Unicef está preocupada por nueva norma peruana de violencia contra menores

Paul Martin, representante del organismo en el país, dijo que el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia que prepara el Congreso ha omitido aspectos relevantes que vulneran la integridad de los infantes. Las mismas inquietudes han sido ratificadas por la Defensoría del Pueblo.

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Jennie Dador : La despenalización del aborto no implica la obligación de abortar para las mujeres

El presidente de Uruguay José Mujica, con el Consejo de Ministros en pleno promulgó ayer la ley que despenaliza el aborto. Esta ley despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Se ha convertido en el tercer país en América Latina en permitir el aborto luego de Cuba y Guyana. En Perú, el debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación y otros  ha seguido un largo camino de silencios y retrocesos. 
Desde 1924, es decir, hace más de ocho décadas el aborto terapéutico está despenalizado en el país. Desde esa fecha se han contado planteado reformas legislativas pero  no ha habido ningún cambio. La abogada, Jennie Dador hace un recuento: “En el año de 1991, cuando se aprobó el Código Penal actualmente en vigencia, se estableció el aborto atenuado para los casos de embarazo por violación e inseminación artificial no consentida, ocurridas ambas fuera del matrimonio. Sin embargo, es importante recordar que en 1989 el Parlamento aprobó la despenalización del aborto sentimental, eugenésico en los casos de inseminación artificial no consentida, pero el entonces presidente Alan García observó la ley. Nuevamente, en el 2009 la Comisión Revisora del Código Penal acordó por mayoría despenalizar las mismas figuras, sin que la propuesta de nuevo código llegue a debatirse”.

Dador lamenta que Perú no haya aún aprobado la despenalización del aborto en su diversas causales como así lo han hecho en los últimos años Colombia, México, Argentina y recientemente Uruguay. “Lamentablemente, estamos quedando a la saga. Uruguay han modificado o precisado su legislación penal para despenalizar el aborto o ampliar las causales que lo permiten”, señala Dador.

Si vemos el planisferio, sólo el 2% de países en el mundo tienen leyes absolutamente restrictivas sobre aborto. Por lo menos el 65% de países desarrollados permite el aborto basándose sólo en la solicitud de las mujeres, el 14% de los países en vías de desarrollo están siguiendo este camino, lo que demuestra cierta tendencia de los países a liberalizar sus legislaciones sobre el aborto, así lo señala el documento de Promsex: Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto.

En países que lo han hecho como Cuba, la mujer puede interrumpir el embarazo durante las primeras 10 semanas de gestación sin justificar sus motivos desde 1965 que se legalizó el aborto. Mientras que desde el  2007, a las mujeres mexicanas les está permitido abortar hasta las 12 semanas de su embarazo, pero sólo en el Distrito Federal. En 2006 la Corte Constitucional de Colombia determinó que el aborto es legítimo cuando un embarazo es producto de una violación, cuando está en riesgo la vida de la madre y cuando se presentan malformaciones en el feto. En el presente año, la Corte Suprema de Argentina hizo una relectura del Código Penal y planteó que el aborto no es punible para las mujeres que afrontan un embarazo producto de una violación sexual.

Perú discute el protocolo del aborto terapéutico desde el 2004, ¿por qué no se llega a acuerdos? Dador dice que “lamentablemente nuestras autoridades administran justicia y toman decisiones de política pública no desde un marco de derechos sino desde sus convicciones religiosas o conveniencias políticas, quienes en contextos de baja institucionalidad y alto rechazo a la clase política buscan congraciarse con la Iglesia para mejorar su legitimidad social y aceptación pública”.

“No se debe olvidar que el principio de laicidad del Estado es una garantía de las democracias modernas –agrega. Se trata pues de un Estado independiente de los poderes fácticos, imparcial en sus normas y políticas, aunque en la región los líderes políticos consideran que en sus países el poder es ejercido por los grupos económicos, el 65,2% los medios de comunicación y el 43,8% por las iglesias”[1]. .

A excepción de los países que aprobaron la despenalización del aborto, América Latina sigue siendo una de las partes del planisferio que condena el aborto con penas de entre tres y seis años de cárcel, variando de acuerdo a la legislación de cada país. Sin embargo, según un estudio de la World Health Organization (WHO), citado por Promsex, esta medida no ha sido disuasiva porque las mujeres lo siguen haciendo, pues se estima que por cada 3 nacimientos se produce un aborto y al parecer estas cifras se mantienen estables[2].

