La hora del excluido

Llegó la hora del excluido. En el curso de las elecciones se produjo un consenso político, ganó quien más levantó esa bandera. Ya nadie acepta la exclusión social. No es poca cosa; se trata de revertir seis milenios de historia. La división social se inventó cuando nos mudamos de las cuevas a las urbes, que, paradójicamente, fue lo que hizo posible la civilización. Durante seis milenios, la humanidad ha estado dividida entre los de arriba y los de abajo. El primer paso, para ahora sí incluir a todos, consiste necesariamente en identificar a los excluidos.

Como guía para esta tarea, convendría repasar algunos cambios recientes. El primero fue un rebautizo: los “excluidos” de hoy serían los “explotados” de ayer. El cambio de nombre no hizo desaparecer la pobreza, pero el rebautizo no fue pura retórica. Durante los milenios de civilización, la riqueza de los de arriba dependía directamente del sudor de los de abajo.

En el Perú, los ricos vivían de la agricultura y de la minería, y necesitaban una abundancia de trabajadores esclavos o semiesclavos. El segundo cambio fue una transformación demográfica: dos tercios del país se mudó del campo a la ciudad, donde la riqueza se crea en las fábricas, en el comercio, la banca y los servicios, y es producida no por la explotación humana sino por la tecnología moderna, el ingenio y la educación.

Además, sin esperar a los políticos, gran parte de los ex explotados del campo se autoincluyó en la ola productiva moderna de las ciudades, construyendo casas, creando trabajos, y consiguiendo agua y luz.

El 90% de la población urbana hoy tiene agua en su casa o edificio, el 99% tiene luz, y el viejo reclamo en contra del trabajo esclavo, se convirtió en un reclamo por la falta de empleo.

Pero la tarea no ha sido completada. Diez por ciento de las familias sigue en pobreza extrema, especialmente en el campo, donde la penuria más tiene que ver con el aislamiento y el abandono por el Estado que con la explotación.

Padecen desnutrición y poca atención de salud. Ciertamente, algo empiezan a participar: la mitad de los pobres extremos cuenta con electricidad, un tercio con teléfono e incluso 13% con DVD, y además los presupuestos de los gobiernos locales se han multiplicado.

No obstante, en el Perú ha desaparecido la tolerancia con la desigualdad extrema, y también el pretexto de una imposibilidad presupuestal para proveer de servicios a toda la población.

La Constitución, la autonomía y la Universidad Católica

La universidad nació en Occidente como una comunidad de maestros y estudiantes unidos por la vocación del conocimiento. La autonomía, que es intrínseca a la libertad del pensamiento, fue uno de los pilares de su desarrollo histórico y del respeto que siempre acompañó su presencia.

Pero fue en América Latina, a partir del movimiento universitario de Córdoba de 1918, que la autonomía se convierte en principio y garantía de la vida universitaria. No es fácil para el pensamiento conservador entender este criterio y por qué la autonomía es un concepto esencial de la universidad y una prenda de identidad que profesores y estudiantes están dispuestos a defender al precio que sea. Es que la autonomía surgió para recuperar una institución anquilosada, incapaz de investigar la realidad y de proporcionar a nuestros países profesionales y políticos bien formados y comprometidos. La universidad de comienzos del siglo XX era mediocre, dependiente de los gobiernos oligárquicos e incapaz de asumir un punto de vista propio ante las arremetidas de las dictaduras y del conservadurismo intolerante. La reforma se pronunció así por una universidad crítica, independiente y abierta a la modernidad.

Desde entonces, la autonomía es inherente a la vida universitaria y, al mismo tiempo, una garantía del saber libre, la búsqueda de la verdad y de una racionalidad sin cortapisas ni limitaciones. Mientras que la autonomía es, en la experiencia universitaria cotidiana, el disfrute de la libertad y la tolerancia, para quienes pretenden limitarla ella es el obstáculo a remover para imponer el pensamiento único y la persecución de toda idea o conducta que se oponga al dogmatismo que históricamente caracteriza ese tipo de pensamiento.

