Una madre preocupada

Aquí una historia que quizás les parezca conocida. Escena 1: Una hija de 9 años se queja con su mamá de dolor en un lado de su pecho. Escena 2: La madre examina a la hija y le siente un bultito, saca cita con su pediatra de inmediato. Escena 3: El pediatra le dice que su hija está en plena pubertad y se ha iniciado el crecimiento de sus mamas. Escena final: La madre exclama “¡tan pronto!”. 
Si bien no existe una edad común al inicio de los cambios asociados a la pubertad, éstos se dan alrededor de los 9 años, y la pubertad se extiende hasta que finaliza la maduración del sistema reproductor. Los cambios consisten en la aparición de los caracteres sexuales como desarrollo mamario, aparición de vello en el pubis y axilas, crecimiento de los testículos, e inicio de producción de óvulos en la mujer y espermatozoides en el hombre. Es, por tanto, una etapa de grandes cambios físicos y de grandes desafíos emocionales para asumir el estreno de una nueva figura corporal y nuevas funciones sexuales.

Seguro que consultar con un médico/a de confianza es lo ideal, pero es importante que la llegada de estos cambios encuentren a madres y padres mejor preparados para dialogar con sus hijas e hijos, ya que muy pronto también se avecinan los retos sociales y sexuales que trae la pubertad y la adolescencia.

Resulta muy importante, que las y los adolescentes puedan contar con espacios para conversar estos temas y es buen momento de introducir la prevención sexual y reproductiva poco a poco.
Ir perdiendo el disfrute de la infancia, inicia el reto de disfrutar de la adolescencia, y no solo verlos como problema o reto a la autoridad, las y los adolescentes aportan de gran modo a la felicidad y energía familiar.

Ernesto Álvarez: “La revocatoria es una institución ajena al sistema representativo”

En el divan. El magistrado Ernesto Alvarez responde al papel que le ha tocado jugar al Tribunal que él preside, en temas como la contraconcepción oral y casos de Derechos Humanos.

Presidente del Tribunal Constitucional cree que instrumentos de democracia directa no encajan aún en un país como el nuestro.

Rosa María Palacios.

Ernesto Álvarez Miranda es un magistrado conservador “en algunos temas”, pero liberal en otros. Es creyente, pero al estar divorciado no cree que pueda ser calificado como un católico conservador. Él nos recibe una calurosa tarde de enero, en el despacho de la Presidencia delTribunal Constitucional, que ocupa formalmente desde hace pocos días. En la solemnidad de lo que era la sede del Instituto Nacional de Cultura, y rodeados de óleos de la escuela cusqueña, transcurre esta entrevista.

Este año deberían dejar el Tribunal seis de sus siete miembros. El Congreso no se pone de acuerdo ni siquiera en dos que ya deberían haberse retirado. ¿Hay una situación de precariedad, o han aprendido a convivir con el status quo?

La verdad es que hay una situación aparentemente normal por cuanto la ley orgánica prevé que sigan trabajando los magistrados que ya culminaron su período, de forma tal que nosotros suscribimos los proyectos, participamos en los debates.

Tener que cambiar a seis magistrados en el mismo año, es como si se cambiará completo al Tribunal. ¿Usted cree que esto es bueno o malo?

En verdad, la ley no contempla la periodicidad de los cambios. Teóricamente debería hacerse por tercios. Si somos siete, debería realizarse por parejas.  Sin embargo no ha sucedido así. Ahora, en la práctica, ha sucedido algo positivo. Después de tantos problemas que hubo dentro del Tribunal, hemos consolidado una mayoría de cinco magistrados, que es con la que trabajamos en forma permanente los temas jurisdiccionales en cuanto a puntos en común.

¿Qué es lo negativo?

Ahora lo peligroso es que un cambio total también involucra un efecto político. Cada magistrado responde a grandes corrientes de opinión en el Congreso. De forma tal que no hay un magistrado que responda en especial a un grupo parlamentario, si se renovara por fuerza de las circunstancias. Renovarnos a seis al mismo tiempo significaría que cada grupo parlamentario podría tener su magistrado.