En el caso de Argentina, causó revuelo la sentencia de una jueza que impidió que se realizara un aborto a una mujer que había sido rescatada de una banda de trata de personas, presionada por un grupo ultraconservador “provida”.  Pese a que su Código Penal contemplaba como aborto no punible al aborto por violación sexual desde 1921, la jueza presentó como argumentos: “el aborto significa lisa y llanamente la comisión de un homicidio”, porque a su criterio sería “pretender decretar la pena de muerte respecto de un nonato, sujeto de derecho, a quien se lo pretende utilizar como objeto de prueba y no como persona por nacer”.  Finalmente la Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenó que se practique el aborto a la mujer víctima de sucesivas violaciones sexuales, rescatada de una red  de trata de personas de la que consiguió huir,  revirtiendo el fallo contrario de la jueza.

Dador recuerda, además, que “es importante considerar que la despenalización del aborto no implica la obligación de abortar para las mujeres. Por el contrario, en el supuesto que una mujer se encuentre en alguna de las causales, ella tendrá un abanico de posibilidades: decidir continuar con su embarazo; continuar con su embarazo y darlo en adopción; continuar con su embarazo y cometer infanticidio; continuar con su embarazo y abandonarlo; el suicidio, o  decidir la interrupción de su embarazo sin consecuencias de carácter penal”.   

La Organización Mundial de la Salud  (OMS) estima que 46 millones de abortos tendrán lugar en el mundo en desarrollo en 2012. De estos, 27 millones se producen en condiciones de legalidad, mientras que el resto (19 millones) ocurre en un contexto de prohibición o de ilegalidad, lo que trae consigo que sean practicados muchas veces fuera del sistema médico, con alto riesgo para la salud y la vida de las mujeres[3].

Bajo la pregunta: “Y tú, ¿condenarías a Mariana?”, Católicas por el Derecho a Decidir-Perú promueve el debate y busca entablar políticas de salud reproductiva eficientes y urgentes para el fortalecimiento de un Estado laico.

 

Ministerio Público capacita a mujeres en Bellavista

Sullana (ERP) El Ministerio Público de Sullana- a través de la Unidad de Asistencia a víctimas y Testigos y las Fiscalías de Familia- capacitó y sensibilizó a las integrantes del programa de formación de mujeres lideresas del distrito de Bellavista, en violencia de género, violencia familiar y Feminicidio, con la finalidad de prevenir este tipo de delitos contra la mujer. En marco del proyecto del “Plan de Actividades de Sensibilización y Prevención del Delito de Feminicidio”, el Ministerio Público desarrolló de manera descentralizada el panel fórum:”Violencia de género, violencia familiar y Feminicidio”, logrando capacitar a un promedio de 50 mujeres líderes del distrito de Bellavista, a quienes se les orientó de tal manera que obtuvieron una mayor comprensión frente a estos temas.

“Es importante orientar y sensibilizar a la población en el tema de violencia familiar y de género para que no exista el Feminicidio, ya que para que sea considerado como tal tiene que cumplir ciertos criterios, como por ejemplo el de asesinar a la mujer por razones de género”, indicó el explicó el fiscal de la Primera Fiscalía Provincial y Familia de Sullana, Dr. Jorge Gómez Calle. Este panel fórum se desarrollo en la casa de la Cultura de este distrito.

Asimismo, como parte del plan de actividades de sensibilización y prevención de este proyecto ya se ha realizado un panel fórum con tenientes gobernadores, charlas radiales donde participan fiscales penales y de familia, abogados, psicólogos, trabajadoras sociales, entre otros quienes informan de manera clara la problemática de estos delitos. Todo este ciclo de actividades culminara con una conferencia que se realizará en marco del Día Internacional de la Lucha contra la violencia de la Mujer, donde participarán autoridades de diferentes instituciones de la provincia, conferencistas y público en general.

 

Ximena Petrocelli desmiente que esté recluida por ser lesbiana

La joven Ximena Petrocelli –cuyos amigos denunciaron que fue internada en un centro de rehabilitación debido supuestamente a su opción sexual, pues sería lesbiana– rompió su silencio y desmintió que se encuentre recluida contra su voluntad.