En el Perú, el reconocimiento a la autonomía de la universidad data de los años 1920, 1928 y 1931. El apagón autoritario entre 1933 y 1945 la suprimió; reapareció con el gobierno de Bustamante. Con Odría vino otro cierre y años más tarde sufrió restricciones durante el fujimorato. En general, la autonomía floreció con la democracia y fue eliminada cuando las dictaduras y sus aliados ultramontanos combatieron la secularización de la sociedad peruana.

Pero fue con la Constitución de 1979 que la autonomía universitaria alcanzó estatus constitucional, criterio que felizmente ha mantenido la de 1993. Ella, en su artículo 18, “garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia”. Define la universidad como “comunidad de profesores, alumnos y graduados”. Sostiene, asimismo, que “cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos, en el marco de la Constitución y de las leyes”.

Es definitivo que la base legal de la institucionalidad universitaria en el Perú es la Constitución y que las leyes de la materia desarrollan los preceptos que ella establece. Ninguna universidad puede existir al margen de este marco jurídico ni introducir normas contrarias a lo que la Constitución y las leyes disponen sobre la autonomía. Por lo mismo es antijurídico pretender que la universidad tenga capacidad para adoptar normas, de la naturaleza y origen que sean, que pretendan imponer una concepción propia que en sus efectos neutralice la libertad de cátedra e interfiera en las garantías autonómicas y democráticas establecidas en los estatutos de cada universidad.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), a través de su asamblea, ha reiterado recientemente su identidad católica y su condición de universidad, que siendo privada, goza también del carácter de “nacional”, rigiéndose por la Constitución, las leyes peruanas y sus estatutos. Nada de esto la pone en controversia con la Iglesia, antes bien, refuerza el espíritu cristiano que la ilumina y su respeto por el Estado de derecho en el Perú.

Falta voluntad política en protocolo de aborto

Reglamento para ejecución de aborto terapéutico en el Perú entrampado por presión de la Iglesia Católica. Miles de mujeres mueren por la ausencia de este documento.

Pese a que el aborto terapéutico está despenalizado en el Perú desde 1924, actualmente el 30% de las peruanas que mueren anualmente son por causas como enfermedades como la tuberculosis, el Cáncer y diabetes, entre otros que surgen durante el embarazo o que se agravan con este, según cifras del propio Ministerio de salud (Minsa). La directora del Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (DEMUS), María Isabel Cedano, criticó al ministro de salud, Óscar Ugarte, de ser el principal responsable en la no aprobación hasta la fecha de un protocolo de aborto terapéutico que permita a todos los hospitales del país poder brindar una mejor atención a la madre, en caso de que peligre su gestación por el padecimiento alguna enfermedad.

“Entre el 2009 y el 2010, solicitamos al Minsa la aprobación del protocolo y nunca nos respondió de manera directa. Ugarte se ha dedicado a declarar a los medios de prensa el compromiso de dar luz verde al protocolo, sin embargo nunca lo hizo”, mencionó a LA PRIMERA Cedano, quien señaló que ante la falta de respuesta de parte del Minsa presentó un recurso de amparo ante el Poder Judicial por haber violado el derecho de petición.

El caso, precisó, se verá el próximo 24 de mayo. “Creemos que Ugarte no se pronuncia para no ocasionar un conflicto con la Iglesia Católica que ejerce su influencia para definir las políticas de salud públicas”, precisó.

Medida legal
“En el Perú, el aborto terapéutico es legal pero la falta de una reglamentación lo hace ver que en la práctica sea considerada como una actividad ilegal. Consecuencia de ello, a la fecha, ocurren 370 mil abortos de manera clandestina al año, casi la mitad de la cifra de nacimientos en el país, y lo grave es que miles de estas intervenciones acaban en la muerte de la paciente”, detalló.

Asimismo, recordó que en noviembre del 2005 el Comité Internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas falló a favor de la ciudadana K.L., quien fue forzada a llevar hasta el final de su embarazo de un feto anencefálico y obligada a amamantar a su hija cuatro días antes de que se produjera su muerte. Aquella vez el organismo internacional estableció que negar el acceso al aborto legal viola los derechos humanos básicos de las mujeres. “Fue LA PRIMERA vez que un organismo internacional de derechos humanos hizo responsable a un gobierno de asegurar el acceso a servicios para el aborto legal”, resaltó Cedano.

