El Parlamento francés aprueba el matrimonio homosexual

Los Cámara Baja del Parlamento francés ha aprobado este martes la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, que podrá entrar en vigor dentro de dos meses tras su examen en el Senado. El texto recibió el apoyo mayoritario de los grupos de izquierda, con 329 votos a favor, 229 en contra, esencialmente de la derecha, además de diez abstenciones.

La aprobación se produce tras numeros marchas callejeras y protestas en favor y en contra de la unión matrimonial homosexual. Se trata de una de las medidas comprendidas entre la reforma social que está llevando a cabo el gobierno de Hollande, muy críticada por la oposición católica, los cristianos evangélicos y los musulmanes franceses.

El 2 de abril se someterá a votación en el Senado. Si se aprueba, Francia se unirá a los 11 países, entre ellos, Bélgica, Portugal, Países Bajos, España, Suecia, Noruega y Sudáfrica, donde el matrimonio homosexual es legal. Otros nueve estados de EE.UU. y Washington DC permiten también la unión gay.

Ministro de justicia francés: “Hemos librado una gran batalla y noble”

“Hemos librado una gran batalla y noble”, ha manifestado el ministro de Justicia, Christiane Taubira, principal promotor del proyecto de ley.

Los socialistas del presidente Francois Hollande tienen una mayoría en la Asamblea Nacional, lo que les permitió superar los intentos de los opositores de retrasar el procedimiento con cerca de 5.000 enmiendas que tenían más de 100 horas de enconado debate. Los socialistas y sus aliados tienen la mayoría en el Senado.

Conocido en Francia como “matrimonio para todos”, el proyecto de ley de matrimonio gay ha demostrado ser la más divisiva iniciativa social emprendida por el gobierno de Hollande en sus nueve meses en el poder. Una encuesta realizada por la organización CSA el pasado 13 de enero mostró que este asunto había dividido la población francesa, con una escasa mayoría de 51 por ciento en ciento a favor y 43 en contra.

Fuente: publico.es

Presiones en plan de DDHH

Organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos consideraron que sectores conservadores de la Iglesia Católica pretenden influir en el borrador final del Plan Nacional de derechos humanos 2012-2016, en referencia al último pronunciamiento del arzobispo de Trujillo, monseñor Miguel Cabrejos.
George Liendo, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), dijo que estos sectores ejercen presiones antes de la publicación del plan definitivo, programada para el próximo 12, “con el fin de poder colocar sus temas”, porque “son contrarios a cualquier avance”.

En diálogo con LA PRIMERA, Liendo advirtió que el sector conservador católico “ya está ganando” desde antes de la publicación, pues recordó que al comienzo del proceso hubo un borrador que reconocía los derechos sexuales y reproductivos; pero fue reemplazado por otro informe del Viceministerio de Justicia “con esos derechos recortados”.

Agregó que el último informe fue influido por sectores “vinculados al Opus Dei”, y reveló que argumentaron que el anterior documento “privilegiaba a los homosexuales y permitía el aborto”.

Por su parte, Kelly Cieza, de Católicas por el Derecho a Decidir, reconoció que los líderes de la Iglesia Católica “tienen derecho a opinar”, pero expresó que hay que estar alerta ante el hecho de que “no reconozcan los derechos humanos de todas las personas”.

COMUNICADO
En el comunicado, monseñor Cabrejos, también presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, afirma que la propuesta del plan “desautoriza la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha establecido la prohibición de la distribución de la píldora del día siguiente por su efecto antiimplantatorio, que es abortivo”, y dice que impone “el aborto eugenésico bajo la careta del llamado aborto terapéutico”.

Además, afirma que se pretende “cambiar el rol y la responsabilidad de los padres en la familia, en el matrimonio y en la Educación de sus hijos, cuando propugnan los denominados derechos sexuales y reproductivos y la ideología de género”.

Fuente: diariolaprimeraperu.com

Lucha contra la trata de personas en Perú

La trata, es decir el traslado regular o irregular de personas, con fines de explotación de cualquier tipo, mediante el engaño, el fraude, la coacción, la violencia o el abuso, constituye uno de los problemas más serios de nuestro tiempo y una de las amenazas más grandes a los derechos humanos.
Este tipo de acciones se define como la versión moderna de la esclavitud humana.Las víctimas de esta modalidad delictiva provienen de ambientes rurales, suburbanos y urbanos y son mantenidas en la esclavitud a través de una combinación de miedo, intimidación, abuso y controles psicológicos.

