Amor al prójimo

La TV argentina, que se ve en Lima, exhibe un programa llamado Gran Hermano, cuyo formato atrae multitudes. Son 20 jóvenes, 10 hombres y 10 mujeres que conviven –con un micrófono colgado en su cuello y cámaras que los filman hasta en el baño–, durante tres meses. Se elimina uno por semana y quien logra quedar en la casa se lleva 100,000 dólares. Entre los varones hay un muchacho que padece disforia sexual. La disforia es un capricho de la naturaleza por el cual un hombre habita en el interior del cuerpo de una mujer o viceversa. Un desacuerdo profundo entre el sexo biológico y el sexo psicológico o, en otras palabras, entre el sexo con el que se nace y el que la persona siente como propio. Nadie elige nacer con disforia sexual y nadie que pueda cambiar esa situación se resigna a no hacerlo. Su identidad mental es diferente a su conformación genital y no suelen presentar trastornos psiquiátricos que distorsionen su percepción de la realidad. El ‘disfórico’ (disforia es el antónimo de euforia) presente en la TV argentina es tratado por sus compañeros como uno más. Hay también un homosexual y una lesbiana. Todos ellos reciben el mismo trato del grupo y están perfectamente integrados. Las personas que han recibido amor, protección y una formación adecuada no parecen interesarse, más allá de la lógica curiosidad que provoca lo diferente, por el comportamiento sexual de su vecino. Yo diría que es esta una forma elemental de amor al prójimo. Es fácil, decía Tolstoi, amar a quien se nos parece o piensa como nosotros, lo difícil es amar al diferente y más difícil aun amar al adversario.

Escribía esto a propósito de las lamentables declaraciones de monseñor Bambarén afirmando que a los homosexuales, ese es el nombre, no debe decírseles “gays” sino maricones. Maricón, que viene de marica y este de María (ojo) tiene carácter peyorativo y es, por tanto, un insulto. La adopción del vocablo “gay” fue una expresión de tolerancia en un mundo que avanza hacia el reconocimiento respetuoso de las diferencias.

Fuente: http://peru21.pe/

Un tema que sí importa… Uniones homoafectivas: hacia un camino de igualdad

• En el Perú, las personas homosexuales unidas en pareja no cuentan con ningún instrumento legal que les garantice derechos patrimoniales ni personales.
• Existe en el Congreso una iniciativa sobre el tema pendiente de discusión y en el debate electoral se han propuesto varias alternativas.

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Uniones homoafectivas… ¿hacia dónde vamos?

La realidad de que el amor no conoce barreras se extiende al sexo de las personas: nadie puede negar que desde siempre mucha gente se gusta, se quiere, se ama y eventualmente se junta con alguien de su mismo sexo.  La discusión de estos días es si las relaciones homoafectivas merecen protección legal y si es así, cuál es el camino: ¿deben tener la misma opción que las personas heterosexuales de escoger entre las figuras ya existentes, convivencia y matrimonio, o deben tener un régimen distinto, especial para personas homosexuales, un gueto legal con una protección mínima?

Para justificar que las parejas homosexuales no deben acceder a la convivencia y al matrimonio que -sí se reconoce a las personas heterosexuales- hay que demostrar que la diferenciación entre ambos grupos de seres humanos es razonable, pues si no lo es entonces hay un trato discriminatorio. ¿Qué puede hacer razonable la diferencia? Respecto del matrimonio se ha dicho que es una figura religiosa definida entre un hombre y una mujer o que, sin entrar a lo religioso, lo “natural” es la complementariedad entre hombres y mujeres. El matrimonio es actualmente una institución jurídica que tiene un régimen totalmente independiente a cualquier concepción religiosa; por eso está permitido, por ejemplo, el matrimonio civil en segundas nupcias después de un divorcio, algo inadmisible en el régimen religioso. Además, el recurso a lo “natural” es peligroso porque no siempre lo que se cree natural es justo: en el Perú hace no muchos años era natural que las mujeres no votaran y era natural que a los violadores se les permitiera casarse con sus víctimas para evitar la cárcel, era natural discriminar a los hijos/as extramatrimoniales y en otros países no se creía natural el matrimonio entre diferentes razas, todo esto era “natural” y el tiempo ha demostrado que se trataba de una mentalidad equivocada.

Nota de énfasis. Desde el discurso religioso ni siquiera se menciona la posibilidad de acceso de las personas homosexuales a la convivencia, llamada legalmente en nuestro país “unión de hecho”, que es parte de la reivindicación igualitaria: para los sectores más religiosos conservadores la convivencia es una situación pecaminosa que no reconocen. Y hay que recordar que estos sectores dieron dura batalla para evitar que existiera siquiera un régimen legal de convivencia,  pesar de que la mitad de las parejas heterosexuales del país vive en este tipo de unión.

