interpuesta por un gobierno estatal para echar abajo su aplicación.

“Hemos terminado un asunto muy debatible y probablemente nuestra decisión no convenza universalmente, pero es producto de la convicción personal de cada uno de las señoras y señores ministros, de nuestros conocimientos jurídicos personales y de nuestro leal saber y entender”, dijo el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz, al concluir el debate que ocupó seis de sus sesiones.

Emilio González, gobernador del estado occidental de Jalisco y miembro del oficialista Partido Acción Nacional (PAN), promovió la controversia constitucional ante la Corte bajo el argumento de que la píldora es un abortivo y debido a que sus leyes locales prohiben el aborto la norma federal invadía las competencias locales.

Salvo un ministro que avaló los argumentos del gobernador, los 10 miembros restantes del pleno del máximo tribunal consideraron infundados los alegatos.

La norma mexicana señala que en caso de violación, las instituciones de salud deberán ofrecer “de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada”.

La Corte subrayó la importancia de que la píldora sea administrada sólo con el consentimiento de la usuaria.

Salvo en la ciudad de México, en los restantes 31 estados del país está penalizado el aborto con algunas excepciones, como en caso de violación.

En la capital mexicana está despenalizada la interrupción del embarazo mientras se haga durante las 12 primeras semanas de gestación.

Tomado de: http://www.eltiempo.com.ve

Se presenta en Lima: Línea de información segura sobre aborto

En la Antesala del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer se presentó hoy al mediodía, en el Hotel Riviera, la Línea Aborto: Información segura (01) 945-411-951.

Este proyecto impulsado por el Colectivo por la Libre Información para las Mujeres (CLIM) brinda información científica sobre el uso de medicamentos en interrupción de embarazos, de manera gratuita y vía telefónica. La información está basada en investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG).

La conferencia de prensa comenzó con la exposición de los voceros oficiales, Fátima Valdivia y Arón Núnez-Curto. Los voceros presentaron los objetivos y fundamentos del proyecto, brindando también un estimado sobre las mujeres que abortan anualmente en el país: 350,000 mujeres.

Durante los últimos años, líneas similares están funcionando en Ecuador, Chile y Argentina. Una integrante de la iniciativa argentina, Verónica Marzano del grupo Lesbianas y Feministas por la Despenalización del Aborto, estuvo en la conferencia de prensa. Asimismo, estuvo Susan Davies, integrante de la organización holandesa Mujeres sobre las Olas que brinda apoyo institucional a la iniciativa peruana.

Para hablar de la problemática del aborto desde distintas perspectivas sociales estuvieron en la mesa las feministas Gina Vargas, Maria Emma Mannarelli y María Ysabel Cedano. Miguel Gutiérrez, médico especialista en derechos sexuales y reproductivos, se refirió a los alcances científicos en la utilización de medicamentos para la interrupción del embarazo.

El proyecto Línea de Aborto: Información Segura (01) 945-411-951 es una acción directa y política por la salud de las mujeres, su derecho al acceso y difusión de información pública y en contra de la clandestinidad del aborto.

Contacto de prensa: (o1) 997-444-539 // http://www.lineabortoinfosegura.blogspot.com
Mayor información: Página web: http://www.lineabortoinfosegura.blogspot.com

Tomado de: lineabortoinfosegura.blogspot.com

Válida, Norma Oficial Mexicana sobre píldora anticonceptiva de emergencia en caso de violación

Así lo determinaron los ministros al resolver una controversia constitucional promovida por el gobernador de Jalisco.
Su aplicación debe ser administrado solamente con el consentimiento informado de la usuaria, precisaron.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, por medio de la cual, desde abril de 2009, se estableció que todas las clínicas y hospitales del país, estatales y federales, deberán ofrecer el método de anticoncepción de emergencia a las mujeres que hayan sido víctimas de una violación.

Inicialmente, los ministros consideraron como infundados algunos de los alegatos del gobernador de Jalisco, ya que la vía de controversia constitucional resuelve impugnaciones de invasión de esferas competenciales y no problemas materiales, relacionados con derechos fundamentales, tal y como lo planteaba el mandatario estatal.

El Alto Tribunal señaló que la Norma Oficial Mexicana no invade la competencia penal local, al permitir a los médicos determinar la existencia de una violación para después ofrecer la píldora anticonceptiva de emergencia, en los términos establecidos en la NOM.