Falta voluntad voluntad
Por su parte, la representante del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Rossina Guerrero, señaló que “solo falta voluntad política para que se apruebe por dicha norma”. Guerrero indicó que la demora es señal que “el gobierno no quiere pelearse con el sector más conservador de la sociedad, la Iglesia Católica, ya que desde el inicio de esta gestión siempre existió más de un acercamiento”.

Enfatizó además sobre la importancia de que el protocolo médico entre en vigencia en aras de que el aborto terapéutico sea cubierto por el Aseguramiento Universal en salud, ya que hoy en día las madres gestantes en riesgo se ven obligadas a pagarlo.

“Todas las atenciones de salud reproductiva están establecidas en el documento denominado ‘Guía de Atención a la salud Sexual Reproductiva’, donde se especifican los pasos que un profesional debe seguir para orientar a las pacientes durante los partos y las cesáreas y sobre los métodos anticonceptivos, entre otros. Como el aborto terapéutico no se encuentra incluido en esta guía, no es cubierto por el Aseguramiento Universal en salud”, sostuvo Guerrero.

Silencio en el Minsa
LA PRIMERA se comunicó con personal del Minsa para buscar un pronunciamiento del tema, sin mayor éxito pues se negaron a declarar del mismo. “Siempre se juega con la salud de la mujer, mientras existan las complicidades políticas que no esclarecen políticas de estado a favor de la población femenina del país”, acotó Guerrero.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de su Segundo Reporte sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre las Mujeres y Hombres (Enero y Diciembre 2008), recomendó al Minsa la aprobación del mentado protocolo a fin de brindar una atención apropiada y oportuna en los casos necesarios para salvar la vida de la gestante o para evitar un mal grave y permanente en salud.

Cabe mencionar que solo 14 nosocomios del país cuentan con protocolos internos para este tipo de aborto. En Lima, los únicos que lo ejecutan son María Auxiliadora, Hipólito Unanue, San Bartolomé y el Instituto Nacional Materno Perinatal (ex Maternidad de Lima). En el resto de establecimientos, los médicos se niegan a practicarlo

URGENTE: Despenalización del aborto – Un tema para hablar, una agenda para discutir

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX, en el marco del Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, 28 de setiembre, hace un llamado a los y las Congresistas de la República y a la sociedad en su conjunto sobre la necesidad urgente de revisar las leyes que penalizan a las mujeres que se someten a un aborto por violación o por daños del feto incompatibles con la vida extrauterina.

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¿Quiénes podrían estar impulsando que no se aprueben normas que protejan a las mujeres, niñas y niños de asesinatos y violaciones sexuales?

En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso se archivó, el pasado 20 de octubre, un proyecto de ley que proponía la modificación del Código Penal para penalizar el feminicidio: asesinato a mujeres y niñas. Ironicamente, esta vergonzosa decisión de la comisión se produjo un día antes del asesinato y violación de una niña de cinco años, y  además el Ministerio de la Mujer informaba de cuarenta y tres casos de feminicidio y 26 tentativas de asesinato reportadas contra mujeres en el primer semestre de este año en diferentes regiones del país.

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Paternidades negadas: aplicación del enfoque de género a las normas de investigación de paternidad extramatrimonial

Introducción: 

El presente trabajo parte de la constatación de que la mayor parte de críticas en perspectiva de género al Derecho de Familia sólo abordan casos de discriminación directa; es decir, tratamientos jurídicos diferenciados, injustificados y desfavorables en el texto de las normas. Pese a que explícitamente no está dicho, el punto de referencia de estas reflexiones es el feminismo liberal que propugna como paradigma de lucha la igualdad en el aspecto normativo y la prohibición de discriminación contra las mujeres.

Específicamente, en la regulación de la filiación que es el tema central de esta ponencia, los trabajos analizados centran su análisis en las normas de discriminación explícita; principalmente, en la imposibilidad expresa, arraigada en la tradición jurídica romanogermánica, de que las mujeres casadas puedan negar la paternidad de sus hijos e hijos extramatrimoniales que tienen como padre al marido por efectos de la presunción de paternidad. Todas las legislaciones latinoamericanas regulan de forma estricta la impugnación de la paternidad matrimonial y, a esta regulación, se han dedicado las críticas en perspectiva de género.

