La homofobia

En vez de entregar nuestro pensamiento real nos refugiamos a menudo detrás de una posición impersonal. Amnistía Internacional denuncia que más de setenta países persiguen a los homosexuales, ocho los condenan a muerte. Cada dos días un homosexual es asesinado debido a actos violentos vinculados con la homofobia.

Es generalizada la discriminación laboral, no podemos dejar de recordar la tortura, el asesinato de Mathew Shephard, el caso de Harvey Milk también masacrado, ambos en los Estados Unidos. Podemos añadir terapias reparadoras realizadas en clínicas especializadas donde usan hipnosis, castigos corporales, prácticas indignantes a partir de una premisa drástica: la homosexualidad considerada como corrupción, desviación patológica.

No quisiera opinar acerca del posible matrimonio de los gays, tampoco enfocar la eventual adopción de niños: son temas muy delicados que no puede dilucidar un solo columnista en tan breve espacio. Al adelantar nuestro sentir personal arriesgamos la indispensable objetividad. Cuando mantenía espacio en el diario El Telégrafo escribí un artículo virulento en contra de lo que se calificaba como tercer sexo: fue una reacción descontrolada. En aquel entonces los homosexuales vivían solapadamente su orientación, la sociedad no se mostraba permisiva; luego pude notar que si pertenecían a una clase social pudiente se los trataba con divertida indulgencia, mientras el gay de la plebe no dejaba de ser calificado como maricón. Basta con admitir que el matrimonio de Elton John con David Furnish, luego la adopción de Zachary Jackson Levon Furnish John no causó un revuelo internacional siendo Elton el honorable detentor del título de Sir. Tampoco pensamos en la orientación sexual de Tchaikovski cuando escuchamos el Cascanueces o el Lago de los cisnes.

Al mover en forma indiscriminada capas turbias del tema hicimos brotar a la superficie detalles escabrosos en vez de analizar con serenidad un asunto que no se debe ocultar bajo el manto de una absurda culpabilidad. La parte psicológica es mucho más importante que los detalles corporales. Me expulsaron de un colegio religioso porque leía a André Gide mas en el liceo donde luego ingresé me pidieron hacer una tesis sobre el autor de El Inmoralista: ambigüedad reveladora. Todos contamos entre nuestros amigos, allegados o conocidos, con uno o varios homosexuales (gays o lesbianas). Nuestro comportamiento frente a ellos es el inicio de un serio análisis. Nuestro afán de ostentar una agresiva virilidad para no dar cabida a una sospecha de complicidad nos puede llevar a irrisorios excesos. No por poner en duda la hombría de los demás puedo consolidar mi imagen de súper Adán. Si además evito actividades como cocinar, ayudar en el hogar, cambiar pañales, puedo convertirme en ente cobarde de doble moral. Me incomoda el manierismo caricatural, creo que todo exceso en el comportamiento es prejudicial, toda orientación sexual debe llevarse con dignidad, el cacareo machista es risible pero vale la pena recalcar que cualquier insulto es lamentable descontrol. No necesitamos demostrar nuestra hombría sino vivirla. Si amo a la mujer con evidencia y veo al hombre con indiferencia debo aceptar la situación inversa pues la meta no es tolerar sino aceptar, respetar. Fácil es ser macho, más arduo ser hombre.

Fuente: eluniverso.com

Los Limites del amor

Cuando dos personas heterosexuales se casan, automáticamente el seguro social de uno de ellos protege al otro y a los hijos en común, los recién casados pueden adquirir una vivienda o un préstamo debido a la sociedad conyugal, si uno de ellos se enferma, la pareja puede tomar decisiones sobre los cuidados médicos que deba tener, los hijos son tutelados por ambos y ambos padres son totalmente responsables de ellos, si uno de ellos fallece, el sobreviviente y los hijos van a poder cobrar una pensión y heredar directamente los bienes acumulados en los años de convivencia, etc.