Es decir, debe ser administrado solamente con el consentimiento informado de la usuaria, y no puede confundirse con el aborto clínico, caso en el cual la propia Norma Oficial remite a la legislación local.

Además, precisaron los ministros, la Norma Oficial Mexicana en ningún momento se refiere a la anticoncepción de emergencia como un aborto químico.

Así, el Pleno de la SCJN resolvió una controversia constitucional promovida por el gobernador de Jalisco, por medio de la cual impugnó la constitucionalidad de la NOM-046-SSA2-2005. Violencia intrafamiliar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2009.

Tomado de: http://www.scjn.gob.mx

Preparan proyecto para despenalizar relaciones sexuales consentidas entre menores de 14 a 18 años

Lima, may. (Andina). El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) prepara un proyecto de ley orientado a despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre menores de edad de 14 a 18 años, para facilitar que las adolescentes tengan acceso a los servicios de salud y a la información necesaria para evitar embarazos no deseados.

El anuncio lo hizo la titular del sector, Nidia Vílchez, quien dijo que la propuesta de ley se trabaja detenidamente en el Mimdes, cuidando todos los aspectos, luego de lo cual se buscará el consenso con los diversos sectores involucrados en el tema.

Vílchez señaló que actualmente muchas madres adolescentes ocultan los nombres de los padres de sus hijos, por tratarse también de menores que podrían ser castigados por la ley, y por ello no acceden a servicios de salud por miedo a que la justicia los alcance.

“No queremos promover las relaciones sexuales entre menores, sino una paternidad responsable para que los jóvenes eviten un segundo hijo si ya tienen uno o, de lo contrario, para que retrasen lo más posible ese momento, teniendo toda la información a la mano”, anotó la ministra en declaraciones a la agencia Andina.

Indicó que espera que este proyecto pueda ser presentado y debatido en el Congreso en la próxima legislatura que se iniciará en agosto próximo.

Los expertos en el tema cuestionaron la penalización de las relaciones sexuales consentidas entre menores de 14 a 18 años, debido a que iba a generar que los jóvenes eviten acudir a los servicios de salud por miedo a ser sancionados.

Convenio con BID

Vílchez declaró al término de una ceremonia de suscripción de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en virtud del cual se establecerá un sistema integrado de información para la evaluación y el monitoreo de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En el acto de suscripción, en la sede del Inabif, la titular del Mimdes sostuvo que este acuerdo permitirá monitorear todos los planes regionales de equidad de género en los 26 gobiernos regionales, y además exhibir los avances que en este campo se logren con el apoyo económico del BID.

El convenio en mención involucra un monto total de 168 mil dólares, de los cuales 150 mil aportará el BID y el resto será de la contraparte peruana.

Por otro lado, Vílchez anunció que a partir del próximo mes el Mimdes, a través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), proveerá de alimentos a las casas de espera a nivel nacional.

En la ceremonia de hoy fue despedida Ana María Rodríguez, quien a fines de mes dejará el cargo de representante del BID en Perú para ser reemplazada por Fidel Jaramillo. La funcionaria saliente recibió la condecoración Orden al Mérito del Mimdes.

(FIN) ART/LZD
GRM

Tomado de: http://www.andina.com.pe/

Justicia para Jefry, una cuestión de Derechos Humanos. El caso de una ciudadana transgénero

Por Ysabel Marín
PROMSEX

El pasado 29 de marzo, la balanza de la justicia se inclino a favor de una ciudadana peruana  y en contra de dos malos elementos de la Policía Nacional del Perú por incumplir con su rol de protección.  

La solicitud de justicia de Jefry Peña Tuanama (32), persona transgénero  fue acogida por nuestro Poder Judicial al reconocer la responsabilidad del Estado en este caso, hecho que nos hace mirar a la justicia con otros ojos y nos recuerda que aunque la justicia tarda a veces llega y llega bien.

Era la madrugada de un 28 de octubre del 2007, cuando Jefry había terminado su labor de promotora de salud del MINSA y encontrándose en la carretera central frente al ingreso de la DIROES fue interceptada por un grupo de 5 personas no identificadas, quienes la golpearon, le cortaron el rostro con una navaja y un pico de botella. Huyendo de sus agresores, corrió hacia la tanqueta de la DIROES donde pidió ayuda los dos efectivos policiales que se encontraban ahí, y éstos se la negaron. Probablemente por razones transfóbicas, pues al momento de los hechos Jefry estaba vestida de mujer. Ante la negativa de ayuda ella corrió hacia unos locales cercanos donde fue alcanzada por sus agresores quienes la agredieron con extrema brutalidad hasta el punto de casi matarla, teniendo que fingir estar muerta para evitar que la sigan lastimando.