Autora: Beatriz Ramírez – Abogada, miembro del equipo jurídico de Promsex

Articulo publicado en la Revista Jurídica del Perú y Gaceta Constitucional

Derecho y Diversidad Sexual: Concretando la universalidad de los derechos

Principales hallazgos del Informe Anual de Derechos Humanos de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales (TLGB) en el Perú 2010

Este artículo nos ilustra sobre la vigencia de las categorías de orientación sexual e identidad de género en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus implicancias en los Principios de Yogyakarta; así como los principales problemas que afrontan los colectivos de la diversidad sexual de conformidad con el Informe Anual de Derechos Humanos de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales en el Perú 2010. Al respecto, las autoras destacan que existen marcos legales que exigen el desarrollo de políticas estatales para garantizar la igualdad real de estas personas.

INTRODUCCIÓN
En todo el mundo las personas son sujetas de violaciones a sus derechos humanos por su orientación sexual o identidad de género. Estas violaciones toman diferentes formas, que van desde la negación del derecho a la vida; atentados contra la integridad; discriminación en el acceso al trabajo, la salud, la educación y la vivienda; no reconocimiento de sus relaciones familiares; negación de su identidad y reconducción a la esfera privada, lugar donde deberían, según el mandato heteronormativo, permanecer silenciosas(os) e invisibles (O’Flaherty y Fisher, 2008, p. 208).

Autoras:
Beatriz Ramírez y Soledad Arriagada
Integrantes del equipo de Promsex

Articulo publicado en la:
Revista Jurídica del Perú y Gaceta Constitucional

¿Bioética o contrabando legal?

El 27 de julio, fecha inconveniente para temas legislativos, el gobierno saliente aprobó el DS 011 2011 JUS: Lineamientos para garantizar el ejercicio de la bioética desde el reconocimiento de los derechos humanos. En principio suena bien, pero el tema es delicado, por lo que merece profundizar y contextualizar, ya que la Declaración Universal sobre Bioética suscrita por el Perú, se refiere a lo jurídico social y ambiental, no a temas espirituales o concepciones religiosas de la vida. En el mundo existe todo un debate y lucha política sobre el control del cuerpo humano, su relación con el avance de la ciencia y las medidas legales que pueden fortalecer las libertades o limitarlas. La bioética nace justamente desde esas inquietudes y pretende establecer criterios para que la ciencia vaya en concordancia con la dignidad humana. El problema es que esta dignidad, que implica antes que nada el respeto a la propia voluntad y la autonomía del humano sobre sus decisiones más personales, ciertos sectores la interpretan como la continuidad del control social sobre la voluntad.

Las palabras esconden

Algunas citas de la norma aprobada: “La vida corporal y espiritual de la persona representa un valor fundamental… desde la concepción hasta la muerte”. “Toda investigación… considerará la igualdad ontológica de todos los seres humanos, indistintamente de la etapa de vida”. “Se debe buscar el bien corporal dentro del conjunto del bien espiritual y moral de las personas”.

Como vemos, las palabras esconden intensiones. Determinar un valor moral desde la concepción en relación a la investigación supondría, desde una perspectiva conservadora religiosa, el impedimento de investigar por ejemplo con células madre o buscar abolir los avances de la fecundación asistida. Y afirmar que ese valor se da hasta la muerte, en la práctica podría estar cerrando definitivamente el necesario debate sobre la eutanasia y la muerte digna a la que los humanos tienen derecho si así lo deciden por sí mismos o vía sus familias dada determinada situación. En ese mismo sentido va el asunto de la igualdad ontológica, ya que ello alude a lo trascendente.

No es casual

Esta norma se publicó de forma extraña, ya que no figura en el índice de la separata de normas legales del 27 de julio, pero sí en su contenido, como si se hubiera buscado despistar a los que revisan las normas diariamente; además, la fecha hace pensar que se trata de una última concesión de Alan García y la ex ministra Fernández al extremismo religioso que tanto incentivaron. Lo que no se llega a comprender es cómo el ex Ministro de Salud Oscar Ugarte firmó una norma que puede ir en contra de la ciencia y de la libertad individual.