Se ha dicho también que la protección de las niñas/os está en juego. Y sería un argumento súper pertinente si estuviera demostrado que el bienestar de niñas y niños está en riesgo por la sola orientación sexual de sus padres/madres. Pero a la fecha nadie ha podido probar eso, sino todo lo contrario. Es sólo el estereotipo prejuicioso el que fundamenta esta preocupación y por ello, un cercano país, Chile, enfrenta una demanda internacional por haberle quitado la tenencia de sus hijas a una mujer lesbiana que vivía con su pareja contra las opiniones de especialistas y de las niñas involucradas.

Todas las personas, sin distinción de ningún tipo, deberíamos poder acceder a los mecanismos legales que ya existen para nuestra vida en pareja: o la convivencia o el matrimonio. No hay motivos razonables que justifiquen la exclusión de lo uno ni de lo otro, salvo por confesiones personales basadas en una estricta concepción religiosa o acerca de lo que es “natural” o no. Y aunque esas posiciones personales sean respetables no pueden justificar el que a otras personas se les recorte una parte de sus vidas negándoles el acceso a un reconocimiento legal que, en justicia, merecen.

¿Por dónde va el debate en el Perú?

Sobre el matrimonio civil nuestra Constitución dice que su forma y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley (artículo 4º). El Código Civil dice que “es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común” (artículo 234º).

Sobre la convivencia nuestra Constitución dice lo siguiente: “La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable”. El Código Civil agrega que “la unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años contínuos”.

Frente a este panorama legal en el que tanto el matrimonio como la convivencia están definidos en clave heterosexual, en nuestro país se han planteado propuestas en dos sentidos. Una primera línea es la que propugna el matrimonio y la unión de hecho igualitarios para todas/os al margen de la orientación sexual lo que implica una reforma constitucional; es la propuesta defendida por Fuerza Social. Una segunda línea es una alternativa mixta que propone acceso al mismo régimen legal de la unión de hecho pero bajo el nombre de unión civil para evitar la reforma constitucional; en este sentido se enmarca la propuesta del congresista aprista José Vargas (Proyecto de Ley 4181/2010-CR) y al parecer encajaría la propuesta de Perú Posible. Si se aprobara este tipo de unión civil, definida como un “régimen espejo” de la unión de hecho, las parejas homosexuales ganarían los mismos derechos que hoy tienen (y los que en el futuro tendrán) las parejas heterosexuales convivientes, aunque con un nombre distinto por la limitación de la reforma constitucional. Es una alternativa ecléctica, pero que en el fondo no abdica a la perspectiva de igualdad.

Existe una tercera línea, que es altamente criticada pues entiende la unión civil como un régimen totalmente al margen de la convivencia y el matrimonio, y aplicable solo a parejas homosexuales. En esta opción se listan qué derechos se tienen y cuáles no. Es un gueto legal que refuerza la idea de que las personas por su orientación sexual merecen estatutos jurídicos diferentes, y es una opción en la que la convivencia y en matrimonio permanecen como instituciones legales intocables en su clave heterosexual.

Una nota útil. En el Perú las/los convivientes no tienen exactamente los mismos derechos que las/los casados. Cuando se optó por reconocer la convivencia, en 1979, sólo se le quisieron dar derechos patrimoniales porque se entendía que era una forma “precaria” de ser familia; esto ha ido mejorando con el tiempo en virtud del principio-derecho de igualdad y el día de hoy las/os convivientes tienen acceso a:

1. Derechos patrimoniales (los bienes adquiridos durante la convivencia son de una unidad patrimonial llamada sociedad de gananciales conformada por la pareja)
2. Pensión de alimentos en caso de abandono de su pareja
3. Protección contra la violencia familiar
4. Acceso a atención de salud de la pareja en ESSALUD y EPS
5. Acceso a cobertura de seguros  como pareja
6. Acceso a pensiones de sobrevivencia en AFP
7. Acceso a régimen mancomunado de jubilación en ONP
8. Pensión de viudez en la ONP (no legalmente, pero sí por sentencia del Tribunal Constitucional)
Hay aún dos aspectos a los que las/los convivientes no tienen derecho actualmente (pero que se irán conquistando en el mediano plazo, pues cada vez es más evidente que la convivencia debe tener los mismos derechos que un matrimonio):
1.    Herencia
2.    Pensión de alimentos en todo caso más allá del abandono

¿Por qué un reconocimiento patrimonial es insuficiente?