Esta grave omisión no pudo quedar impune y por ello Jefry buscó el apoyo de PROMSEX, y durante más de dos años juntos batallaron por lograr justicia, así,  el 29 de marzo del 2010, el Segundo Juzgado Penal de Chosica sentenció a los SO3 PNP Henry Alberto Gamboa Huamán(36) y José Marcial Ybias Altamirano(29) a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida  por  el delito de Omisión o Retardo Injustificado de Apoyo Policial en agravio del Estado y de Jefry Peña Tuanama.

Esta es la primera sentencia  emitida por el Poder Judicial a favor de una persona transgénero y en contra de la PNP.  En este caso, los policías no hicieron nada por evitar que Jefry fuera agredida, fueron espectadores e indiferentes frente al pedido de auxilio, respaldando de esta manera el grave acto de violencia perpetrada en su contra.

De acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, la PNP tiene la obligación de proteger a todas las personas sin discriminación alguna.  Esta  obligatoriedad se encuentra regulada en La Constitución Política del Perú  y la Ley Orgánica de la PNP  que establecen que la Policía debe prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Asimismo el Manual de Derechos Humanos de la PNP  reconoce a las personas transexuales como un grupo vulnerable y regula  que el personal policial debe evitar todo acto discriminatorio y vejatorio en contra de los mismos. 

Este fallo sin duda marca un gran avance en el logro de acceso a la justicia para éste grupo vulnerable, cuyas denuncias por graves agresiones no suelen ser acogidas  por la justicia nacional. El último reporte de Instituto RUNA  señala haber documentado 128  agresiones en contra de trans, de las cuales solo 22 interpusieron denuncias,  de estas,  8  no se presentaron al médico legista o a ratificar su testimonio ante la Comisaría o Fiscalía de turno y sólo 14 de ellas continuaron con la denuncia. Es decir sólo un grupo muy reducido logra activar el sistema de administración de justicia y continuar con sus denuncias. De acuerdo a esta organización las razones por las cuales se suelen abandonar los casos responden a que el trámite les parece tedioso, no confían en la administración de justicia o siente mucho temor por las posibles represalias que puedan sufrir en su contra. 
Ante ello, el Estado se encuentra en la obligación de respetar y garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción;  siendo su obligación a través de las distintas instancias que la conforman el de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para el ejercicio efectivo de estos derechos.

En ese sentido los Estados deben organizarse para proporcionar a sus ciudadanos, instituciones a través de las cuales pueden hacer valer sus derechos vulnerados con la plena confianza de ser escuchadas y atendidas sus demandas.

Al respecto Juan Méndez, ha señalado que el sistema de administración de justicia constituye la última frontera donde los ciudadanos perciben si sus derechos son efectivamente respetados y garantizados; de ahí la imperiosa necesidad de facilitar y favorecer, no sólo el acceso a la justicia sino acceso efectivo a la misma.

Especial impacto reviste esta sentencia al favorecer a un grupo de personas históricamente excluidas, tanto para ellas como para las mujeres, los grupos indígenas y otros, las barreras al acceso a la justicia les afecta en forma diferente a causa de la discriminación y violencia en la que viven.  
 
Consideramos que si bien el resultado de esta sentencia contribuye al reconocimiento efectivo de los derechos humanos de las personas transgéneros, en la actualidad no se han producido cambios profundos que acojan las demandas específicas de justicia de esta población. Por ejemplo los magistrados y magistradas deberían tener en cuenta la  discriminación por identidad de género  que les afecta a estas poblaciones al momento de analizar y resolver casos concretos, de esta manera se garantizará una protección más efectiva de sus derechos fundamentales.

Es importante señalar, que la sentencia citada, ha sido apelada por los efectivos policiales al no encontrarse conforme con los extremos de la misma, consideramos que debemos estar alertas a la respuesta de los magistrados de segunda instancia y desde ésta tribuna instamos a los jueces de la Corte Superior de Lima a que confirmen la sentencia y en su momento se cumpla con las sanciones penales y administrativas en contra de estos efectivos policiales.

“Estoy muy contenta porque encontré justicia, siempre he tenido que  luchar contra todos por mi identidad”. Palabras de Jefry Peña al salir de la sala en que se leyó la sentencia, 29 de marzo del 2010.

