Parlatino insta a cumplir políticas de prevención de embarazo adolescente

La titular de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Equidad de Género del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Ana María Solórzano, informó que uno de los primeros acuerdos tomados –tras su sesión en Argentina– fue exhortar a los países de la región a cumplir con las políticas de prevención del embarazo en la adolescencia.  “La Organización Mundial de la Salud ha calificado al embarazo adolescente como el de  mayor riesgo para la salud de la mujer”, apuntó la congresista peruana tras indicar que los países con mayor índices son Venezuela y Ecuador.

Mientras en Perú se tienen dos barreras legales, la penalización de las relaciones sexuales entre adolescentes que está siendo revisada en el Congreso, y la Ley General de la Salud, que en su artículo número 4 pone a los adolescentes menores de 18 como sujetos dependientes de sus padres.

Por otro lado, Solórzano explicó que se analizaron otros temas como la cantidad de niños en las cárceles por condenas de la madre. En Bolivia, por ejemplo, la cifra supera los 1.200 niños. En nuestro país solo tenemos 187 niños.

WEF: Perú retrocedió cinco puestos en el índice global de igualdad de género

En la séptima edición del ‘Informe sobre la brecha de género mundial 2012’ del World Economic Forum, el Perú se ubicó en el puesto 78 de los 132 países analizados, retrocediendo cinco lugares respecto a los resultados del 2011.

“Perú retrocedió cinco puestos este año debido a la caída en el ratio de igualdad de salarios y al menor porcentaje de mujeres presentes en los cargos ministeriales”, sostuvo el informe.

Este informe evalúa los países en función a su capacidad para cerrar la brecha de género en las áreas de acceso a atención médica, el acceso a la educación, la participación política y la igualdad económica.

Los países nórdicos se ubicaron en los primeros lugares del mencionado ranking, donde Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia, los primeros lugares, en ese orden, cerraron cerca del 80% de sus brechas de género. Esto volvió a darle el dominio a Europa en el informe.

Entre los países de América Latina , Nicaragua fue el mejor ubicado (9) y Brasil presentó un destacado avance de 20 lugares (62) gracias a la mejora en educación primaria y a la cantidad de mujeres en puestos ministeriales.

Asimismo, Bolivia (30) y Ecuador (33) presentaron mejoras, y avanzaron 32 y 12 puestos, respectivamente.

Por su parte, Estados Unidos cayó cinco puestos y se ubicó en la posición 22 debido a un menor porcentaje de mujeres en cargos políticos.

 

Universidad Tecnológica del Perú – UTP y Promsex organizan el segundo Taller académico para profesores/as de Derecho: Jurisdicción internacional y perspectiva de género aplicada al Derecho

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en alianza con la Universidad Tecnológica del Perú-UTP coorganizan por segunda vez el Taller académico para profesores/as de Derecho, evento dirigido a un grupo de treinta docentes de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de Facultades de distintas universidades públicas y privadas de Lima y regiones.

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¿Debe mantenerse la voluntariedad de las pruebas de VIH en gestantes en el Perú?

El 31 de mayo del año 2004 el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley 28243 que modificó el marco legal hasta entonces vigente en lo que respecta a la voluntariedad de la prueba de detección del virus de inmunodeficiencia humano (VIH).

Hasta ese momento en el Perú todas las pruebas de detección del VIH debían ser voluntarias. La nueva ley añadía un número de situaciones en las que la prueba de detección podía ser realizada sin mediar el consentimiento de la persona. Según la Ley 28243 las pruebas para diagnosticar el VIH y SIDA se consideran voluntarias y se realizan previa consejería obligatoria. Sin embargo se consideran casos específicos de excepción a la voluntariedad a los donantes de sangre y/o órganos  y a las madres  gestantes. Con respecto a las últimas, el texto de la ley expone las razones detrás de la excepción. Ésta se da con la finalidad  “de proteger la vida y la salud del niño por nacer, cuando exista riesgo previsible de contagio o infección y para disponer las medidas o tratamientos pertinentes”. 