Todo este asunto no es algo aislado. Se relaciona directamente con la desesperación de los ultra conservadores por la llegada al MINDES de una gestión que sí aplicará un enfoque de género y reactivará el debate sobre temas pendientes, como el aborto terapéutico o por violación, así como sobre la absurda ley que tipifica como violación toda relación con o entre adolescentes, que no ha servido en nada para aminorar el embarazo adolescente. Del mismo modo, la intensión del Opus Dei de apropiarse de la PUC proviene de este fermento ideológico medieval.

Impiden el desarrollo

Y es que no contentos con tener toda la libertad del mundo para profesar su fe y sus creencias, los continuadores de la inquisición no se resignan al avance de las libertades humanas. Unos creen que como en siglos pasados pueden satanizar a una casa de estudios para luego llevarla a una hoguera simbólica y apropiarse de sus bienes; otros asumen que siguen siendo dueños de los cuerpos de las mujeres y que éstas son útiles sólo para reproducirse. Pues no; hay que enfrentar con toda la energía posible estas pretensiones arcaicas, que hoy sin duda se constituyen como uno de los principales lastres para que en el país emerja una real modernidad, que no tiene porque sostenerse desde ningún tipo de tutela.

Sin duda la ciencia debe respetar la dignidad humana y debemos velar porque la industria y otros intereses no utilicen a los humanos más necesitados para sus fines económicos, o se creen argollas médicas que lucran con la investigación como en el país sucede con el cáncer (INEN). Pero eso no puede ser un pie forzado para contrabandear una normatividad que puede tener consecuencias nefastas para la libertad y la investigación científica en el país. La PCM, el MINJUS y el MINSA están obligados a aclarar este tema y si es necesario corregir o derogar la norma impuesta entre gallos y media noche por un gobierno ultra conservador.

Declaración Universal sobre Bioética.

Artículo 1: La Declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. Artículo 2 inciso: promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el derecho internacional relativo a los derechos humanos.

“Se han identificado las barreras y necesidades que tienen las personas LGBT para acceder a todos los…

Entrevista con George Liendo, activista peruano del ‘Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos’ (PROMSEX). Liendo ha dado a conocer el fuerte vínculo existente entre la clase política y la Iglesia Católica y las iniciativas que están realizando para conseguir que Perú avance hacia la igualdad.

Universo Gay ha entrevistado al activista peruano George Liendo, del ‘Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos’ (PROMSEX). Liendo nos ha dado a conocer el trabajo que llevan a cabo y las dificultades existentes para conseguir la plena igualdad de las minorías sexuales.

El pasado mes de mayo el equipo de fútbol ‘Sporting Cristal’ multó a Giancarlo Casas y Yoshimar Yotún, dos de sus jugadores, por unas imágenes en las que aparecían acariciándose. ¿Es dicho suceso uno de los ejemplos de la homofobia que persiste en el mundo deportivo? ¿Qué eco consiguió la noticia en el país?

Efectivamente, la noticia de Giancarlo y Yoshimar se difundió mucho en los medios de comunicación, especialmente de espectáculos y deportivos, aunque no tuvo un fuerte impacto en la opinión pública en general.

Se deslizó la noticia de una posible sanción, pero que luego fue desmentida. Creo que la homofobia en el mundo deportivo no se desarrolla en el grado que se expresa en la prensa de espectáculos.

No se han registrado sanciones por las expresiones afectivas, de género, o de orientación sexual de deportistas en el Perú. Sin embargo, si ha habido una especie de sanción “moral” de la prensa ridiculizando estas expresiones.

Ejemplos hay varios: el de los futbolistas Giancarlo y Yoshimar, otro futbolista que mantenía una relación con una persona trans, o las mofas a las campeonas mundiales de surf y de box por su actitud, algunas veces, masculina.

La policía peruana cargó brutalmente contra los participantes de los ‘Besos contra la Homofobia’ que se llevó a cabo en Lima el pasado mes de febrero. ¿Se han producido sanciones contra quienes llevaron a cabo dichos abusos policiales?

Este lamentable hecho puso al descubierto la homofobia que existe en las fuerzas del orden peruanas, como la policía nacional, a pesar de existir normas internas que promueven, más bien, la protección a gais, lesbianas y personas trans.

Este acto, organizado por chicos y chicas de las universidades de Lima, en la Plaza Mayor, fue criticado ya que se lo relacionó como una provocación a la Iglesia Católica, porque en dicha plaza se encuentra la Catedral de Lima.

