La oposición a la provisión: Los mecanismos de presión de los grupos antiderechos para el desabastecimiento de insumos para la salud sexual y reproductiva en América Latina

El desafío de la inclusión social es primordial para los países en desarrollo. El actual fenómeno de conflicto y descontento social viene evidenciando la insostenibilidad de enormes brechas en el acceso a derechos humanos básicos como vivienda, educación o salud. Algunos de los factores que favorecen la agudización de estas brechas sociales son el embarazo no deseado, sobre todo en adolescentes, y las infecciones de transmisión sexual (ITS) como el VIH/SIDA.

Sexualidad, religión y Estado

El título de esta nota es el de un documento publicado por el movimiento Católicas por el Derecho a Decidir. En dicha investigación se analizan las percepciones de las personas católicas de Lima “en torno al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la relación entre el Estado peruano y la Iglesia católica y la influencia que esta institución puede tener en sus propias vidas”. Su lectura es altamente recomendable, por la seriedad del asunto tratado y la realización del trabajo de sondeo e interpretación.

En la edición del viernes de este diario, Ciro Maguiña, decano del Colegio Médico del Perú, explica que los médicos que atienden a adolescentes no pueden proporcionar información sobre salud sexual y reproductiva, ni darles métodos anticonceptivos, sino están en compañía de sus padres. Si alguien los denuncia, ¡podrían ir presos! “Se trata –explica– de un problema de salud pública. Si llega a nosotros un adolescente con una enfermedad de transmisión sexual (ETS), no se le puede dar un preservativo y seguirá contagiando a otras personas, es algo perverso”. Sin duda lo es.

Todo este despropósito letal está vinculado a la penalización de las relaciones sexuales entre adolescentes, que va en contra de la realidad. Los adolescentes comienzan su sexualidad cada vez más temprano. Actualmente el 39,2 % lo hace antes de los 18 años. Esa penalización, del 2006, no ha servido para nada: el embarazo adolescente se ha incrementado desde entonces. Es obvio que esta medida retrógrada, como muchas otras, proviene de la presión de las autoridades más conservadoras, ligadas a la Iglesia católica.
En la encuesta citada, ¿qué dicen los católicos de a pie?  Más del 90 % considera indispensable que en secundaria se enseñe la importancia y los usos de los métodos anticonceptivos. Esto se debe a la necesidad de prevenir embarazos no planificados y las ETS entre los adolescentes. ¡Precisamente lo que la ley prohíbe a los médicos! Asimismo, el 80,7 % de los católicos piensa que es importante promover el uso del condón para evitar y prevenir el VIH.

El gobierno actual no solo tiene que enfrentar conflictos socioambientales. También debe hacerse cargo de estas disposiciones retrógradas, como la influencia de la Iglesia en el debate acerca de la anticoncepción oral de emergencia e incluso la despenalización del aborto, en caso de riesgo. Es decir que la Iglesia católica está claramente desfasada no solo de la tendencia mundial –recordemos que en la mayoría de países del Primer Mundo el aborto está despenalizado en todos los casos–, sino de su propia grey nacional. Lo más grave es que este conservadurismo entrometido en la sexualidad de la gente arruina vidas, enferma y mata.

La Iglesia puede opinar lo que le parezca, pero el Estado no tiene por qué hacerle caso. Al Estado solo debe preocuparle la salvaguarda de los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía. Esperemos que en este aspecto atrasado de nuestra legislación podamos sacudirnos de esa injerencia reaccionaria, de ese odio contra el deseo y el placer, mientras encubre la pederastia de sus sacerdotes, todo lo cual los propios católicos desaprueban.

Cultura y Violencia Simbólica

En nuestra cultura la mujer ha sido pensada, categorizada, definida, “hablada”, por un pensamiento construido exclusivamente por hombres que, al mismo tiempo que construían su identidad, relegaban lo femenino a lo “Otro”, al silencio, a la naturaleza, a la materia, a la ambivalencia simbólica, al “lado de la opacidad” (Amoros, 1985: 25).