¿Por qué es importante la voluntariedad de una prueba diagnóstica?

Todo procedimiento médico (incluyendo una prueba diagnóstica como la serología para descartar infección por el VIH) debería ser absolutamente voluntario. La importancia de mantener esta voluntariedad se relaciona generalmente con el concepto del respeto a la autonomía. Si bien esto es correcto, el respeto a la autonomía debe ser entendido como parte de un concepto más amplio, como es el respeto a la dignidad de las personas.

El respeto a la dignidad de las personas es la razón fundamental detrás de la voluntariedad de cualquier procedimiento médico. Este respeto implica, entre otras cosas, que toda persona tiene el derecho de ser considerada como independiente y capaz de tomar decisiones autónomas, algo inherente a sus capacidades como ser humano. No sólo se trata de cumplir una obligación de preguntar antes de realizar una prueba como parte de un derecho puntual. Respetar la autonomía como parte del respeto a la dignidad implica antes que todo el reconocimiento que esa persona a la que se le va a preguntar es un individuo, un ser humano, un otro, un igual y diferente a la vez.

¿Es la autonomía de las personas un principio absoluto?

Cuando se debate sobre autonomía se puede correr el riesgo de enfrascarse en discusiones inacabables sobre qué principio fundamental tiene mayor o menor importancia. En estas discusiones el derecho a la vida, la búsqueda del bien común y la autonomía suelen ser puestos de manera ideológicamente interesada como principios o derechos fundamentales antagónicos. Para salir de este entrampamiento, sobre todo si se trata de una sociedad democrática donde debe primar un estado de derecho, un buen punto de inicio es el de reconocer que todos estos derechos fundamentales tienen una validez e importancia. Si una sociedad decide vulnerar alguno de de estos principios fundamentales, esto sólo debería ser posible excepcionalmente y si se cumplen ciertos procedimientos con rigurosidad. Un miembro de la sociedad no podrá ser privado de su derecho fundamental al libre tránsito de manera arbitraria, sino después de un procedimiento justo. Para poner a un miembro de la sociedad en prisión, las sociedades democráticas requieren de juicios en los que se respeten ciertas formas como es el derecho a la legítima defensa. Penas severas, como las condenas a muerte, deben ser no sólo producto de procesos justos sino que deben ser refrendadas por más de un tribunal. En el mismo sentido, en una sociedad democrática donde prima el estado de derecho, vulnerar la dignidad de una persona al realizarle una prueba con su sangre sin su autorización, aún si se hace por un motivo razonable, requiere de por lo menos una justificación producto de un análisis de gran rigor.

De lo anterior se deduce que los derechos fundamentales no son absolutos y pueden, bajo ciertas circunstancias, ser vulnerados. Lo que sí es absoluto en sociedades democráticas es que estas vulneraciones a derechos fundamentales sólo podrán ser excepciones, justificadas luego de un análisis riguroso y respetando ciertos procedimientos.

En el caso de la prueba para detectar el VIH en gestantes, el motivo para vulnerar el derecho de una mujer a decidir sobre cualquier prueba que se realiza con su sangre es de proteger a un tercero, en este caso al embrión o feto que ella lleva dentro de su vientre. Se coloca al derecho a la vida sana y libre de una enfermedad en particular del embrión o feto (específicamente libre del VIH) por encima del derecho de la mujer de decidir autónomamente.

¿Es justificable desde una perspectiva de salud pública una vulneración de la dignidad de las personas en el caso de las pruebas de detección de VIH en gestantes en el Perú?