 
————————————————

1 Transgénero, persona trans que se posesiona en la identidad contraria de forma permanente como una decisión de vida, pudiendo hacer modificaciones a su cuerpo, pero no se plantea la resignación genital. Glosario RUNA/PROMSEX. Taller para el personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Comas, 23 de octubre del 2008. 

2 Pena máxima para este delito.

3 De la búsqueda y consulta realizada sobre casos similares, hasta la fecha no se ha encontrado un caso sentenciado a favor de una persona trans y en contra de la PNP,.

4 La Constitución Política del Perú, articulo 166: “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. (…)”

5 Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, Ley 27238, 

6 Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial, aprobado por Resolución Ministerial N° 1452 – 2006 – IN del 31 de mayo de 2006.

7 En Instituto de Desarrollo y estudios sobre género. Informe de Derechos Humanos sobre la población Trans (transexuales, travestis, transgénero) de la ciudad de Lima. Informe 2009, págs. 19 y 20.

8 Juan Méndez. El  Acceso a la Justicia, Un enfoque desde los Derechos Humanos. http://lcr-results.net/inclusion/files/Latinoam%C3%A9rica/Acceso%20a%20la%20justicia%20para%20todos/Acceso_a_la_Justicia_Juan_Mendez.pdf

9 Identidad de género: se entiende como la concepción individual que tiene uno de sí mismo, la cual no depende necesariamente de lo que la cultura nos asignó al nacer. La identidad de género, aludiendo al género como la construcción cultural de la diferencia sexual, personaliza a cada ser humano y tiene múltiples variantes. Las personas debemos gozar plenamente de la libertad de elegir nuestra identidad de género , que implica en ciertos casos el derecho a la indefinición, así como a la no adscripción al orden sexo/género. La identidad de género como elaboración cultural acusa formas y matices en atención a la sociedad que la forja, por eso es posible encontrar que masculino y femenino se definen según el espacio geográfico y el tiempo que los condicionan. En Realidades invisibles: Violencia contra travestis, transexuales, transgéneros que ejercen comercio sexual en la ciudad de Lima. Instituto Runa. Lima, enero 2007, pág 18.

Apoyan unión adolescente

Consentida. Entre menores de 14 y 18 años. Ministerio de la Mujer propone despenalizar esas relaciones. Jurista Ysabel Marín opina que iniciativa es necesaria.

Thaidi Llamas.

Son varias las iniciativas que se han  propuesto para la despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre menores de 14 a 18 años, desde que el gobierno aprista aprobara la ley vigente en 2006.

En esta ocasión y a fin de facilitar que las adolescentes tengan acceso a los servicios de salud y a la información necesaria para evitar embarazos no deseados, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) está preparando un nuevo proyecto de ley orientado a despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre menores de edad de 14 a 18 años.

Dicho proyecto, según lo informado,  la cartera de la Mujer lo presentará en el Congreso en el próximo mes de agosto.

Ley inconstitucional

La abogada de la Organización No Gubernamental (ONG) Promsex, Ysabel Marín, se mostró a favor de la citada iniciativa ya que a decir de ella la norma actual es inconstitucional y colisiona con el Código Civil peruano.

“El proyecto de ley es una iniciativa necesaria porque la actual norma va en contra de la Constitución porque vulnera el derecho de libertad sexual y libre desarrollo de la persona, y va contra el Código Civil, ya que éste permite que los adolescentes mayores de 16 años puedan contraer matrimonio y les otorga la posibilidad de  reclamar  alimentos y pedir ayuda a aquellos menores de más de 14 años en favor de sus hijos. Hechos que evidencian una ley incongruente en su totalidad”, añadió Marín.

Para la jurista Ysabel Marín, la actual ley tampoco resuelve el problema de violaciones sexuales entre adolescentes, sino que más bien limita el derecho a la salud de los menores.  Son aspectos que merecen tomarse en cuenta.

Precisión

Riesgo. La abogada de Promsex también señaló que  las leyes actuales ponen en riesgo la salud materna de las adolescentes.

“Con la ley actual también se está poniendo en  riesgo la atención institucionalizada del parto en las adolescentes, debido a que el embarazo se convierte en la prueba del delito y con ello se inicia un proceso legal para la mujer embarazada  o su pareja”, reflexionó  Marín.

Tomado de: http://www.larepublica.pe