Dos definiciones de cultura nos interesan en especial modo: la primera es la que la define como “herencia”, bien sea de objetos concretos (cultura material), bien sea de “ideas, procesos técnicos, costumbres y valores que se trasmiten socialmente” (Malinowski, 1970: 135). La segunda es la que define la cultura como mecanismo que determina modos de comportamiento. No podemos olvidar que, tanto esos saberes heredados, como esas reglas sociales están profundamente marcados por una concepción androcéntrica y patriarcal del mundo.
Transformar la arbitrariedad cultural en conciencia “lógica y natural” del estado de las cosas entre hombres y mujeres es una de las operaciones del patriarcado para perpetuar la subordinación de lo femenino y justificar la sumisión de la mujer. Esa arbitrariedad cultural determina cuál es la naturaleza y función de las mujeres independientemente del papel social que desempeñan, independientemente de sus derechos civiles y políticos.

Dicha arbitrariedad está marcada por la desigualdad con respecto a lo masculino y como sostienen Eva Giberti y Ana Fernández: “desigualdad-discriminación-violencia forman parte de un particular circuito de realimentación mutua que se despliega a través de la producción social de las diversas formas de aceptación que legitiman las desigualdades como práctica discriminatorias, y, a la vez, invisibilizan los violentamientos” (Giberti y Fernández, 1989: 17).
Igualitarismo abstracto

La igualdad de derechos y de deberes entre hombres y mujeres, sancionados por las constituciones vigentes, dejan casi inalteradas las desigualdades entre hombres y mujeres en la vida privada, por una parte, y las desigualdades en las oportunidades que se proyectan en la vida social, por otra.

Dichas desigualdades se fundan en el consenso, a veces inconsciente, y a veces no, que existe en torno a la “natural” inferioridad de la mujer, y que se perpetúan a través de la cultura en sus dos nociones mencionadas, más concretamente a través de los “habitus” sociales de género: sistema de normas “profundamente interiorizadas, que no se expresan nunca total ni sistemáticamente” (Rodríguez Méndez, 2003: 145), y que son las que regulan el comportamiento, las actitudes, la forma de movernos, las posturas del cuerpo e, incluso la forma de utilizar el lenguaje en el mundo.

Entre las limitaciones impuestas durante siglos a las mujeres, las más persistentes son éstas, las que afectan a la esfera individual de “ser mujer en el mundo”, es decir, a las posibilidades de la subjetividad femenina y a su proyección-identificación en la identidad social. El consenso social sobre la “consideración” de la mujer como persona y como categoría social dista mucho de estar, en todos los ámbitos, en condiciones de igualdad con los varones.

Todas las mujeres experimentamos la separación que existe entre las leyes y sus realizaciones sociales, entre las teorías y las prácticas que a nosotras se refieren. Como se afirma en un estudio de la Universidad de Sevilla “es preciso encontrar soluciones a la insuficiencia del igualitarismo abstracto”.

Invisibilidad y silencio

La desigualdad invisible se trasmite sobre todo a través de la cultura y los medios de comunicación, es decir, a través de textos escritos y visuales, que constituyen y configuran nuestra forma de pensar y nuestro conocimiento del mundo pero, sobre todo, condicionan los modelos de identidad e identificación en los que podemos reconocernos.
Podemos resumir en una serie de puntos esta diferente colocación:

  1. La cultura es una creación realizada casi exclusivamente por hombres, donde las aportaciones de las mujeres han sido excluidas u olvidadas. La única identidad posible es la masculina mientras que la femenina constituye sus márgenes, su revés, su deformación o su monstruosidad.
  2. La cultura ha construido a las mujeres (sujetos históricos) como objeto de conocimiento, al mismo tiempo que les negaba la posibilidad de ser sujetos de conocimiento. Como sostiene Lola Luna (1996), la narración histórica ha sustituido las “voces” de las mujeres que en algún momento fueron protagonistas o intervinieron en ella.
    Ese patrimonio cultural perdido es irrecuperable en muchos casos: las obras de mujeres que sabemos tuvieron influencia en la cultura de su tiempo y de las que sólo quedan los testimonios que los autores nos han trasmitido de ellas. Sabemos que, incluso en la Grecia clásica hubo mujeres destacadas como Hypatia de Alejandría, filósofa, matemática y astrónoma, de cuya obra sólo tenemos trascripciones. Tampoco sabemos nada de primera mano de Diotima, la maestra de Sócrates, sino lo que él mismo nos dice de ella en El banquete.
    Si la cultura es, como dice Lotman, “memoria no hereditaria de la colectividad” (Lotman, 1987: 71), debemos concluir que dicha herencia es parcial. Por otra parte, la cuestión de la memoria-identidad es uno de los puntos fundamentales de la investigación feminista porque, como señala Annamaria Buttafuoco, nuestra identidad ha sido “constantemente definida por otros” y las mujeres “necesitan más que cualquier otro grupo construir una memoria que sirva de autorreconocimiento y valoración” (Butafuoco, 1990: 49).
  3. La cultura ha creado a las mujeres como personajes, objetos de arte, pinturas, esculturas, comics, iconos publicitarios, constituyéndolas en objetos estéticos, mientras que, al mismo tiempo, les negaba la posibilidad de ser maestras, autoras, creadoras de estética.
  4. Dona Haraway (2000) ha puesto de manifiesto en sus escritos que la cultura científica es masculina, no sólo porque ha excluido a las mujeres sino, sobre todo, porque se ha definido y fundado ignorándolas dentro de la especie humana. Lo mismo puede decirse de la cultura humanística.
  5. La mujer dentro de la cultura se ha caracterizado por la invisibilidad y el silencio, su escritura se configura desde el principio como resistencia porque hasta nuestro siglo, incluso las autoras que aprueban y refuerzan los modelos patriarcales de referencia, son leídas y percibidas como una trasgresión a los límites del mundo femenino. Límites espaciales, sociales y culturales que aún no han desaparecido, porque en la jerarquía de los saberes (Foucault, 1972), que es la que establece de qué y de quién se puede hablar, los discursos de las mujeres ocupan los lugares periféricos, sometidos como están a un mecanismo de exclusión.

La violencia simbólica

Ésta se mueve en el territorio sutil de las relaciones afectivas, de las sugerencias, de las seducciones, de las amenazas, reproches, órdenes o llamamientos al orden, en el campo de lo personal, y en el silenciamiento y la exclusión de las obras, creaciones y logros de las mujeres en el campo de lo social y cultural.

La violencia simbólica se perpetua a través de la adhesión a un conocimiento, a un saber, a una lógica patriarcal: “cuando los dominados aplican a los que les dominan unos esquemas que son el producto de la dominación” (Bourdieu, 2000: 26).

Y es por eso que proponemos la “insumisión” a los modelos que nos oprimen, la práctica de la “sospecha” (Amorós, 1985), las lecturas no “autorizadas” o a contrapelo de los textos de nuestra cultura. Uno de los proyectos políticos de los postfeminismos es la deconstrucción de la cultura heredada, la des-identificación con respecto a los modelos de feminidad creados por nuestra cultura, y la creación de nuevos modelos. Si es verdad que las mujeres sueñan a través de los sueños de los hombres, se hace necesario un cambio de valores, un cambio en la conducta ética que genere nuevos valores estéticos que nos permitan soñar nuestros propios sueños.
Constatando la exclusión

Las mujeres que se acercan a la cultura, a los textos desde una posición androcéntrica sólo podrán reconocer y aceptar en ellos su propia sumisión y su propia exclusión.

* Dra. en Filología Italiana y en Teoría de los Signos. Catedrática de Filología italiana, Universidad de Sevilla.

Fuente:

ARRIAGA FLOREZ, Mercedes y otros . Las Mujeres en la Cultura y los Medios de Comunicación. Arcibel Editores. España.

Prefiero estar flaca que tener sexo

El título de este artículo se basa en una conversación reciente que tuve con una mujer que expresaba su preocupación al percibirse disconforme con su peso. Al explorar un poco sobre si otras mujeres pensaban lo mismo, caí en la cuenta de que muchas estarían dispuestas a suspender su actividad sexual si ello les permitiría tener el peso que consideraban ideal.