Las tasas de prevalencia de VIH en gestantes en el Perú oscilan alrededor del 0.2%. Las cifras oficiales nos muestran además que la transmisión vertical no representa un porcentaje significativo en las causas de contagio de VIH (cerca del 2% del total de casos) ni ha mostrado un aumento. Es conocido en epidemiología que en situaciones de tan baja prevalencia se requiere de pruebas muy específicas para evitar la presencia de resultados falsos positivos. Si bien las pruebas actuales para la detección de VIH tienen teóricamente estos niveles de especificidad, la realidad, debido a problemas técnicos, puede ser diferente abriendo la posibilidad de un porcentaje importante de resultados falso positivos. Un reciente caso en Ica-Perú, donde una adolecente fue esterilizada en base a un resultado falso positivo, es un claro ejemplo de las limitaciones de una prueba de detección en un sistema de salud con tantas limitaciones como el peruano.

En el Perú no existe ninguna estadística que muestre que la transmisión vertical del VIH sea un problema de salud ligado a un rechazo por parte de las mujeres a realizarse pruebas de detección. Además en países donde si se ha documentado un rechazo (generalmente muy minoritario) a una prueba gratuita de detección de VIH (usualmente luego de consejería), el respeto a la voluntariedad sigue siendo la norma. Si a esto le añadimos que en el sistema de salud peruano no se han agotado todos los recursos existentes para que las personas puedan realizarse la prueba voluntariamente (como optimizar los mecanismos de consejería e información) y dado que como vimos la transmisión vertical no representa un porcentaje significativo en las causas de contagio de VIH ni ha mostrado un aumento, la afectación a la dignidad de las personas muestra de inicio razones poco sólidas para la protección de la salud pública.

¿Tiene alguna racionalidad médica o de salud pública una prueba diagnóstica realizada sin un consentimiento?

Otro aspecto con respecto a la prueba de detección de VIH y la transmisión vertical es que la sola realización de una prueba no previene que el feto o embrión se infecte. Este es sólo el punto de inicio para implementar acciones de prevención. Una vez diagnosticada la infección por el VIH en una gestante, existen un número de medidas que pueden disminuir significativamente la transmisión vertical. Éstas medidas tienen dos características de destacar. La primera es que aún se realicen óptimamente ninguna de ellas (ni su combinación) elimina totalmente el riesgo de transmisión. La segunda es que la gran mayoría de estas medidas son procedimientos médicos, que como todo procedimiento de medicina occidental, dependen para su éxito de la voluntad de la persona.

La tasa de transmisión de VIH desde una madre gestante al embrión o feto se ha calculado en  alrededor del 30 a 40%. Es decir si una mujer infectada con el VIH sale gestando si bien es probable que transmita la infección al embrión o feto, la probabilidad que esto no ocurra es ligeramente mayor. Esta transmisión puede ser aminorada a cerca del 10-15% con una combinación de una serie de intervenciones médicas, como el parto por cesárea, la lactancia artificial (no materna) y el tratamiento antirretroviral. Esta combinación de medidas ha sido estudiada y validada en varios ensayos clínicos, siendo imposible hoy en día determinar el impacto por separado de cada una de ellas.

Tanto tomar pastillas antirretrovirales durante el embarazo como la realización de una cesárea requieren de un elemento importante común a todo procedimiento médico. Como se sabe las pastillas se tragan y las operaciones se realizan luego que la persona es llevada por sus medios a un quirófano. Ambas acciones pueden ser hechas a la fuerza sin duda, pero ello implicaría una transgresión adicional de la dignidad, aparte de ser poco probable que se logre sistemáticamente, por la natural resistencia que producirían servicios de salud dedicados a embutir pastillas a través de tubos o arrastrar mujeres al quirófano. Ambos ejemplos de medidas de prevención de la transmisión vertical de la infección por VIH son entonces totalmente dependientes de la voluntad de la persona. La otra medida adicional de importancia, como evitar la lactancia es también dependiente de la voluntad de la madre, quién cuidará del recién nacido en casa sin supervisión de los proveedores de salud del estado que la obligó a hacerse la prueba de detección de VIH.