En el Perú, lesbianas y gays no podemos casarnos, nuestras relaciones no son legales, nuestras familias no son protegidas por el Estado y eso significa no poder gozar de los beneficios de un matrimonio civil ya mencionados. Que nosotros no podamos casarnos significa que no somos iguales a cualquier otro ciudadano peruano, que somos ciudadanos de segunda clase, que estamos excluidos de la administración estatal. Y la desprotección legal en la que se encuentran nuestras vidas, nuestras parejas y nuestras familias ocasiona mucho sufrimiento. Uno de los que más me ha conmovido es ver a la pareja en el momento del velorio, generalmente en la calle, sola y desterrada, pues no tiene ningún derecho de decidir sobre el cuerpo ya sin vida de la persona que ama. Puedo imaginarme su dolor, su soledad, su incomprensión, y la rabia e indignación que me embargan no tienen medida.  

Tal vez lo más terrible de estas injusticias es que sucedan en las sombras, que sean invisibles. Por eso, el MHOL empezó a oficiar matrimonios simbólicos para parejas homosexuales a inicios de diciembre del año pasado. Reconocer las uniones y llevar un registro público de estas es una forma de sensibilizar y generar conciencia en la sociedad de la existencia de un amplio sector de la población peruana que no goza de ciertos derechos básicos y de la necesidad de asumir seriamente que ya es hora de que el Perú deje de ser el país más homofóbico de Latinoamérica.  
He tenido el honor de oficiar los cinco matrimonios hasta ahora celebrados. Todos han sido parejas de lesbianas, tres de ellas con hijos, todas han dado su consentimiento para publicar las fotos de la boda en mi cuenta de Facebook (que es pública), y todas han asumido el compromiso de amor y lealtad hacia la otra con mucha responsabilidad. En la mayoría de las bodas ha estado presente la familia apoyando ese momento importante en la vida de sus hijas. Tres de estas parejas volverán a casarse, esta vez sí legalmente, en Colombia, Argentina y Estados Unidos, pero querían hacerlo primero en Perú porque en otro lugar no podrán estar presentes todas las personas que aman.

Este 14 de febrero es el Día del Amor, e incluso el gobierno ha declarado dos días feriado, pero mientras no tengamos los mismos derechos, este día seguirá siendo la celebración de un amor excluyente, un amor con límites.

EN EL PERÚ, LESBIANAS Y GAYS NO PODEMOS CASARNOS, NUESTRAS RELACIONES NO SON LEGALES, NUESTRAS FAMILIAS NO SON PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Fuente: diario16.pe

Encuentro Nacional de Mujeres Líderes en Defensa de sus Derechos Sexuales y Reproductivos rumbo a Cairo +20

• El Programa de Acción de Cairo fue adoptado en 1994 por 179 países. En dicha Conferencia, los 179 países aprobaron un Programa de Acción de 20 años cuyo plazo vencerá el 2014.
• El desarrollo económico de nuestro país debe ir de la mano con el respeto a derechos tan elementales como la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres.

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PNUD resalta avance en Perú de la vigencia de los derechos humanos

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó los avances en la vigencia y el respeto de los derechos humanos en el Perú.

“El Estado peruano, cada vez más, se preocupa porque la población goce plenamente de sus derechos, no solamente civiles y políticos, sino también económicos, sociales, ambientales, culturales. Ha habido avances importantes en ese sentido”, afirmó la coordinadora del PNUD en Perú, Rebeca Arias.

Tras reunirse con el presidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, Arias resaltó que la inclusión social que impulsa el gobierno sea una política de Estado para que todos se beneficien de los frutos del crecimiento económico.

Fuente: larepublica.pe

Rainbow Coalition

But even if the Supreme Court or lawmakers soon agree with Obama’s words — “for if we are truly created equal, then surely the love we commit to one another must be equal as well” — the United States will be a latecomer to advancing marriage rights. The world’s leaders on this issue are not just from places Americans might expect — Western Europe or Canada — but many countries in our own hemisphere; places not usually known for progressivism on social issues. While Obama was undergoing his “evolution” on marriage rights, there has been a gay rights revolution that has stretched from Tierra del Fuego to the Rio Grande.
One dramatic illustration: When a broad coalition of human-rights activists brought a gay rights charter to the United Nations in 2007, the push was led not by the likes of Sweden or the Netherlands, but by Argentina, Uruguay, and Brazil. Same-sex marriage was not legal in any of these countries then, but a lot has changed in the years since.