Dos situaciones pueden darse en este caso. La primera, mujeres con altos niveles de insatisfacción sexual, lo cual les permite decidir suspender su actividad sexual si a cambio de ello logran tener el peso corporal que aspiran y así sentirse conformes con su imagen física; y por otro lado, mujeres para quienes la presión de responder a un aspecto físico les lleva a renunciar a la vivencia de su sexualidad para lograr su ansiada meta.

Como hemos comentado, el sentirse a gusto con el cuerpo es un aspecto importante para sostener relaciones sexuales placenteras, pero no lo es todo. Muchas mujeres no responden a los estereotipos físicos que socialmente se quieren imponer a sus cuerpos y disfrutan de toda su potencialidad en el encuentro sexual.

Por ello, es relevante considerar que ceder a estos estereotipos y anteponer a los mismos la experiencia sexual podría ser una mala elección.

Este viernes, mientras usted lee esta columna, se celebra en todo el mundo el Día de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. La línea entre realizar acciones saludables para el control del peso y desarrollar problemas alimentarios como la anorexia, la bulimia, es a veces delgada, y estas enfermedades que afectan en un 90% a mujeres tienen en su base la presión que a través de mensajes y modelos se venden en las vitrinas y se imponen sobre lo que se considera un cuerpo bello, lo cual se transforma en violencia y autodestrucción.

Entonces, preste atención a lo que usted considera estar saludable y a lo que a veces se puede transformar en situaciones que afectan a otras y a usted misma, y que sin duda en sus extremos afectan seriamente su vida y con ello su sexualidad, como he afirmado, el placer sexual y la violencia nunca se intersectan.

Y quisiera terminar este artículo comentándoles a las mujeres que leen esta columna y se sienten identificadas con esta situación, que sostener relaciones sexuales puede ser también una muy buena manera de perder peso; ya que en los momentos de placer el cerebro segrega una sustancia que calma las ansiedades de comer, y por supuesto que el sexo representa un gasto energético para el cuerpo que permite  quemar calorías, pero hay que poder resistirlo y para ello necesitamos también fortaleza física. Por ello, no olviden que el sexo también ayuda a perder peso, claro, el buen sexo.

Día Internacional de la No Violencia Contra Las Mujeres

Desde hace 30 años conmemoramos el 25 de noviembre como el Día de la NO Violencia contra las Mujeres en homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Conmemoración acordada en el Primer Encuentro Feminista y asumida luego por Naciones Unidas.

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Declaración de redes, coaliciones, articulaciones y organizaciones de mujeres de América Latina y el Caribe

Las leyes que penalizan el aborto atentan contra el derecho humano de las mujeres a la salud

La Asamblea  General de las Naciones Unidas ha recibido el informe provisional de fecha 3 de agosto de 2011, elaborado por Anand Grover, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, deconformidad con las resoluciones 15/22 y 6/29 del Consejo de Derechos Humanos de esa entidad. El informe, titulado “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, aborda las normas internacionales de derechos humanos y el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como los nocivos efectos que las leyes penales yotras restricciones jurídicas tienen en la salud sexual y reproductiva, conénfasis en la práctica del aborto; la conducta en el embarazo; los métodos anticonceptivos y la planificación de la familia; y el acceso a la educación y la información en materia de salud sexual y reproductiva. Taxativamente señala que algunas de las restricciones jurídicas penales y de otra índole que se aplican en cada uno de esos ámbitos, a menudo discriminatorias, dificultan el acceso a bienes, servicios e información de calidad y, por consiguiente, vulneran gravemente el derecho a la salud. Y atentan contra la dignidad humana al coartar las libertades que emanan del derecho a la salud, en particular en lo que respecta a la adopción de decisiones y a la integridad física.   