Mediante un video grabado el jueves 25 de octubre, la fotógrafa de 19 años indicó que está “cansada” de “escuchar y ver cómo están acosando a mi mamá o como están diciéndole cosas” que no tienen nada que ver con su supuesta “desaparición”.

“Quiero decir que estoy bien. No me han secuestrado, no estoy presa en un penal, no estoy atada a un árbol muriéndome, nada de esas cosas porque no es así”, señaló la joven en el video difundido por Abre los ojos.

“Estoy bien y me pasa de vueltas que esté saliendo en todos los canales no porque sea famosa o porque soy fotógrafa, sino porque soy lesbiana o soy adicta a la marihuana (…) Las cosas no son así”, explicó Petrocelli, quien apareció junto a su madre, María del Pilar Gómez.

“Estoy tomándome un tiempo para estar tranquila y reflexionar sobre algunas cosas que quizás no he hecho bien y sea en buena hora de hacerlas bien”, añadió, al tiempo que pidió que dejen de meterse con su familia.

“Si quieren saber de mí, llamen a mi mamá porque ella no les va a colgar (…) Espero que las cosas estén bien y ya no vuelvan a decir nada a mi mamá, ni de este tipo ni de nada de nada”, sentenció.

Petrocelli también envió una carta a los medios en los que explica los motivos de su ingreso a un centro de rehabilitación para tratar su adicción a la marihuana.

“Hola, soy Ximena Petrocelli. Hoy estoy escribiendo esta carta para decirles a todos, a la prensa, amigos y a todos los que me conocen, que en ningún momento he estado ni estoy secuestrada. Solo quiero un tiempo para mí, por favor. No me hagan esto, ni a mí, ni a mi mamá, ni a mi familia (…) Dejen de acosarme a mi y a mi familia. Yo estoy bien y pronto estaré en casa”.

Cusco: Jóvenes líderes piden ajustes a Nuevo Código de Niñez y Adolescencia

Varios líderes de la Alianza Regional de Líderes Cusqueños (Arlic), organización que agrupa a mil líderes juveniles de la región, consideran que existen deficiencias en el Nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia.

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Articulación regional de América Latina y el Caribe hacia Cairo +20

Diversas redes, coaliciones, campañas y organizaciones de mujeres, de jóvenes, de indígenas, de afrodescendientes, de población LGBTTQI, de América Latina y el Caribe, comprometidas con la agenda de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, CIPD, reafirman su compromiso al aproximarse el plazo de 20 años fijado para su Programa de Acción. El consenso de El Cairo se distinguió por su abordaje holístico y transformador del tema de población alejándose de metas demográficas, la CIPD enfocó a las mujeres como sujetas de derecho y elemento clave para el desarrollo de los pueblos, y como sujetas con autoridad moral y capacidad para autodeterminarse en todo lo relativo a su vida, sexualidad y reproducción.

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Código de la Niñez y la Adolescencia: Una oportunidad para fortalecer la democracia

La embajadora nacional de Unicef y reconocida actriz, Mónica Sánchez, consideró que un nuevo código debería condenar explícitamente cada uno de los actos de violencia contra la infancia y la adolescencia y no sólo aquellos que dejen secuelas, porque toda palabra hiriente o agresión deja huella.

  
Crecí en una familia en la que todos expresábamos nuestra opinión sobre lo que sucedía en nuestro país y nos involucrábamos en actividades para “mejorar el mundo”. No había un reglamento escrito pero todos en casa sabíamos que nuestros derechos terminaban donde empezaban los del otro, al margen de su sexo o edad.

Fuera de casa, era distinto. Opinar, cuestionar, participar resultaba peligroso. Nací durante la dictadura militar y vi retornar al Perú a la senda democrática. Me cuento entre quienes hace 12 años salíamos a lavar la bandera con la ilusión de construir  un país en el que todos y todas pudiéramos ejercer plenamente los derechos humanos, porque creo firmemente que estos deben estar por encima de todo y que hay que aprender a respetarlos y ejercerlos desde el principio de la vida. Por ello, siempre me he identificado con las iniciativas orientadas a defender los derechos del sector más vulnerable de la sociedad, la infancia.