¿Qué sentiría usted si su usted, trabajador/a que cotiza a ESSALUD o a una EPS mensualmente, tiene una pareja que requiere una operación quirúgica y se la niegan?,  ¿qué sentiría si usted muere y a su pareja se le niega una pensión de viudez para la que usted abonó?, ¿qué sentiría usted si se le impidiera tomar decisiones médicas si la persona con la que comparte su vida está en una situación médica que así lo amerita?

El reconocimiento de una unión afectiva trasciende lo patrimonial que, siendo importante, no es lo más importante. El derecho de alimentos, la atención médica, pensionaria y de índole similar son todos derechos personales (en oposición a los derechos patrimoniales) y son derechos que sólo se adquieren por un reconocimiento legal como pareja, parte de un proyecto de vida en común, y no se consiguen de otro modo.

¿Por qué discutir y tomar posición en el tema es importante?

Un programa de televisión salió a la calle para entrevistar acerca de la importancia del debate electoral sobre uniones homoafectivas, para ver si a la gente “de verdad le importa la discusión”. Y como es obvio, la mayor parte de personas dijo que le preocupaban otras cosas. Pero ¿a quién se le pregunta? A una mayoría de personas que por su heterosexualidad ya tiene asegurado un marco legal para hacer lo que quiera con su vida de pareja, convivir o casarse.

Tener la libre opción de elegir qué tipo de protección legal quiere uno/a para su vida en pareja es algo que es tan “natural” que ni siquiera se percibe como un derecho. Es ese mínimo el que justamente no tienen aseguradas las personas que aman a alguien de su mismo sexo, ese mínimo legal es parte de su paquete de derechos como ciudadanas/os que ninguna democracia se debería permitir ignorar.

 

Beatriz Ramirez, especialista legal
Promsex

AMÉRICA LATINA: ¿Cómo acabar con los feminicidios?

Buenos Aires, (IPS) – Con 18 años, la argentina Vanina Alderete es una sobreviviente de la expresión más salvaje de la violencia machista. Cuando tenía 11, su padre asesinó a su madre y a sus dos hermanos y la dejó a ella gravemente herida. Cinco veces había acudido su madre a la policía para denunciar las agresiones y amenazas del marido. “Ellos decían que no estaban para prevenir sino para reprimir, y le sugerían que no nos metiera a los niños en problemas de pareja”, contó la joven a IPS. Ahora Alderete, que vive en la nororiental provincia de Salta, ganó un juicio al Estado que deberá pagarle una indemnización de casi 250.000 dólares por haber faltado a su deber de protegerla de la tragedia.

El gobierno provincial adelantó que apelará la sentencia. “Todo lo que pregonan sobre los derechos de la infancia y la mujer queda en la nada con la apelación”, criticó a IPS su abogado, Oscar Juárez.

 

La de Alderete es una expresión dramática de feminicidio, como se denomina a los homicidios cometidos contra mujeres por su condición de tales. El padre, condenado a cadena perpetua, dejó a la joven sin familia. Con un cuchillo de cocina el agresor mató a su esposa y a sus hijos de ocho y cinco años, y creyó haber asesinado también a la mayor, pero la niña logró huir. Estuvo tres meses hospitalizada con graves heridas y ahora vive con un abuelo. El triple asesinato ejemplifica contra lo que se lucha en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que el viernes 25 abre 16 jornadas de actividades a nivel mundial para concienciar sobre lo que activistas califican como “un genocidio silencioso”, que victimiza a la mitad de la humanidad.

Justamente, para dar visibilidad a estos casos de violencia brutal y forzar políticas que pongan fin a la agresión sistemática de la mujer, en los últimos cinco años la figura del feminicidio está siendo incorporada al código penal de países latinoamericanos. Pero juristas expertas en derechos de género, convocadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem), se manifestaron, en general, escépticas sobre la eficacia de la figura. Mucho mejor que incorporar una nuevo tipo penal difícil de probar, las especialistas se inclinan por exigir un registro oficial de estas muertes y recomiendan mejorar la respuesta del Estado ante las denuncias de mujeres atacadas.

“Yo quisiera restarle neutralidad a la ley penal, pero el tema es cómo hacerlo porque en cinco países de la región donde existe el feminicidio la figura conduce más a la impunidad que a la sanción”, dijo a IPS la abogada Susana Chiarotti. Chiarotti integra el consejo consultivo de Cladem y el Comité de Expertas en Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El tratado, conocido como Convención de Belém do Pará, obliga a los Estados americanos a actuar “con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Pero el compromiso se incumple en casos como el de Alderete.