Aunque la trata de las niñas, niños y adolescentes es siempre un delito, resulta primordial establecer la diferencia o distinguir entre aquellos que migran en búsqueda de mejores opciones de vida y merecen ser apoyados en sus esfuerzos, y aquellos que son movilizados por otras personas para ser sometidos a la explotación y al abuso posteriormente.

El Perú cuenta con un importante marco legal en esta materia: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.

Asimismo, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, entre otras normas.

Existe, además, la Comisión Multisectorial, liderada por el Ministerio del Interior, en la cual el Mimp participa activamente en la recuperación de las víctimas, según lo establece el respectivo reglamento.

En principio, el problema aún no ha sido internalizado en la conciencia individual y colectiva. Además,  los censos nacionales son un referente general sobre la demografía, pero no son suficientes para emprender iniciativas sectoriales.

Es indispensable una efectiva concertación con el Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de personas y afines, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial; es decir, un esfuerzo multisectorial.

La implementación de la Ley  28950 y su reglamento (Decreto  Supremo 007-2008-IN) le asigna la responsabilidad de proponer al Poder Ejecutivo los lineamientos, políticas, planes y estrategias integrales contra la trata de personas. Los diferentes programas sociales que desarrolla el Estado son esfuerzos que pueden sumarse en esta cruzada.

Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene en el Plan Nacional de  Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021 los aportes de la Red Nacional de Defensorías del Niño, que operan en las municipalidades provinciales y distritales, del Sistema Nacional de Adopciones con oficinas en las regiones, ONG y empresas privadas.

En consecuencia, creemos que la atención de esta como de otras problemáticas que restringen derechos pasa por una acción global, concertada, entre el Estado y la sociedad.

Fuente: elperuano.pe

Elton John lanza campaña contra el sida en el Día de San Valentín

Con motivo de celebrar el Día del Amor, Elton John lanzó una campaña para alertar sobre el sida. El cantante británico contó con la colaboración de sus amigos para que se pinchen un dedo y suban la imagen de una mancha de sangre al Twitter acompañada de la frase “Love is in my blood” (El amor está en mi sangre).
“Ahora más que nunca sabemos cómo derrotar el sida. Gracias al trabajo desarrollado durante los últimos 20 años, tenemos tratamientos accesibles que salvan vidas y reducen las posibilidades de muerte”, declaró Elton John.

Fuente: larepublica.pe

A sólo un año de la CIPD+20

En 1994, se celebró la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en Egipto. El resultado de esta Conferencia dio lugar a una declaración pionera adoptada por consenso por 179 gobiernos.

Por primera vez los Estados miembros de la ONU hicieron hincapié en la importancia de los principios de igualdad de género, equidad y sobre todo en convertir el empoderamiento de las mujeres en un elemento central para las estrategias y políticas efectivas sobre población y desarrollo.

Sin dudas, el resultado fundamental de esta Conferencia fue que los Estados reconocieron los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. El respeto a estos derechos es de suma importancia para la dignidad humana y para el disfrute del bienestar físico, emocional, mental y social.

El Programa de Acción de El Cairo implicó un compromiso expreso de los gobiernos a garantizar el acceso universal a la planificación familiar, los servicios de salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. La idea central fue garantizar que éstos ocupasen un lugar destacado en las políticas sobre población adoptadas por países de todo el mundo.

Desde su aprobación en 1994, el Programa de Acción se ha revisado cada cinco años: en 1999, 2004 y 2009. La CIPD+20 es el próximo examen operacional de la ejecución de dicho programa y comenzó a revisarse en 2012 para finalizar en 2014, todo bajo la dirección del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

En este marco, de acuerdo a Amnistía Internacional los Estados no han adoptado plenamente los compromisos adquiridos y no sólo eso, algunos de esos compromisos no cumplen con las normas internacionales de derechos humanos y por lo tanto debieran modificarse. Para Amnistía Internacional la revisión operacional CIPD+20 brinda una importante oportunidad para movilizar a los gobiernos, a la ONU y a la sociedad civil para que actúen con mayor determinación y refuercen los compromisos y la acción de los gobiernos, a fin de garantizar la igualdad de género y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, con un enfoque integrado e integral.