¿Y eso es muy grave? Se suele decir: “Este magistrado es del Apra”, “este es del PPC”. Por cierto, ¿usted es el magistrado del PPC? (Risas)

El tema es que yo para ser elegido tuve que lograr un consenso entre las bancadas de centro, porque de otra manera no cabía, porque éramos solamente tres magistrados. Por tanto, no cabía que ninguno fuese de un grupo, teníamos que generar un consenso.

ACCOMARCA Y FRONTÓN

Usted anunció que casos de DDHH pendientes se resolverán pronto. El público se pregunta: ¿Por qué el caso de las matanzas de Accomarca y El Frontón no se resuelven hasta hoy?

Al Tribunal han llegado esos casos hace dos o tres años. Es normal que en casos muy delicados, los Tribunales Constitucionales, aun en España y Alemania, se demoren no tres años,  sino mucho más.  ¿Qué sucede? Que en un Tribunal que lee la Constitución con una lectura interpretativa muchas veces diferente del criterio en común de la opinión pública, no se sujeta estrictamente a la ley vigente, hay que generar y madurar una opinión al interior del colegiado. Esta maduración toma tiempo, porque somos siete magistrados diferentes entre nosotros.

¿Y hay liderazgos, cree usted, de persuasión?

Hay liderazgos de persuasión dependiendo de los temas. Por ejemplo, en determinado momento el liderazgo en materia de DDHH lo tenía el doctor Landa. Hoy en día lo pueden tener otros magistrados. Por ejemplo, en el caso Accomarca, se partió de la base de declarar improcedente cualquier hábeas corpus presentado por cualquier militar porque se trataba de DDHH y los militares no tenían posibilidad de tener alguna veracidad en sus argumentaciones. Eso, cuando yo entré, lo comencé a combatir. Yo soy un creyente en la teoría general de los DDHH, pero no necesariamente todo lo que presente un militar tiene que ser rechazado, de forma tal que el Pleno progresivamente ha ido siguiendo mis votos singulares en esa materia. Y en el caso Accomarca yo tengo la pretensión de que termine por validar mi voto singular inicial que es muy simple. Lesa humanidad constituye un subtipo de las graves violaciones de DDHH.

De acuerdo a su voto, se requieren tres requisitos para calificar como actos de lesa humanidad. Deben ser  indiscriminados, sistemáticos y generalizados.

Accomarca no es sistemático,  es una brutalidad sin nombre.

¿Indiscriminado?

Es un tema absolutamente abominable.

¿Y generalizado?

Pero no es sistemático. Yo respeto la opinión contraria que es la de muchas ONG  que son muy activistas en este tema, pero desde una óptica de izquierda, parten de la premisa argentina de que todos los hechos violatorios acontecidos en determinados períodos de la historia, todos son de lesa humanidad.

La CVR concluye que “en algunos momentos y en algunos lugares” existió violación sistemática…

La pretensión de traerse el caso argentino que  estableció que todo lo que ya han hecho los militares era de lesa humanidad, para mí no.

Para usted, pero, ¿en algunos momentos y en algunos lugares?

En algunos momentos sí, obviamente. Sin adelantar opinión si hablamos del accionar de un grupo creado específicamente para aniquilar a determinados adversarios, eso sí ya es una decisión sistemática. En Accomarca no, en Accomarca lamentablemente hay un pequeño grupo que tomó esa decisión.

¿No siendo lesa humanidad, el crimen está prescrito?

La consecuencia lógica sería esa, y por tanto se ven impunes los que deberían ser condenados. Pero sucede que la Corte Interamericana también ha determinado, y por la misma doctrina de los DDHH está claro que jamás se puede favorecer la impunidad cuando se trata de graves violaciones de DDHH.

¿Accomarca se decide este año?

Sí, yo creo que ya estamos ad portas de haber generado el consenso.