In 2010, Argentina’s congress approved an “Equal Marriage” law, the same year same-sex marriage also became legal in Mexico City. A year later, Brazil’s supreme court ruled same-sex couples were entitled to partnership rights through a kind of domestic partnership status, and some states — including the largest, São Paulo — are now performing full marriages for same-sex couples. The lower house of Uruguay’s legislature voted in December 2012 to legalize same-sex marriage nationwide, and its senate is widely expected to pass the law when it votes in April.

There were also several LGBT rights victories on issues beyond marriage. Though Bolivia’s 2009 constitution bans same-sex marriage, it also bans discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity. Chile, one of South America’s most conservative countries, passed a non-discrimination bill in 2012 and elected its first openly gay politician. And the government of Argentine President Cristina Fernández de Kirchner built on its passage of the marriage law to enact the world’s broadest legal protections for transgender people last year.

This is not to say that all of Latin America is a gay-rights paradise. Laws throughout Central America, where there is an especially strong evangelical movement, remain particularly hostile, as they do in Peru, where the mayor of Lima is currently facing a recall in part because of her attempts to pass an ordinance banning discrimination on the basis of sexual orientation. And many gay people remain closeted or face serious threats of hate crimes even in countries where the laws are very progressive — in many places, the right to be safe is far more important than the right to marry.

But the rapid advance of same-sex partnership rights is striking, especially considering that it was only a few years ago that these governments were fighting with the Catholic Church to legalize divorce.

The specific reasons these gains have been possible differ in each country. But a major factor in all of them is that LGBT activists have managed to link their cause to broader efforts to shore up human-rights protections in countries still coping with the legacies of anti-democratic regimes that fell in the late 20th century. Additionally, the courts have embraced their role as defenders of human rights and measure themselves against international standards.

Take the case of Colombia. In 2011, the Constitutional Court ruled that same-sex couples must be considered a “family” under the law. It ordered the congress to pass a law equalizing the rights of same-sex couples within two years. As a backstop against congressional inaction, the ruling also said that notaries and judges could automatically begin solemnizing same-sex unions by June 20, 2013, with or without Congress’s blessing.

This ruling was not perfect in the eyes of Colombian LGBT advocates — the court stopped short of saying these protections must be called “marriage,” leaving that up to the legislature to decide. But it spelled out that fundamental legal protections are at stake and put momentum on the side of marriage advocates.

Colombian law demands this level of protection be extended to same-sex couples, the court wrote in its decision, to protect gays and lesbians’ fundamental rights “to personal development, autonomy and self-determination, [and] equality.”

The ruling came despite strong pressure from the Catholic Church, which is continuing to lobby against same-sex marriage in the Colombian congress. A bill to legalize same-sex marriage cleared a preliminary vote in the Senate in December, but even the bill’s sponsor, Senator Armando Benedetti, is pessimistic about its chances in the house of representatives.

“In the House we confront a problem,” Benedetti told me in a November interview in his Bogotá office. “That is the [influence of] the Catholic religion, which always puts its principles above the rights of minorities.”

That’s why the court is so important, he continued, expressing confidence that the court would clarify its support for same-sex marriages once they begin being performed in June of 2013. “The Constitutional Court, if we’re going to speak very seriously, has always been in favor of the disadvantaged, of minorities, of the poor,” said Benedetti.

Latin America’s marriage movement has been helped by the fact that most countries’ courts take international jurisprudence far more seriously than do courts in the United States. Human rights law takes an especially international perspective, since almost every country in Latin America is under the jurisdiction of two human rights bodies within the Organization of American States, the Inter-American Commission on Human Rights, charged with investigating violations of the American Convention on Human Rights, and the Inter-American Court of Human Rights, which adjudicates violations on the recommendation of the Commission. Though the United States, Canada, and a handful of Caribbean nations do not recognize the court’s jurisdiction, most of Latin America does.

LGBT rights have been a special priority for the Inter-American Commission since 2011, when it established a special unit dedicated to LGBT rights. Around 50 complaints of violations of these rights are now pending before the commission, according to Victor Madrigal-Borloz, who leads the team responsible for reviewing claims of human rights violations and is the chief technical advisor to the LGBT rights unit. Once the commission begins advancing these cases through the legal process, we could see the pace of change in Latin America accelerate even further.