Cuando se habla de enfoque integral e integrado, significa que los principios de igualdad de género y no discriminación deben estar primeros en la lista y deben adoptarse medidas de aplicación práctica que garanticen el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos en plenitud. Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre su vida sexual y reproductiva, a disfrutar del acceso igualitario a la información y a la atención a su salud sexual y reproductiva.

Todo lo mencionando anteriormente incluye derechos y libertades como: decidir si ser o no una persona sexualmente activa y buscar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera, mantener relaciones sexuales consensuales, vivir libre de violación y otras formas de violencia basadas en género, incluyendo el embarazo, esterilización y aborto forzado, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. La libertad y derecho a decidir el número de hijos o hijas y el momento de tenerlos, elegir pareja, casarse y formar una familia y el tipo de familia que se quiera conformar El derecho a determinar la propia orientación sexual e identidad de género, independientemente del sexo que le fue asignado al nacer. El derecho a promover los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo los derechos de las personas cuya expresión sexual y de género no se ajusta con los modelos hétero-normativos. El derecho a vivir libre de amenazas, de persecución criminal u otras sanciones por relaciones sexuales consensuadas, aborto y transmisión de VIH. Sin olvidar, el derecho al acceso – por ley y en la práctica – a información sobre derechos y salud sexual y reproductiva, incluyendo atención integral en los servicios de salud, acceso a la anticoncepción y anticoncepción de emergencia y aborto para todas la mujeres y niñas que lo requieran en casos de embarazos no deseados como resultado de violación o incesto, y embarazos que representen un riesgo a la vida o grave riesgo a la salud de la mujer o niña.

De la descripción anterior no resulta difícil concluir que en nuestro país tenemos aún mucho por avanzar en estas materias. Los recientes debates vinculados con la entrega de la llamada “píldora del día después”, la despenalización del aborto terapéutico, el matrimonio igualitario y la no discriminación por identidad de género, son desde esta perspectiva, discusiones que requieren una mirada desde los derechos humanos.

Por eso es tan importante dar seguimiento al proceso de CIPD+20. Los resultados no sólo tendrán fuerza en sí mismos, sino que además se integrarán al nuevo programa de desarrollo que los y las líderes mundiales debatirán a partir de 2015. Y si el resultado de la revisión produce un retroceso, por no alinearse con los derechos humanos internacionalmente establecidos, se agregará una dificultad para lograr avances en esta materia, en Chile y el mundo.

Fuente: elnaveghable.cl

Asesinato de reportera reaviva lucha contra feminicidio en Bolivia

Unas 3,000 personas recorrieron las calles bolivianas y frente a la sede del Parlamento reclamaron la aprobación de una ley que contemple la figura del ‘feminicidio’ y castigue a los atacantes con 30 años de prisión sin indulto.

Pese a que la Policía intentó evitar el ingreso de los manifestantes en la plaza de Armas de Bolivia con el uso de aerosoles de gas paralizante, los activistas marcharon en los alrededores exigiendo que el Código Penal boliviano amplíe la pena en caso de asesinato de cónyuges a la figura de “sin indulto”.

La manifestación se realizó tras el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho a manos de su esposo, un teniente de la Policía que la apuñaló 13 veces delante su hijo de cinco años. El asesino está prófugo.

La protesta fue convocada por los trabajadores del canal de noticias PAT donde trabajó Huaycho. En la marcha participaron la presidente del Senado, Gabriela Montaño, y las cuatro ministras en el gobierno: las de Comunicación, Anticorrupción, Justicia y Autonomías.

El vicepresidente Alvaro García anunció que se enviará al Congreso la “Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer” y prometió que se debatirá una propuesta de castración química para los violadores.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo estatal, indicó que en Bolivia hubo en 2012 un total de 335 asesinatos de mujeres, la mayoría tuvo como responsables a los esposos o concubinos y apenas 8% de casos tuvieron sentencia.

Fuente: peru21.pe

Expertos en violencia de género y trata de personas se reunieron en el MIMP

La trata de personas y el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación, fue el tema que reunió a especialistas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y expertos de la Asociación Internacional de Juristas de España.