Agrega: “El ejercicio del derecho a la salud requiere la eliminación de las barreras que interfieren en la adopción de decisiones relacionadas con la salud y en el acceso a los servicios de salud, la educación y la información, en particular en lo que respecta a las afecciones que solo afectan a las mujeres y a las niñas. En los casos en que una barrera es producto de una ley penal o de restricciones jurídicas de otra índole, los Estados están obligados a eliminarla” (énfasis nuestro). A partir de ello, en sus recomendaciones sostiene que los Estados pueden y deben adoptar las medidas necesarias para que el derecho a la salud se haga plenamente efectivo para todas las personas, sin exclusión, y no se coloquen obstáculos como los señalados para su pleno y efectivo ejercicio.   

Las redes, coaliciones, articulaciones y organizaciones abajo firmantes, históricamente comprometidas con una agenda que promueve y defiende el derecho a la salud como un derecho humano y como un bien social para todas las mujeres, sin discriminación por edad, condición socioeconómica, raza o etnia, opción sexual o identidad de género, creenciareligiosa, lugar de residencia, capacidades diferentes, estado de salud o de cualquier otro tipo, aplaudimos con vigor y entusiasmo el espíritu del documento citado, el cual surge a partir de un trabajo con alto nivel de experticia, y desarrollado con total autonomía de cualquier gobierno, postura ideológica o religiosa.

A partir de ello, lo asumimos como indispensable herramienta para la acción política y la vigilancia ciudadana, así como también para interpelar a los gobiernos de la región latinoamericana y caribeña, exigiéndoles que garanticen las mejores condiciones para ejercer el derecho a la salud con dignidad e integralidad, y libres de toda forma de violencia, coerción o discriminación.   

Llamamos la atención, finalmente, al hecho de que en la presentación del informe señalado tan solo la delegación argentina en la ONU expresó un apoyo activo respecto de su contenido, incluso en lo relativo al aborto y a las recomendaciones de revisión de las leyes que lo penalizan, mientras que el resto de las delegaciones latinoamericanas y caribeñas no se expresaron en el mismo sentido y algunas incluso manifestaron su rechazo a las recomendaciones sobre este tema en particular, demostrando  su renuencia en reconocer las necesidades urgentes e impostergables de las mujeres en el ámbito de la autonomía sexual y reproductiva, y de la maternidad voluntaria. 

Esto sin duda demuestra que, en pleno siglo 21, el derecho a la salud integral de las mujeres, en especial de las más pobres, las adolescentes, las indígenas, las afrodescendientes, las mujeres de la diversidad sexual, las inmigrantes, las mujeres de zonas rurales, las mujeres VIH+, las mujeres desplazadas, las mujeres víctimas de violencia, entre otras, continúa ausente e ignorado de los grandes y álgidos debates nacionales y regionales que hoy se desarrollan, y también del diseño de políticas públicas de nuestros países, las que no pueden dejar de garantizar los derechos humanos de las mujeres y sus libertades fundamentales.

Santiago, Chile, noviembre, 2011       

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC  
Alianza Nacional, Bolivia
Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, México
Articulación Feminista Marcosur
Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, Chile
Asociación Milenia Comunicaciones, Perú 
Base Educativa y Comunitaria de Apoyo, BECA, Paraguay
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
Campaña  28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto,  Santa Cruz, Bolivia
Campaña  28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto,  Punto Focal Nicaragua
Campaña  28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto,  Punto Focal Chile
Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Argentina
Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Católicas por el Derecho a Decidir, Bolivia
Católicas por el Derecho a Decidir, Chile
Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, Perú
Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF, República Dominicana
CLADEM, Honduras
Colectiva Mujer y Salud, República Dominicana
Coletivo Feminino Plural, Brasil
Colectivo Cons-pirando, Chile
Colectivo Feminista Mujeres Universitarias, Honduras
Colectivo Juvenil “DECIDE”, Bolivia
Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas, Programa de América Latina
Comité de Servicio Chileno, COSECH
Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina A. C., CIDHAL, México
Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP)
Diálogos Feministas, Bolivia
Educación Popular en Salud, EPES, Chile
El Closet de Sor Juana, México
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, México 
Equifonia, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, México
Federación Internacional de Planificación Familiar, Región del Hemisferio Occidental (IPPF/WHR)
Feministas en Resistencia, Honduras
Foro de Mujeres y Políticas de Población, México
Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Chile
Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual, México
Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM, Argentina
Gestos- HIV, Comunicação e Genero, Brasil  
IAWC (Grupo Internacional de Mujer y Sida)Instituto de la Mujer, Chile
Isis Internacional, Chile
Kolektiva Rebeldías Lésbicas, Perú
La Ciudad de las Diosas, Chile
Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Colombia
Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH, Chile
Mujer y Salud en Uruguay, MYSU
Observatorio de Sexualidad y Política, Brasil
Observatorio de Equidad de Género en Salud, Chile
Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, Chile
Red de Educación Popular entre Mujeres para América Latina y el Caribe, REPEM
Red Dominicana por la Salud de las Mujeres, República Dominicana
Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir
Red Mujer y Hábitat de América Latina
Red Nacional de Mujeres, Colombia
Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, Brasil
SI MUJER – Nicaragua
SI Mujer, Cali, Colombia
Solidarité Fanm Ayisyen (SOFA)
Tierra Viva, Guatemala