Los medios de comunicación relacionaron la noticia como un enfrentamiento a la iglesia, y no como una protesta ante el Estado. En dicha plaza también está ubicado el Palacio de Gobierno y la Municipalidad.

Este acto tuvo características homofóbicas y lesbofóbicas graves, ya que el ensañamiento contra los activistas fue desmedido, lo que no se aplica ante otro tipo de protestas similares.

A las mujeres lesbianas se les tocaban los senos y los hombres gais fueron arrastrados y golpeados. Dos jóvenes lesbianas terminaron con la cabeza rota. Si bien, se llamó la atención sobre este tipo de violencia en los medios de comunicación, esto no fue suficiente para que se identificara a los policías y se interpusiera una sanción ejemplar. En el gobierno pasado, este tipo de prácticas eran comunes.

Los abusos policiales afectan especialmente a las personas trans y las trabajadoras del sexo. Dicho exceso policial provocó que la comunidad trans se manifestara en marzo contra los efectivos del Serenazgo. ¿Cómo evalúa la situación de dicho colectivo en el país?

La comunidad trans en el Perú, como en todo el mundo, es muy diversa, con encuentros y desencuentros. Lo bueno es que existe y está muy activa.

Un logro importante es que recientemente una persona trans reconocida en la opinión pública y el mundo del espectáculo, Namin Timoico, pudo cambiar su sexo en el DNI. Varias personas trans han venido cambiando su nombre en el documento, mediante un proceso judicial, sin embargo el cambio de sexo ha sido una avance, por lo menos en lo que a jurisprudencia jurídica se refiere.

Pero por otro lado, otro importante grupo de personas trans femeninas, que están muy relacionadas al trabajo sexual, lo que las coloca en un situación de vulnerabilidad complicada, por el abuso de la policía nacional y el serenazgo (policial municipal). Si bien hay muchas protestas y reclamos sobre las redadas, éstas se han mantenido por mucho tiempo con una brutalidad lamentable. No se han logrado resultados concretos para superar este tipo de violencia que viene de muchos lados: los y las proxenetas, las mafias, la policía y hasta del mismo Estado, al negarse a dialogar sobre el tema.

La actual alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha tratado de conversar sobre algunas alternativas de solución, sin embargo, los grupos conservadores y opositores a cualquier agenda de derechos humanos de personas LGBT, hacen muy difícil el camino, incluso llegando a pedir su revocatoria.

Las personas trans vienen manteniendo un dialogo con la Municipalidad a partir de una ordenanza municipal que permitirá atenuar la violencia y discriminación sobre todo por identidad de género.

El candidato al Congreso Ronald Gamarra apoyó mediante un vídeo la igualdad de las minorías sexuales. ¿Se han producido otros apoyos de la clase política hacia la comunidad LGBT?

Por supuesto que sí, y muchos de ellos y ellas son congresistas ahora. En la bancada de Gana Perú está Sergio Tejada, Rosa Mávila, Javier Diez Canseco.

En la bancada Alianza Parlamentaria está Carlos Bruce, quien cumpliendo su compromiso ya presentó el proyecto de ley de crímenes de odio, que sanciona, especialmente, los crímenes por homofobia, y también el proyecto de Patrimonio Compartido.

Por otro lado, el Proyecto Todo Mejora ha obtenido el compromiso de otros congresistas de la bancada Fujimorista. Es una pena que Ronald Gamarra no haya alcanzado ser parte de este congreso.

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, está promoviendo la aprobación de una ordenanza que imponga sanciones y medidas para luchar activamente contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. ¿Cómo evaluáis el progreso que supondrá la aprobación de dicha ordenanza?

Desde Promsex, pensamos que una ordenanza debe promover la igualdad de oportunidades, y sobre todo de derechos. El proyecto de ordenanza nació con la idea de centrarse específicamente en el tema de identidad de género y orientación sexual, sin embargo, el desarrollo del texto no lo relevaba de forma suficiente, y más bien se centraba en las sanciones.

Lo que se expresaba en el documento era aplicable a todo tipo de discriminación como raza, sexo, discapacidad, entre otros; y a los y las LGBT no solo se nos discrimina por nuestra orientación sexual o identidad de género. Esto lo vemos cuando en casi todas las discotecas “de ambiente” no dejan entrar a las trans. Peor aún si se nota que se es pobre o se tiene rasgos indígenas.