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Señor Presidente, ¿Qué reforma sanitaria propone?

Hace algunas semanas la Ministra de Salud anunció la reforma sanitaria. Dos cosas llamaron la atención: que estuviera respaldada con una resolución suprema y que fuera el Consejo Nacional de Salud la institución encargada de su formulación, lo que abre un campo de debate interesante.

Sin embargo, esto no debe hacernos olvidar que en Perú ha habido varias reformas que han aportado al entramado sanitario que hoy tenemos: desarticulado, caótico, inequitativo y sobre todo, con más gasto de bolsillo. Este resultado no es casual, ni está disociado de las bases que sentó Fujimori con la Reforma del Estado, reforma bajo la que también se impulsó el programa de esterilizaciones forzadas a fin de bajar la presión de tanto pobre y, así, poder introducir un mercado sanitario rentable para el sector privado. Hoy podemos ver negocios de salud concentrados en las siete provincias más grandes en donde los derechos de los y las usuarias, no están ni en la letra chica de los contratos. En el resto de provincias (185), donde la prosperidad no circula, la presencia del Estado apenas se nota con servicios de salud desfasados de las necesidades de la gente.

Las reformas que impulsó Fujimori (cuyos añadidos especialmente durante el Gobierno del APRA han ido cerrando candados) no fueron una invención nacional, sino un mandato del modelo económico del Consenso de Washington, lo que se tradujo en la liberalización del mercado en salud, la tendencia de la privatización del bien público y su pauperización. Treinta años después podemos decir que el modelo de mercado de la salud no ha funcionado para la mejora de la salud y dudo muchísimo que el escaso financiamiento en salud asignado haya sido la clave del éxito económico, tal como nos quieren hacer creer algunos. Lo real es que si bien hay una mayor variedad de servicios esto no ha servido para estar saludables, sino para imponer gastos muchas veces innecesarios.

Estas reformas tampoco han funcionado para fortalecer la llegada del Estado a los más pobres, que bajo el supuesto de la eficiencia propuso la focalización, y mucho menos ha servido para cumplir con el rol de regulación: hoy no sólo tenemos los servicios de salud insuficientes y muchas veces malos, sino también los más caros, si se comparan con otros países de región.

El saldo es que a 30 años de modelo sostenido, los principales ganadores son los consorcios de las clínicas, las compañías de seguros, las farmacéuticas y los negocios de laboratorios chicos y grandes mientras que, en términos de resultados sanitarios, los avances son mínimos: la tasa de muerte materna sigue siendo alta, la mayoría de mujeres dispone de muy pocas opciones anticonceptivas, tenemos una altísima letalidad del cáncer por diagnósticos tardíos, no hay acceso a la salud mental, etc.

Sin duda, el anuncio de reforma es importante, pero es mucho más que el Presidente diga que reforma espera.  Si es para acentuar el ya conocido sistema o recuperar la misión del Estado que debería ser proveer el acceso universal a la salud y la revitalización del sistema sanitario que supere la mala calidad y la odiosa estratificación, que hace inviable la inclusión social.

Susana Chávez

Fuente: otramirada.pe

Problemas de construcción de indicadores criminológicos y situación comparada del feminicidio en el Perú

Siguiendo la tendencia de otros países de la región, el feminici­dio —el asesinato de mujeres por razones de género— ha sido incorporado en la legislación peruana como un tipo penal.

Dicha inclusión es resultado del interés del Estado y las organizaciones de la sociedad civil en producir políticas dirigidas a reducir la violen­cia de género, y ha marchado en correlato a un discurso sobre «el aumento del feminicidio» y a la aparición sistemática de noticias mediáticas e informes oficiales que advierten sobre su crecimiento exponencial. Este artículo muestra la situación del feminicidio en el Perú a través de una perspectiva comparada.

El objetivo es dar cuenta de la incidencia del feminicidio en términos sociométricos y mostrar que no se trata de un fenómeno en crecimiento exponencial en términos epidemiológicos. Esto en función de reconocer dos problemas: por un lado, la manera de construir indicadores para cifras de registro criminal y sus formas de medición; por otro, para dar cuenta de la importancia de este fenómeno en una estructura de violencia más compleja y extendida.

Fuente: revistas.pucp.edu.pe