ANTICONCEPCIÓN ORAL

Hay fallos polémicos que dejaron mal parado al Tribunal. En los últimos años fue el de la anticoncepción oral de emergencia. Usted participó de este fallo.

Yo fui el ponente.

¿Por qué el TC dice que hay una pastilla que puede ser abortiva, lo cual está en su legítimo derecho de creer y fundamentar, pero la prohíbe para las más pobres y no la prohíbe para quien la puede pagar. ¿No hay una gran controversia allí para ustedes?

Desde ese punto de vista, sí. Desde el punto de vista procesal, no. En todo proceso jurisdiccional lo que resuelve el juez es la pretensión, ¿no es cierto? La pretensión del demandante en este caso fue que el Estado se inhíba de participar en la distribución gratuita de la píldora del día siguiente.

Procesalmente no cabe duda que es impecable, pero le digo desde la justicia…

Cuando el Estado reparte gratuitamente significa que lo hace de una manera similar a los anticonceptivos comunes, al anticonceptivo. La píldora del día siguiente es un golpe muy fuerte al metabolismo y al cuerpo de la mujer, por tanto de plano de una u otra manera, creyente o no creyente en ese instrumento, es necesario que sea bajo prescripción médica y en todos los casos con una información suficiente…

Igual que las pastillas anticonceptivas.

El Estado lo que hace es la repartición indiscriminada. No lo hace en un consultorio. No todo el mundo la puede tomar.

El Estado participa en todo aquello que no tenga un efecto que pueda ser marcadamente negativo. ¿Cuál es el efecto marcadamente negativo en la píldora del día siguiente? En la acotación de la demanda nos hablaba de que solo tenía dos efectos. El tercero no está probado, y ustedes mismos lo reconocen.

Así es.

Si ustedes hubieran dicho estamos seguros, bueno estupendo, se prohibía para todos. Pero si ustedes no están muy seguros, están diciendo ‘como no estamos seguros la vamos a prohibir para los más pobres’.

No, se dijo el Estado no puede participar…

Prohibirlo para los más pobres, ¿no se arrepiente de ese fallo?

No.

¿Para nada?

No, al contrario. Mi ponencia era por la prohibición absoluta. Lo que pasa es que en el debate, y por eso somos colegiado, se tuvo que atenuar mi posición en procura de obtener los votos suficientes para lograr la mayoría. En realidad, no me arrepiento, por que Inppares ya la vendía a ocho soles. Eso ha generado una posibilidad de acceso.

¿Usted cree que las mujeres acceden a este método?

Por supuesto.

¿Entonces, por qué lo prohíbe?

Solo como método anticonceptivo. La mujer que es sujeto de una violación, puede ir a un centro Inppares, y por ocho soles consigue la pastilla. Es cara para aquella mujer que la toma en forma indiscriminada como si fuese un método anticonceptivo.

Pero doctor, si no hay un tema de aborto de por medio, ¿no le parece que el Tribunal Constitucional tiene poco que decir sobre las decisiones de la vida sexual de las mujeres del Perú?

Lamentablemente, sí tiene que decirlo.

Si es un tema de aborto, sí.

En tanto y en cuanto el legislador no puntualice, acá hay una zona gris. Aquí hay un tema en el cual muchos legisladores salieron a debatir en  contra del Tribunal, pero nunca presentaron un proyecto de ley que puntualice en qué momento se ha de señalar de que existe la vida humana.

¿Si puede producir aborto, por qué la puedo comprar en una farmacia?

La compra en la farmacia si está sujeta a una prescripción médica.

No nos vamos a poner de acuerdo. Tiene fama usted de conservador. ¿Es usted un abogado conservador?

Como toda persona soy conservador en algunos temas y en otros temas soy liberal.

LAS REVOCATORIAS

Ha señalado usted que la revocatoria es una institución con la cual no está de acuerdo porque considera que une a los perdedores para revocar al ganador, sin embargo está en nuestra legislación desde hace más de 15 años…

Sí, es legal y es constitucional. Si llegara a un caso yo tengo que resolverlo de acuerdo a la Constitución y la ley. Lo que yo he señalado a título individual, es que la revocatoria es una institución ajena al sistema representativo. La representación política recién está madurando en el país, a ella le hemos injertado instrumentos de democracia directa.