El proceso de aprobación de la ordenanza va lento, pero es justamente porque se están colocando todos estos aspectos. Los regidores y las regidoras que están impulsando la ordenanza vienen recogiendo en diferentes espacios y debates los aportes. Desde el movimiento LGBT se está asumiendo que no será una ordenanza específica, que vea el tema de orientación sexual e identidad de género, pero sin embargo, se mantiene una actitud vigilante para que ninguno de estos temas sea retirado del documento. Esto ha sucedido en otras normas impulsadas en el país.

El apoyo de Villarán a la lucha contra la discriminación provocó que la organización católica ‘Tradición y Acción por un Perú Mayor’, entre otras asociaciones religiosas y conservadoras, se manifestaran y llevaran a cabo iniciativas para presionar a la política en contra de la ordenanza anti-discriminación. ¿Qué repercusión han conseguido dichas organizaciones?

La Iglesia Católica genera mucha presión en la mayoría de medios de comunicación, ya que varios de sus dueños son parte o simpatizantes del Opus Dei.

Efectivamente, los plantones y protestas generadas por estos grupos extremistas, de un grupo extremo de la Iglesia Evangélica, han provocado que la discusión inalterada que se debe tener sobre un documento tan importante, no se pueda desarrollar de manera óptima.

Sin embargo, las demostraciones de plantones y protestas han demostrado a la opinión pública lo bochornoso de su discurso, provocando que los máximos representantes de dicha Iglesia se reúnan con la Alcaldesa de Lima por el vergonzoso espectáculo desarrollado por un grupo rebelde al interior de esa iglesia.

A pesar de todo, las presiones más corruptas a funcionarios que se oponen al debate, viene por grupos ligados a la Iglesia Catolica como Tradición y Acción y el Population Research Institute.

¿Con qué poder cuentan las organizaciones conservadoras y religiosas en la clase política peruana? ¿Y en los medios de comunicación?

Muchos personajes públicos en el Perú sostienen que el Cardenal Juan Luis Cipriani, del Opus Dei, es el principal político vestido de sotana.

El Tribunal Constitucional ha reconocido que el Perú es un Estado laico, sin embargo tenemos suscrito un Concordato con el Vaticano que da privilegios especiales a la Iglesia, lo cual ha sido reafirmado con una Ley de Igualdad Religiosa que pretendía tener un efecto contrario.

Este supra poder ha permitido que se formen organizaciones en la sociedad civil y grupos de base que su agenda es contraria a los derechos sexuales y reproductivos, en especial el tema de aborto, anticoncepción de emergencia y cualquier derecho humano de personas LGBT.

En Perú se ubican las oficinas regionales de muchas de estas organizaciones, que actúan a nivel de América Latina, y obviamente tuvieron mucha llegada al Estado, durante el gobierno aprista de Garcia, por la alianza pactada con Cipriani, nefasto acuerdo que no solo hizo que el Perú no avance en el reconocimiento de derechos LGBT, sino que retrocediera.

La homosexualidad se encuentra ahora sancionada en la Policía Nacional; no se firmó ningún documento internacional que pudiera, siquiera, mencionar el tema como la Convención Iberoamericana de los Jóvenes, o las resoluciones de Naciones Unidas. Esperemos que este gobierno de Ollanta Humala no ceda a las presiones y a la corrupción que promueven estos grupos.

El Cardenal Juan Luis Cipriani presionó el pasado mes de marzo a los políticos que apoyen a las minorías sexuales. Cipriani alegó, entre otras cosas, que la igualdad provocaría “cambios que van en contra de la naturaleza”. ¿Qué papel está desempeñando la Iglesia Católica contra medidas a favor de la igualdad?

Juan Luis Cipriani ha dicho que “los derechos humanos son una cojudez”, ha dicho que “los homosexuales son mercadería averiada”.

Es una persona que genera mucha controversia y creo que no le hace ningún favor a los católicos y católicas del Perú. Existe un rechazo fuerte, de acuerdo a las últimas encuestas, por su intromisión en estos temas, y por el problema de querer intervenir en el currículo de la Universidad Católica del Perú, y la disputa por sus terrenos.