Esta dependencia en la voluntad de las personas inherente a las acciones médicas no es ajena a las guías de manejo de la transmisión vertical del Ministerio de Salud del Perú. En estas guías se considera que una persona puede rechazar el tratamiento antirretroviral, para lo cual en las mismas se incluye un formato de consentimiento informado que debe ser firmado por la persona afectada antes de recibir sus pastillas. Entonces, si para lograr la supuesta protección seguimos dependiendo de la voluntad de la persona ¿no resultaría más razonable respetarla desde un inicio?

Finalmente, tanto el tratamiento con antirretrovirales como la cesárea tienen ambos una característica adicional a considerar: potencialmente pueden producir efectos adversos, algunos de ellos relacionados al error médico, un imponderable parte de la práctica médica y bastante más frecuente en países con deficiencias en la formación de sus profesionales de salud.

¿Cómo y por que llegamos a esto?

En un sistema de salud deficiente como él peruano, una medida como la obligatoriedad de la prueba diagnóstica para detección de VIH en gestantes es probablemente algo esperable. Pero no se debe olvidar que esta es una medida estructurada bajo el argumento de proteger a terceros jerarquizando ciertos derechos fundamentales sobre otros. Una medida que vulnera la autonomía en un paso inicial no determinante para luego depender absolutamente de la misma para lograr su objetivo, si bien puede ser considerada como el  producto de algún despistado, es mucho más probable que sea parte de una agenda ideológica específica. Por ello es importante destacar no solo los aspectos científicamente absurdos y arbitrarios que medidas como la Ley 28243 posee, sino entenderlas como el producto de formas de pensar totalitarias que no deberían ser aceptables en una democracia.

Comité contra la Tortura de la ONU emite recomendaciones al Estado peruano sobre la problemática de la población LGTB

El Estado peruano, al suscribirse a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Convención contra la Tortura), está en la obligación internacional de cumplir con la elaboración de informes periódicos que deben ser enviados al Comité contra la Tortura, conforme a lo establecido en el artículo 19 de dicha Convención.

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Más de 300 madres en Huánuco denuncian abuso sexual contra sus hijos

Todo pasó en cuestión de segundos. Marilú Tino Salgado vendía dulces en una feria de Huánuco cuando su hija de cinco años desapareció de repente. Al instante un mal presentimiento la embargó y cuando vio de nuevo a la pequeña se quiso morir: estaba con el pantalón abajo y llorando.

“Un comerciante que conocía le desgració la vida”, recuerda la desconsolada madre. Pero su drama no es el único. Diversas ONG como Save The Children calculan que hasta la fecha más de 1.300 niñas en Huánuco han sido violadas.

Es más, según el INPE, el 30% de internos del penal de Potracancha, ubicado en la región, están presos por delitos de violación. Lo peor sin embargo, comenta Teresa Carpio de Save The Children, es “la impunidad en cada caso”.

Como aval de esta afirmación está nada menos que Tamar, una asociación conformada por más de 300 madres que buscan justicia para sus hijos e hijas víctimas de violación sexual. “Nuestro deseo de justicia es más grande que el dolor por lo ocurrido”, expresa Liliana  Espinoza Rodríguez (32), representante de Tamar.

Ella detalló que todos los asociados tienen la desdicha de ver “caminando libre al agresor de sus hijos”. “Acá no hay justicia. Los casos son archivados o el acusado es declarado absuelto”, reclama.

Por esta razón, Liliana –junto a otras mujeres de Tamar– se encuentra en Lima. Acaban de ser respaldadas por el Congreso y diversas ONG, pero ¿y el Poder Judicial?

“Esperamos que se pronuncie. No es posible que estas mujeres se vean obligadas a viajar hasta Lima para conseguir justicia”, enfatizó el representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra.

Recordó incluso que el 90% de casos de violación sexual a nivel nacional son archivados o el agresor termina absuelto.  En Huánuco, Tamar responsabiliza de la impunidad al presidente de la Corte Superior de Huánuco, Jorge Picón.