That could be especially true on marriage rights. Three Chilean couples filed a complaint with the commission in September 2012 after losing a legal battle for recognition in their country’s courts. Activists in Costa Rica have also announced their intention to seek help from tribunal after a domestic partnership law died in the country’s legislature late last year. A Paraguayan couple who married in Argentina also plan to take their battle for recognition to the Inter-American Court. If these petitions are successful, it could potentially mean the undoing of marriage bans in even the most conservative countries in Latin America. But the court is already proving to be a force for marriage rights even before formally taking up the question.

It handed down its first LGBT rights decision in February 2012 in a case known as Karen Atala y Niñas v. Chile. The case was brought by a lesbian mother who lost custody of her children to her ex-husband because of her sexual orientation. The court’s ruling was sweeping, saying for the first time that the American Convention on Human Rights “prohibits … any rule, act, or discriminatory practice based on sexual orientation.”

The significance for marriage rights was tested almost immediately in Mexico. Most Mexican states still refuse to perform same-sex marriages, even though they have been legal in Mexico City since 2010 and the country’s supreme court has ruled that these marriages are valid nationwide. Three Oaxacan couples had filed a long-shot challenge to their state’s ban on same-sex marriages shortly before the Atala decision was handed down, represented by a law student named Alex Alí Méndez Díaz. As their case headed to Mexico’s supreme court, the Atala decision provided an additional powerful precedent on which to make their case.

On Dec. 5, Mexico’s high court sided with the three couples and said that marriage could not be restricted to heterosexual couples. Technicalities of Mexico’s legal system mean that more lawsuits are still required before same-sex couples can easily marry in every state, but this ruling means that it will soon be possible.

This year, the U.S. Supreme Court is weighing exactly the same questions that Mexico’s court has already resolved. But the U.S. justice system is fiercely resistant to considering legal decisions from abroad.

When the justices take up the gay marriage cases in March, there will be more at stake than the status of American gay and lesbian couples. They will be deciding whether the United States will fall behind as its neighbors establish a new standard of human rights, or whether it will join a revolution that is well underway.

Fuente: foreignpolicy.com

Revocador José Linares: los derechos humanos son un disfraz

El pastor evangélico José Linares, uno de los principales promotores de la revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y recientemente acusado de haber violado a una menor de edad hace 22 años, tiene puntos de vista polémicos acerca de la vida y la familia.

Linares, representante de Ciprofam Internacional, una organización “pro familia”, considera que los derechos humanos, que permiten respetar la libertad y la vida de los individuos, son un disfraz de “la izquierda internacional en contubernio con el feminismo radical de género”, según aseguró en un post publicado en un blog sobre su asociación.

El líder evangélico se muestra en contra del aborto terapéutico, los matrimonios homosexuales que, indica, buscan “destruir a la familia”.

El hombre que defiende la unión ideal entre un hombre y una mujer, así como los derechos de los niños, habría cometido una grave falta al haber abusador de una menor de 17 años, en 1991, según publicó este viernes el semanario “En sus trece”.

Dicha publicación dio a conocer el caso de Amalia Vargas Portocarrero (39), quien afirmó que el mencionado representante religioso la vejó físicamente. Producto de ese ultraje nació Eunice Priscilla Abigail, quien hoy tiene 21 años.

Según la víctima, Linares jamás se hizo cargo de su hija.

Linares en Twitter y sus entusiastas frases

“!!VIVA LA FAMILIA NATURAL HOMBRE Y MUJER!! !! NO A LAS ADOPCIONES DE NIÑOS!! !!NO A LA DISCRIMINACION DE LOS HETEROFOBICOS!! SI FAMILIA!!”.

“Humberto Lay dice: ‘No hay posición uniforme de evangélicos sobre la revocación’.Falso! Nunca votaremos por una pro-gays. Si Familia!”.

“Es respetable opiniones de las personas. Los Evangélicos nunca apoyaremos a la pro-gay de Susana Villarán y lo demostraremos 17 Marzo. SI”.

“Tendrán su permisos ¿los gays? para la contra marcha que creemos en la Familia, Hombre y Mujer. Acaso eso no es provocar ¿violencia?”.