Que también son ajenos a nuestra cultura…

Que son perfectamente ajenos, porque pertenecen a algunos Estados norteamericanos y a cantones suizos. Entonces es una locura. Yo no he votado por Villarán, es más, considero que no hace una buena gestión.  Pero ¿cómo le explicamos a un militante joven de Fuerza Social  que su candidata puede ser revocada, o si no es revocada, por lo menos va a ser distraída en los próximos dos años por un tema motivado por gente que está en su contra políticamente?

La ley dice que no tiene que ser fundamentada.

Pero si no tiene ningún fundamento,  teóricamente,  frente al alcalde elegido, todos los que hemos participado y hemos perdido en el proceso previo, podemos unirnos y derribarlo.

Que de hecho se hace así en todo el Perú.

Por eso yo decía, esto ha ido pasando en forma injusta, políticamente hablando, en provincias. Hemos tenido que esperar a que se plantee la posibilidad en Lima para que recién podamos reflexionar. ¿Es buena la revocatoria o en todo caso regresemos a los mandatos cortos de tres años para los alcaldes y punto?

Lo que usted plantea es un tema muy interesante que está en el origen de nuestra Constitución desde el inicio. Es la importación indiscriminada de instituciones europeas.

Y son modas y resulta ser muy impolítico manifestarse en contra.

Claro, son modas. Entonces tenemos presidencialismo, tenemos parlamentarismo y tenemos instituciones, como usted ha dicho, de democracia directa.

Tenemos representación política, y al mismo tiempo tenemos democracia directa. Democracia directa funciona pero para otros temas, por ejemplo funciona a manera de referéndum para temas que escapan a la representación política.

“TODA ATRIBUCIÓN PRESIDENCIAL PUEDE SER RECORTADAial puede ser recortada”

Si se le concediera un indulto a Alberto Fujimori,  ese asunto podría llegar también al Tribunal Constitucional.

Puede llegar, como sucedió con el caso Crousillat. El Presidente concede el indulto y luego lo revoca. El Tribunal ya señaló que cuando el indulto era condicionado a un determinado conjunto de factores y se demostraba que estos factores no eran ciertos, había una suerte de nulidad de acto jurídico. Entonces, el presidente García al revocar no habría cometido un hecho inconstitucional en sí mismo. En el caso de Alberto Fujimori, si se le considera un indulto por su penoso estado de salud, y resulta que recobra prodigiosamente su salud y se le revoca el indulto…

Se reiteraría el caso Crousillat… ¿Ya existe jurisprudencia para esto?

Así es, sin hablar del tema de lesa humanidad que es otro tema. El Presidente tiene la atribución constitucional de otorgar indultos por el Día de la Madre a 30 mamás. No se ha presentado nunca el caso de que se verifique que una de ellas no era mamá o que por Navidad, algunos de los presos había cometido alguna infracción administrativa en la tramitación del expediente y no le correspondía del todo el indulto.

No, no se ha visto esto.

Por tanto, aunque la teorización en cuanto a los indultos es todavía un área bastante discutida, se podría decir que hay indultos no condicionados. ¿Que sucedería si el presidente concede el indulto no condicionado?

Eso es lo que le iba a preguntar, porque la Constitución no establece condición. El que ha recortado la posibilidad de indultar al Presidente es el Congreso, a través de la ley. La ley prohíbe que en caso de secuestro agravado, entre otros, el Presidente otorgue un indulto, ¿Eso es constitucional o es inconstitucional?

Ahí sí, ya viene una pregunta que puede ser materia de pronunciamiento.

Entonces no me la puede contestar.

No, pero le puedo decir que toda atribución presidencial puede ser recortada. En principio, ni siquiera el derecho de la vida es ilimitado.