LAS ONG DEMANDADAS

Eso no es todo. En el 2011 varias ONG presentaron ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) documentos referidos a los fallos de Jorge Picón y el resto de jueces que integran la Sala Penal de Huánuco.

El resultado fue una demanda de Picón de 3 millones de soles contra cinco ONGs por daños a su “imagen”. Él ya no está en el CNM y es investigado. Mientras, los abusos continúan. El Ministerio de Salud calcula que el 38,9% de las mujeres en el Perú han sido víctimas de violencia física y sexual por parte de su esposo o compañero. También más de 1.500 personas fueron detenidas de enero a junio del 2012 por delitos sexuales contra niños y adolescentes. ¿Y la solución? Huánuco y todo el país claman frenar los abusos. Ya es hora.

No a la violencia

Un freno. La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso aprobó ampliar la ley de feminicidio que sanciona hasta con cadena perpetua a los agresores de mujeres.
Marcha. Diversos artistas y funcionarios se movilizaron contra la violencia por el centro de Lima. En el Perú, siete mujeres mueren al mes a causa de la violencia.

Los pecados de Perú

A pesar del amplio debate que se ha generado alrededor de si el aborto debería o no ser permitido para víctimas de violación, no ha habido mucha discusión sobre las consecuencias de prohibir el aborto en estas circunstancias. Lamentablemente, no hace falta imaginarse las terribles consecuencias que una política prohibicionista tendría. Hay evidencia al respecto en varios países del mundo que restringen severamente el aborto o lo prohíben en todas las circunstancias. Perú es uno de los peores casos. 

En la actualidad, el Centro está representando a una joven en Perú, donde el aborto está prohibido en casos de violación e incesto. En su adolescencia y durante un periodo de cuatro años, L.C. fue violada en repetidas ocasiones hasta que, a los 13 años, quedó embarazada.

Devastada por su embarazo L.C. se lanzó desde el techo de una casa vecina, pero falló en el intento de suicidio. L.C. sufrió una lesión de columna que pudo haber sido reparada pero los médicos, intimidados con la legislación, se negaron a realizar la intervención, ignorando su bienestar y optando por proteger su embarazo. Dos meses después L.C. tuvo un aborto espontáneo. Finalmente, un mes después le fue realizada la cirugía que requería con urgencia desde el momento de la lesión. Sin embargo, ya era muy tarde. El enorme retraso redujo significativamente las probabilidades de éxito de cirugía, y hoy, L.C. es cuadripléjica.

En el 2009, el Centro en conjunto con Promsex se puso al frente del caso , y presentó una demanda ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) para responsabilizar al Estado peruano.

Hace un año, el Comité CEDAW falló en contra de Perú , haciéndole un llamado al gobierno para que revise su legislación y le permita a las mujeres el acceso a servicios de aborto en casos violación; establezca mecanismos que aseguren la disponibilidad de dichos servicios; y garantice el acceso al aborto cuando la vida o salud de las mujeres se encuentran en peligro -circunstancias que ya han sido despenalizadas en el país.

Perú aún sigue sin cumplir la decisión del Comité CEDAW, incluso aún no ha incumplido con el pago de la compensación y las medidas de rehabilitación que fueron determinadas en favor de L.C. en el dictamen. Ya es hora de que Perú se haga cargo, asuma la responsabilidad de la tragedia que sufrió L.C., y evite que casos similares sucedan una y otra vez. El Centro hace un llamado a Perú para que de una vez por todas proteja la vida, la salud y los derechos humanos de L.C. y de las mujeres en su país. El mundo estará observando.

 

Comunicado de ILGA sobre el día de la Memoria Transgénero.

Desde hace años el 20 de noviembre se viene conmemorando el Día de la Memoria Transgénero (Transgender Day of Remembrance) fecha en que se recuerdan a las y los compañeros que han fallecido por el odio irracional de quienes consideran que trastocar las fronteras del género merece la muerte.