Fuente: elpopular.pe

Los Derechos Humanos y la Objeción de conciencia a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Algunos ginecólogos/as han manifestado su objeción de conciencia para practicar los actos médicos  de interrupción voluntaria del embarazo establecidos por Ley Nº 18.987, según lo difundido por varios medios de comunicación.
La noticia nos preocupa porque se está dificultando el ejercicio de un derecho legalmente reconocido a las mujeres y a sus parejas.

La objeción de conciencia es una decisión individual (de aquellos que están directamente involucrados en la práctica) respecto de un procedimiento de salud, que toma un doctor/a para dejar de realizar un acto médico legalmente aprobado, aduciendo la trasgresión que dicho acto hace a su libertad de conciencia, pensamiento o religión.

Tratándose de la protección de un derecho que afecta la esfera íntima de la persona, sólo puede ser invocado de manera individual, fundada y por escrito. No puede invocarse de manera institucional o colectiva, ni por la vía de derecho, ni por la vía de los hechos.

La objeción de conciencia es salvaguardia de las convicciones más íntimas de las personas, pero,  en cuanto repercute en terceros, y puede violentar los derechos de estos a la vida, la salud, la dignidad, a la igualdad y la no discriminación, al acceso a los avances de la ciencia y la tecnología y al derecho a no recibir tratos crueles humillantes o degradantes; en modo alguno puede convertirse en una herramienta que los obstaculice, anule, dilate o retroceda derechos constitucional y legalmente protegidos.

Prevista como excepción no puede utilizarse como regla. En este sentido, las Directrices Éticas en Objeción de Conciencia de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO, 2005), de la cual es asociada la Sociedad Ginecotológica de Uruguay, establece que:

“1. El deber de conciencia primordial de los obstetras y ginecólogos (“facultativos”) será en todo momento el de tratar o beneficiar o impedir el daño de los pacientes de cuyo cuidado son responsables. En el tratamiento a los pacientes, toda objeción de conciencia será secundaria al antedicho deber primordial.”

El ejercicio de la objeción de conciencia por todos o la mayoría de médicas/os de una institución, se convierte en una cuestión colectiva prohibida por la ley y un abuso de derecho claramente sancionable.

El Código de Ética adoptado por las/los profesionales de la salud rige su accionar y en él, el respeto por los derechos humanos es orientador para todas y cualquiera de las decisiones que se adopten. Cuando deciden esa vocación saben que deberán respetar esos principios, luego no es admisible invocar cuestiones personales que ponen en riesgo la salud, la dignidad y autonomía de las mujeres.

De ninguna manera pueden instalarse prácticas violatorias del principio de beneficencia de las usuarias.

Administrar a las usuarias medicación que les resulte ineficaz y luego argumentar que el plazo de doce semanas ha vencido, contraría el propósito de la ley y puede constituir  trato cruel, inhumano y degradante, violatorio de Tratados internacionales y de la legislación nacional.

Es obligación del Estado, velar por el respeto y ejercicio de todos los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos y sexuales. Por tanto debe evaluar si cada objeción de conciencia es genuina. Que no esté motivada por intereses particulares o intereses políticos, que no constituyan actos discriminatorios contra las mujeres o ejercicio ilegítimo de poder. Igualmente deberá verificar que la objeción no implique una banalización del derecho universal a la libertad de conciencia.

Pero esta problemática no sólo atañe al Estado y a los directamente involucrados (profesionales de la salud, autoridades profesionales, MSP), sino que  el control y el debate atañen también a toda la sociedad.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, ejerciendo nuestros derechos ciudadanos, y como corresponde a organizaciones de la sociedad civil, estamos y estaremos atentas al cumplimiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Muchos años de luchas nos han hecho “expertas” en el uso de los amparos nacionales, interamericanos e internacionales de los derechos humanos. No nos asustan declaraciones periodísticas de que se recurriría a ellos. Conocemos las leyes y Tratados internacionales suscritos por nuestro país y a todos ellos recurriremos si fuera necesario en defensa de nuestros derechos humanos.

CLADEM URUGUAY

Adhieren: COMISIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO (CNS), COTIDIANO MUJER  y PRO-DERECHOS

Fuente: cladem.org