Todo derecho tiene límite, es verdad…

Todo tiene una cierta corta pisa.  Teoría misma de la separación de poderes. Frenos y contrapesos. No puede haber nada que sea  absolutamente irrestricto, ninguna atribución es absolutamente irrestricta, pero si llega al caso habrá que estudiarlo. Ahí sí el Tribunal, llegado el caso, tendrá que evaluar y tendrá que ponderar. Al final de cuentas, el ejercicio de determinar si es constitucional o no un determinado acto, es un ejercicio de ponderación.

Para terminar ¿Qué piensa de la “Ley Mordaza”? (Esta entrevista se realizó antes de conocerse la decisión presidencial de observar la ley)

Creo que lo que falta es precisar con mayor claridad y también una mayor costumbre de las empresas periodísticas,  el discernimiento, de lo que es publicable o no, de interés público o de interés privado,  o de lo que en forma flagrante constituye ya un delito.

Casos de violencia familiar y asesinatos de menores aumentaron el 2011

El fiscal de la Nación, José Peláez, informó además que el año pasado se produjeron un total de 79 feminicidios.

Un total de 131 mil 494 casos de violencia familiar se registraron el año pasado a nivel nacional, lo que representa un aumento de 10% a comparación de la cantidad de denuncias presentadas en el 2010, informó el fiscal de la Nación, José Peláez.

Y considerando que entre el 2009 y el 2011, el Ministerio Público registró 357.863 denuncias por violencia familiar en todo el país, se calcula que se producen 119.288 denuncias al año; 9.941 al mes, 331 por día y 14 por hora.

Un dato preocupante revelado por Peláez Bardales en el programa “Los fiscales” es que durante el año pasado se produjeron 79 feminicidios. Del total, 68 son íntimos, es decir el victimario es la pareja, ex pareja o un familiar; mientras tanto, fueron 11 casos no íntimos, lo que significa que el atacante no es muy allegado a la víctima o es una persona desconocida.

Si lo anterior ya era muy lamentable, otros datos que también lo son se refieren a los homicidios de niñas, niños y adolescentes. En el 2011 se presentaron 114 casos, de los cuales 76 corresponden a varones y 38 a mujeres.

Las cifras en este aspecto indican que, a comparación del 2010, los crímenes contra menores se incrementaron en 9,6%.

Informe sobre la inconstitucionalidad del inciso 3 del artículo 173 del Código Penal Peruano

El presente Informe, elaborado por el Dr. Samuel B. Abad Yupanqui, analiza los problemas de constitucionalidad que presenta el inciso 3) del artículo 173º del Código Penal, modificado por la Ley Nº 28704, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, con fecha 05 de abril de 2006.

La referida norma amplió el límite de la indemnidad sexual a los dieciocho años de edad y dispone que las relaciones sexuales libres y voluntarias con una persona mayor de catorce años y menor de dieciocho años de edad constituyen delito. De esta manera, la referida norma establece que el consentimiento de dichos adolescentes carece de valor. Además, impone una sanción severa de pena privativa de la libertad no menor de veinticinco años ni mayor de treinta años; y establece que no procede el indulto, conmutación de la pena ni el derecho de gracia (artículo 2°) y tampoco los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, la semilibertad y liberación condicional (artículo 3°).

El análisis de la referida norma concluye que ella vulnera los derechos fundamentales de los y las adolescentes, como el derecho a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la igualdad. Asimismo, conlleva la afectación de sus derechos sexuales y reproductivos, así como su derecho a la vida y a su salud; vulnerando, además, el principio de proporcionalidad. Por ello, se recomienda que el Congreso de la República modifique la citada disposición legal o que, en su momento, el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional.

El Movimiento Manuela Ramos y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, organizaciones feministas peruanas que buscan contribuir al pleno reconocimiento y garantía de los derechos humanos en el campo de la sexualidad y reproducción, ponen a disposición esta publicación con la firme convicción de la necesidad urgente de la reforma legal que permita restituir los derechos vulnerados a las y los adolescentes de nuestro país.

Lima, noviembre de 2011. 


INFORME-ABAD-INTERIORES.pdf
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