Este día se ha institucionalizado para rememorar el deceso de Rita Hester, hecho que dio lugar al año siguiente al sitio web “Recordando nuestras muertes” (Remembering our dead), un proyecto que además contó con una vigilia con velas en 1999, en San Francisco, Estados Unidos. Desde estonces este evento se realiza en muchas ciudades del mundo.

En esta fecha es importante visibilizar las consecuencias que en una persona trans  (transgéneros, travestis, transexuales, transformistas y otras disidencias del género) pueden tener las exclusiones y discriminaciones a las cuales nos somete la mayoría por causa del estigma y la discrimiacion impuesta hacia este tipo de personas (mujeres y hombres), las organizaciones que representan a esta poblacion y velan por el respeto a sus derechos humanos deben seguir pronunciandose ante esta situacion y aprovechar esta fecha para hacer demandas a sus estados y visibilizar la problemática de las personas trans, misma que en la mayoria de los casos las obliga a ejercer el trabajo sexual, actividad que las hace vunerables al VIH-SIDA y las hace víctimas de violencias por parte de personas transfóbicas lo que en muchos casos les cuesta la vida, a consecuencia de crímenes de odio.

Estos crímenes de odio en razón de la identidad de género asumida por las personas trans (transgéneros, travestis, transexuales, transformistas y otras disidencias del género) ocurren en cualquier parte del mundo. Hoy en día, las organizaciones y grupos trans comprometidos con la defensa de los derechos de sus colectivos denuncian y explicitan estas muertes mediante alertas e informes que van siendo compilados en el Prontuario de la Intolerancia del Secretariado Trans de ILGA, así como en el “Trans murder monotoring Project” (Proyecto de Monitoreo de Crímenes Trans) de la Conferencia Trans de la Unión Europea TGEU. “De esta manera se pueda dar cuenta al mundo de prácticas sociales globales que es imperativo erradicar de la faz de la tierra y que van contra todo valor de principio y dignidad de la persona humana” comenta Belissa Andía desde el Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Genero en Peru.

Es alarmante la situación por la cual atraviesan este tipo de personas en todo el mundo, exclusiones en el sistema educativo, laboral, judicial, servicios de salud, etc., espacios y servicios a los cuales tienen derecho como seres humanos y ciudadanos y ciudadanas, pero que por transfobia les son negados. Si bien en algunos casos logran acceder a ellos, no escapan de la discriminación por ser diferentes al resto de la mayoría y supuestamente violar las normas estabecidas por el resto, condición que muchas veces está impuesta por creencias religiosas que condenan lo diferente.

En la actualidad varias agrupaciones a nivel internacional buscan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) remueva de su siguiente catálogo sobre enfermedades mentales el término “transexual” y que esta condiciñon sea reconocida como parte de la compleja identidad sexual de los seres humanos.  Todas las personas trans y muchas no trans pueden asegurar que ser transexual no es algo que pueda tratar la psiquiatría, sino que la misma persona identifica su género.

Segun la activista feminista Silvia Buendía “La homosexualidad es una orientación sexual, una persona que siente atracción sexual por alguien del mismo sexo. La condición del transexual o transgénero es totalmente diferente, es una persona que nació con un sexo biológico, pero en el momento en que empieza a crecer y a identificarse lo hace con un sexo diferente al de su cuerpo”.

El romper las barreras del sexo y el género tiene un precio demasiado alto y debemos hacer algo para que ésto pare.

Marlenne Bennedeck Dumont
Secretariado Trans de ILGA

Ley General de Salud impide a los adolescentes informarse sobre salud reproductiva y sexual

De 100 adolescentes entre 15 a 19 años, casi el 13% se encuentran embarazadas o ya tiene un hijo. En zonas como Ucayali, el embarazo adolescente está por el 33%.