Como Embajadora de UNICEF me alegra que desde el legislativo exista preocupación por hacer viables los derechos consagrados en la Convención por los Derechos del Niño (CDN), pero me preocupa que en ese intento se caiga en el proteccionismo absoluto que convierte a los niños niñas y adolescentes en  objetos de protección y los desconoce como  seres humanos sujetos de derecho.

Me temo que eso está sucediendo con el proyecto del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia que contiene varios puntos que, como bien lo ha sugerido la Defensoría del Pueblo, deben ser revisados.

Para empezar preocupa que no incluya la palabra niña. Dirán que es porque los derechos del niño también son de la niña. Creo que en una sociedad donde la discriminación se expresa en situaciones tan cotidianas como destinar el plato mejor servido al hijo varón sin considerar si la hija tiene necesidades nutricionales especiales, es imprescindible hacer visible que  los derechos también son para las niñas.

También llama mi atención que existiendo un alto  índice de maternidad adolescente se condicione el acceso  de los chicos y chicas mayores de 14 años a servicios de información sobre salud sexual a la presencia del padre o la madre. Pensar que las y los adolescentes van a pedir ese acompañamiento es poco realista y flaco favor le hace a los esfuerzos por la prevención del embarazo adolescente.

El castigo físico y humillante contra los niños y niñas es pan de cada día en todos los sectores sociales. Un nuevo código debería condenar  explícitamente cada uno de los actos de violencia contra la infancia y la adolescencia y no sólo aquellos que dejen secuelas, porque toda palabra hiriente o agresión  deja huella.

Los derechos a la información, opinión, organización y participación también aparecen supeditados a la autorización paterna.  Es decir que si no tienen el permiso respectivo los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, no podrán opinar libremente sobre sus docentes ni manifestarse en contra de que se destruya el parque del barrio para edificar un centro comercial. Si no se desarrollan valores democráticos desde la infancia que no nos sorprendan conductas dictatoriales o de absoluta sumisión en el futuro.

Quienes hemos participado en grupos parroquiales, culturales, deportivos, etc. sabemos que  gracias a estos espacios muchos encuentran  alivio al dolor eterno de la violencia familiar; se  alejan  del mundo de las drogas, alcoholismo y  pandillaje; que ahí  se aprende a trabajar en equipo, organizarse, expresar y defender opiniones, cumplir estatutos. ¿Por qué condicionar el derecho a la participación y la organización? ¿No es acaso la infancia esa primera instancia donde gestamos nuestra identidad, aprendemos los valores que regirán nuestra vida y sentimos que pertenecemos y somos importantes?

Generemos un entorno democrático y vigilante de los derechos de los que ahora son niños, niñas y adolescentes y mañana serán los adultos que hagan de nuestro país un lugar mejor para vivir. Construyamos el futuro gestando en el presente mejores condiciones y compromisos claros con nuestra infancia.

Confiemos en que los puntos comentados serán revisados y mejorados y que contaremos con un  código  inclusivo y promotor de los valores democráticos; un código que garantice y promueva  los derechos humanos de niños y niñas.

*Embajadora Nacional de UNICEF

Guía de capacitación para proveedores y proveedoras de salud mujeres viviendo con VIH: Sin violencia, sin discriminación

Todo el personal de salud del INMP que atienda a gestantes viviendo con VIH y SIDA deberá promover una cultura de respeto a los derechos humanos, con enfoque de género para eliminar el estigma y la discriminación asociada a la enfermedad. Asimismo, los profesionales de la salud deberán tener en cuenta las medidas de bioseguridad universales vigentes durante la atención de parto o cesárea independientemente de que la gestante tenga o no la infección por VIH.

La experiencia de vivir con el VIH para las mujeres reviste una complejidad de situaciones difíciles y problemáticas que van mucho más allá de la condición de salud física, por el contrario su gravedad estriba en la intersección que se da entre la infección del cuerpo y el mundo de relaciones e interacciones sociales del que  ellas son parte, intersección en la que se manifiestan de la manera más cruda la discriminación, la violencia, el maltrato, el estigma, vinculados a la condición de pobreza, etnicidad, educación y género.

guia-proveedores-rpm.pdf
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