¿Disculparme yo? Sí señor, la homofobia no tiene cabida en los medios de comunicación

Esta es la pregunta que un sorprendido Phillips Butters se hizo luego de conocer la resolución de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), para la que tuvo una respuesta que, sinceramente,yo ya esperaba.

“No me tengo que disculpar con nadie”, dijo el periodista sin la menor vergüenza o remota señal de saberse equivocado y descolocado en un contexto en donde sus declaraciones no son consideradas “coloquiales”,como quiso presentar Radio Capital, sino políticamente incorrectas y absolutamente violentas y discriminatorias. La SNRTV dio respuesta a la queja que presentamos en mayo de este año el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán contra el Grupo RPP y Radio Capital por lo que consideramos fueron declaraciones homo y lesbofóbicas hechas por el periodista en cuestión.

La resolución rompe el mito de una libertad de prensa sin parámetros. Debido a sus argumentos bastante progresistas y casi imposibles de ubicar en otras resoluciones o sentencias, ya es considerada un avance histórico para la comunidad peruana de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

Y es que, por fin, uno de los órganos de control ético de los medios de comunicación reconoció que un miembro suyo discriminó y afectó la dignidad humana de las personas LGTBI, a las que reconoció en la resolución como un grupo históricamente discriminado y que por ello merecía especial protección.

Para el caso de las personas LGTBI, los medios olvidaron esta protección y casi todos los principios éticos de la comunicación social. Nuestra ciudadanía fue negada al punto de no existir en algunos casos, mientras que en otros se nos representó sistemáticamente como personajes anormales y extravagantes a los que satanizaron y ridiculizaron.

A través de Radio Capital, fue Butters quien con mayor vehemencia y perseverancia ha mantenido abierta la puerta de la homo/lesbo/transfobia. Él pretendió esconder su intolerancia detrás de sus hijas y justificarse en la supuesta supremacía de las mayorías.

Felizmente la SNRTV se reivindicó y en segunda instancia dijo ¡ALTO! a la violencia e intolerancia hacia las personas LGTBI. Determinó que Radio Capital violó el Código de Ética, al que voluntariamente está sometida, en sus artículos 3º (defensa de la persona humana y respeto a su dignidad, y libertad de información veraz e imparcial) y 5º (autorregulación).

Luego de analizar la conexión delas declaraciones de Butters hechas en tres ediciones de su programa radial Sin pelos en la lengua, el Tribunal de Ética de la SNRTV ordenó que Radio Capital se disculpe clara y sinceramente por las expresiones de odio del periodista, aunque no hace extensiva esta disposición para él, cosa que consideroera justa, necesaria y pertinente.

Aunque dejó las disculpas de Butters a su voluntad y conciencia ética, el Tribunal recordó a periodistas y locutores que tienen responsabilidad y compromiso con el respeto a la dignidad de las personas, por lo que deben de cuidarse de cometer discriminación.

Luego de casi 30 años del movimiento LGTBI en Perú, seguimos firmes en la lucha por una sociedad justa y democrática, sin discriminación ni violencia. Los medios de comunicación deben asumir el rol que les compete para fortalecer y resguardar estos valores.