A los 15 años intenté informarme sobre métodos anticonceptivos en una farmacia de Surco. Trece años atrás, y con menor información en Internet de la actual, pensé que era la mejor opción. Al llegar al lugar, el encargado dijo que no tenían folletos ni nadie que me pueda hablar sobre el tema. En la actualidad, a esta barrera, se suma una norma que incrementa la dificultad en los adolescentes para obtener información sobre salud reproductiva en el Perú.

Y es que si antes había carencia de información, desde hace algunos años se suma una norma que dificulta aún más a los adolescentes obtener información sobre salud reproductiva y sexual en el país.

Pilar Puente es coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva del Movimiento Manuel Ramos, y nos explica que la misma Ley General de Salud, en su artículo 4, obliga a los adolescentes que quieran tener orientación sexual en un establecimiento de salud, vayan acompañados de sus padres o apoderados.

“Esto origina que las adolescentes sexualmente activas no llegue al 50% de uso de métodos de planificación familiar. No van porque saben que no serán informados, y frente a sus padres prefieren no hacerlo”, explicó a La República.pe.

Frente esta situación, las personas encargadas muchas veces hacen caso omiso a la norma para no perjudicar al adolescente, y brindan la información requerida, aunque ello “depende de su buena voluntad y actitud”.

“El tema no es sólo el ejercicio de su sexualidad, sino recibir consejería sobre el enamoramiento, desarrollo del cuerpo, salud mental. Internet suple la demanda de los jóvenes y adolescentespara orientarse sobre salud sexual reproductiva”, explicó.

INFORMALIDAD EN LA INFORMACIÓN RECIBIDA

Sin embargo, los medios digitales no son la solución definitiva este problema. El hecho es que a pesar que abunda información, no toda es correcta y confiable, por lo que un filtro previo se hace necesario. Lo mismo sucede con la información recibida por amigos.

“Muchos adolescentes se informan por sus pares, y si ellos no están bien informados distorsionan todo. Lo mismo sucede con Internet. La idea es que se ejerza la sexualidad de manera responsable, hacer las cosas bien, y sin afectar a la pareja.

Por ello, Pilar Puente considera que el escenario descrito significa un grave retroceso frente a lo que ya se había avanzado. “¿Qué pasa con los chicos que no ven a sus padres todo el día? Se obliga al adolescente a informarse por su lado con las consecuencias que pueden tener. Los chicos que viven sin tutores lo mismo, eso es más grave por las zonas rurales, donde no hay ni Internet. Discrimina doblemente a los adolescentes de ejercer su sexualidad de manera segura y sin riesgo”, enfatizó.

FORO SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La Secretaría Nacional de Juventudes (SENAJU), el Movimiento Manuela Ramos, la Municipalidad de Lima y el Colegio Regional de Obstetras III de Lima y Callao, realizarán el foro “Salud Sexual y Reproductiva de los y las Adolescentes y Jóvenes del Perú”, en el que abordarán la problemática del reconocimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes y jóvenes del país.

El evento se realizará el día martes 27 de noviembre, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, del Congreso de la República. Jr. Azángaro 468.

DATOS

De 100 adolescentes entre 15 a 19 años, casi el 13% se encuentran embarazadas o ya tiene un hijo. En zonas como Ucayali, el embarazo adolescente está por el 33%.

El 60% de embarazos adolescentes son no deseados, y el 5% son productos de violaciones. Eso es lo que se registra, pero existe un subregistro al que no se puede acceder por no denunciarse.

El artículo 4 de la Ley General de Salud indica, a la letra, lo siguiente: “Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo”.

Impunidad en casos de violencia sexual en Huánuco

Esta semana, varios medios de comunicación han puesto sobre la mesa un problema bastante grave que viene ocurriendo en Huánuco. Varios jueces y fiscales están poniendo en libertad a procesados por violaciones de menores de edad con argumentos francamente inverosímiles. El domingo, en Día D, se presentó un reportaje al respecto:

En Diario 16, se ampliaron detalles del caso. Jerónimo Centurión ha descrito lo que ocurrió con uno de estos casos:

Esto ocurrió en un distrito del centro de Huánuco con “María”, una adolescente de 12 años que fue violada el 5 de marzo de 2007 por Miquer Daza Melgarejo, vecino suyo.