“Es vergonzoso que el Estado en lugar de reparar, apele el fallo”, sostuvo la argentina Chiarotti. El feminicidio fue incorporado a la legislación de Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador y México. “Para algunos estados este es el camino fácil, crear una nueva figura, pero el derecho penal aparece cuando la mujer ya murió”, alertó. A su juicio, sería mejor avanzar en la prevención, mejorando la participación del Estado desde el momento en que la mujer hace la primera denuncia. Pero no todas las juristas están convencidas de renunciar a tener el nuevo delito en la ley. En la discusión convocada por Cladem en Buenos Aires y publicada en octubre con el título “Contribuciones al Debate sobre la Tipificación Penal del Feminicidio”, algunas sostenían que la figura puede ayudar a crear conciencia entre los jueces. Los funcionarios aún hoy consideran que los celos pueden ser un atenuante en estos casos, y se siguen utilizando conceptos como el de “crimen pasional”, la “provocación” de la mujer o la “emoción violenta” para justificar la barbarie, recordaron.

No obstante, la mayoría de las expertas descree de esta vía. La viceministra de la Mujer de Perú, Rocío Villanueva, analizó en el debate la experiencia de su país, donde no existe el feminicidio pero se trabaja con eficacia para prevenirlo. Perú creó un observatorio dependiente del Ministerio Público que registra cada año los homicidios por violencia sexista y detalla el proceso previo de denuncias de la víctima para identificar las fallas del Estado en la prevención. Algunas expertas, por ejemplo, propusieron medidas alternativas como la de arrestar al agresor por desacato, si incumple la orden de exclusión del hogar dictada por la justicia luego de un primer ataque. En cambio, entre los países que incorporaron el feminicidio, los resultados no son alentadores. Uno de los pioneros fue Guatemala donde organismos internacionales alertan de una epidemia de asesinatos por desigualdad de género. De 2000 a 2010 más de 5.200 mujeres fueron asesinadas en ese país según la policía. No obstante, desde que en 2008 se incorporó el feminicidio, el crimen persiste y la figura no parece efectiva ni para prevenir ni para sancionar.

“La mayoría de los agresores en Guatemala son condenados por homicidio agravado, porque es difícil probar el feminicidio que exige mostrar las relaciones desiguales de poder, la misoginia, o el odio de género”, advirtió Chiarotti. Familiares de las víctimas saben de estas dificultades. En julio, Cristina Siekavizza, una administradora de empresas, desapareció de su casa. Un mes después, su esposo, Roberto Barreda, huyó con los dos hijos de ambos y se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de su mujer. Una empleada del hogar familiar atestiguó entonces que el hombre había golpeado a la mujer hasta matarla. “La justicia de este país se mueve lenta cuando se mueve”, dijo a IPS Juan Siekavizza, padre de la mujer presuntamente asesinada cuyo cuerpo aún no apareció. “Llevamos meses y seguimos igual”, se quejó el hombre. La madre de Barreda, Beatriz de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, está ahora presa por obstrucción de la justicia, por haber movido sus influencias para impedir la captura de su hijo y la ubicación de los nietos, en otro ejemplo de actuación del Estado contra las víctimas de delitos sexistas.
Siekavizza reconoció que Guatemala cuenta con una ley progresista que condena el feminicidio “pero que se aplique es otra cosa”, ironizó.

¿Cómo se explica que, pese a las leyes contra la violencia en todos los países siga habiendo tantos hombres que golpean a las mujeres hasta desfigurarlas y las ultimen con cuchillos, armas de fuego, con sus propias manos o quemándolas con alcohol? La argentina Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, intentó una respuesta para IPS. “Las leyes, en las que se avanzó mucho en América Latina, no son la respuesta a los problemas”.

“Está claro que los estados no son indiferentes a esta forma extrema de violencia y que hay una condena bastante homogénea en la región, pero hay deudas pendientes que no pasan por el plano normativo”, remarcó. Gherardi mencionó la necesidad de contar con estadísticas sobre violencia. Hoy, salvo contados países, la mayoría de los registros de feminicidios están bajo responsabilidad de organizaciones de mujeres que recogen los casos que se publican en diarios.

“Una mejor información nos permitiría mejores políticas”, concluyó. También señaló que hay una segunda deuda del Estado con las mujeres que es el de garantizarles el acceso a la justicia. “La ley penal no es para prevenir, el derecho tiene que dar otras respuestas para que las muertes no sigan ocurriendo”, advirtió. * Con el aporte de Danilo Valladares (Guatemala).(FIN/2011)