Implementarán registro de víctimas en situación de explotación sexual en Villa El Salvador

El distrito de Villa El Salvador contará con un Sistema de Registro de casos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Explotación Sexual Infantil, que permitirá desarrollar acciones preventivas y disminuir la tolerancia social.

Esta iniciativa se pondrá en marcha gracias a la dotación de un moderno equipo de cómputo cedido por la Organización No Gubernamental Vía Libre a la DEMUNA (Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente) del mencionado distrito. Gracias a la puesta en marcha de este registro se podrá determinar el real estado situacional en el tema de la Explotación Sexual, para a partir de eso, desarrollar acciones preventivas con la finalidad de reducir la pasividad social existente.

“Villa El Salvador es una de las municipalidades modelos en este tipo de gestión, donde existen grandes avances, prueba de ello es que se cuentan con instrumentos de gestión como el Plan de Desarrollo Concertado, que garantiza un trabajo a largo plazo”, dijo la Coordinadora de Vía Libre, Jackeline Girón.

Dato

El Sistema de Registro funcionará a partir de la fecha en la oficinas de la DEMUNA de la MUNIVES, ubicada entre las intersecciones de las avenidas César Vallejo y Revolución – Primer Nivel, en horario de oficina.

Aborto Terapéutico: Una nueva resolución de las Naciones Unidas contra el Estado peruano

DEMUS considera que la nueva sanción al Estado peruano pudo ser evitada si es que éste cumplía con la sanción que previamente le había impuesto el Comité de Derechos Humanos en el caso KL.

Un nuevo caso de violación de derechos humanos ha sido resuelto por Naciones Unidas. Esta vez fue el Comité CEDAW el que determinó que el Estado peruano es responsable de violar los derechos humanos de LC, una niña de 13 años a la que no se le permitió abortar en el año 2007, causándole daños graves y permanentes a su salud. El caso es acompañado, desde el Perú, por el Centro para los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX. DEMUS recuerda que esta nueva resolución se hubiera evitado, si es que el Estado peruano hubiera cumplido con lo resuelto por el Comité de Derechos Humanos en octubre de 2005, cuando frente al caso de KL, se le ordenó adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro. Como se recordará KL era una adolescente de 17 años a la que se le negó el servicio de aborto terapéutico pese a que su embarazo, al ser de un feto anencefálico, implicaba un grave riesgo a su salud física y mental.

El Estado peruano, desde el año 2005, debió aprobar un protocolo que reglamente el aborto terapéutico y adoptar medidas que aseguren que los servicios de aborto legal sean disponibles en número suficiente, accesibles física y económicamente, respetuosos de la ética médica y culturalmente adecuados, además de ser de calidad. Si el Estado peruano hubiera cumplido con el Dictamen del Comité de Derechos, LC hubiera podido acceder al aborto terapéutico que necesitaba.

Durante el gobierno de Alan García, el Estado peruano se resistió a cumplir permanentemente con el Dictamen del Comité de Derechos Humanos, y fue su decisión no aprobar el protocolo de aborto terapéutico, pese a que éste estaba listo . Ya de cara a este gobierno, debemos recordar que el Plan presentado por Gana Perú al Jurado Nacional de Elecciones, establece como acción inmediata “generar el protocolo de atención de aborto terapéutico como lo exige Naciones Unidas”, sin que hasta el momento el ministro de salud Alberto Tejada haya cumplido con este compromiso. Esta situación determinó que, la semana pasada, DEMUS presentara ante el Poder Judicial una demanda de amparo buscando el cumplimiento del Dictamen en el caso KL.

DEMUS insta al Estado Peruano, y concretamente al Ministro Tejada, que en lo inmediato apruebe el protocolo de aborto terapéutico, y no sea necesario nuevos pronunciamiento internacionales haciéndole este requerimiento. Es importante tomar conciencia que KL y LC representan la vivencia de muchas mujeres en el Perú, cuya vida y salud son vulneradas cotidianamente al no permitírseles abortar.