“Si dices algo elimino a tu mamá”, le dijo el violador para intimidarla. Lo logró. La niña calló su dolor. Quince días después, Daza volvió al ataque, la cogió a la fuerza y la metió a su domicilio. Mercedes, madre de la niña, alertada por un vecino, llegó al domicilio de Daza y luego de insistir logró que el delincuente abriera la puerta. Al principio dijo estar sólo, pero vio a su hija amarrada debajo de su cama. Los vecinos fueron testigos del hecho, llamaron a la policía y el sujeto fue recluido en el centro penitenciario de la ciudad.

Ese sería solo el comienzo de la historia. Luego de que tanto Mercedes como su hija, acudieran a la policía, a la fiscalía y al Poder Judicial, la defensa del violador “convenció” a los jueces de que no existían pruebas.

Los médicos legistas confirmaron la violación, los vecinos vieron a la niña amarrada debajo de la cama, Daza declaró que fue la niña quien lo sedujo. Sin embargo, su defensa alegó impotencia.

Según los abogados de la ONG Paz y Esperanza, la prueba médica que presentó Daza es absurda y revela la forma cómo son tratados estos casos en esa ciudad. “Un doctor manipula el miembro del violador y si éste no logra una erección, es declarado impotente. Con esta metodología, la mayoría de violadores tienen una vía de acceso a la impunidad”. Este método se le aplicó a Daza. Y éste fue una de las razones que llevaron al presidente de la Corte Superior de Huánuco, Jorge Picón, a dejarlo en libertad.

Como indica el reportaje, el doctor Picón fue separado de su puesto de juez por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y es que el ex magistrado resolvía casos penales siendo un magistrado civil. Y ahora el destituido juez ha demandado a las organizaciones no gubernamentales que denunciaron su mala praxis como magistrado.

Los familiares de las víctimas se han agrupado en la asociación Tamar. Y en estos días han estado en Lima denunciando este tipo de arbitrariedades judiciales. Y lo que ocurre en Huánuco es una constatación de lo que ocurre en otras partes del país. Según indicó el abogado Ronald Gamarra a La República, el 90% de los casos de violencia sexual a nivel nacional son archivados o el agresor queda absuelto. Y esto resulta más grave cuando el mencionado diario menciona que:

El Ministerio de Salud calcula que el 38,9% de las mujeres en el Perú han sido víctimas de violencia física y sexual por parte de su esposo o compañero. También más de 1.500 personas fueron detenidas de enero a junio del 2012 por delitos sexuales contra niños y adolescentes. 

Cada vez que he conversado de este tema con abogados o con especialistas en la materia, resulta realmente escandalosa la forma cómo estos casos son procesados. Cada vez que un caso de este tipo es procesado, la víctima debe relatar lo ocurrido por lo menos 3 veces si es que el caso llega ante juicio oral. Y en el caso de mujeres y adolescentes, muchas veces los funcionarios miran con prejuicios y estigmatización (el tristemente célebre “que habrá hecho, pues”) a quienes han sufrido este tipo de vejamen.

Como recordó Patricia del Río en su columna de ayer en El Comercio, en dos días se conmemorará el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y como bien señala Patricia:

La verdad que año tras año, fecha tras fecha, he pataleado para que entendamos que sí, la violencia es espantosa en cualquiera de sus formas, pero que hay grupos más vulnerables como las mujeres y los niños, a los que la sociedad debe proteger. Otras veces, y les consta, he gritado insistiendo en que no se trata de buscar culpables, sino de enfrentar un problema que mata madres, destruye hogares, traumatiza niños.