Sus métodos de influencia iban desde llamar directamente al Presidente para no firmar la Resolución de Naciones Unidas por la No Discriminación por Orientación Sexual -dato confirmado por los cancilleres de la delegación peruana-, hasta enviar lobistas como el director del ‘Population Research Institute’ (PRI), Carlos Polo, o el de la ‘Coalición Internacional Pro Familia’ (CIPROFAM), José Linares, para fastidiar a los congresistas dándoles información falsa o distorsionada sobre las propuestas de derechos humanos que presentamos.

Lo lamentable es que mucho/as congresistas los escuchan y se dejan influenciar por ellos, aunque luego recapacitan y piden disculpas, pero a veces es demasiado tarde, ya que el daño está hecho. Lo malo es que son los mismos congresistas quienes quedan mal y se sienten embaucados.

Más de 500 profesionales de la salud instituciones médicas se han comprometido en Perú a erradicar la homofobia que sigue persistiendo en el ámbito sanitario contra la población homosexual. ¿Cómo evaluáis la medida?

Como una gran medida. Desde Promsex y las Direcciones Regionales de Salud se identificó que el trato a personas LGBT en las servicios de salud se centraba, y mal, en el tema del VIH.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Fundación Triángulo y la Agencia de Cooperación Internacional Española para el Desarrollo, ha capacitado a más de 500 proveedores en hospitales, centros, y postas de 4 regiones del país.

Por otro lado, se han identificado las barreras y necesidades que tienen las personas LGBT para acceder a todos los servicio de salud en igualdad de condiciones, libre de discriminación.

Las minorías sexuales denunciasteis la falta de compromiso a favor de la igualdad del anterior gobierno peruano. ¿Qué confianza habéis depositado en el nuevo ejecutivo?

Se tiene la esperanza de que se deje de lado la alianza nefasta que hubo del gobierno aprista con dos iglesias, menoscabando las libertades y derechos humanos, para dar pie a los dogmas y sobre todo a la corrupción.

Se tiene un compromiso especial por parte del nuevo presidente para hacer frente a la corrupción en todos sus niveles, venga de donde venga, sin temor a sotanas que esconden los delitos de abuso sexual a menores, los impuestos exonerados que se direccionan a la corrupción, o impedir que miles de peruanos y peruanas gocen de sus derechos humanos y libertades.

¿Cuáles son los próximos proyectos que llevará a cabo el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos?

Desde Promsex seguiremos trabajando en la vigilancia del cumplimiento de los Planes de Estado aprobados hasta el momento. Lo escrito en papel, la mayoría de las veces, se queda allí, sin tener un impacto en la población, y queremos cambiar eso con mecanismos adecuados de control social.

Así mismo, promoveremos la promulgación de normas que garanticen los derechos humanos, en especial de mujeres, jóvenes, gais, lesbianas y personas trans, con estrategias claras, que parten por generar evidencia de las vulneraciones de derechos que vienen ocurriendo, trabajando con las organizaciones de base LGBT y de mujeres para que tengan vocería en estos procesos y dirijan las discusiones, y difundiendo los hechos y análisis para generar debates informados en la opinión pública. Esto es lo que hace Promsex y seguirá haciendo, a pesar del ataque de grupos opositores a los derechos humanos.

En el campo de la diversidad sexual, se prevé seguir trabajando de la mano de la Red Iberoamericana de Educación LGBT, impulsando actividades para contrarrestar el bullying homofóbico en las escuelas.

En el ámbito de la salud, seguiremos capacitando a proveedores de salud en hospitales y postas médicas, e impulsando una norma técnica que describa la mejora en la atención.

En justicia y derechos humanos, se continuará impulsando la vigilancia al Estado, mediante la emisión de los informes anuales de derechos humanos, que en base a los principios de Yogyakarta, dan cuenta de sus acciones, experiencia que se piensa replicar en la región de América Latina.

La última cruzada del cardenal Cipriani

Una vez más, el Arzobispo de Lima pretende meter su cuchara en los asuntos de Estado. Ha emplazado públicamente a la ministra de la Mujer a que no apoye el protocolo del aborto terapéutico, mientras sus activistas ultraconservadores piden la cabeza de las funcionarias que se ocupan de las políticas de género.

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